Cifovis ITESO

DERECHO HUMANO  AL ACCESO AL AGUA  Y LA FRACTURA QUE LO IMPEDIRÁ.

 

Miguel Ángel Montoya*

 

Existe una mayoría de legisladores que no necesita coartadas, que no repara en formas cuando de votar los temas por consigna se trata. Así lo demostraron con la aprobación de la reforma constitucional en materia energética, de tal modo que podría pensarse que esa mayoría no necesita servirse de tretas ni de simulaciones para procesar las leyes secundarias derivadas de tan lamentable modificación constitucional.

No obstante, hay reformas cuyo impacto social y ambiental será tan lesivo que se requerirá una dosis de artilugios para mantener inerte a la sociedad y a la opinión pública. Así lo han pensado algunos de los hacedores de política pública del país para hacer presentable lo impresentable: otorgar un marco legal al fomento y permisión de una actividad (obtención de gas de esquisto o shale gas) cuyo método de extracción implica el uso indiscriminado de millones de metros cúbicos de agua limpia o de primer uso y cuyas reservas a explotar se encuentran en zonas hidrológicas de baja y muy baja disponibilidad de agua y en permanente estrés hídrico. La toxicidad de los químicos a mezclarse con el agua para fracturar las rocas a profundidad y obtener el shale gas harán imposible la reutilización de esa agua y ecológicamente inmanejable su disposición y manejo. Eso y mucho más –como daños potenciales a la salud humana y contaminación de los acuíferos– es la fractura hidráulica o fracking y el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha armado un ardid legislativo para posibilitarlo.

Del cajón del olvido desempolvaron una reforma secundaria pendiente que jamás les interesó, la del derecho humano al acceso al agua y su saneamiento, que toda vez que se plasmó en la Constitución el 8 de febrero de 2012 obligaba al Congreso a expedir una Ley General de Aguas derogando la Ley de Aguas Nacionales (LAN) vigente para realizarlo. La construcción de esta Ley ha estado en la agenda de la academia y de la sociedad civil a través de la red Agua para Tod@s, y justo es reconocer que también en la agenda legislativa del PRD. Y paremos de contar, ya que ni en la plataforma electoral del PRI-PVEM ni en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en mayo pasado, existe alusión ni mención explícita alguna a que el país deba contar con una Ley General de Aguas que oriente y determine las políticas públicas para la gestión integral y sustentable de este recurso.

Pero repentinamente surgió un inusitado interés por legislar el “pendiente”; y además con prisa. La base de esta propuesta legislativa será el borrador que redactó la propia Conagua, el cual contempla la pervivencia de la LAN vigente, lo que de entrada atenta contra la reforma que se promulgó en febrero de 2012. La derogación de este ordenamiento no es un asunto de formalismo legal: la reforma al artículo 4º constitucional implica un cambio profundo al sistema de administración y gestión del agua en México para hacer efectivo el “acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos”, y la LAN es justo lo opuesto a estos objetivos ya que es una ley orientada a la explotación indiscriminada del agua y no a su aprovechamiento sustentable. En la LAN la sustentabilidad es solo un tópico contenido en un puñado de artículos  y no un principio que oriente cada una de sus disposiciones.

La estructura medular de la LAN es su sistema de concesiones y asignaciones cuya prevalencia representa un atentado al acceso equitativo y sustentable del agua. Las concesiones pueden durar 15, 20 o hasta 30 años con derecho a prórroga, los volúmenes concesionados no pueden ser afectados a lo largo del tiempo que dure la concesión. La extracción no se mide en tiempo real ni tampoco la disponibilidad, no hay obligación para los usuarios de tratar todas las descargas ni incentivo alguno para reusarlas. No se prohíbe ni se restringe el cambio de uso de las concesiones, lo que constituye una trampa al tímido orden de prelación que prioriza el agua para consumo humano.

Toda esta estructura que fomenta la inequidad, el acceso y la irracional explotación del agua permanece prácticamente intocada en el borrador propuesto, por el contrario, las reformas a la LAN que se contemplan en este “ardid legislativo” están orientadas a favorecer la industria extractiva, tanto en el sector minero –de por sí privilegiado–, como en el de hidrocarburos, y al hablar de hidrocarburos estamos hablando de fracking.

Insistimos en que se trata de un ardid, –en conjunto con las reformas a la LAN– porque se nos presenta un dislate denominado Ley General de Aguas sólo para cumplir las formas legales y conceptuales; es decir, que sólo por compromiso se aborda el tema del derecho humano al acceso al agua y el mecanismo que propone para garantizarlo es a través de un “Consejo General para el Derecho Humano al Agua” que se conformará por 12 funcionarios federales, tres estatales y tres municipales, un representante de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), además de un representante de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). Que el limitado número de espacios de participación ciudadana sean ocupados por el sector privado y que éstos sean destinados a los paladines de la privatización del agua (ANEAS) o a los que se han beneficiado del modelo expoliador del agua (Concamin) podría llamar a escándalo si no fuera porque la propuesta de Ley sólo le otorga al Consejo facultades de opinión y de recomendación. Esta propuesta de Consejo es a la vez una afrenta y una burla.

Lo que no es una burla en esta propuesta legislativa es el fortalecimiento de la privatización, no sólo de los servicios de agua potable y saneamiento y de la infraestructura hidráulica (que solo de cierto modo se permitía a través de la Ley de Asociaciones Público Privadas) sino de la propia gestión y administración de las aguas. Menciono el caso de los trasvases, práctica que rompe las condiciones hidrológicas para la conservación del agua y que pone en riesgo a los ecosistemas asociados a su producción, por lo que de no prohibirse, debería estar permitido únicamente para casos excepcionales y previstos en la Ley, como los de una emergencia hídrica –especialmente si se trata de una sequía. Pero no: la propuesta de Conagua, lejos de restringir los fomenta, previendo además que sean los concesionarios, es decir, los privados, quienes puedan realizarlo.

Estas disposiciones contenidas en la propuesta de una nueva Ley General de Aguas ajustan en perfecta sincronía con la propuesta de reforma que se propone a la LAN, misma que se concentra en desarrollar el sistema de transmisión de derechos y dedica un apartado a las disposiciones para la explotación del shale gas.

El que empresas mineras puedan disponer y explotar millones de metros cúbicos en zonas de baja y muy baja disponibilidad de agua se lo debemos a la transmisión de títulos contemplada en la LAN; los títulos que amparan esa explotación en algún momento beneficiaron a usuarios de riego, ejidatarios y a comunidades rurales. El principio y origen de la transmisión de títulos de concesión en la Ley partía de la garantía de que toda persona tiene para ejercer derechos sucesorios. No obstante, ese principio se corrompió y se convirtió en un mecanismo  para obtener un título de concesión en zonas donde la autoridad del agua tendría que negarlo.

El conjunto de reformas que se presentan en esta treta legislativa sí concentran su atención en la transmisión de títulos, pero no para prohibir esta práctica; los cambios están orientados a perfeccionar lo que era un informal mercado de agua. Los títulos de concesión ya no podrán transmitirse en forma parcial sino total; no habrá forma de que un industrial, un municipio o un campesino reclame derechos sobre esa agua si ha firmado un convenio de transmisión con alguna empresa. La Ley permitirá el despojo y también la expoliación del recurso natural, porque reconociendo que las transmisiones se dan en zonas de veda o de baja disponibilidad de agua, la Conagua permitirá la transmisión pero descontando desde un 10 por ciento hasta un 40 por ciento del volumen concesionado originalmente, lo cual no contribuye a remediar la sobreexplotación del agua.

Toda vez que se permitirán los trasvases al por mayor, y que los propios particulares sean quienes puedan realizarlo y se reactive un mercado de títulos de agua con todas las garantías para el comprador, cobran sentido las disposiciones que esta reforma propone para la explotación de shale gas; porque la propuesta no obliga a las empresas a utilizar aguas residuales tratadas para el método de fractura hidráulica; sólo lo deja como una opción, como también el uso de aguas salobres o fósiles. La alternativa por la que las empresas optarán será bajo la permisión de “importar agua desde cuencas o acuíferos circunvecinos con disponibilidad de agua suficiente” y “la adquisición de los derechos de agua de concesionarios asentados en la zona de interés”, ya que la mezcla de químicos que emplean para realizar el fracking le exige disponer de agua limpia y de calidad.

Parece no quedarle claro a Conagua que se trata del empleo de químicos altamente tóxicos y eso también lo demuestra cuando mandata a las empresas a “Cumplir las disposiciones establecidas en las normas oficiales mexicanas relativas a la construcción, rehabilitación de pozos”. No se trata de una inocente extracción de aguas subterráneas. La construcción de ademes y el encamisamiento tradicional de un pozo de extracción de  de poco servirán para contener y aislar una mezcla potencialmente cancerígena que se inyectará al subsuelo y se expandirá horizontalmente para realizar el fracking o fractura hidráulica.

Que este conjunto de reformas se presente como las que van a regular el derecho humano al acceso al agua, es una de esas tretas de antología.

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^{* Consultor independiente y asesor del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados en materia de Gestión Integral del Agua.  Miembro de la Asociación Nacional de Ingeniería Urbana (ANIU) y de la Federación Mexicana de Ingeniería Sanitaria (FEMISCA).}

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Conmemorar en lila

Por  Ana Georgina López Zepeda
Red de Género ITESO

Existen diversas versiones sobre el origen del 8 de marzo. Registros históricos, narraciones, metáforas políticas y actos cotidianos que rememoran las huellas del tránsito social de múltiples luchas y movimientos de mujeres.

Pero más que recordar un hecho en sí o una fecha, sirve enfocarnos en los conjuntos de hechos, de procesos, de dinámicas, de configuraciones históricas en determinadas situaciones en combinación con las nostalgias de los sujetos que emergen en los márgenes. En los inicios del siglo XX, las mujeres obreras textiles fueron pioneras al salir a protestar a las calles, al exigir sus derechos y al transformar una lucha personal-política en un sentido de vida entre una serie de sucesos, revoluciones, socialismos, comunismos y anarquismos de la época.

Las obreras peleaban contra las miserables condiciones de trabajo, las desigualdades salariales y las situaciones de precariedad a las que estaban expuestas. Entre sus peticiones se encontraban: la reducción de la jornada laboral con justa remuneración económica, el implemento de maquinaria y condiciones seguras para laborar, el ejercicio de sus derechos reproductivos en cuanto al periodo posparto y de lactancia, además de un trato digno y solidario.

En marzo de 1911, en la Fábrica textil Triangle Shirtwaist murieron más de 140 personas, principalmente costureras al lado de máquinas en donde la tela de color lila predominaba. Aunque no se supo con certeza la causa del incendio, la maquinaria que se utilizaba no era adecuada ni las instalaciones del lugar, pues no había mangueras, extintores ni ningún sistema de seguridad o alarma. Dos años antes, las mujeres de esa Fábrica protestaron ante las condiciones insalubres a través de huelgas y de la conformación de su sindicato, pero nunca fueron escuchadas hasta la tragedia, situación que conllevó a ciertos arreglos parciales, una mejora en las prestaciones laborales e instalaciones más seguras. Sin embargo, no hubo ningún cambio de raíz, ni de mentalidad.

Hay que conmemorar y no celebrar, luchar por la condición de las mujeres de cada pueblo, ciudad o país. La desigualdad, la corrupción y el poder exacerbado transgreden a los derechos humanos fundamentales, no sólo los de las mujeres, sino los de aquellos en cualquier situación en desventaja con respecto al sistema desigualitario que hemos creado.

Son violencias sociales y políticas. Se trata de toda una ideología que hemos introyectado, de una tecnocracia de género, de la cual intentamos salir, reconociendo nuestros anclajes históricos. Reflexionemos. Pensemos que estrategias cotidianas revierten las injusticias y abren las brechas de esperanzas.

Usemos un simbólico lazo lila, color de resistencia, paz y autoreivindicación.

La raíz de estas desigualdades no se debe a acontecimientos naturales o biológicos, sino que tienen su origen en las construcciones culturales que moldean y son moldeadas por cada sociedad

Por Elsa Ivette Jiménez

Con alguna frecuencia lxs feministas escuchamos señalamientos respecto a matizar nuestras observaciones y demandas. Se nos dice que en realidad la desigualdad entre hombres y mujeres ya no existe o está desapareciendo, incluso se citan estadísticas para reforzar el punto. Lo que insistimos -como dice el personaje de una caricatura- es en ir “más allá de lo evidente”, desentrañar los significados, de construir los conceptos y normas, hurgar en los procesos e identificar las variables que nos ayuden a ilustrar el cómo y el porqué de los hechos sociales que diferencia a varones y hembras en la especie humana. La raíz de estas desigualdades no se debe a acontecimientos naturales o biológicos, sino que tienen su origen en las construcciones culturales que moldean y son moldeadas por cada sociedad.

Para ejemplificar el argumento y aprovechando que el jueves pasado (17 de octubre) se celebró el día mundial para la erradicación de la pobreza, propongo hacer un pequeño examen sobre las condiciones de vida de las mujeres mexicanas, retomando para ello algunos datos obtenidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el estudio titulado “Pobreza y Género en México. Hacia un Sistema de Indicadores” (2012). Este ejercicio nos puede ayudar a ilustrar que, aunque al observar algunos macro indicadores desagregados por sexo la diferencia entre hombres y mujeres no parece significativa, cuando empleamos la mirada de género abrimos la puerta para abordar situaciones más complejas y profundas.

De acuerdo a las cifras obtenidas por el Coneval, el porcentaje de población en situación de pobreza y en las distintas categorías de pobreza que maneja este organismo (pobreza moderada y extrema), así como la relación de población vulnerable por carencias sociales y por ingresos , la diferencia entre hombres y mujeres en los indicadores  del 2010 es de menos de dos por ciento y la brecha ha venido reduciéndose al comparar los resultados obtenidos en el periodo 2008 a 2010. Si nos quedamos con este primer dato podríamos argumentar que hemos logrado la paridad  de género, pues hombres y mujeres se encuentran en la misma situación de pobreza y vulnerabilidad.

Sin embargo, si continuamos revisando el resultado del resto de variables construidas precisamente para identificar las desigualdades de género, nos encontramos con esta reveladora información:

• Los hogares dirigidos por mujeres tienen una razón de dependencia mayor (el número de proveedores es apenas mayor al de dependientes económicos) por lo que son mayores las presiones para satisfacer las necesidades económicas de estas unidades. En estos hogares también hay mayores probabilidades de experimentar inseguridad alimentaria severa.
• Más mujeres que hombres tienen acceso a la salud, pero a diferencia de los hombres, ellas no  obtienen esta garantía por vía directa (ya sea por trabajo  o contrato independiente del servicio) sino por fuentes indirectas como es la seguridad social de su pareja o por programas de gobierno.
• Aún en circunstancias de precariedad y en la etapa del curso de vida de mayor productividad son menos las mujeres que se insertan en el mercado de trabajo. Sin embargo, es mayor el porcentaje de mujeres que trabaja de manera subordinada y sin contrato, así como el de aquellas que trabajan sin recibir pago.
• Es menor la proporción de mujeres que se emplean con jornada laboral completa, esta tendencia aumenta en los hogares catalogados como pobres.
• Las mujeres trabajadoras perciben ingresos menores a los de los hombres en todos los niveles de escolaridad a excepción de las mujeres en hogares considerados no pobres con escolaridad nula o preescolar. En cambio, la diferencia salarial por sexo aumenta en la población con mayores cualificaciones.

De lo anterior podemos desprender algunas conclusiones; la primera, la mirada de género ayuda a abordar con mayor complejidad la realidad social; la segunda, las estadísticas desagregadas por sexo no dan cuenta –por si solas- de la variedad de situaciones que afectan diferenciadamente a hombres y mujeres, señalaría también que los indicadores cuantitativos tienen un valor descriptivo, pero habría que acercarnos a estudiar cada realidad para poder explicar cómo se dan estos procesos, cuáles son sus raíces, de qué manera se entrelazan con otras variables explicativas. Por último, cierro con la invitación a seguir pensando desde la Universidad en la variedad de situaciones de inequidad de género presentes en la sociedad, en el mismo campus incluso, y a buscar soluciones ante estas.