Tlaquepaque Jalisco a 5 de febrero del 2015

Carlos A. Peralta Varela

La impunidad en México es un problema actual y a la vez histórico, en la medida que se trata de uno de los fenómenos que deberían considerarse profundamente enraizados en la estructura de nuestro país.

Para dar cuenta de cómo la impunidad se identifica históricamente vinculada a la violación a los derechos humanos, podemos citar unos ejemplos. En 1990 el Presidente Carlos Salinas creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), fue en ese contexto (1991) que la organización Amnistía Internacional presentó un informe cuyo título daba cuenta clara de lo que acontecía en el país, se llamó: “México, tortura e impunidad”.

Posteriormente, en el año 2000, la Red “Todos los Derechos para todas y todos”, elaboró la Agenda mínima de Justicia y derechos humanos en la cual mencionaba que: “Tortura, ejecuciones, desapariciones, detenciones arbitrarias, amenazas, discriminación e impunidad, son violaciones a los derechos propias de un régimen autoritario y militar, sin embargo, en México, país que se dice en transición a la democracia, ocurren cotidianamente”(pág.5) “sobresale la incapacidad de los órganos investigadores para resolver delitos del orden común los cuales, en la mayoría de los casos, quedan en la impunidad debido a la incapacidad y corrupción que permea en las instancias de procuración de justicia” (pág. 6)

No en balde y casi una década después, el Dr. Alberto Aziz (2011)[1] afirmó que la impunidad y la corrupción son males endémicos que han carcomido las instituciones del Estado mexicano “Diariamente vemos que los delitos quedan sin castigo, que se hace un uso privado y patrimonial de los recursos públicos, que la delincuencia tiene como incentivo no ser molestada por la autoridad, que en relación a los delitos que se comenten más del 98 por ciento quedan impunes, que muchos de los delincuentes salen libres por una deficiente impartición de justicia, que hay acciones y expedientes del Ministerio Público o de la Procuraduría General de la República que no se apegan a la legalidad, que las cárceles están llenas de pobres que están recluidos por delitos menores”.

En la actualidad la impunidad aun es una constante. En el informe 2015 de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, menciona sobre México que las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura si bien se realizan en el contexto de las actividades de la delincuencia organizada, se posibilitan debido a la falta de rendición de cuentas de las fuerzas oficiales de seguridad, en un escenario donde la impunidad continúa siendo la norma.

El pasado lunes (8-II-2016) en la glosa del informe rendido por el gobernador, el Dr. Guillermo Zepeda Lecuona indicó que en Jalisco tenemos tan poca confianza en la justicia, que en el estado únicamente se denuncian 4.9 por ciento de los ilícitos que se comenten. Somos el estado en donde menos delitos se denuncian.

Lo dicho anteriormente viene al caso también porque a mediados de la semana pasada se presentó El Índice de Impunidad Global 2015[2]. Para este estudio analizaron la información de los 193 Estados Miembros de la ONU. Un primer resultado que debe llamarnos la atención es que “los cinco países con los índices más altos de impunidad son Filipinas, México, Turquía, Colombia y La Federación de Rusia”

Evidentemente (:63) México ocupa un lugar crítico con relación al fenómeno de la impunidad, los hechos ocurridos en la última década hablan por sí mismos: la lucha contra el crimen organizado que ha operado sin rendir cuenta de sus acciones, los niveles altos de corrupción al interior de los poderes políticos, las desapariciones forzadas y un número sobresaliente de delitos no investigados ni castigados, han generado en la esfera de la opinión pública nacional e internacional una percepción de ingobernabilidad y una auténtica preocupación ciudadana que ha desembocado en la exigencia hacia el Estado de respuestas y soluciones.

La impunidad se vincula directamente con la inseguridad y genera dudas sobre el derecho al acceso a la justicia. Por ello puede entonces sorprender que entre los resultados del Índice sugieran que en México no se necesitan invertir muchos más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones. Sugieren que deberíamos “contar con más jueces dentro del sistema de justicia” porque esta medida impactaría inmediatamente sobre el número de juicios, ya que al aumentar el número de éstos se podría reducir el número de personas encarceladas esperando sentencia y con ello también reducir la sobrepoblación de las cárceles.

Casi 45 años han pasado desde ese primer informe de Amnistía y la impunidad continúa siendo un problema para el cual no se aprecia solución, porque si bien, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales se hicieron notorias en el gobierno del presidente Felipe Calderón, el nivel de incidencia de las desapariciones durante el presente sexenio no ha disminuido y la tortura es considerada generalizada. Debemos tener muy presentes los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa y recientemente el de los 5 jóvenes desaparecidos en Veracruz, para reconocer la gravedad de un escenario que nos colocan en la atención internacional.

La impunidad es entonces un problema endémico, sin embargo, si deseamos seguridad y vigencia de los derechos humanos, debemos de luchar por erradicarlo.

[1] Aziz Nassif Alberto, Hartazgo con la impunidad. El Universal 13 de septiembre del 2011

[2] Índice de Impunidad Global. http://www.udlap.mx/cesij/resumenejecutivo.aspx

Por: Gerardo Moya García

Con fecha 29 de octubre del 2015, y entregada al ejecutivo estatal al día siguiente, el Congreso del Estado de Jalisco publicó la Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación en el estado de Jalisco. Lo anterior, de manera aislada, sin haber dialogado, consultado, o acordado con aquellas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de grupos vulnerables, y que llevamos más de 12 años dialogando con diversas legislaturas precisamente para la aprobación de una ley de esta naturaleza.

El artículo 7 que prevé las conductas consideradas discriminatorias se puede ampliar y mejorar. Cuenta con tan solo 37 fracciones, de las 52 que tiene la propuesta de iniciativa de Ley del Colectivo “Jalisco Incluyente”, colectivo de organismos por la equidad y contra de la discriminación.

El órgano regulador que crea la Ley: “Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco” (artículo 32), es un organismo interinstitucional auxiliar del poder ejecutivo. Presidido por el mismísimo Gobernador del Estado (o quién éste designe), 6 consejeros representantes de diversos entes públicos, y 1 investigador/a de la UDG, tiene en contraparte únicamente 4 consejeros/as “ciudadanos/as, elegidos por el Congreso del Estado. Evidente inequidad e inoperancia, no sólo por su constitución, sino porque los cargos serían honoríficos; es decir, trabajarían gratuitamente.

Lo anterior resulta contradictorio con las “amplias atribuciones y obligaciones que se le otorgan al Consejo” en su artículo 35, y con la periodicidad ordinaria de sus reuniones (cada tres meses).

Una buena aportación que contempla la Ley, es aquella que sujeta a procedimiento, reparación y sanción, a los entes públicos y autoridades, tanto estatales como municipales o particulares que ejerzan funciones públicas por instrucciones, en apoyo o auxilio de los Poderes Públicos, que cometan presuntos actos u omisiones discriminatorios. Quienes la ley mandata que sustancien el procedimiento, serán los órganos de control disciplinario de las entidades y dependencias públicas que correspondan de acuerdo con su competencia. Con ello se cubre una laguna jurídica que permitía que los servidores públicos gozaran de impunidad en esta materia administrativa, ya que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), no resulta competente para tramitar quejas contra funcionarios que no fueran de índole federal.

Lo que la Ley dejó de lado, es que en lugar de prescribir que se adecúen los ordenamientos legales estatales y municipales para que sean contemplados como actos u omisiones de carácter administrativo los actos discriminatorios cometidos por particulares o personas jurídicas privadas (empresas), dando pie a que se puedan abrir procedimientos en su contra en los que los órganos ya dispuestos para ello, tales como los Juzgados Municipales, remite al CONAPRED dichas quejas, lo que de por sí es ya una facultad y obligación de ese órgano nacional.

Toda norma es perfectible, sobre todo las recién aprobadas. Nos corresponde a todos y todas ponerlas en práctica, denunciar sus fallas, modificarlas, mejorarlas.

Gerardo Moya García.

Publicado originalmente en: http://goo.gl/AUuwZO

Escrito por: Paloma Patlán

Fotografía: Shek Po Kwan

La música contagia una atmósfera sombría, y al compás de un ritmo lento, caminan personas vestidas de blanco que llevan en la mano una luz. Se acuestan contiguos 43 estudiantes, apoyan la luz en su pecho y se les ilumina un rostro joven. La quietud de la música termina, el sonido de cuerdas acelera la acción de personas vestidas de negro que trazan con un gis la silueta del cuerpo de cada estudiante que yace en el suelo.

Suenan percusiones que se asemejan a las palpitaciones de un corazón, y en cada estruendo, un estudiante apaga su luz. Mientras las luces se extinguen, es más notorio cómo sus sombras se pierden en las veintiún horas de la noche del 26 de septiembre.

Juntos, los estudiantes se levantan del suelo y vuelven a iluminarse. Entre la música se escuchan voces de protesta y se hace visible que las siluetas de sus cuerpos han formado en el suelo un mapa de México. Su presencia deja una luz encendida en derredor a la línea delgada que delimita al país. Se observa entonces, la evidencia de una nación construida por cuerpos ausentes.

Son escudos entre la niebla y el símbolo de la injusticia. Un monumento de cuerpos que se instauran en la memoria de todos. Se ha probado que el fuego no podría haber extinguido su cuerpo sin que hubiera evidencia. Sin embargo, la escena del crimen vislumbró otra penumbra, y ha hecho despertar a otras personas que exigen encender la luz.

 

El proyecto – For the Dissapeared­ (http://www.fabrica.it/projects/for­the-disappeared/) fue realizado por la mexicana Karen Oetling en colaboración con Associazione Inossidabile; Karen es miembro del área de campañas sociales en FABRICA (www.fabrica.it), un centro de investigación de comunicación con base en Treviso, Italia, que emplea distintas herramientas artísticas como vehículo de cambio en la conciencia social en el mundo. Y Associazione Inossidabile, con sede en Venecia, promueve proyectos culturales y es organizador de “The Bridges of Graffiti”, evento colateral de la 56 Bienal de Venecia.

Jhon Montoya, miembro del Departamento de Música de FABRICA, fue compositor de la melodía que sonorizó el manifiesto al que se unieron 43 estudiantes voluntarios originarios de distintas partes del mundo, la mayoría estudiantes y entre ellos 4 mexicanos ­ Karen Oetling y Juan Pablo R. Valadez, son egresados de la Carrera de Diseño del ITESO en Guadalajara, Jalisco­.

 

La performance se realizó en Venecia, Italia, el mismo día y a la misma hora en el que hace un año se vio con vida por última vez a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa; haciendo un reclamo por el esclarecimiento de la causa de su desaparición y que se enjuicie a los criminales. Además, al realizarse en un espacio público, fue una manifestación colectiva y un acto de presencia civil.

Sin embargo, la instalación en esencia, tiene la intención de ser un homenaje a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero también a los estudiantes que han desaparecido a causa de la violencia y represión en el mundo.

Este proyecto encuentra semejanzas y genera relaciones con el otro, debido a que en el país los 43 estudiantes de Ayotzinapa se han convertido en un símbolo de indignación por las más de 25,000 personas desaparecidas desde el 2007 a lo que va del año, según cifras oficiales; pero también para estudiantes de distintas nacionalidades es un símbolo de estudiantes que desaparecieron en su lucha por la justicia social en su país, en contextos distintos, pero también a causa de la violencia estructural de su lugar de origen.

En ese sentido, este proyecto da cuenta que no se es tan diferente del que ahora se encuentra ausente. Probablemente debido a la información construida y tergiversada por distintos medios, los estudiantes en el exterior tienen un entendimiento más difuso sobre la causa y el contexto de qué sucedió con los 43 estudiantes normalistas. Sin embargo, fue un acto en el que intervinieron jóvenes procedentes de distintas partes del mundo que conocen las luchas estudiantiles en su país y exigen que no desaparezca un estudiante más en ninguna parte del mundo.

Para ellos, este acto busca ser un medio para exigir la vida de los ausentes y compartir su indignación sin que sea de carácter nacional. Es presencia humana que reclama por los que no están presentes.

La instalación se encontrará situada de forma permanente e incitará al cuerpo de los espectadores a instaurarse e instalarse como objeto de reclamo; plantar con todos los sentidos, la inquietud por unirse a la búsqueda de la verdad y entender en un sentido humano lo que representa la ausencia de un estudiante, de una vida. Es un mecanismo para no olvidar, para exigir luz de verdad y que esto no le ocurra a nadie más; es una construcción de memoria y alteridad, un manifiesto plasmado con el cuerpo para acompañar al otro. Para compartir en el mundo que nos quisieron enterrar, pero somos semilla.

 

Para más información del proyecto:

http://www.fabrica.it/projects/for­the­disappeared/

 Un anhelo generalizado, la paz…

Por: Carlos Francisco Castañeda de la Rosa.

Cada año el 21 de septiembre, la ONU conmemora el día internacional de La Paz. La idea básicamente es que la humanidad renueve su compromiso y atención sobre este derecho que algunos consideran como el súmmum de los derechos humanos. En la paz se puede condensar no solo la ausencia de hostilidades entre las personas y países, sino todo aquello que las personas hacen o hacemos para que el bien de los demás y de uno mismo sea mayor, lo cual es inagotable. Esta última idea de la paz es considerada como Paz Imperfecta:

… optamos por llamar paz imperfecta… En primer lugar para hacer una ruptura con las concepciones en las que la paz aparece como algo perfecto, infalible, utópico, terminado, lejano, no alcanzable en lo inmediato. Alcanzable en el otro mundo, en la gloria, los cielos, con la mediación de los dioses, lejos de los asuntos mundanos, fuera de alcance de los humanos por si mismos. En segundo lugar, tal como venimos afirmando, una paz imperfecta que ayuda a reconocer las prácticas pacíficas allá donde ocurran, que nos descubre estos hitos como apoyos de una paz mayor, más amplia. Y en tercer lugar una paz imperfecta que nos ayuda a planificar unos futuros conflictivos y siempre incompletos… (Francisco A: Muñoz, Universidad de Granada)

En nuestro actual contexto local y nacional, con una cultura de violencia que permea casi todas las esferas de la vida y de la sociedad, que lamentablemente podemos ver en la inseguridad pública, las falta de oportunidades laborales dignas, la baja calidad educativa que recibe la mayor parte de la población, la corrupción generalizada que frustra esfuerzos legítimos de construir una patria más humana, de vejaciones constantes contra las mujeres y una larga lista de ejemplos que podríamos ofrecer, en medio de todo eso y de muchas otras formas cotidianas de violencia, personas y organismos de la sociedad civil de la Zona Metropolitana de Guadalajara trabajan todos los días por aportar acciones, reflexiones, signos, caminos de paz, de esta paz imperfecta.

Precisamente para conmemorar activamente el día internacional de La Paz, algunos de estos organismos de la sociedad civil organizada, organizados en un Colectivo que se ha denominado C-Paz, están preparando un Festival del día de la Paz, a celebrarse en la vía Recreativa, sobre el camellón de la av. Chapultepec, entre av. La Paz y Lerdo de Tejada, el próximo 20 de septiembre entre las 9 y las 14 horas. En este festival se llevarán a cabo juegos cooperativos, exposiciones, un concierto de rock, y otras actividades lúdicas y reflexivas destinadas tanto a los niños como a los jóvenes y adultos.

El programa Institucional de Derechos Humanos y Paz del ITESO estará presente como parte de este colectivo, en el que alumnas y alumnos de la asignatura de Cultura de Paz expondrán el origen del día internacional de la paz, conceptos de paz y estarán animando a la participación juegos relacionados con los derechos humanos.

Los organismos de la sociedad civil que participarán en este festival son: COMUNIDAD CRECE, CONSTRUCTORES JUVENILES DE PAZ, COLORES DE JALISCO, GISES POR LA PAZ, GUERREROS DE LUZ, MESA DE PAZ Jalisco, FAFI: FUNDACIÓN PARA APOYO A LA FORMACIÓN DE LA INFANCIA, CREANDO UNA CULTURA DE PAZ AC: CREAPAZ, PORTAVOCES DE PAZ, ITESO PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ, FM4 PASO LIBRE (DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO A.C.), ESCUELAS DE PERDÓN y RECONCILIACIÓN: Es. Pe. Re., CISV México, ANIMAL FEST, AMNISTÍA INTERNACIONAL, Oficina Occidente.

 

 

Un dictamen que propone una Ley contra la discriminación inconsistente e inoperante

 Por: Gerardo Moya, integrande del CEPAD

En versión del 11 de mayo pasado, las comisiones de Equidad de Género; Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos; Derechos Humanos; y para el Desarrollo Humano y la Familia, emitieron el dictamen de decreto que expide la Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación en el estado de Jalisco.

Lo anterior, de manera aislada, sin haber dialogado, consultado, o acordado con aquellas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de grupos vulnerables, y que llevamos más de 12 años dialogando con diversas legislaturas precisamente para la aprobación de una ley de esta naturaleza.

Un elemento que resulta redundante, es el otorgar atribuciones a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) para tramitar quejas por actos discriminatorios, ya que es algo que la CEDHJ puede y debe hacer desde su creación en 1993. Lo más grave a nivel de competencias y que evidencia el desconocimiento y falta de asesoramiento a los y las diputadas firmantes del decreto, es la atribución que le otorgan en el artículo 45, en el sentido de que ésta reciba, tramite y concluya quejas en contra de particulares, y proponga la imposición de sanciones a los mismos (artículo 57).

El espíritu que dio fundamento a la figura del Ombudsman (defensor del pueblo) desde 1804, es el de ser un supervisor de la administración pública que fuera ágil y sin mayores trámites para aquellos actos u omisiones cometidos por servidores públicos que violen derechos humanos. Así lo recoge el artículo 102 constitucional que crea tanto la Comisión Nacional de los Derechos humanos en 1992, como a los organismos autónomos de las entidades federativas.

El capítulo que prevé las posibles conductas discriminatorias se puede ampliar y mejorar. Cuenta con tan solo 37 fracciones, de las 52 que tiene la propuesta de iniciativa de Ley del Colectivo “Jalisco Incluyente”, colectivo de organismos por la equidad y contra de la discriminación.

En cuanto al órgano regulador de la Ley, el dictamen refiere la creación del “Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco”, en cuyo artículo 33 se propone conformarlo por el mismísimo Gobernador del Estado (o quién él designe en caso de no poder asistir) y otros 6 consejeros representantes de diversos entes públicos. En contraparte se prevé que sean 4 consejeros “ciudadanos”, eso sí, elegidos por el Congreso del Estado a partir de las ternas que nuevamente le presente el Gobernador. Evidente inequidad e inoperancia, no sólo por su constitución, sino porque los cargos serían honoríficos; es decir, trabajarían gratuitamente.

Lo anterior resulta contradictorio con las “amplias atribuciones y obligaciones que se le otorgan al Consejo” en su artículo 34, y con la periodicidad ordinaria de sus reuniones (cada tres meses).

La buena aportación que contempla el dictamen es aquella que se encuentra en el artículo transitorio séptimo, en el que ordena que se adecúen los ordenamientos legales estatales y municipales para que sean contemplados como actos u omisiones de carácter administrativo los señalados en el dictamen. Lo anterior da pie a que considerados faltas administrativas, puedan entonces sí, abrirse procedimientos en contra de personas físicas y jurídicas privadas (empresas), en los que los órganos ya dispuestos para ello, tales como los Juzgados Municipales, tengan facultades para imponer sanciones, no así la citada CEDHJ.

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Por: Carlos Peralta, Académico Investigador CIFS-ITESO

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre sus artículos, existe uno que explícitamente trata sobre los derechos políticos de los individuos. En lo cotidiano nos olvidamos que el ejercicio de los derechos políticos puede ser la base fundamental para lograr la exigibilidad de diferentes derechos, las campañas engañosas pueden propiciar que votemos por un mal partido o candidato lo cual seguramente, en un país como el nuestro, puede significar más corrupción, injusticia social, daños al ecosistema, pérdida en la calidad de vida, entre muchas otras situaciones. Por el otro lado, un voto razonado y crítico puede traer la esperanza de cambios profundos y de mejorar la exigibilidad de los derechos humanos.

Debemos y tan solo como recordatorio, tener presente que el Artículo 21, de la Declaración dice:

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

 

Es cierto que en nuestro país se celebran elecciones periódicas, me parece también que se avanza paulatinamente en lo relativo a equidad de la contienda y en la libertad de voto (ya no resulta tan fácil condicionar o comprar el voto de los ciudadanos); pero, la pregunta clave es ¿el resultado electoral realmente refleja la voluntad del pueblo? Obviamente se tendrían que hacer análisis muy profundos para responder a la pregunta, en principio se debería estudiar con más interés el fenómeno del abstencionismo. Pero parto por plantear dos situaciones que se evidenciaron en las pasadas elecciones del 7 de junio, en el Estado de Jalisco, y que nos ofrecen signos esperanzadores en relación a la respuesta en relación a si el voto refleja la voluntad popular.

• Las pasadas elecciones demostraron que los candidatos independientes pueden tener acceso a las funciones públicas. Es cierto que se les ponen muchos obstáculos en el camino pero se demostró que si logran sortearlos, pueden hacer valer su derecho a tener acceso a cargos públicos. En el caso de Jalisco, como ya es conocido por todos, Pedro Kumamoto sorteo los obstáculos para ser candidato a diputado por el Distrito 10, pero además la voluntad popular se inclinó para que él llegara al cargo. En un distrito que tradicionalmente había dado sus votos al PAN, los ciudadanos decidieron realizar un voto razonado, para presidente municipal votaron por un partido no tradicional y para diputado votaron por un candidato independiente, un ciudadano sin partido.
• Los partidos no consideraron el impacto que podría lograr el voto crítico de los ciudadanos en el área metropolitana de Guadalajara. Castigaron al PRI y posicionaron a Movimiento Ciudadano (MC). Antes de las elecciones no era tan claro o evidente el impacto que se tendría en el mapa electoral, no se podía predecir (sobre todo en municipios como Zapopan o Tlaquepaque) que el MC fuera a ser la opción que tomarían la mayoría de los votantes.

Cierro esta reflexión con un par de comentarios vertidos por la Dra. María Marván Laborde (la semana pasada, aquí en el ITESO), en relación al voto: a) Para las pasadas elecciones cobró notoriedad el voto crítico y diferenciado, es decir fue evidente que los ciudadanos reflexionaron su voto y decidieron a quien darle su confianza (y a quien no). b) En nuestro país se aprecia cada vez con más claridad que tenemos votantes del siglo XXI (ciudadanos pensantes y críticos), pero partidos del siglo XIX.

Si bien con cada votación se mejora la posibilidad (y el derecho) de tener un voto libre y secreto, es aún un reto tener partidos políticos a la altura de las necesidades y de los intereses de los ciudadanos, partidos que representen y hagan suya la voluntad popular. Por ello y mientras que los partidos no hagan suyo el sentir popular tendremos candidatos independientes y partidos castigados.

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Por Carlos Peralta, Académico Investigador del ITESO

Podemos empezar mencionando que la tortura y los tratos inhumanos han existido desde hace siglos, sin embargo con la creación del Estado de Derecho sustentado en sistemas modernos de impartición de justicia, se tenía la esperanza de que la investigación policiaca supliera el uso de la tortura, y con ello, que las personas fuera realmente consideradas inocentes hasta que el Estado demostrara científicamente y objetivamente su culpabilidad. Por desgracia en nuestro país se sigue privilegiando y aceptando como prueba, el método de autoincriminación mediado por el uso de tortura.

En la historia reciente encontramos que en 1948 la comunidad internacional condenó la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Posteriormente fue aprobada por la Asamblea General en 1984 (entró en vigor en 1987), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Años después, en 1985, se nombró al primer Relator Especial sobre el tema de la tortura, y cerramos esta recapitulación mencionando que en diciembre de 1997 la Asamblea General proclamó el 26 de junio, Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las víctimas de la tortura.

Cabe mencionar que Juan E. Méndez, el actual Relator del tema de tortura, visitó nuestro país el año pasado (21 de abril a 2 de mayo de 2014). En su informe sobre la situación de México narra que las diferentes fuerzas de seguridad han torturado a personas detenidas, sobre todo cuando se trata de individuos presuntamente relacionados con la delincuencia organizada. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, expresó sin la menor ambigüedad que existen retos significativos para lograr una mejor y más amplia protección de los derechos humanos en el país, también reconoció que la tortura constituye una práctica a la que todavía se recurre en distintas formas y que no ha sido del todo erradicada.

La tortura cosifica a las personas, impide que puedan tener un juicio justo y gozar de una adecuada defensa. Reconocer la presencia constante de la práctica de tortura es muy relevante porque implica reconocer la impunidad en la cual se mueven las fuerzas de seguridad (nadie o muy pocos son juzgados por cometer este delito), además de que pone en evidencia nuestro deficiente sistema de investigación policiaca. La tortura ayuda a generar dudas sobre el sistema de justicia porque es usada para fabricar culpables, que si bien a la larga pueden quedar en libertad, para entonces el sistema gasto miles de pesos en juzgar a un inocente y lo peor del caso es que tampoco capturó a los verdaderos culpables.

Aquí en Jalisco, el pasado 10 de marzo, los diputados aprobaron una nueva legislación, le llamaron: Ley para Prevenir, Sancionar, Erradicar y Reparar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes del Estado de Jalisco. También se aprobaron algunas modificaciones al Código Penal y a otras dos leyes, y puede considerarse un aspecto positivo el hecho de que se contemplen penas de hasta 12 años de cárcel y multas de 200 a 500 salarios mínimos para aquellos servidores públicos que cometan este delito. Además se obliga a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) a denunciar los casos en los que reciba quejas por este tipo de prácticas.

Es importante que se hubiera aprobado esta Ley porque pone de manifiesto que el Poder Legislativo repudia este tipo de prácticas, sin embargo debemos preguntarnos ¿una ley terminará con la tortura? Teníamos en Jalisco una ley contra la tortura y en 22 años de existencia nunca fue aplicada. La tortura seguirá existiendo hasta que las fuerzas de seguridad policiaca sean obligadas a cambiar sus métodos, hasta que no sea tolerada esta práctica por sus superiores, hasta que no cambie el sistema de justicia y deje de ser considerada como prueba la autoincriminación, o hasta que se aplique realmente el Protocolo de Estambul. Es decir deben existir cambios importantes dentro del propio sistema para que realmente sea eliminada esta práctica.

El 26 de junio debe ser un día para recordarnos que todavía hay mucho por trabajar para tener un buen sistema de procuración y administración de la justicia.

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Por: Gerardo Moya, integrante del CEPAD

El trabajo que hace el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) y su conexión con las realidades que denuncian una situación límite para la dignidad de cientos de personas en Jalisco, desafortunadamente indican que estamos en una fase regresiva y de descomposición para la vigencia de los derechos humanos.

La desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa Guerrero, hace poco más de 7 meses, son la consecuencia de décadas de desatención a situaciones estructurales de derechos básicos, sobre todo los económicos, sociales y culturales. En Jalisco tenemos nuestros desaparecidos, que según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ocupan el 2do lugar a nivel nacional. No todas las desapariciones serán “forzadas”, y sí, algunas de las personas reportadas como desaparecidas son encontradas y no reportadas como tal a la autoridad, pero el alto número de ellas muestra la deficiencia en la investigación, o por lo menos la ineficiencia en la misma. Hay que decir también que la Ley Estatal de Víctimas se encuentra incumplida; su comisión ejecutiva permanece sin ser designada, y carece del presupuesto respectivo.

La ausencia de una sola sentencia por el delito de tortura en Jalisco, muestra que la Fiscalía es juez y parte en la investigación de éste deleznable crimen, como si no fueran suficientes las más de mil quejas existentes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, o las 31 recomendaciones emitidas de 2007 hasta ahora en las que se comprueba la práctica de la tortura cometida por servidores públicos de la entidad. No se puede tapar el sol con un dedo. Si el fiscal general del estado duerme tranquilo pensado que está haciendo lo que le corresponde en esta materia; desde este espacio, tanto sociedad civil como las víctimas de tortura y otras violaciones graves de derechos humanos, opinamos lo contrario.

La impunidad generada por la ausencia de investigación y castigo de esta práctica, produce incentivos. En el caso de Hernán Huízar, jefe policiaco con graves señalamientos por tortura cuando dirigió un operativo en la extinta Dirección de Seguridad Pública del Estado, fue su contratación para dirigir la corporación municipal en Zapopan. Huízar renuncia finalmente por no haber pasado las pruebas de “control de confianza”.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara mostró a través de dos incidentes: el del clásico del futbol mexicano y las protestas que terminaron en violencia en la zona del mercado de San Juan de Dios, que su estrategia es la represión, y que carece de una perspectiva que se acerque a las necesidades, intereses y derechos de la juventud.

La perspectiva de la seguridad en otras zonas de la entidad, como por ejemplo la del sur, propició que en la Sierra de Manantlán, organizaciones de los pueblos nahuas y de localidades cercanas a Michoacán, comenzaran a plantear la posibilidad de impulsar sus “autodefensas” como una forma de exigir el derecho a la seguridad. Ante ello, el Fiscal General amenazó con una intervención policial contra los pobladores, sin embargo no se aprecia la misma inclemencia en el combate a la delincuencia, ya que en Jalisco se comete un homicidio cada siete horas y han sido asesinados más de una decena de agentes de seguridad, entre los que se incluyen integrantes del ejército mexicano.

El mando unificado a través de la figura de “Fuerza Única” se anunció por parte del Poder Ejecutivo en un ejercicio excesivo de publicidad que en la práctica no ha correspondido a olvidar las violaciones de derechos humanos cometidas por elementos de la ex Secretaría de Seguridad Pública. Luego de los anuncios se han presentado decenas de inconformidades, lo que pone en duda la actuación del nuevo “modelo” policial.

En la misma constante de omisiones encontramos la autorización que dio el gobierno municipal de Zapopan junto con la Secretaría del Medio Ambiente, para talar más de 100 árboles en el bosque del Nixticuil por parte de la empresa que paradójicamente quiere construir el fraccionamiento “Bosque Encantado”. El suceso realza de nuevo el aspecto de que es más importante para los municipios garantizar los intereses de los “inversionistas”, que los derechos intergeneracionales como el del medio ambiente.

Pocas violaciones de derechos humanos son tan silenciosas como la discriminación. El aparente avance el año pasado, se dio al discutirse varias iniciativas de ley en torno al tema en el Congreso del estado. Desafortunadamente y como ha sucedido siempre, se quedó en eso, en una discusión. Sigue sin existir en la entidad una legislación a la altura de la problemática que vivimos. Si bien se aprobó la creación del delito de discriminación, hasta el momento la Fiscalía no ha intervenido en la consignación de una sola persona. Como se aprecia, la discriminación no para, ni se detendrá ante herramientas endebles construidas por legisladores que sólo buscan bursatilizar mediática y momentáneamente los temas, sin atender las causas que los originan.

Año tras año hemos sido testigos del deterioro de la “defensa” de los derechos humanos en Jalisco desde las instituciones: un Poder Judicial sumido en la corrupción y en pleno reparto de plazas de trabajo, que aunque se fije como objetivo constituirse en un tribunal constitucional local, existe una gran distancia para que cuente con la legitimidad que requiere la sociedad, al igual que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que se consolida como una ventanilla de recepción de quejas, y quien fuera “amonestada” y “requerida” por el Pleno del Consejo del ITEI por no entregar información pública solicitada por el Cepad, relacionada entre otras cosas, con su función de promoción de la Reforma Constitucional en la materia, a servidores públicos y a la población en general.

Ni que decir del estado de los derechos de la infancia; la criminalización de la protesta social y la intención de regularla; los feminicidios; los defensores, defensoras y periodistas amenazados por cumplir con su función como es el caso de Jade Ramírez o de Rossana Reguillo; el derecho de los pueblos al territorio, y un largo etcétera.

Lo que toca resaltar, es la movilización de la conciencia y de la esperanza. Fue un año de tomar la calle, aprender de ella y de discutir ante la diversidad de opiniones, de generaciones y de luchas.

Dice la Declaración Universal de los derechos humanos, que “Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como estamos de razón y conciencia, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros”. Esta afirmación no pretende tener una comprobación fehaciente, sino que es una apuesta, una apuesta que implica un “modo de ser y de estar” en el mundo; a ello le apostamos hoy.