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Reconciliación y perdón: alternativas de esperanza para vivir en paz

Por: Gerardo Pérez, Académico Ivestigador del CIFS

“Estuve encadenado como lo estuvieron ustedes.

Fui liberado como ustedes lo fueron.

Por consiguiente, si puedo perdonar a mis opresores,

también ustedes pueden hacerlo”

(Nelson Mandela)

¿Cuánto tiempo se hace de aquí a Iguala? Aproximadamente dos horas ­-me contestó el rector de la Universidad Loyola. Pero unas horas antes, los que no paraban de preguntarme eran los reporteros: ¿se puede esperar perdón de las madres de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa? No lo sé. El perdón es una decisión personal de las víctimas -fue mi respuesta.

¿Cómo hablar de perdón y reconciliación en el contexto de violencia que se vive actualmente en el estado de Guerrero? ¿Desde qué enfoque? ¿En función de quién? La solicitud que se me hizo para participar en el Foro Guerrero. Una luz de esperanza fue muy clara: abordar estos temas desde una perspectiva académica en el marco de una Cultura de Paz.

Afortunadamente existe mucha experiencia humana sobre estos asuntos, sistematizada en múltiples artículos, videos, revistas o libros. Sin embargo al comenzar a revisar los textos, pronto caí en la cuenta de la complejidad que está implicada en estos temas. En ambos casos lo que está en juego son aspectos muy delicados como el sufrimiento humano y la memoria histórica tras hechos de violencia, la dignidad humana de víctimas y culpables, el deseo de venganza por la pérdida o desaparición de seres queridos, el posible arrepentimiento de quienes usaron la violencia para conseguir sus objetivos, los efectos psico-emocionales en la sociedad civil, el papel de las instancias oficiales para impartir justicia o las políticas públicas para afrontar violaciones graves a los Derechos Humanos.

Para afrontar esta complejidad decidí recurrir a la experiencia personal como punto de partida, evocando el trabajo que realizamos en Guadalajara un grupo de colegas para honrar la memoria de los ciclistas que mueren asesinados por vehículos automotores en las calles de la ciudad. Cuando se organiza la instalación de una Bici Blanca en el lugar donde falleció un/a ciclista se busca concientizar a la población sobre la fragilidad de la vida de quienes se mueven en bicicleta, exigir a las autoridades que tomen cartas en el asunto y pongan en marcha programas y políticas para incrementar la seguridad de las personas en la vía pública. Sin embargo con nuestra acción no se repara el daño a los familiares de las/os ciclistas, no sirve para detener y castigar a los culpables, tampoco ha sido eficaz para frenar la muerte de ciclistas. Surgen entonces nuevas preguntas: ¿Quién debe pedir perdón y quién debe otorgarlo cuando el ciclista murió por una alcantarilla mal instalada o un poste de luz que no tenía nada que hacer en ese lugar?

Más allá de la experiencia personal con las Bicicletas Blancas, las preguntas centrales de la charla para el Foro Guerrero no cesaban de aparecer: ¿Es posible la reconciliación entre actores sociales que se han enfrentado de manera violenta? ¿Qué se puede hacer cuando el culpable no se arrepiente o la víctima no acepta las disculpas del ofensor? ¿Qué hacemos con nuestras violencias que desde hace años vienen afectándonos como sociedad (Acteal, Guardería ABC, 22 de abril, Ayotzinapa, Atenco, Pasta de Conchos, etc.)?

La primera idea que habría que resaltar es que tanto reconciliación como en el perdón son mecanismos que contribuyen a la transformación positiva de conflictos, con las posibilidades y limitaciones propias de cualquier invento humano. Si tomamos en cuenta que detrás de todo hecho de violencia hay siempre latente un conflicto que se quiso “resolver” anulando a la contraparte o imponiéndose a través de la fuerza; el perdón y la reconciliación buscan incidir sobre algunos de los elementos que están siempre presentes en todos los conflictos (las emociones, los valores, las creencias, la comunicación, el empoderamiento o las necesidades) y utilizarlos de manera positiva para construir paz.

En segundo lugar, al analizar los procesos de reconciliación que se dieron en Sudáfrica para terminar con el apartheid durante la presidencia de Mandela, o los que se han llevado a cabo entre España y Alemania para resarcir los daños del bombardeo sobre Gernika en 1936, podemos identificar la importancia que tiene utilizar herramientas no solo de tipo jurídico, sino otras capacidades con las que contamos también los seres humanos para hacer las paces: inteligencia emocional, valores culturales y espirituales, el entendimiento mutuo a través de señales, códigos y símbolos, etc.

Así como en la Medicina, el mantenimiento de la salud y la atención a las enfermedades requiere de médicos especialistas, enfermeras, farmacéuticos, laboratoristas, odontólogos, etc., la construcción social de la paz igualmente demanda saberes específicos para atender los diversos tipos de conflictos y las diferentes violencias. Si tomamos en cuenta –como lo señala Galtung (1998: 51)– que «desafiar y cambiar, la violencia estructural y cultural es tarea de todos, cuesta arriba, sin final, indispensable…», la invitación que se hizo a los participantes en el Foro Guerrero fue a capacitarnos para ser especialistas en Cultura de Paz desde la Educación, las Ciencias de la Comunicación, la Informática, la Política, la Economía, etc.

La violencia, en cualquiera de sus expresiones (directa, cultural o estructural) rompe la confianza mutua, el equilibrio entre seres humanos conflictivos, pues las víctimas sufren y sienten miedo, crece su deseo de venganza y esperan el castigo del transgresor como una forma legítima de venganza. Es ahí, en este escenario, donde se necesita intervenir. Pero, ¿cuándo y cómo utilizar el perdón y la reconciliación?

La reconciliación tiene como objetivo la reconstrucción de las relaciones entre grupos o personas que se han enfrentado mutuamente, causándose graves daños. Pero no se trata solo, ni primordialmente, de un asunto religioso. Es un proceso relacional del ánimo, más allá de los conceptos, un llamado a la cordura, a la concordia o a lograr un acuerdo común entre los participantes en un conflicto. Demanda voluntad y libertad de los/las implicados/as para querer reconciliarse. Supone conocer y dialogar sobre los hechos que provocaron daños, contextualizarlos, y llegar a acuerdos sobre las reglas que regirán la convivencia futura y las nuevas relaciones de confianza.

Previamente, el agresor debe tomar conciencia del daño que provocó, arrepentirse, sentir remordimiento por el mal que infringió, tener la intención de resarcir el daño y asumir el compromiso de no volver a repetirlo. La víctima por su parte, necesita sanar las heridas y recuperarse, trascender la rabia, el odio, la culpa y el deseo de venganza que lo animan. La venganza es un sentimiento pasajero que no sirve para sanar las heridas. La culpa se experimenta al tomar conciencia de lo inmerecido del sufrimiento recibido. El odio, al único que hace padecer es a la propia víctima (aunque en ocasiones el odio se descarga sobre otros que nada tienen que ver en la violencia original). El perdón –aclara Leonel Narváez– es la superación de todos esos sentimientos, pero requiere de la voluntad de la propia víctima para superarlos o trascenderlos con la ayuda de alguna forma de espiritualidad.

No obstante, la reconstrucción de relaciones no siempre es posible o solo se logran restablecer hasta cierto nivel. Suponiendo que víctima y agresor decidan compartir el mismo espacio o lugar con el mínimo contacto posible, se habla de reconciliación como coexistencia. Como convivencia, además de cohabitar, ambos deciden llevar a cabo algunas acciones de manera conjunta. Y como comunión, optan libremente por participar colaborativamente en asuntos que les son comunes y deciden restablecer vínculos afectivos sólidos entre ellos.

Otro proceso que no se puede dejar de lado para avanzar en la reconciliación y el perdón es la memoria de lo que sucedió para poder construir la verdad, reconocer las situaciones y los hechos que condujeron a la violencia o al rompimiento de las relaciones intersubjetivas. Los sobrevivientes de la violencia, las víctimas colaterales y el resto de la sociedad en general son portadores de esa memoria. Sin embargo la memoria de los muertos, de las víctimas más radicales de la violencia, desaparece con ellos para siempre. Por lo tanto, la memoria principal que hay que rescatar es la memoria de las víctimas (no sobre ellas) respecto de las injusticias que sufrieron. No se puede buscar paz a costa de la memoria de las víctimas. Como sociedad, como colectivo, tenemos el deber de no olvidar, de escuchar y atender empáticamente los testimonios de las víctimas, de uno y otro bando. Una sociedad que no acoge empáticamente la memoria de sus víctimas, re-victimiza. Y el recuerdo de lo sucedido puede quedar objetivado de diversas maneras: en monumentos, documentos, corridos, ritos, conmemoraciones, bicicletas blancas… Sin embargo, a propósito del olvido y la memoria, no podemos dejar de preguntarnos por el sentido de las recientes declaraciones de Vicente Fox cuando pide a los familiares de los estudiantes desparecidos en Ayotzinapa que “acepten la realidad” (video). ¿A qué responde la preocupación de este personaje por silenciar las demandas de justicia de estas personas?

Ningún gobierno puede perdonar. Ninguna Comisión de la Verdad puede perdonar. Tampoco el tiempo perdona, ni basta para olvidar. El perdón supone el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas. Cuando los políticos se refieren a él, además de esperar amnistía, pretenden despojar a las víctimas del poder de perdonar que solo a ellos les pertenece. El perdón es un don, un regalo producto de la libertad. Nunca puede ser producto de la fuerza o la imposición. La persona que perdona, es una persona libre de la ira, el rencor o el resentimiento. Perdonar es recordar, dándole un nuevo significado al dolor o sufrimiento, es romper las cadenas que impiden vivir en paz. Por eso la reconciliación no tiene una relación directa o única con la justicia o el derecho, ni se agota en ellos, porque «…si la violencia/daños ha sido realizada en la relación agresor-victima, es en esa misma relación donde la violencia/daños deben deshacerse» (Galtung, 1998: 56). Sin embargo, la reconciliación también supone la exigencia de una justicia restaurativa que intervenga sobre los efectos directos e indirectos que provocan las violencias cultural y estructural, y permita la construcción de nuevas instituciones que garanticen las formas alternativas de convivencia que se han propuesto poner en marcha quienes anteriormente se consideraban entre sí “enemigos”.

En síntesis. La reconciliación consiste en reconstruir a futuro un camino que se bifurcó en un momento dado, tomando en cuenta que no es posible regresar al punto en el que se dio el rompimiento. Agresor y víctima tienen que hacer por sí mismo su propio camino para un posible restablecimiento de la confianza mutua, sin que haya garantía de éxito. El agresor puede no arrepentirse y la víctima puede decidir no otorgar su perdón. Pero tal proceso, solo se puede poner en marcha una vez que ha parado la violencia directa, cuando existe un mínimo de condiciones para el restablecimiento de relaciones entre las partes, cuando hay un pequeño cambio de actitudes, sentimientos o percepciones respecto del contrincante y se puede establecer algún tipo de pacto. También es importante tomar en cuenta que tanto el perdón como la reconciliación no necesariamente transitan por las instancias judiciales. La justicia como un valor o bien social que es, no puede quedar acotada a ministerios, procuradurías o jueces. La justicia del perdón y la reconciliación abarca otras dimensiones de la interacción humana donde las actitudes, los afectos, los valores o las tradiciones culturales juegan un papel fundamental. Po eso podemos afirmar que: ¡En Guerrero existe una luz de esperanza, porque sabemos que contamos con capacidades y herramientas especializadas e integrales para hacer las paces, a pesar de las violencias!

 

Bibliografía.

Correo de la UNESCO (1999) Después del horror: la memoria y el olvido, Paris, Año LII, Diciembre 1999.

Etxeberria M., Xabier (2010) Víctimas y memoria, en: http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/PDF%20Papeles/109/Victimas_y_memoria_X.ETXEBERRIA.pdf

Galtung, Johan (1998) Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. Bilbao, Gernika-Gogoratuz.

Herrera J., Carlos José (2008) “La reconciliación y sus conceptos relacionados: justicia, verdad, reparación y proyecto democrático”, en Medina Doménech, Rosa Ma., Molina Rueda, Beatriz y García-Miguel, María (eds.) Memoria y reconstrucción de paz. Enfoques multidisciplinares en contextos mundiales. Madrid, Libros de la Catarata.

Kasper, Michael (1998) Gernika y Alemania: historia de una reconciliación. Bilbao, Gernika-Gogoratuz.

Lefranc, Sandrine (2004) Políticas del perdón. Madrid, Cátedra.

López M., Mario “Gramáticas de la reconciliación. Algunas reflexiones”, en http://1drv.ms/1ARKWVj

Narváez Gómez, Leonel (2009) Escuelas de Perdón y Reconciliación. Cartilla 1. Reconciliación. VII Edición. Bogotá, Fundación para la Reconciliación.

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400 organizaciones denuncian la iniciativa de Ley General de Transparencia como un retroceso en materia

José Bautista, Académico del Cifovis

Presidente del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco

En febrero de 2014 se aprobó una reforma constitucional de avanzada en materia de transparencia. En sintonía con este espíritu de apertura y colaboración que animó dicha reforma a finales del año pasado, el Senado de la República en conjunto con redes de organizaciones de la sociedad civil desarrolló una iniciativa de Ley General deTransparencia (LGT) que ampliaba considerablemente la protección del derecho de acceso a la información.
La ley por mandato constitucional tenía que ser aprobada por ambas cámaras a más tardar el 7 defebrero, ya que el artículo segundo transitorio de la reforma al artículo sexto constitucional establecía el plazo de un año para expedir las leyes en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Archivos. El plazo ya venció y la iniciativa deley sigue sin seraprobada.
No obstante nuestra preocupación se presenta en las intenciones regresivas de las negociaciones parlamentarias que se resuelven en el Senado. De aquí se desenvuelven ocho principales:
1-Sanciones que limitan el derecho de acceso a la información. El artículo 208, añadido desde diciembre del 2014, incluye la posibilidad de sancionar a los funcionarios de los organismos garantes cuando revelan información que pudiera generar daños a los sujetos obligados. La indefinición de la presunción de “generar daño” permite numerosas interpretaciones que fomentan la indeterminación e imprecisión de los argumentos legales.
2- La desaparición de la obligación de generar la información. La propuesta de Ley obliga a generar la información y a documentar todos los actos de los sujetos obligados. Uno de los principales problemas del actual sistema es que los sujetos obligados niegan la información adjudicando su inexistencia. Con las modificaciones propuestas, basta con que la autoridad justifique que no ejerció las facultades que la ley le atribuye para declarar la información inexistente. En otras palabras, los sujetos obligados simplemente podrán responder que no se documentó cualquier solicitud. La omisión de esta disposición impide que la Ley General de Transparencia efectivamente pueda concretar uno de los principales objetivos que tuvo la reforma constitucional de transparencia.
3- Se limita el acceso a la información sobre violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Las propuestas de modificación ignoran disposiciones establecidas desde 2002 en la Ley Federal de Transparencia cuyo alcance ha sido desarrollado a través de criterios de la Corte y determinan que sólo se podría acceder a información de violaciones graves o delitos de lesa humanidad, si hay un pronunciamiento previo de autoridad competente. Es decir, para que se aplique la prohibición de reservar información sobre violaciones graves a derechos humanos como lo estipula el último párrafo del articulo 14de la Ley Federal deTransparencia y Acceso a la Información Pública, es obligatorio que previamente las autoridades competentes (como la CNDH o la CIDH) hayan calificado el hecho de esta manera. Ello es un retroceso pues debilita al IFAI en sus atribuciones.
4- Reserva de información por causal de estabilidad económica, seguridad nacional e integración de nuevas reservas. Las interpretaciones de las causales de estabilidad económica y seguridad nacional pueden ser muy amplias y por lo tanto abren la posibilidad de reservar una multitud de información. Por ejemplo, el daño a la estabilidad económica como causal de reserva puede ser un elemento para mantener en la opacidad cualquier tipo de información si tomamos en cuenta que los acontecimientos políticos y sociales en el país impactan directamente en las fluctuaciones de los precios y en el valor del dinero. Asimismo se elimina la obligación de demostrar “interés legitimo” para clasificar información relacionada con seguridad nacional, lo que es contrario a los principios de Johanessburg. Además no sólo se propone dejar la estabilidad económica, monetaria y financiera y la seguridad nacional como causales de reserva, sino que se añaden dos causales más como los expedientes judiciales y los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado y la que por disposición expresa de una ley sea considerada como tal. Esto último vulnera el principio de prevalencia de la ley de acceso y evita que la
legislación sea efectiva.
5- Eliminación de la prueba de daño. Se elimina la obligación para los Comités deTransparencia de fundar y motivar la clasificación de la información por medio de la aplicación de la prueba de daño. Se propone que la prueba de daño sólo se haga cuando exista un recurso de revisión, esto significa que los sujetos obligados no tendrán que valorar si el daño causado por la difusión de la información es mayor o menor que el interés público de conocerla, considerando multiples posibilidades para negar información. Lo anterior les evita justificar su decisión directamente a las personas a las que se les niega la información, sino hasta que lo solicite el órgano garante.
6- Intervención ampliada del Consejero Jurídico contraviene al principio de inatacabilidad de las resoluciones del IFAI. Algunas modificaciones al artículo 190 establecen que el Consejero Jurídico podría -a petición de cualquier sujeto obligado independientemente de si es del Ejecutivo o no- recurrir las resoluciones del IFAI ante la SCJN y los sujetos obligados tendrían que informarle en cuanto se les notificara una resolución que consideren atenta contra la seguridad nacional. Esta sería una facultad injustificada y desproporcional que implicaría dilaciones del procedimiento de acceso a la información.
7· Desaparecen las obligaciones de transparencia relacionadas con la gestión pública de las actividades de explotación de hidrocarburos. Los recursos naturales como el petróleo y el gas pertenecen en dominio a la Nación, razón por la cual su explotación debe ser hecha en función del interés público, de manera transparente y con plena participación de la sociedad. Sin embargo, a partir de la Reforma Energética el gobiemo busca manejar esta industria bajo un régimen especial, mismo que busca hacer con los mecanismos de transparencia y acceso a la información
sobre la materia. Al tratarse de un recurso público, es necesario que en su gestión se sujete a los más amplios estándares de transparencia y acceso a la información establecidos en el artículo 6 de la Constitución y en la ley que los reglamenta. No se debe permitir un régimen especial establecido en otras leyes que mantenga este sector en la opacidad. Además esta disposición también vulnera el principio de prevalencia de la ley de acceso y evita que la legislación sea efectiva.
8- Se elimina la obligación de transparentar el listado de personas que han recibido cancelaciones y condonaciones en materia tributaria. Esta disposición es contraria a los últimos avances en materia de acceso a la información en el país. El propio IFAI ha resuelto a favor de la entrega de esta información y, el año pasado, impuso una denuncia en contra del SAT que no cumplió con esta resolución. Asimismo en 2013 el Congreso reformó el llamado secreto fiscal, a fin de que por primera vez se hagan públicos los datos -nombre, RFC y montos- de los contribuyentes beneficiados por condonaciones o cancelaciones de créditos.
Los cambios planteados en el documento de modificaciones merman los alcances de la reforma constitucional de transparencia y soslayan los avances y criterios emitidos por las cortes nacionales e internacionales en materia.
Por lo anterior, a nombre de los miembros del Consejo Consultivo del Instituto deTransparencia e Información Pública de Jalisco, exigimos al Senado de la República aprobar la iniciativa presentada el 2 de diciembre de 2014. El dictamen debe considerar la eliminación de las sanciones a los funcionarios públicos de los organismos garantes (artículo 208) y la supresión de la causal de reserva de información de estabilidad económica, así como cualquier otra disposición que afecte la amplia y progresiva protección del derecho de acceso a la información.

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Presentación del libro: “Por todas partes cientos de miles” Trabajo infantil

Por José Bautista Farías, Académico #CIFS #ITESO
Foto tomada de Magis ITESO

El libro de fotografías Por todas partes, cientos de miles, coordinado por Emiliano Thibaut y Anayanci Fregoso Centeno, con fotografías de Natalia Fregoso y del propio Emiliano, es una obra conmovedora que invita a no quedar indiferentes frente a una realidad que contrasta con el discurso oficialista de “bienestar para las familias”. Este libro, nos dice Anayanci, se hizo con el convencimiento de la urgencia de documentar lo que en Jalisco viven los niños y niñas trabajadores y sus familias, ya que la profundización de la pobreza parece haberlos vuelto invisibles. Señala que “nos hemos acostumbrado a mirar niños y niñas trabajar como si formasen parte del paisaje mexicano, en condiciones muchas veces alarmantes, incluso deplorables, pero los vemos sin reparo. Como si fuera su destino y no pudiésemos hacer nada, ni siquiera indignarnos”.

Los datos, los casos y las reflexiones que aporta Anayanci en el libro, aluden a una ausencia histórica de políticas públicas a favor de uno de los sectores más vulnerables del país: las y los menores y jóvenes. Yo me voy a referir a la dimensión más sociológica de la situación de este sector de la población, para que el otro expositor aborde el libro desde la imagen fotográfica.

Los datos.

Los estudios oficiales sobre la situación de la niñez en México y en Jalisco son dramáticos y cualquier gobierno responsable sentiría vergüenza por el abandono de políticas, programas y acciones a favor de este sector.

La autora nos comparte algunos datos de este drama. En “México alrededor de 40 millones de personas son menores de 18 años. De los cuales 21.4 millones de niños y niñas viven en situación de pobreza. De ellos, cinco millones se encuentran en pobreza extrema. Lo que significa que casi seis de cada diez niños y niñas en el país son pobres[1].

Apunta que “en México, las condiciones de vida de la niñez muestran de manera evidente la disparidad entre la legislación que protege al niño y su realidad. Los niños y niñas entre 5 y 7 años son 28.9 millones. Lo que representa el 25.3 por ciento de la población mexicana. Para el 2012, la población infantil ocupada se ubicó en 3.2 millones[2]. De esta, casi un millón es menor de 14 años: estos niños y niñas trabajan a pesar de que la Ley Federal del Trabajo y la propia Carta Magna lo prohíben”[3].

Jalisco –“no canta mal las rancheras”–: es el cuarto estado con más jóvenes en el país  (con 2 millones 397 mil 529). “Registra 1.1 millones de niños y niñas en situación de pobreza de los cuales más de 100 mil sobreviven en carencia extrema. De acuerdo con el décimo informe sobre la situación de los derechos de la niñez en Jalisco, en la entidad laboran siete mil niños y niñas bajo las peores formas de explotación laboral, concentrándose en los campos agrícolas donde trabajan en condiciones de franca esclavitud”[4].

De acuerdo con el diagnóstico del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033, las y los niños y adolescentes, se encuentran junto con otros, dentro de los principales grupos vulnerables del Estado: los niños y adolescentes entre 5 y 17 años de edad, cuyo número asciende a 1’586,392; seguidos por los niños de 0 a 5 años, que ascienden a 837,415[5]. (Juntos niños, adolescentes y madres adolescentes dan un total de: 2’463,054 personas, el 33.50 por ciento de la población del estado)[6]. La pobreza afecta al 49.4% de los niños de 0 a 5 años, a 49.4% de los niños en edad escolar de 6 a 11 años y a 39% de los adolescentes de 12 a 17 años.

Según el citado plan en materia educativa, Jalisco ocupa el séptimo lugar a escala nacional en cuanto a mayor porcentaje de inasistencia escolar entre los jóvenes de 12 a 29 años con 59.5%. Igual porcentaje no tiene acceso a los servicios médicos a través de las instituciones de salud.

En la agenda nacional de los derechos humanos 2013 de la CNDH[7], se ubica a las y los niños y adolescentes como los grupos de mayor riesgo de padecer violencia. Se apunta que las violaciones más frecuentes provienen de la instancia familiar donde pueden ser víctimas de abandono por omisión o incumplimiento de obligaciones alimentarias o escolares, así como de maltrato y abuso sexual. Pero no sólo la familia es un factor de riesgo para estos sectores, también lo son la escuela, las estancias infantiles, los centros de trabajo, la ciudad, los gobiernos y partidos vinculados al narcotráfico.

Las cifras anteriores –nos dice la autora– dibujan un panorama de emergencia nacional y estatal que tendría que obligarnos a todos, Estado y sociedad, a colocar a la situación de la infancia como una prioridad dentro de la agenda pública y del gobierno.

Los casos

Las imágenes y los relatos de las condiciones de vida y de trabajo de las y los menores y sus familias que aparecen en las páginas del libro, dan cuenta de una realidad social dolorosa e inaceptable –por injusta y cruel– en que se desenvuelven miles de infantes y jóvenes de nuestra entidad.

Los casos de Coni, del municipio de Tonalá, que a su tierna edad además de estudiar,  apoya a su familia en las labores domésticas, cuida y limpia a sus hermanos –pues es la mayor de un total de siete–. Las jornadas de trabajo de El Torito, el Gato y su hermano Eduardo que junto con su padre se levantan a las cinco de la mañana para acudir al corte de caña en el municipio de Tala. Víctor Daniel, el niño de 13 años, obrero que vive con su abuela en la Colonia El Sauz de Guadalajara, una zona con altos índices de muerte y violencia, donde también se ubica su trabajo. Una parte de su vida transcurre entre máquinas pesadas y herramientas de precisión fabricando boquillas de instrumentos de viento. Los niños de la banda “la triunfadora de Mezcala”, conformada por siete hermanos que van de los cuatro a los 17 años,  originarios de esa comunidad, que tocan todos los domingos por la tarde en el malecón del pueblo, en los restaurantes que están frente al lago. Carmen y Ernesto, sin parentesco entre ellos, viven en la Ladrillera, una colonia de Tonalá, a su tierna edad trabajan amasando el barro con sus pies descalzos. César trabaja en las costas de Puerto Vallarta, Jalisco, vendiendo ostiones en el nuevo malecón, reproduciendo el oficio de infancia de su padre. José, alias “El Pelón”, tiene 12 años y habita en la Colonia la Huizachera, del municipio El Salto, Jalisco. “El Pelón” labora diariamente en la venta de birote y pan dulce. Se desplaza en su bicicleta por las calles de terracería de esa colonia. Daniel de once años, se dedica a la compra y venta de chatarra, cartón y plástico; su empleador de nombre Lalo, le promete que pronto lo llevará con las “perfumadas”. Acude a la escuela aunque confiesa que no le gusta, pues no la encuentra útil. Janeth, de 12 años, es hija de vendedora de papas y dulces de la zona del Periférico y Colón. Apoya a sus padres con el sustento familiar los fines de semana y durante las vacaciones escolares. La mamá de Janeth tiene claro que si su hija no estudia, difícilmente podrá romper el círculo de pobreza en que viven desde hace tiempo. Francisco es el mayor de una familia de migrantes del sur del país (Chiapas), vive en Arandas, Jalisco. Trabaja junto con su padre en las plantaciones de agave, así como en la pisca de tomate, junto con su familia. El ser cristiano e indígena de piel oscura le ha dificultado estrechar lazos en esta población.

No obstante que en las fotos no figuran los nombres de las y los menores, es fácil deducir y relacionar las imágenes con los casos. La lectura me provocó interés por saber más de cada uno de ellos, pues la información sobre su situación particular es escasa, debido tal vez, a que el acento está puesto en sus condiciones de vida y de trabajo.

Las reflexiones

La autora señala que la infancia como espacio simbólico ha obligado a pensar la niñez en su condición de devenir, nublándose su vida presente, postergándose su reconocimiento como titulares de derechos con capacidad de agencia. Destaca que debemos considerar que los cambios sociales y culturales de las últimas décadas han debilitado la construcción moderna de la infancia: la expansión del mercado global, el colapso de los estados de bienestar, las crisis económicas, las migraciones, los conflictos y el incremento de la violencia e inseguridad social. La pobreza, la corrupción, los desatinos de la política económica y social, impiden el ejercicio de sus derechos de estos sectores.

Señala que no obstante las convenciones internacionales a favor de la infancia y las reformas recientemente aprobadas en México, persiste todavía una arraigada resistencia social, y a veces franca oposición, a comprender que los niños y niñas son sujetos de derechos y tienen opiniones propias. Son agentes de cambio y actores sociales.

Ante la omisión y el desdén del Estado, las organizaciones de la sociedad civil cobran un papel importante en la esfera pública en acciones a favor de la infancia, pero hay que advertir que no sólo es insuficiente su labor, sino también lo hacen enfrentando todo tipo de adversidades como la falta de recursos, el desdén de la población, la corrupción y la falta de profesionalización de los servidores públicos, así como la discontinuidad de programas gubernamentales.

La autora propone que la sociedad debe hacerse cargo de los niños, señala que la crianza, el afecto, su seguridad no pueden ser una responsabilidad exclusiva de la madre o el entorno familiar. Transformar a fondo las condiciones de la infancia requiere asumirla como una tarea social en la que Estado y sociedad debemos actuar.

Cuando el entorno familiar no puede hacerse cargo de los y las niñas, cuando las instituciones del Estado no asumen debidamente las tareas de protección social, ¿qué toca hacer?, ¿qué podemos hacer hoy desde los espacios públicos y privados en que nos movemos? Se requiere pensar en políticas públicas de gran aliento, que trasciendan la temporalidad de las administraciones del gobierno. Es por el bien de todos y ya vamos tarde.

 


[1] Medición de la pobreza, 2008-2010, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, México, 2012.

[2] INEGI 2010, ENOE-MTI 2011 y CONEVAL 2012.

[3] Y la propia Convención sobre los Derechos de los Niños en su artículo 32.

[4] Observatorio Ciudadano de los Derechos de la Infancia (?)

[5] Le siguen los adultos mayores de 60 años, 671,323; los hogares con jefatura femenina, 443.000; las personas con discapacidad, 290,656, la población indígena, 53,696 y las madres adolescentes, 39,247. Esto da un total de 3 millones 921 mil 729 personas en situación de vulnerabilidad, esto representa el 53.35% de la población del Estado de Jalisco  (que según el Censo de Población y Vivienda del INEGI 2010, es de 7’350,862)

[6] Op. Cit. P. 400.

[7] Comisión Nacional de Derechos Humanos.

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Lo mínimo del salario mínimo

Por: Gerardo Moya

¿Alguna vez se ha puesto a hacer el ejercicio de cuál sería el monto mínimo de salario mensual para cubrir las necesidades básicas de vida digna, digamos de una familia de 4 personas?

Empecemos por la vivienda, seguro no tienen casa propia, por lo que una renta módica de al menos 2 mil pesos bastaría para tener al menos cuartos separados, uno para los hijos y otro para la pareja. El dinero que gastaría una familia urbana de cuatro miembros en un supermercado sería alrededor de los 2 mil pesos mensuales. ¿Las escuelas de los dos hijos? públicas por supuesto, lo cual no quiere decir que no tengan que pagar útiles y cuotas para cuanta cosa necesaria-en algunas ocasiones hasta para papel para los baños- que junto con el transporte, en autobús urbano, sumaría otros 800 pesos mensuales aproximadamente. Otros 400 pesos para el transporte de los padres, y qué decir de la “vestimenta”-ropa, zapatos, etc.-con lo rápido que se acaban los niños la ropa y los zapatos, sumemos prorrateadamente unos 300 pesos.

La luz, el agua, el gas, y el teléfono (internet), sumarían un aproximado mensual de unos 600 pesos. Seguro también tendrían que comprar algún regalo de cuando en cuando por asistir a alguna fiesta de compromiso familiar o social a la que sean invitados, o navidad o cumpleaños, sumen 300 pesos. ¿Vacaciones? Sí pero no muy lejos…, por ejemplo un picnic en el campo el domingo una vez al mes, o a algún balneario… otros 300 pesos.

¿Salud? Seguro popular, IMSS… difícil de calcular, pero cuando hay alguna emergencia, luego uno cae con algún médico particular que entre la consulta y los medicamentos paga unos 400 pesos. Todo lo anterior, suma un total de $7,100 pesos mensuales.

¿Muebles, electrodomésticos, utensilios de cocina y de aseo personal? ya ni los calculo; tampoco aquellos gastos extras que surgen aunque no los queramos (gastos funerarios de algún familiar cercano; viaje por tierra para visitar a algún familiar enfermo, y un largo etcétera de imprevistos que pueden surgir).

Pues bien, el salario mínimo general en la zona en la que es más alto, es de $1,913.10 pesos mensuales. Saque usted mismo las conclusiones.

Uno de los argumentos para no subir el salario mínimo, es el de que éste sólo sirve de referencia, pero que en realidad nadie lo gana. David Foust, en su opinión en el editorial de “La silla Rota” el pasado lunes 18 de agosto, refirió que el 13% de la población ocupada percibe hasta un salario mínimo, y 60% de la población ocupada percibe tres o menos salarios mínimos (ENOE, primer trimestre 2014) y, por lo tanto, están por debajo de la “línea de bienestar” que fija el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

¿Con qué poder adquisitivo podrán estas familias ser los consumidores que los empresarios esperan? ¿A qué tentaciones de “dinero fácil” se enfrentan para mantener a la familia? Desde mi punto de vista dos son los elementos preponderantes de la problemática delincuencial que vivimos en México: la impunidad y la pobreza.

La propuesta de David Foust en su artículo, me parece sensata: No se puede subir de golpe el salario mínimo a 7 mil pesos mensuales. Dice: “debe remitirse a un diálogo entre trabajadores y patrones que considere los márgenes de productividad de las empresas”, la mayoría de éstas en México de tipo “micro”, que no soportarían un aumento así de exponencial, pero sí un importante aumento de inicio por ejemplo a 4 mil pesos, que sirva de punto de partida para hacer un ejercicio presupuestal que permita a las empresas irlo aumentando paulatinamente con la intención de que llegue en mediano plazo a cubrir las necesidades básicas planteadas.

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La incongruencia de la mayoría de nuestros legisladores.

Por: Gerardo Moya.

En un comunicado publicado el 20 de agosto del 2013, el “Colectivo por la Transparencia” y “México infórmate”, alertaron respecto del grave retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas al que nos enfrentamos. El 19 de Agosto pasado en Comisiones de la Cámara de Diputados, se aprobó en el dictamen un revés a la máxima protección del derecho de acceso a la información y una contradicción al compromiso del Estado Mexicano con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, reza el comunicado.

La pretensión del dictamen es reformar la Constitución para que una serie de personajes, entre ellos el Consejero jurídico del Presidente de la República, el Procurador General de la República, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el del Banco de México, puedan impugnar ante la Suprema Corte de Justicia, las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), que obliguen a entes públicos a brindar la información solicitada, cuando a su juicio exista una afectación en materias como la seguridad, la estabilidad económica y la protección de derechos humanos.

Es decir, cuando actualmente el IFAI es la última palabra para obligar a una entidad pública a rendir la información solicitada por un ciudadano, los personajes antes nombrados, podrán “judicializar” dicha resolución, inconformándose por ella ante la Suprema Corte. Lo anterior implica que además de esperar el tiempo necesario para que resuelva el IFAI frente a una negativa de información de una entidad pública de inicio, ahora tendrán que meterse abogados y tiempo y más tiempo y abogados… “Hagamos más cansado aún el hecho simple y llano de obtener una información solicitada” estarán pensando los diputados…

La transparencia y el acceso a la información es un derecho humano clave, y presupuesto de la democracia.
Los supuestos planteados en el dictamen para que se pueda impugnar una resolución del ITEI, son vagos y caben muchas cosas en su formulación. En todo caso, poner aún más trabas al acceso a la información, es a su vez una violación a ese derecho, que podría ser recurrida por diversas vías. Es decir, con éste dictamen los diputados y diputadas estarían violando los derechos humanos, sin embargo la congruencia no es su característica esencial.

El colmo de esto estalla cuando ante la propuesta de que los Partidos Políticos y las y los legisladores, sean sujetos obligados ante el IFAI para rendir información, votaron en contra. Pídansela al IFE dijeron.
Es un contra sentido que quienes escriben las reglas, no se sometan a las mismas, sobre todo ante la poca credibilidad que su embestidura actualmente conlleva.

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Reflexión sobre el Siluetazo, ¿Cuántos cuerpos sollozarán ésta noche?

Por Marco Antonio Landeros Rico, estudiante de la Licenciatura en Relaciones Industriales. 

 “Están en algún sitio / concertados
desconcertados / sordos
buscándose / buscándonos
bloqueados por los signos y las dudas
contemplando las verjas de las plazas
los timbres de las puertas / las viejas azoteas
ordenando sus sueños sus olvidos
quizá convalecientes de su muerte privada”

Mario Benedetti

¿A cuántas madres se les harán tan eternas y angustiantes las noches? ¿Cuántos niños crecerán sin un domingo con papá? ¿Cuánto niños pasaran un diez de mayo triste? ¿Cuántas infancias rotas? ¿Cuántos planes, sueños, proyectos y amores cortados de tajo? ¿Cuántos cuerpos sollozarán ésta noche?

Estas son algunas de las preguntas que me planteaba cuando pintaban mi silueta, ese primer momento acostado sobre el cartón fue la pauta para reflexionar por los “caídos” y los desaparecidos de una guerra absurda que no le encuentro fin y que rebaza mi capacidad de comprensión. Tal vez sea porque esta guerra no la razono, solo la siento.

Al escribir el nombre de “Jaime Rocha Limón” en la silueta, sentí nostalgia y pensaba cual podría haber sido su historia, nuca creí que ese pedazo de cartón y un plumon se convirtieran en algo tan solemne. Al terminar la silueta me di cuenta que podría haber sido un estudiante como tú o como yo.

Algunos amigos me decían que ahora con el nuevo gobierno las cosas van a cambiar, pero yo no he visto resultados, al contrario, desde mi percepción veo una política que trata de callar, de ocultarnos la realidad, una política que deja que la sociedad se destruya y se fragmente. Esta política no me es extraña ya que en el sur de nuestro país se ve a diario.

Después de hacer mi silueta, estuve invitando a la comunidad universitaria a que hicieran su silueta, fueron pocos los interesados en hacerla, me sorprende la apatía de mis compañeros, algunos me ignoraban, otros decían: no, llevo prisa gracias, otros tomaban fotos, y había quien pasaba de largo sin darse cuenta lo que estaba a su alrededor. Pero había quien si hacia su silueta, la personalizaba y dejaba algún mensaje.

foto por Nohemí Villagomez

foto por Nohemí Villagomez

Eso también fue un punto de reflexión, pero como dice Camila Vallejo: “No podemos disponer de profesionales y técnicos con una visión fragmentada y limitada solo a los conocimientos útiles para el emprendimiento individual o colectivo, sino debemos contar con sujetos y generaciones completas que cuenten con una mirada integra y amplia ante la realidad nacional y mundial”.

Sé muy bien que la solución no consiste en solo hacer siluetas, pero esto es un primer paso para salir y enfrentarnos a nuestra realidad.

 Páginas de interés:

 

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Resistir en la frontera

Por: Resu Rodríguez, colaboradora del Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz.

Poetas “intransigentes” con megáfono en mano, “morras” que provocan poesía en las mujeres de un centro de rehabilitación, “escritores por Juárez” que rehicieron el espacio público entre las masacres, estudiantes que despiertan las paredes y conciencias de Tijuana utilizando cualquier expresión artística, periodistas, documentalistas, analistas, activistas y académicos… estuvieron dentro del auditorio Loyola de la Universidad Iberoamericana (UIA) de Tijuana para participar en el X Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita (SUJ): “Luchas y alternativas de resistencia”, del 7 al 9 de noviembre, días dedicados a la comunicación, el arte y las acciones de la sociedad civil que empujan la agenda de los derechos humanos en México.

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Imagen y violencia

Por Sandra Alvarado, estudiante de Ciencias de la Educación y Colaboradora del Programa de Derechos Humanos y Paz ITESO.

En su décima edición, el Festival Cultural Universitario y el Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz, organizaron una mesa redonda titulada Imagen y Violencia, que se llevó a cabo el pasado viernes 26 de octubre.

La mesa redonda abordó los siguientes temas: arte, periodismo y educación. Las voces invitadas: el artista contemporáneo Artemio Narro, el fotoperiodista Humberto Muñiz y el académico Gerardo Pérez Viramontes, especialista en paz y conflictos.

El detonador de la charla fue la exposición del artista Artemio Narro, imágenes con las que se propone cambiar, desde el arte, el sentido social que tienen las armas. El primero en tomar la palabra fue Gerardo Pérez, para recordar que la realidad no es ni violenta ni pacifica en sí, sino objeto de interpretación desde una serie de parámetros. No existen ni la paz ni la violencia como tal, sino la forma de ver la realidad.

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XLIV Asamblea de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”

Por Gerardo Moya, académico del Centro de Formación Humana, miembro del Programa de Derechos Humanos y Paz del ITESO.

El pasado 14 de Octubre del año en curso, en Tlapa de Comonfort Guerrero, se llevó a cabo la XLIV Asamblea de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” de la que el Cepad forma parte; y conformada actualmente por 73 organizaciones defensoras de los derechos humanos en 21 estados de la República Mexicana.

En el pronunciamiento público resultado de la Asamblea se advierte lo siguiente: “[…] las organizaciones que la conformamos constatamos el final de un sexenio de muerte, violencia, despojo, temor y miseria, y con él la salida impune de Felipe Calderón, que sin embargo, será recordado como responsable de la peor crisis del estado de derecho en México”.

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A propósito de la X edición del foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita

Por Carlos F. Castañeda, maestro en educación por el ITESO y licenciado en Historia por la U. de G. Profesor Titular del ITESO, docente de Contexto Histórico Social, miembro del Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz desde el 2006, y miembro del Consejo del Centro de Formación Humana, en el ITESO.

En el año de 1994 llegaba a su fin el sexenio salinista, marcado por la masiva desincorporación de entidades paraestatales y su venta, traspaso o regalo a la iniciativa privada. En enero del mismo año había irrumpido en la escena nacional el levantamiento armado del EZLN y las vías de solución pacifica no lograban cuajar.

Académicos de varias universidades de lo que hoy es el Sistema Universitario Jesuita, que estaban trabajando en el área de los Derechos Humanos se cuestionaban sobre el futuro de un país sin proyecto claro y con evidentes signos de autoritarismo. Este grupo de profesores propone reunirse para poder intercambiar puntos de vista, análisis, posturas y en este diálogo invitar a participar a organizaciones civiles que también tuvieran trabajo en el tema.

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