Censura y control de las prácticas democráticas
Editorial por Alejandro Tiscareño
Criminalización del derecho a la libre expresión
Hay varias prácticas que contribuyen al desarrollo de la democracia en una sociedad, como la protesta social y los derechos a la libertad de expresión e información. El tres de mayo se celebró el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Derecho fundamental para la calidad del debate en temas de interés público.
Esta labor se ha visto amenazada de distintas maneras ya sea por asesinatos a periodistas, la precariedad laboral de los/as mismos/as y la dependiente relación entre el Gobierno y medios de comunicación (tendientes a una lógica de carácter mercantil). Según las organizaciones Artículo 19 y Comité para la Protección de Periodistas, en México han sido asesinados 31 periodistas de 2010 a la fecha, así lo publicó el portal de noticias Animal Político, http://bit.ly/1s7Pbav.
Pero esta no ha sido la única práctica entorpecida por el sistema. En abril de este año, circularon numerosas publicaciones en redes sociales en contra de la Ley secundaria en Telecomunicaciones (telecom) propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto. Muchas personas se manifestaron en la web con el “trending topic” mundial en twitter: #EPNvsInternet, como lo publicó el periódico El Informador, http://bit.ly/1qjh2sC. El movimiento saltó a las calles de ciudades como Guadalajara, Hermosillo y Ciudad de México en la #MarchaContraElSilencio.
La ley Telecom, “además de atentar contra la libertad de expresión y el acceso a tecnologías de información, otorga al gobierno la posibilidad de censura, le resta autonomía al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) y quita fuerza a la democratización de la información”, explicó José Bautista Farías, académico del Programa de Empoderamiento y Conflictividad del CIFS.
La manifestación es un derecho humano
En México “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público” según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2012, Artículo 6.
En Jalisco el PAN lanzó una propuesta para “regular” marchas a principios de 2014, “que en lugar de garantizar los derechos humanos, los limitaría, de acuerdo con la nota de Reporte Índigo. Esto es un retroceso al ejercicio de los derechos humanos, comenta Carlos Peralta, Coordinador del Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz, porque el Estado tiene la obligación de garantizar, promover y proteger como la libre expresión y la manifestación.
Acciones de cambio
Conforme a Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la implementación de medidas de protección a periodistas, la intolerancia a la impunidad, los derechos de manifestación, libertad de expresión y el acceso a la información.
Nuestra ciudadanía también tiene la obligación de informarnos, exigir al gobierno que garantice nuestros derechos, denunciar violaciones a Derechos Humanos y tomar acciones para hacerlos ejercerlos y hacerlos valer.
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