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El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), autonomía en riesgo

José Bautista Farías[1]

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se ha presentado como un entramado institucional con atribuciones para el combate efectivo de la corrupción que padece nuestro país, derivado de acuerdos políticos entre actores sociales y del gobierno. Sin embargo, existen  varios signos de alarma que ponen en riesgo la autonomía y los alcances de este incipiente modelo, veamos:

  1. La falta de acuerdos en el Senado para el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, dando lugar a la instalación (el 04/04/17) del SNA incompleto. Dicho espacio fue asumido en su lugar, momentáneamente, por Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República (PGR), exdiputado federal y exsenador por el PRI, fue consejero político y coordinador de asuntos jurídicos del comité ejecutivo nacional de ese partido, cercano al presidente.
  2. El Acuerdo A/029/17 de la PGR (del 17/04/17) que modifica el diverso A/011/14 anterior, por el que se crea la Fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, encargada de la investigación y sanción de este tipo de delitos, podrían anular la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción, por lo siguiente: a) establece la aceptación del procurador general para la aprobación de los planes y programas destinados a detectar la comisión de delitos por actos de corrupción; b) sujeta al consentimiento del titular de la PGR los nombramientos de los agentes del ministerio público federal, adscritos a la Fiscalía Especializada Anticorrupción; c) modifica, deroga o abroga las normas administrativas del Fiscal Anticorrupción cuando éstas contradigan a las emitidas por la PGR.
  3. La propuesta enviada al Senado por Enrique Peña Nieto de 18 aspirantes a ser magistrados anticorrupción, los cuales deberán ser ratificados por los legisladores. Al respecto, el Comité de Participación Ciudadana del SNA envió una carta al presidente y al Senado de la República (el 02/05/17), objetando dichos nombramientos por que no observaron los principios de transparencia, gobierno abierto y máxima publicidad y con ello “se privó a las organizaciones de la sociedad civil, a los organismos empresariales, a los colegios profesionales y a los ciudadanos en general de evaluar, opinar y cuestionar el perfil personal y profesional, no sólo de quienes fueron designados, sino de todos aquellos que contendieron a ocupar uno de esos cargos”.

¿Por qué es importante que el SNA cuente con un Fiscal autónomo al igual que los magistrados y agentes del ministerio público federal que formarán parte de este organismo? Porque que es fundamental que las acciones y decisiones de estos servidores públicos no estén maniatadas a los intereses de los altos funcionarios que pudieran estar involucrados en redes de corrupción;  porque es la única forma de generar contrapesos que contrarresten los abusos de poder y limiten la impunidad que prevalece en el país. Además, es la única manera de garantizar imparcialidad en las investigaciones de los actos de corrupción y el establecimiento de sanciones.

Para dimensionar la relevancia de la autonomía del Fiscal Anticorrupción, pensemos qué habría sucedido si el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, impone como Fiscal del Sistema Estatal Anticorrupción a Francisco Portilla Bonilla, como de hecho lo intentó, pero fue rechazado por el Congreso de esa entidad. De haberse concretado este nombramiento seguramente Duarte no estaría encarcelado en estos momentos en Guatemala, ni sometido a juicios por actos de corrupción.

El SNA está en riesgo de claudicar en el combate efectivo a la corrupción si su autonomía se ve socavada por los intereses partidistas y del gobierno, a no ser que los ciudadanos organizados lo impidan por medio de la movilización y la manifestación política en todos los espacios a su alcance, incluido los procesos electorales en puerta.

 

[1] Académico del Centro de Investigación y Formación Social del ITESO.

Información para abatir las desigualdades.

Por José Bautista Farías, ccadémico del CIFS ITESO

Del 28 al 30 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la Semana Nacional de Transparencia, convocada por el INAI que tuvo como tema central a la información pública para combatir la desigualdad, con el objetivo de “identificar la información pública que existe y que falta para fortalecer e implementar acciones para combatir la desigualdad económica y social”. El tema se analizó a través de paneles, conferencias y talleres en tópicos como: el hambre, salud, educación, género, jóvenes, democracia, transparencia, entre otros.

Según Gerardo Esquivel Hernández en México la renta y el capital se encuentra concentrada de manera tal que pocas personas se han beneficiado del poco crecimiento de la economía mexicana en las últimas dos décadas. “Así, mientras el PIB per cápita crece a menos del 1% anual, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplica por cinco”[2]. Esquivel señala que es preocupante la excesiva e indebida influencia de los poderes económicos y privados en la política pública y en la obstrucción del ejercicio de los derechos ciudadanos, afectando con ello a los más pobres.

¿Por qué la información es un factor clave para el combate a la desigualdad?; ¿es suficiente la información para afrontar un mal sistémico como lo es la desigualdad? La información es fundamental para el conocimiento de las problemáticas asociadas a las desigualdades y la valoración de las alternativas para su combate efectivo, por lo que constituye una pieza central para la toma de decisiones de política pública. Sin información de calidad no es posible diseñar acciones estratégicas desde la esfera gubernamental o social para abatir las desigualdades. Esto nos enfrenta al reto de cómo generar la información que sea significativa para el conocimiento de problemáticas complejas y la construcción de soluciones viables. En otras palabras, no es posible diseñar políticas de igualdad de género si desconocemos las múltiples formas de exclusión, agresión y discriminación que enfrentan cotidianamente las mujeres en nuestro país.

Ahora bien, la información por sí sola no genera acciones proactivas para erradicar las desigualdades, máxime si ésta es ocasionada por el propio sistema económico. Se requiere de la política y la formación cívica para realizar acciones colectivas y vigorosos movimientos socio-culturales que pongan en el centro del debate público el combate a la desigualdad y a la pobreza. Para Oxfam México es necesario modificar las reglas del juego económicas y políticas que benefician a unos cuantos, para conformar un pacto por la igualdad entre los actores políticos y sociales. ¿Qué actores se requiere para tal empresa? los partidos, el congreso, el gobierno, los empresarios, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades.

Para debatir sobre las desigualdades y los males asociados a ésta necesitamos de información, argumentos, dialogo, escucha, participación, apertura, consensos y disensos que activen la inteligencia colectiva por el bien de todos, en especial de los sectores más empobrecidos y excluidos del sistema. La clase política, y la propia sociedad civil, tiene una fuerte deuda con las mayorías de este país.

En términos generales, en la Semana Nacional de Transparencia se destacaron los siguientes aspectos: i) existe basta información sobre las condiciones sociales del país generadas por las dependencias públicas; ii) esta información no es accesible a la mayoría de la población; iii) con frecuencia la información es incompleta; iv) existe opacidad en materia fiscal; v) hay resistencia a la transparencia en la exención de impuestos; vi) la transparencia es un componente central de la democracia.

Según el Informe Mundial sobre Ciencias Sociales 2016 de la UNESCO, la desigualdad puede poner en peligro la sostenibilidad de las economías, sociedades y comunidades. Por ello, las desigualdades se deben enfrentar no sólo desde el ángulo de la disparidad de los ingresos y riqueza, sino desde los ámbitos políticos, sociales, culturales, ambientales, territoriales y cognitivos[3]. Es pues una tarea compleja que implica a múltiples actores. El gobierno, la clase política y los que se benefician de las desigualdades del sistema difícilmente tomarán la iniciativa de combatir en serio esta situación; por lo que toca a las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos independientes, universidades y a las mayorías empobrecidas de este país, asumir un rol proactivo para colocar este tema en la agenda pública. Urge hacerlo, ya vamos tarde.

[2] Ver: Esquivel Hernández, Gerardo, “Desigualdad Extrema en México. Concentración del Poder Económico y Político”. Oxfam, México, p. 5, disponible en: http://www.oxfammexico.org/desigualdad-extrema-en-mexico-concentracion-del-poder-economico-y-politico/#.V_0Jo8nO8Sk

[3] Ver: “Informe Mundial sobre las Ciencias Sociales 2016”. Afrontar el reto de las desigualdades y trazar vías hacia un mundo justo”. Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Instituto de Estudios del Desarrollo (IED), disponible en: http://www.worldsocialscience.org/

 

 

México, una democracia adolescente

Por Bernardo Masini, profesor del ITESO y Presidente del Capítulo Jalisco de la Amedi
masini@iteso.mx / @BernardoMasini

En el verano de 2000, ante el inusitado triunfo electoral de un partido distinto al PRI que llevó a la presidencia de la República a Vicente Fox, muchos analistas se preguntaban qué grado de madurez había alcanzado la democracia mexicana. La tara más grande, la que muchas generaciones se cansaron de ver sin posibilidades de eliminarla, había caído por fin: el partido fundado por la “familia revolucionaria” (Álvaro Obregón Dixit) tendría que dejar Los Pinos. Recuerdo que ante tal escenario Enrique Krauze señaló que teníamos una democracia adolescente. Debo reconocer que no siempre comparto las opiniones de este historiador, pero en el marco de aquella coyuntura me puse a pensar qué implicaciones tenía la metáfora.

Asumir que una democracia es adolescente conlleva la idea de que ya abandonó la infancia. Eso ya es algo de terreno ganado. En el caso mexicano podríamos decir que ya no estábamos en la fase de la simulación a ultranza. Había competencia real entre partidos y el cómputo de los sufragios se había vuelto verosímil. Pero no había mucho más. Los medios de comunicación todavía tenían candidatos favoritos; los poderes fácticos daban visibilidad a quienes querían y, sobre todo, los espacios para la participación ciudadana eran muy limitados.

El propio sentido de la palabra ‘adolescente’ es bastante diáfano: adolecer es padecer una enfermedad o presumir alguna carencia o defecto. Si los jóvenes no están listos para asumir las riendas de su vida por el hecho de haber dejado la infancia… son adolescentes. Todavía tienen cambios bruscos e inexplicables de conducta; están explorando sus límites y sus habilidades; y están delineando su personalidad. Si nuestra democracia había llegado a esa etapa, dando crédito a la propuesta de Krauze, aún tenía que pasar por algunas pruebas previas a su madurez.

La más importante de ellas, creo, tiene que ver con las condiciones que brinda el sistema para que cualquier ciudadano interesado en la vida política y social manifieste sus ideas y estas puedan cruzarse con las de los actores políticos. A lo largo de la historia esas condiciones no siempre han sido creadas por los propios ciudadanos, quienes se han conformado con manifestarse eventualmente en mítines, en las encuestas o en los pocos espacios que abren los noticieros para que sus audiencias viertan comentarios. En este sentido la madurez de la democracia no ha dependido del sistema de partidos, sino de los ciudadanos que con creatividad han buscado la manera de recuperar el peso que en teoría les corresponde en las esferas públicas. Los partidos y los poderes fácticos, como los empresarios poderosos o la delincuencia organizada, pueden dirimir estrategias de resistencia frente al ímpetu de la ciudadanía que busca espacios de expresión. La efectividad de esas estrategias determina el grado de libertad de expresión de un grupo social.

Romanticismos aparte, la libertad de expresión es necesaria para explicitar y difundir entre todos las necesidades de todos. Solo cuando los individuos cultivan el hábito de escuchar a otros individuos se visibilizan las áreas de oportunidad de una comunidad. Por eso ese tipo de espacios nunca sobran. Nunca son más de los que se necesitan. Incluso los sistemas de recolección de opiniones mejor intencionados han sido hasta hoy incompletos.

Podríamos concluir que la calidad de una democracia es directamente proporcional a las condiciones de expresión de los ciudadanos que la integran. Esa manifestación de ideas debe canalizarse de tal manera que cada individuo tenga la sensación de que pudo colocar cuanto quiso decir, sin restricciones temáticas o valorativas.

A lo largo de la historia los medios de comunicación se han preocupado tanto por recoger las voces de los miembros de la estructura gubernamental que han desatendido las de la ciudadanía las más de las veces (hay loables excepciones). Un modelo ideal de comunicación habría de procurar que la sociedad política y la sociedad civil –por referirlas como lo hizo Gramsci – tengan condiciones similares de acceso a los escenarios de la manifestación de las ideas. En la medida en que esto se logre una democracia puede abandonar paulatinamente su adolescencia.

“El remedio y el trapito” para avanzar en la rendición de cuentas

Por: José Bautista Farías, Académico Investigador del CIFS-ITESO

La Red de Rendición de Cuentas (RRC) elaboró un “Programa Especial de Rendición de Cuentas (PERC) del Gobierno Federal 2014-2018” (disponible en: http://rendiciondecuentas.org.mx/PERC/) que contiene propuestas de objetivos, líneas de acción e indicadores para que el Ejecutivo Federal las lleve a cabo. En su elaboración participaron 75 instituciones académicas, públicas y organizaciones sociales que forman parte de dicha red.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se reconoce que en la “Administración Pública del país existen diversos factores que inciden negativamente en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Esto incluye deficiencias en materia de documentación y archivos, así como problemáticas relacionadas con la asignación presupuestal y su vinculación con mecanismos de evaluación. La diversidad de criterios y la fragmentación institucional no logran generar resultados comparables sobre la gestión pública, ni producir efectos eficientes en el combate a la corrupción, ni en el control eficaz de las políticas públicas”. En síntesis, en rendición de cuentas andamos mal y en combate a la corrupción peor.

En el diagnóstico que presenta la RRC en programa citado, se apunta que los mexicanos hemos avanzado en la institucionalización de los valores de la democracia en los procesos político-electorales, pero no hemos conseguido democratizar el ejercicio de la autoridad pública. Se destaca la ausencia de una política integral, coherente y completa para que los gobernantes informen, expliquen y justifiquen cómo usan los dineros públicos, cómo toman decisiones, cómo responden ante los errores o fallas de las políticas y programas de cuyo diseño, implementación y gestión son responsables. Se señala que la eficacia del gobierno en el logro de objetivos con apego a la legalidad y responsabilidad financiera sigue siendo muy cuestionable. Se apunta que prevalecen importantes problemas de simulación, asimetrías en los criterios empleados por las instituciones gubernamentales para determinar qué documentos deben considerarse públicos, y existen fuertes resistencias a la apertura informativa en varios sectores. Se dice que los esquemas de asignación presupuestal siguen descansando en la inercia y en la opacidad, basados en la discrecionalidad y el cálculo político.

Las propuesta del PERC gira en torno a siete ejes: i) un sistema de rendición de cuentas integral, coherente y articulado que justifique las decisiones de política tomadas e identifique a los responsables de su implementación; ii) un sistema de gestión de archivos ordenado; iii) mecanismos que aseguren el derecho de acceso a la información pública bajo principios de máxima publicidad y disponibilidad; iv)  la asignación y ejercicio presupuestal consistente, integral, transparente, orientado a resultados; v) un proceso de adquisiciones gubernamental eficiente, transparente y honesto, que los ciudadanos puedan conocer oportunamente; vi) un sistema de contabilidad armonizado y transparente, y vii) mecanismos eficaces de monitoreo y evaluación de objetivos oportunos.

Se plantean objetivos, líneas de acción e indicadores para cada uno de los ejes. En cada punto se aportan datos y argumentos que resaltan la problemática y necesidad del cambio a favor de buenas prácticas de rendición de cuentas. Por ejemplo, se apunta que actualmente el presupuesto público se entiende sólo como un instrumento del gobierno y no como una herramienta al servicio de los ciudadanos. A este respecto, el 53% de los países encuestados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el tema de procedimientos presupuestales, hace pública la metodología de sus proyecciones macroeconómicas y fiscales, en México se mantiene en la opacidad. La OCDE documentó que 50% de los países hacen revisiones de fiscalización independientes, en México esto aún no sucede. Por si fuera poco, en nuestro país una vez aprobado el presupuesto, éste sufre modificaciones durante su ejecución sin haber sido aprobadas por el Poder Legislativo, ni suficientemente explicadas a la sociedad, ni justificadas cabalmente.

Otros problemas importantes se relacionan con los llamados gastos extrapresupuestarios que, en contra de las recomendaciones de los organismos internacionales en la materia, suelen usarse en México (los llamados ingresos por excedentes en los precios del petróleo). Tenemos también que la Cuenta Pública auditada de cualquier año fiscal está disponible 14 meses después, cuando la OCDE recomienda que para promover la transparencia presupuestaria debería estarlo por lo menos en 6 meses después del final del año fiscal. A este respecto, el 92% de los países encuestados por esta organización sobre este tema, disponen de una cuenta pública auditada en menor tiempo que en nuestro país.

El Programa Especial de Rendición de Cuentas 2014-2018, plantea su implementación en dos fases: a) una de “Construcción de Condiciones de Rendición de Cuentas”, del 2014 al 2015, y b) otra de “Consolidación de Buenas Prácticas de Rendición de Cuentas”, del 2016 al 2018. También propone un mecanismo de seguimiento a través de una plataforma electrónica sencilla, accesible a los ciudadanos, que permita consultar en tiempo real la información generada, así como también verificar el cumplimiento de los indicadores por parte de las instituciones federales con apoyo de las organizaciones civiles especializadas en la materia e instituciones de educación superior, a través de “Comités de gestión y seguimiento”, integrados por representantes del Gobierno Federal, el Poder Legislativo, la academia y las organizaciones de la sociedad civil.

En síntesis, la RRC le está entregando al gobierno de Enrique Peña Nieto “el remedio y el trapito” para avanzar en la rendición de cuentas– que se señala como el talón de Aquiles de esta administración–. ¿Aceptará el reto el Ejecutivo Federal de su posible implementación? ¿Intentará el Gobierno Federal al menos establecer canales de diálogo para analizar y enriquecer esta propuesta? Sería deseable que esto ocurriera y más aún, que los ciudadanos lo exigiéramos por el bien de México.

Iniciativa de ley, ¿realmente a favor de la niñez y adolescencia?

Por: Paola Lazo Corvera, integrante del CEPAD AC

18 de septiembre de 2014.- El pasado 1º de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa preferente de Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Es de celebrar que se haya considerado prioritaria esta propuesta de Ley, y que al considerarse preferente, obligue al Congreso a revisarla y aprobarla en un máximo de 30 días.  Es también un logro que se intente legislar con urgencia para atender la violación constante a sus derechos del que son víctimas día a día niños, niñas y adolescentes en nuestro país.

Sin embargo, haciendo un análisis detenido, la propuesta tiene fallas y carencias serias, que en principio denotan una falta de enfoque de derechos humanos en su elaboración, y sobre todo la necesidad de un cambio de paradigma para dejar atrás la visión asistencialista de la defensa y protección de los derechos de la infancia, hacia una en la que se les considere sujetos de derecho. Mientras no se dé este cambio de visión, las acciones que se lleven a cabo serán meramente cosméticas, desde un rol tutelar y proteccionista del Estado, y no uno que los involucre activamente como titulares de derechos.

En principio, la iniciativa de Ley no plantea el reconocimiento explícito de la ciudadanía jurídica de niñas, niños y adolescentes, por lo que no logra ampliar la atención del Estado más allá de un cuidado proteccionista y asistencialista, y no propone espacios de autonomía para su participación en los espacios públicos que tienen que ver con su vida cotidiana y con los asuntos que son de su interés.

Un aspecto propuesto por la Ley y que habrá que analizar con detenimiento tiene que ver con la reglamentación para que los medios de comunicación publiquen información sobre niños, niñas y adolescentes sin violar su derecho a la intimidad. Sin duda es necesario vigilar el que los medios tengan responsabilidad en el manejo de datos e información de manera que se proteja su identidad, privacidad y seguridad. Sin embargo, hay que ser muy claros en las disposiciones de dicha regulación, ya que se corre el riesgo de que se maneje con discrecionalidad o de que se limite la libertad de expresión de las y los niños y adolescentes. Es necesario garantizar que tengan presencia en los medios para que estén representados y se escuche su voz, y para visibilizar las violaciones a sus derechos y las agresiones de que son víctimas diariamente. ¿Cómo se utilizaría esta ley, por ejemplo, para sancionar la reciente “inspección” a que fueron sometidos niños y niñas en Zócalo del Distrito Federal el pasado 15 de septiembre al acudir junto con sus familias a dar el grito de Independencia? Las imágenes difundidas en las redes sociales son más que evidentes y muestran la visión de fondo que tiene el gobierno federal en torno a los derechos de la población infantil y juvenil.

La Ley deja pendiente también la atención a una población doblemente vulnerable: los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Al no incluir en la propuesta lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es una ley que los invisibiliza y los discrimina nuevamente.

Si se quiere de verdad atender las situaciones emergentes que esta población enfrenta de manera cotidiana en nuestro país, se requieren leyes y estrategias específicas que garanticen el derecho a todos los principios señalados en la Convención, recordando que ningún principio se garantiza en su totalidad sin la presencia de los otros. Y que para asegurarlos se requiere mucho más que buenas intenciones, se necesita un presupuesto autónomo y específico, un cambio de paradigma, capacitación y sensibilización en todas las instituciones públicas vinculadas con su atención, sanciones ejemplares ante la violación de sus derechos, acciones que provoquen cambios concretos en las forma en que funcionan las instituciones en este país, y  procesos de evaluación de las políticas implementadas que permitan su corrección a corto plazo y la continuidad de aquellas estrategias que funcionen. Se trata de atender a necesidades reales, y no sólo de maquillar o apagar fuegos mediáticos y superficiales. Impulsar el cambio cultural y estructural que nos lleve a construir un México propicio para el desarrollo de la infancia y la juventud.

¿Y el combate a la corrupción? En Ocasión del Informe del Presidente EPN

José Bautista Farías (Académico del CIFS-ITESO).

11 de septiembre de 2014. El 3 de septiembre del 2014, un día después del segundo informe presidencial de Enrique Peña Nieto, el Foro Económico Mundial dio a conocer el Informe de Competitividad Global 2014-2015, en el que se destaca que México retrocedió –por segunda ocasión- en el ranking global al ubicarse en el lugar 61 de 144 países evaluados. Nuestro país descendió seis puestos del ranking mundial con respecto del año 2013, pese a las reformas estructurales, quedando por debajo de Chile, Costa Rica y Brasil, quienes ocuparon los lugares 33, 51 y 57, respectivamente. Suiza se mantiene por sexto año consecutivo como el país más competitivo, seguido de Singapur,  Estados Unidos, Finlandia y Alemania (http://www.weforum.org/).

Esta clasificación se basa en el Índice de Competitividad Global (GCI), creado por el Foro Económico Mundial desde el 2004. Dicho foro define a la competitividad,s, ómico Mundial desde el 2004. como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan la productividad de un país”, su clasificación se calcula con base en datos a nivel nacional de 12 categorías: instituciones, infraestructuras, entorno macroeconómico, salud y educación primaria, educación superior y capacitación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación de las empresas e innovación.

Algunos analistas señalan que el pobre desempeño de México en el índice de competitividad se vio afectado por la baja calidad del sistema educativo y el bajo desarrollo tecnológico. El reporte apunta que el principal obstáculo para avanzar en los niveles de competitividad en nuestro país, es la corrupción, además de la burocracia, la carga impositiva, el acceso al financiamiento, la educación y el sector de telecomunicaciones, entre otros.

El combate a la corrupción, fue justo la parte que omitió citar Enrique Peña Nieto en su segundo informe de gobierno. Según algunos analistas, es la parte más olvidada de esta administración, no obstante que forma parte del denominado Pacto Por México, que firmaron los principales partidos políticos y el ejecutivo federal. Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación, afirmó que en México es un hecho el manejo corrupto del dinero público; reveló que en cuatro años de su gestión, las denuncias penales documentadas pasaron de más de 30 a 400. Subrayó que la insuficiencia de mecanismos de control en las dependencias de gobierno, aunado a la proclividad de algunas personas a cometer ilícitos, genera corrupción. El círculo perverso de este fenómeno se cierra cuando no hay nadie que lo impida o hay facilidades para cometerlo sin que haya sanción (Excélsior 04/09/2014). La realidad social del país, contrasta con el discurso triunfalista del presidente. ¿Cuándo tendremos una política pública integral de combate a la corrupción y rendición de cuentas?

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Evaluar la transparencia de los gobiernos municipales ¿para qué?

Por: José Bautista Farías, Académico del CIFS-ITESO

Tlaquepaque, Jal. a 27 de agosto de 2014. En su novena evaluación de CIMTRA a los gobiernos de la ZMG, las Regiones Sur de Jalisco y otras, efectuado durante los meses de junio y julio de 2014 se observan claro-oscuros en la transparencia en las actuales administraciones municipales. De 7 municipios de la Región Centro 5 aprobaron: Tlamojulco de Zúñiga y Zapopan con 100 puntos (la máxima calificación),  Tlaquepaque 79, Guadalajara 74 y  Tonalá 73 y dos reprobaron: Zapotlanejo 41 y El Salto 10.  De los municipios del Sur y otras regiones, sólo aprobaron Tamazula 92 y Zapotlán el Grande (Cd. Guzmán) 65, el resto reprobó: Puerto Vallarta 47, Zacoalco de Torres 40, Tepatitlán 29, Atemajac de Brizuela 28, Tuxpan 20, Amacueca 18, Zapotiltic 15, Gómez Farías 14, Zapotitlán de Vadillo 10, Tolimán 8, Teocuitatlán de Corona y Toliman 8 y Sayula 2.

Lo destacable de estos resultados, según CIMTRA-Jalisco, es que por primera ocasión el promedio general resultó aprobatorio al pasar de 50 (en 2013) a 65 puntos. Igualmente, Zapopan igualó a Tlajomulco y por primera vez obtiene la máxima calificación que otorga ese organismo. Los bloques con mayor puntuación fueron: Atención Ciudadana 82 y Cabildo 78, el primero refiere a los mecanismos de atención y la información básica respecto a ciertos trámites de licencias y permisos que se ofrecen a las personas, el segundo alude a las sesiones públicas del cabildo, así como a la información de sus agendas (previas) y minutas (posteriores) de trabajo. En contraste, los bloques más opacos fueron: los consejos ciudadanos 44, cuestiones urbanas 54 y los gastos de administración.

¿Qué importancia tiene para el ciudadano común estas evaluaciones de las administraciones municipales?, ¿más allá de visibilizar la transparencia u opacidad de las autoridades, qué le aportan a la sociedad? En primer lugar, la transparencia y el acceso a la información son un derecho humano y un derecho constitucional que está ligado al derecho a saber y a la libertad de expresión. Estos ejercicios sirven para dar cuenta de cómo estamos en estos derechos y para contrastar el discurso de los políticos (en sus informes de gobierno) con la realidad que vivimos cotidianamente los ciudadanos. Pone en evidencia por ejemplo, que en los municipios del Sur y otras regiones, las autoridades incumplen con su obligación de informar y transparentar sus acciones y decisiones. En segundo lugar, está comprobado que lo que no se evalúa no se mejora, lo que no se visibiliza no se reconoce ni valora (sea bueno o malo), esto conlleva a que las autoridades, con frecuencia, incumplan con sus obligaciones constitucionales y/o violenten procedimientos y normas, abusen del cargo para fines opuestos al interés público y en el peor de los casos hagan mal uso de los recursos públicos. Mientras esto no se corrija, a través de mecanismos más eficientes de rendición de cuentas y contraloría social, la corrupción seguirá campeando en nuestro estado y en el país.

Finalmente, se espera que estas evaluaciones sirvan para alertar y concientizar, tanto a los ciudadanos como a las autoridades, de lo mucho que nos falta por avanzar en este tema (la transparencia) y que, si bien es importante el reconocimiento jurídico de este derecho, esto no es suficiente, se requiere de políticas públicas que activen el derecho a saber de los ciudadanos de lo que hacen y deciden las autoridades en nuestro nombre. Hay que ponerle un cerco la corrupción, la impunidad y a las malas prácticas de gobierno que dañan el interés público, en especial de los sectores menos favorecidos.

 

Evaluar la transparencia de los gobiernos municipales ¿para qué?

Por José Bautista Farías

Tlaquepaque, Jal. a 27 de agosto de 2014. En su novena evaluación de CIMTRA a los gobiernos de la ZMG, las Regiones Sur de Jalisco y otras, efectuado durante los meses de junio y julio de 2014 se observan claro-oscuros en la transparencia en las actuales administraciones municipales. De 7 municipios de la Región Centro 5 aprobaron: Tlamojulco de Zúñiga y Zapopan con 100 puntos (la máxima calificación),  Tlaquepaque 79, Guadalajara 74 y  Tonalá 73 y dos reprobaron: Zapotlanejo 41 y El Salto 10.  De los municipios del Sur y otras regiones, sólo aprobaron Tamazula 92 y Zapotlán el Grande (Cd. Guzmán) 65, el resto reprobó: Puerto Vallarta 47, Zacoalco de Torres 40, Tepatitlán 29, Atemajac de Brizuela 28, Tuxpan 20, Amacueca 18, Zapotiltic 15, Gómez Farías 14, Zapotitlán de Vadillo 10, Tolimán 8, Teocuitatlán de Corona y Toliman 8 y Sayula 2.

Lo destacable de estos resultados, según CIMTRA-Jalisco, es que por primera ocasión el promedio general resultó aprobatorio al pasar de 50 (en 2013) a 65 puntos. Igualmente, Zapopan igualó a Tlajomulco y por primera vez obtiene la máxima calificación que otorga ese organismo. Los bloques con mayor puntuación fueron: Atención Ciudadana 82 y Cabildo 78, el primero refiere a los mecanismos de atención y la información básica respecto a ciertos trámites de licencias y permisos que se ofrecen a las personas, el segundo alude a las sesiones públicas del cabildo, así como a la información de sus agendas (previas) y minutas (posteriores) de trabajo. En contraste, los bloques más opacos fueron: los consejos ciudadanos 44, cuestiones urbanas 54 y los gastos de administración.

¿Qué importancia tiene para el ciudadano común estas evaluaciones de las administraciones municipales?, ¿más allá de visibilizar la transparencia u opacidad de las autoridades, qué le aportan a la sociedad? En primer lugar, la transparencia y el acceso a la información son un derecho humano y un derecho constitucional que está ligado al derecho a saber y a la libertad de expresión. Estos ejercicios sirven para dar cuenta de cómo estamos en estos derechos y para contrastar el discurso de los políticos (en sus informes de gobierno) con la realidad que vivimos cotidianamente los ciudadanos. Pone en evidencia por ejemplo, que en los municipios del Sur y otras regiones, las autoridades incumplen con su obligación de informar y transparentar sus acciones y decisiones. En segundo lugar, está comprobado que lo que no se evalúa no se mejora, lo que no se visibiliza no se reconoce ni valora (sea bueno o malo), esto conlleva a que las autoridades, con frecuencia, incumplan con sus obligaciones constitucionales y/o violenten procedimientos y normas, abusen del cargo para fines opuestos al interés público y en el peor de los casos hagan mal uso de los recursos públicos. Mientras esto no se corrija, a través de mecanismos más eficientes de rendición de cuentas y contraloría social, la corrupción seguirá campeando en nuestro estado y en el país.

Finalmente, se espera que estas evaluaciones sirvan para alertar y concientizar, tanto a los ciudadanos como a las autoridades, de lo mucho que nos falta por avanzar en este tema (la transparencia) y que, si bien es importante el reconocimiento jurídico de este derecho, esto no es suficiente, se requiere de políticas públicas que activen el derecho a saber de los ciudadanos de lo que hacen y deciden las autoridades en nuestro nombre. Hay que ponerle un cerco la corrupción, la impunidad y a las malas prácticas de gobierno que dañan el interés público, en especial de los sectores menos favorecidos.

 

La incongruencia de la mayoría de nuestros legisladores.

Por: Gerardo Moya.

En un comunicado publicado el 20 de agosto del 2013, el “Colectivo por la Transparencia” y “México infórmate”, alertaron respecto del grave retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas al que nos enfrentamos. El 19 de Agosto pasado en Comisiones de la Cámara de Diputados, se aprobó en el dictamen un revés a la máxima protección del derecho de acceso a la información y una contradicción al compromiso del Estado Mexicano con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, reza el comunicado.

La pretensión del dictamen es reformar la Constitución para que una serie de personajes, entre ellos el Consejero jurídico del Presidente de la República, el Procurador General de la República, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el del Banco de México, puedan impugnar ante la Suprema Corte de Justicia, las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), que obliguen a entes públicos a brindar la información solicitada, cuando a su juicio exista una afectación en materias como la seguridad, la estabilidad económica y la protección de derechos humanos.

Es decir, cuando actualmente el IFAI es la última palabra para obligar a una entidad pública a rendir la información solicitada por un ciudadano, los personajes antes nombrados, podrán “judicializar” dicha resolución, inconformándose por ella ante la Suprema Corte. Lo anterior implica que además de esperar el tiempo necesario para que resuelva el IFAI frente a una negativa de información de una entidad pública de inicio, ahora tendrán que meterse abogados y tiempo y más tiempo y abogados… “Hagamos más cansado aún el hecho simple y llano de obtener una información solicitada” estarán pensando los diputados…

La transparencia y el acceso a la información es un derecho humano clave, y presupuesto de la democracia.
Los supuestos planteados en el dictamen para que se pueda impugnar una resolución del ITEI, son vagos y caben muchas cosas en su formulación. En todo caso, poner aún más trabas al acceso a la información, es a su vez una violación a ese derecho, que podría ser recurrida por diversas vías. Es decir, con éste dictamen los diputados y diputadas estarían violando los derechos humanos, sin embargo la congruencia no es su característica esencial.

El colmo de esto estalla cuando ante la propuesta de que los Partidos Políticos y las y los legisladores, sean sujetos obligados ante el IFAI para rendir información, votaron en contra. Pídansela al IFE dijeron.
Es un contra sentido que quienes escriben las reglas, no se sometan a las mismas, sobre todo ante la poca credibilidad que su embestidura actualmente conlleva.

La transparencia en la agenda pública

Por José Bautista Farías, coordinador del Programa de Emponderamiento y Conflictividad Social del Centro de Investigación y Formación Social [CIFS-ITESO]

La importancia de este acto (la firma de los “Compromisos de la transparencia por Jalisco” por parte de los candidatos a la gubernatura de Jalisco) radica en que coloca el tema de la transparencia no sólo en la agenda pública sino también en la agenda del próximo gobierno, en aspectos que se estiman centrales para el ejercicio del derecho de los ciudadanos a la información y a la rendición de cuentas. Los retos que implica el sacar adelante los compromisos firmados son enormes, no sólo para los poderes del Estado, sino también para los organismos civiles, por varias razones:

a) La desconfianza mutua entre los actores sociales y el gobierno.

b) El desinterés que suelen mostrar los actores políticos por los asuntos ciudadanos una vez concluida la elección.

c) La complejidad del tema y de la coordinación de actores diversos.

d) La enorme dispersión  de los actores gubernamentales y sociales en agendas múltiples.

e) La poca experiencia de diálogo fructífero entre gobierno y ciudadanía en condiciones de equidad, etc.

El éxito o fracaso en el cumplimiento y verificación de estos compromisos dependerá no sólo de la voluntad política de las partes involucradas, sino también de la capacidad  de diálogo, coordinación y  cohesión interna de propias agrupaciones sociales que impulsan esta agenda ciudadana.

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Sobre la Ley de Transparencia…

Por: Gerardo Ballesteros de León, Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos,
Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz.

El derecho a la información en México no ha sido construido mediante la práctica, sino por iniciativas políticas de gran escala. En un lapso de siete años en México se elaboraron 33 leyes, se crearon el mismo número de órganos garantes, se fijaron normas archivísticas y han venido al cauce dos grandes plataformas informáticas de acceso a la información. Esta tendencia se explica dentro de lo que Ackerman y Sandoval denominan como la “Explosión global de leyes de acceso a la información”1.  Sobre esta tendencia, se puede explicar la legislación en Jalisco y las sucesivas reformas, la nueva ley. En algunos casos existen leyes bien diseñadas, en otros casos como el de Jalisco, la Ley de Transparencia recién publicada es lamentable. En algunos casos, el órgano garante para el acceso a la información es realmente autónomo y de avanzada, como sucedió en el primer ciclo del IFAI y en el actual Instituto del Distrito Federal.

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