Tag Archives | derechos humanos

Iqbal Masih contra la esclavitud infantil

Por Héctor Morales Gil de la Torre
Académico del Cifovis ITESO

Iqbal Masih empezó a trabajar a los cuatro años de edad, cuando su padre lo entregó al propietario de una fábrica de alfombras a cambio de un préstamo para pagar la boda de su hermano mayor. Desde ese momento, Iqbal destinaba doce horas diarias al trabajo para saldar la deuda familiar, pero, con el tiempo, la deuda no solo no disminuía, sino que aumentaba con los intereses y los nuevos préstamos que pedía su padre. Cuando tenía diez años, Iqbal asistió a un mitin sobre derechos humanos y consiguió su libertad a través de una campaña del Frente de Liberación del Trabajo Forzado. Se convirtió en un ferviente luchador en contra de la explotación a menores, hasta que en 1995 le fue arrebatada la vida como consecuencia de su lucha en contra de los intereses de las empresas que utilizaban mano de obra infantil[1]. Hoy, 16 de abril,  se celebra el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, inspirado en la historia de vida de Iqbal.

¿Qué sentido tiene pronunciarnos contra la esclavitud infantil en estos tiempos? Es decir, ¿es una problemática vigente que aqueja a la población infantil de nuestro país o del mundo?

Los últimos reportes sobre la problemática son del año 2017 y los elabora la Organización Internacional del Trabajo, organismo tripartita[2] del Sistema de Naciones Unidas. Conforme a esas fuentes, la esclavitud moderna se expresa de diversas formas: el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas, la esclavitud y las prácticas análogas a ella, el matrimonio forzado y el tráfico de personas. Ese conjunto de expresiones, para efectos de monitoreo, seguimiento y diseño de medidas que contribuyan a su erradicación, se resume en dos problemáticas generales: el trabajo forzoso y el matrimonio forzoso.

El trabajo forzoso se entiende como cualquier forma de trabajo o servicio que implica involuntariedad y coacción. En de esta categoría entra el trabajo realizado por un niño bajo coerción de un tercero (que no sean sus padres) y el realizado como consecuencia directa del involucramiento de sus padres en trabajos forzados[3]. Esta categoría incluye la explotación sexual comercial de niñas y niños.

Cuarenta millones de personas fueron víctimas de esclavitud moderna en el 2016, lo que representa 5.4 víctimas por cada 1,000 habitantes en el mundo. De ellas, 25 millones realizaron trabajos forzosos y 15 millones sufrieron de matrimonio forzado. Del total, 71% fueron mujeres y niñas y 25% fueron niños y niñas[4].

Si bien en 2016 América fue la región que registró la menor prevalencia de esta problemática (1.9 víctimas por cada 1,000 habitantes, comparada con las 7.6 víctimas por cada 1,000 habitantes de África), la problemática afectó a millones de niñas y niños. Tan solo en 2007, 3.64 millones de menores de 17 años, de los cuales 1.1 millones tenían entre 5 y 13 años, realizaban labores productivas, en México[5]. En 2013 se registraron 2.5 millones de niñas y niños incorporados al mercado laboral en México.

Entre las principales causas del trabajo infantil en nuestro país se encuentran las relacionadas con la pobreza de los hogares de origen, la interrupción temprana del proceso educativo, condiciones culturales como la naturalización del trabajo de menores en negocios familiares, entre otros factores. Como consecuencia del trabajo infantil se identifican afecciones físicas, psicológicas, educativas y económicas.

Para el caso de México, los reportes más recientes (2014) presumen la persistencia de estas problemáticas, pero no incluyen información precisa con relación a la participación de niñas y niños en trabajos peligrosos, como pueden ser las actividades que se llevan a cabo en horarios nocturnos y prolongados, los que exponen a los niños y niñas al abuso de orden físico, psicológico o sexual, los trabajos que se realizan bajo tierra o agua, los que les exigen el uso de maquinaria o herramienta peligrosa, los que les exponen a agentes o procesos perjudiciales entre otros. Tampoco se presenta información detallada sobre la participación de niñas y niños en actividades ilícitas, como las relacionadas con la producción y tráfico de estupefacientes o las vinculadas con la mendicidad organizada. Ni se señala la cantidad de niños que realizan trabajo infantil agrícola, considerado como una de las peores formas de trabajo infantil[6].

Existe un consenso a nivel mundial en que el trabajo infantil limita el ejercicio pleno de los derechos de los niños y de las niñas a la educación, a la cultura, a la recreación, al ocio, entre muchos otros. En sociedades desiguales y empobrecidas, la problemática encuentra condiciones para arraigarse y reproducirse, lo que contribuye a consolidar la transmisión generacional de la pobreza y a profundizar la fragmentación de la cohesión y la solidaridad social.

Ante ello no hay peor posición que la negación, por lo que el reconocimiento de la problemática en los hogares, en las unidades productivas, en las actividades cotidianas, es un primer paso, y muy relevante. Además, mientras que el combate frontal a la problemática es una medida propia de la autoridad pública, la sociedad puede impulsar acciones preventivas, entre las que se destaca la de alentar la permanencia de los niños y las niñas en el trayecto educativo, inhibiendo las causas de la deserción escolar e incentivando la terminación adecuada del nivel básico y medio superior, al menos.

Además, ya existen experiencias locales y globales que buscan reducir la participación de niñas y niños en actividades laborales y en trabajos peligrosos, como la Campaña Ropa Limpia, que tiene por objeto identificar ropa libre de trabajo esclavo y de trabajo infantil.

Nuestra Universidad ITESO ha de ser un espacio para debatir las mejores alternativas que aseguren el pleno ejercicio de los derechos de todas y todos. El Día Mundial contra la Esclavitud Infantil es la ocasión para comenzar a discutir opciones para el resguardo de los derechos de la infancia y del crecimiento de las y los niños en ambientes libres de cualquier explotación, laboral o de otro tipo, que limite el desarrollo adecuado de su personalidad y potencialidad.

 

[1] Puedes ver reseñas de la vida de Iqbal Masih en: ciprevica.org/16-de-abril-dia-mundial-contra-la-esclavitud-infantil/ y en www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-contra-esclavitud-infa
[2] Es el único organismo del Sistema de Naciones Unidas que no solo se integra por representantes gubernamentales de los Estados miembro, sino que además incorpora en su estructura al sector gubernamental y al sector de los trabajadores. Para ver más: www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang–es/index.htm
[3] Ver, OIT. (2017). Methodology of the global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage. Génova: OIT.
[4] Ver, OIT. (2017). Global estimates of modern slavery. Génova: OIT.
[5] La legislación laboral anterior permitía el trabajo adolescente con el consentimiento de los padres a partir de los 14 años de edad. Conforme a la última reforma de la legislación laboral (2012), la prohibición de trabajar se extiende hasta los 16 años de edad.
[6] Ver, Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2014). El trabajo infantil en México: avances y desafíos. México: STPS.

¿Tienes algún comentario o duda? Contacta al autor: moralesgil@iteso.mx

0

Un breve recorrido a través de la violencia que sufren las mujeres en México

Por Mariana Espeleta Olivera
Especialista en temas de género y académica del Cifovis ITESO

Cuando preguntamos a las mujeres ¿has sufrido violencia por ser mujer? Casi todas podemos reconocer algún momento en nuestra vida en el que hayamos sufrido: agarrones en la calle, acoso de algún conocido, sensación de peligro o miedo ante una situación (en la que un hombre se sentiría cómodo), vigilancia o celos patológicos por parte de una pareja, tener que esforzarse más en el trabajo por el mismo (o menor) sueldo, tener una carga doméstica mucho más grande que los varones de la familia, ser menospreciada o más controlada que los hermanos, e incluso maltrato físico, golpes y amenazas. Las situaciones de violencia son muy variadas… a veces tan constantes que se han normalizado y nos cuesta trabajo verlas: “¿a poco eso es violencia?”.

Por supuesto, no todas las mujeres nos enfrentamos a los mismos peligros y a las mismas violencias: las realidades de la vida cotidiana, la edad, las herramientas de cada una y el contexto en el que nos desempeñemos hacen que nuestras experiencias sean muy diversas, pero cuando miramos la realidad de las mexicanas en conjunto, las cifras son desoladoras. No podemos seguir cerrando los ojos.

La violencia en contra de las mujeres se manifiesta de formas que pueden ser evidentes o sutiles. Como indican los ejemplos anteriores, hay violencia física, sexual, psicológica, económica, laboral, escolar… lo que unifica a todas estas formas de violencia es la razón que mueve a quienes la ejercen: considerar que tienen derecho a usarla como forma de dominación o posesión, que las mujeres son inferiores, que merecen un castigo relacionado al ejercicio (o no) de su rol social y que los cuerpos de las mujeres están a su disposición.

Podemos decir que la violencia en contra de las mujeres está enraizada en prácticas culturales que la naturalizan y la justifican, haciendo difícil erradicarlas, pues a menudo se avalan del respaldo popular y tienden a culpar a la víctima más que a los perpetradores, o bien, no se reconoce como violencia sino como costumbre u orden natural de las cosas. Además, la violencia en contra de las mujeres no solamente se ejerce de manera individual, también participan de ella colectivos e instituciones.

En el marco del Día Internacional en Contra de la Violencia hacia las Mujeres, revisé algunos datos para plantear un panorama sobre la violencia de género que estamos experimentando desde nuestros diferentes lugares[1] .

En el último censo (2015), había en México 61’474,620 mujeres, el 51.4% de la población. 33.3% de ellas son niñas y jóvenes de hasta 19 años, que están en su fase de desarrollo, que son el futuro del país y que pronto entrarán (o ya se abren camino) en el mercado laboral y la fase productiva.

El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres una vida plena, con al menos las mismas oportunidades que sus contrapartes masculinas. Todos los recursos para desarrollar sus capacidades humanas, salud, educación, seguridad y libertad, a través de las leyes, las políticas públicas y el presupuesto suficiente para cumplir estos objetivos. No hacerlo implica una violación a los derechos humanos de las mujeres y niñas, aumenta la brecha entre hombres y mujeres, resta oportunidades y perpetúa el círculo de violencia, pues resulta mucho más difícil transformar las prácticas culturales en estas circunstancias.

De acuerdo con el INEGI, en el 2016, 66.1% de todas las mexicanas mayores de 15 años declararon haber sufrido alguna violencia relacionada con el hecho de ser mujeres, al menos una vez en su vida.

Al preguntar qué tipo de violencia, el INEGI hace la siguiente clasificación: violencia emocional: 49 de cada 100 mujeres, violencia sexual: 41.3 de cada 100 mujeres, violencia física: 34 de cada 100 mujeres y violencia económica: 29 de cada 100 mujeres. Sin embargo, muchas mujeres manifiestan vivir más de una forma de violencia y, por supuesto, existen otras formas de violencia que no están registradas en estas mediciones, como la violencia política.

Una fuente de amenaza para las mujeres en términos de violencia proviene de sus propias parejas, pues 58% de las que alguna vez ha vivido en pareja, dice haber sufrido violencia por parte de la persona que la decía querer. En 2016, 43% de las mujeres reportaron violencia por parte de su pareja actual, o de su última relación. La violencia emocional es la más frecuente, pero a menudo esta forma de violencia no va sola: 17.9% reporta maltrato físico y 6.5%, abuso sexual.

El noviazgo (una relación sentimental en la que no hay convivencia bajo el mismo techo) tampoco pinta muy bien: las mujeres entre 15 y 29 años que estaban de novias (2010) reportaron lo siguiente: 30.8% de violencia en la relación, de la cual 44.8 de cada 100 casos era emocional, 25.9 física y 21.7 sexual. Estas cifras tan altas demuestran que las relaciones de pareja son un vínculo que ha sido configurado culturalmente como un espacio de dominación masculina que resulta particularmente violento para las mujeres, el cual es urgente transformar.

En años recientes, también han crecido las violencias ejercidas por hombres distintos a la pareja. En 2016, 23.4% mujeres declararon alguna vez haber sufrido violencia física por parte de una persona distinta a su pareja, cuando en 2011 la cifra era de tan sólo 5%. En cuanto a la violencia sexual, en el 43.9% de los casos (2016), el perpetrador fue un conocido distinto a la pareja. En 2016, las cifras respecto a la violencia sexual fueron alarmantes: 47,682 mujeres denunciaron una violación y 366,609 denunciaron hostigamiento, manoseo, exhibicionismo o intento de violación. Esto quiere decir que las cifras son mucho mayores, pues el índice de denuncia es bajo.

Respecto al feminicidio, las cifras son mucho menos transparentes, pues resulta difícil que las procuradurías tipifiquen el delito. Muchas veces cuando hay una mujer asesinada, aunque sea por causas de género, se consigna como homicidio. En 2016 el INEGI señaló que hubo 2,735 mujeres asesinadas, a un ritmo aproximado de 7 al día. Otro crimen escalofriante es la desaparición, que en 2016 ascendió en las cifras oficiales a 1,799 mujeres, aunque en estos casos la cifra negra es muy alta.

Además de toda la violencia directa, muchos datos que tenemos no hacen referencia explícita a una forma de violencia, pero dejan ver claramente las condiciones de injusticia que producen violencia y que dejan a las mujeres sin posibilidades de mejora o defensa.  

En México, la inmensa mayoría de mujeres mayores de 15 años (96.1%) realiza algún tipo de actividad riesgosa, pero la participación en el mercado laboral formal es menor al que debería corresponder: sólo un 43.4% de mujeres lo realizan. A pesar de la contribución directa que hacen las mujeres al Producto Interno bruto (PIB), sólo el 20.4% tiene acceso a guardería y sólo hay un nivel de ingreso donde hay más mujeres que hombres: el salario mínimo. Cuando el nivel es de 3 a 5 salarios mínimos, la diferencia es más del doble: 1,913,271 mujeres con respecto a 4,641,794 hombres.  

Además de lo anterior, las mujeres hacen un importante aporte indirecto, pues dedican en promedio 46.9 horas a la semana a tareas domésticas y trabajos de cuidados no remunerados, comparado con 15.7 horas que dedican los hombres… pero si miramos más allá del promedio, encontramos que las mujeres en el pico de edad reproductiva (entre 30 y 34 años) dedican ¡67.6 horas a la semana! Cuando las contrapartes masculinas aumentan solo a 19.7 horas dedicadas. Esta sobrecarga también es una forma de violencia estructural, porque el trabajo no remunerado que aportan las mujeres equivaldría a un 18% del PIB, más lo que se ahorra el Estado en servicios que deberían ser aportados como parte del paquete de seguridad social… Es decir, no solamente es un trabajo gratuito que genera riqueza, sino que también genera ahorro al gasto público, todo a costa de las mujeres.

La reproducción en México representa para las mujeres otra manera de observar la desigualdad. Las mujeres mexicanas tienen en promedio 2.2 hijos. En el año 2015 nacieron 412,775 bebés cuyas mamás eran adolescentes de entre 15 y 19 años[1]. En 2014, un 29.1% de las mexicanas menores de 20 años había dado a luz una vez. Si ponemos estos datos en contexto, en relación con la pobreza, la falta de oportunidades o incluso la falta de acceso a los medios anticonceptivos, podremos claramente percibir que hay violencia estructural. En conjunción con la siguiente información, el escenario se puede tornar más preocupante: en 2015 se casaron 49,008 mujeres menores de 19 años en el país (sin incluir a las que se unieron, de las cuales no hay estadísticas). De este total, 20,948 eran menores de edad… ¿Qué tan menores? 1,535 tenían 15 años, 521 tenían 14 y 71 tenían 13. ¿Cómo es posible que en este país un juez case a una niña de 13 años? En varios estados de la república, la ley permite el matrimonio de menores de edad, si es mujer desde los 14 años y si es hombre desde los 16.

Todo este baile de cifras es apenas una forma de plasmar de forma sintética el inmenso problema que tenemos en el país respecto a la violencia en contra de las mujeres y niñas, de las que existe mucho menos información. Las mujeres no solamente somos la mitad (y un poquito más) de la población en México, también somos a quienes culturalmente se nos han asignados las tareas básicas de cuidado y crianza. Mientras cambiamos esto y caminamos hacia un futuro donde hombres y mujeres seamos igualmente responsables, de nuestro bienestar depende el bienestar las futuras generaciones. Toca emprender un camino en los dos sentidos, visibilizar el conjunto de desigualdades que mantiene a millones de mujeres sumidas en el círculo de la violencia y comenzar a tomar cartas en el asunto antes de que sea demasiado tarde.

 

[1] Toda la información estadística proviene del Sistema Integrado de Estadísticas sobre violencia contra las mujeres (SIESVIM) que recientemente presentó el INEGI. Algunos de los datos fueron tomados directamente, y otros calculados con base en los datos que el Sistema presenta. Los años de referencia varían, según la periodicidad con la que se mide el indicador, y en todos los casos se utiliza la más reciente disponible. El enlace directo al SIESVIM es el siguiente: https://sc.inegi.org.mx/SIESVIM1/

[2] No hay información respecto a embarazos de niñas menores de 15 años.

0

Presa El Zapotillo no debe construirse, opina especialista español

La solución al abasto del agua no es aumentar la oferta del líquido, sino cuidar el agua con
mayores normas y restricciones en su uso.

Como de “ironía” calificó el catedrático del Departamento de Economía e Historia Económica de la
Universidad Autónoma de Barcelona, doctor Joan Martínez Alier, la destrucción de un pueblo colonial y
una hermosa iglesia de aquella época en el pueblo de Temacapulín, ahora por los españoles, dueños de la
empresa Fomento de Construcciones y Contratas, encargada de la construcción de la presa El Zapotillo.

Invitado por el Centro Universitario de los Altos (CUAltos) a participar en el inicio de cursos del doctorado
en Estudios Regionales y en la maestría en Ciencias de la Salud Pública, con la conferencia magistral
“Economía ecológica”, Martínez Alier también mencionó que dicha constructora española no cuenta con
los estudios suficientes para justificar dicha obra, pues a este tipo de empresas “solo les interesa la plata”.

“El tema de la presa El Zapotillo es muy conocido en el ámbito internacional, además de que conocemos
a esta empresa porque está muy endeudada. De lo que se trata es de justificar el costo con estudios
truqueados y mal hechos, y sin tomar en cuenta el costo social que tal edificación implica para los
habitantes de la región. Ellos no cuentan con una licencia social para su construcción”, aseveró.

Agregó Martínez Alier que algunos detalles del estudio técnico de El Zapotillo son de “fantasía”, por lo que
dijo que no debería construirse, porque de hacer un análisis sobre el costo-beneficio de esta obra resulta
que las afectaciones a la zona, al río, a la pesca y a los habitantes no la justifican. “Los constructores ni el
gobierno toman en cuenta las emociones de un pueblo que tiene diez años en vilo y lleno de angustia”.

Subrayó además la “arrogancia” de varios funcionarios, quienes afirman que “El Zapotillo es la mejor
opción” para la solución del abasto del agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara, porque los
estudios en los que se basan son “poco científicos. Es una crueldad lo que las autoridades hacen con el
pueblo. Esta destrucción merece un estudio de psicología social. ¿Cuántos años o siglos tiene
Temacapulín? ¿Creen que reubicarlos les va a reparar su pérdida?”.

El catedrático señaló como posible solución al abasto del agua el no aumentar la oferta del líquido, sino
cuidar el agua con mayores normas y restricciones en su uso. Mencionó que hay que pensar en cobrar
mayores cuotas, que se pueda reciclar, que no se le regale el agua a las industrias y que se piense en
capturar el agua de lluvia con proyectos de vanguardia. “Para muchos ingenieros su ideal es que el agua
de río no se ‘desperdicie’ y piensan que lo mejor es quitarle el agua a los ríos”.

En la conferencia de prensa, el investigador español estuvo acompañado por el secretario académico del
CUAltos, doctor Jesús Rodríguez Rodríguez.
A T E N TA M E N T E
“Piensa y Trabaja”
“Año del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco”
Guadalajara, Jal., 20 de agosto 2014
Texto: Juan Carrillo Armenta

0

Pobreza, desigualdad y despojo: ¿Existen alternativas socioeconómicas solidarias?

Por Guillermo Díaz Muñoz
Académico de la UAB Economía Social, Cifovis ITESO

El pasado 17 de octubre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemoró el “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza”. En su página web, con el título “La pobreza, un problema de derechos humanos”, y apoyándose en los estudios realizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la ONU sostiene que, a nivel mundial, más de 800 millones de personas aún viven con menos de 1.25 dólares al día y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados. De ahí que la ONU invite a reducir la pobreza y erradicarla como “una obligación de todas las sociedades”.

Asimismo, destaca que al ser un problema de derechos humanos se reconoce que la pobreza no es sólo una cuestión económica y, sí, en cambio, un fenómeno multidimensional que se expresa en vulneraciones múltiples e interconexas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, lo que niega a los pobres su dignidad e igualdad.

Pero, ¿qué es la pobreza para hablar de ella con propiedad? Desde la dimensión económica y el ingreso por persona, para la ONU y el Banco Mundial ser pobre significa estar por debajo de una línea de medición: 1.25 dólares por día. Convertido, en la actualidad se traduce en apenas 24 pesos mexicanos diarios.

Cualquiera puede convertir estas cifras monetarias a su realidad personal y podrá darse cuenta de que las mediciones de la pobreza consideradas por las instituciones internacionales llevan una enorme carga de injusticia, es decir, una cierta legitimación de la pobreza en sus índices tan bajos.

Con todo, la ONU invita a los países a vincular la realidad de la pobreza a la ausencia de derechos humanos, cuestión que nos parece correcta si nuestra apuesta se centrara tan sólo en humanizar el sistema, en dar al capitalismo un rostro humano. Sin embargo, quienes cuestionamos las causas estructurales de la pobreza debemos ir más lejos: la pobreza no es resultante de una opción personal sino de una situación impuesta por el sistema-mundo capitalista. Es decir, existe una producción social y una reproducción social de la pobreza, en donde la injusticia estructural es la principal causa de ella.

Lo anterior significa que el fenómeno de la pobreza no constituye un hecho aislado en sí mismo: no sólo existen violaciones constantes a los derechos de las personas sino también desigualdades múltiples que tienen sus efectos en la pobreza. Existe un vínculo cada día más transparente entre pobreza y desigualdad económica, por ejemplo. A mayor desigualdad económica y social en un país, mayores posibilidades de pobreza en amplias capas de la población. Es decir, una mayor concentración de la riqueza genera mayor pobreza. En un abordaje más amplio a las desigualdades de todos tipos, la UNESCO da cuenta clara de ello en una reciente publicación.

Otra de las causas de la pobreza se refiere a temas como la explotación del trabajo y la precarización del empleo. En términos marxistas hablaríamos de la hiper explotación de la fuerza de trabajo, en lo que México es un triste ejemplo el peor a nivel latinoamericano, con los salarios mínimos más bajos de la región.

El despojo histórico de los bienes comunes de las comunidades rurales e indígenas con motivo del grave extractivismo (minero, petrolero, energético, agua, viento) vinculados a megaproyectos (presas, autopistas, enclaves turísticos, aeropuertos, entre otros) es otra causa de la pobreza y la ignominia que sufren las comunidades.

Frente a estas dinámicas de acumulación de capital y de poder, mediante la hiper explotación del trabajo y el despojo de los bienes comunes, las resistencias de amplios sectores de la población y la construcción de alternativas anuncian, prefiguran y visualizan otros mundos posibles. Esta realidad emergente acontece cada día con mayor fuerza a nivel global. Sea en el campo mexicano con las comunidades indígenas y campesinas, o en los centros urbanos y sus periferias, múltiples experiencias asociativas buscan vías alternativas para salir de esta situación, ya de pobreza, ya de exclusión. Y esta apuesta emergente cuestiona desde sus bases el proceso lucrativo a toda costa, con sus estrategias de acumulación y despojo capitalista.

Entre estas alternativas emergentes podemos ubicar a las cooperativas de producción de bienes y servicios, las cooperativas y cajas de ahorro y préstamo, las cooperativas de consumo, las mutuales de servicios médicos o funerarios, los circuitos de comercio con justicia, los tianguis de trueque, los bancos del tiempo, las monedas comunitarias o locales, entre tantas otras más. Incluso hay quienes sostienen que, en México, se debería incluir en este sector a los ejidos y a las comunidades indígenas, dada la propiedad social de sus tierras y sus formas de producción no capitalista.

Como un ejemplo, Víctor Toledo escribe, en una colaboración con el periódico La Jornada, que en Japón el Tekei es un conjunto de redes que conectan cooperativas de productores y consumidores de alimentos, en su mayoría orgánicos, donde participan más de 22 millones de ciudadanos. En México, sostiene, existe un registro de un millar de experiencias locales, de inspiración ecológica, realizadas por empresas sociales, casi todas indígenas, distribuidas principalmente por el centro y sur del país.

Las economías sociales-solidarias, y su enorme cantidad de expresiones, nos permiten vislumbrar nuevas posibilidades civilizatorias y sistémicas más acordes con la vida buena y digna, en donde el trabajo se convierte en fuente de vida para los trabajadores y sus familias, y en donde la inclusión y la igualdad forman parte de sus prácticas, a pesar de sus defectos y limitaciones. El caso de la cafetería Capeltic, cooperativa tseltal perteneciente al grupo cooperativo Yomol A´tel de Chiapas, en una muestra muy cercana en nuestro propio entorno “Itesiano” sobre el proceso para construir otros mundos posibles.

¿Tienes algún comentario o duda? Contacta al autor: jguillermo@iteso.mx
0

El relator y el informe sobre el derecho humano al agua en México

Por: Dr. Carlos Peralta Varela

Entre el 2 y el 12 de mayo del presente estuvo de visita en México el Sr. Léo Heller, relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento. Su visita fue corta, pero y sobre todo, acotada. Académicos del ITESO lo invitamos a visitar Jalisco ya que existen graves problemas de contaminación en los ríos de la entidad, conflictos por el agua en diferentes regiones (entre ellas los altos de Jalisco) ligados en algunos casos a intereses por inversiones multimillonarias, como la presa El Zapotillo y el acueducto concesionado a la empresa Abengoa (que llevaría el agua del río Verde hasta la ciudad de León), y entre otros, graves problemas de salud relacionados con el saneamiento del agua en la ribera de Chapala, específicamente nos podemos referir a San Pedro Itzicán y la comunidad de Agua Caliente en donde viven centenares de personas con enfermedades renales. Fue lamentable enterarnos que vendría a nuestro país y que visitaría en forma oficial únicamente la Ciudad de México, Veracruz y Chiapas.

Por otro lado, un grupo amplio y muy relevante de organizaciones y redes de la sociedad civil, entre las cuales se encuentran (tan sólo por mencionar dos de ellas) la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, tuvo el acierto de elaborar el Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en México, 2017 (Informe DHAyS)[1], mismo que lograron comentar y entregar al relator con la intención de ofrecerle un panorama más amplio y complejo sobre las diversas problemáticas relacionadas con el agua en nuestro país.

El Informe es relevante, implicó un esfuerzo de varios años para documentar distintas fórmulas en que el Estado mexicano viola el derecho humano al agua y al saneamiento. Inicia dando cuenta del contexto nacional de disponibilidad y cobertura del agua potable y saneamiento. Posteriormente expone las distintas políticas y modelos de gestión del agua en México. Pero y como bien lo enuncia la COMDA,  la parte fundamental de este documento da cuenta de las distintas estrategias que el Estado mexicano ha implementado para impulsar políticas públicas que buscan la privatización del agua, con las cuales se privilegia a grandes empresas vinculadas a la industria extractiva y de megaproyectos.

En el informe nos invitan a tomar en cuenta que México se ha comprometido a implementar la Agenda 2030 de la ONU, cuyo Objetivo número 6 busca “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. Pero cumplir con este propósito se aprecia difícil y para ello tan sólo una reflexión: en México se mide el acceso al agua en términos de “agua entubada” lo cual en realidad es medir infraestructura, no acceso real, continuo, suficiente, de buena calidad y asequible. Esta lógica de medir acceso al agua está muy lejos de “considerar los problemas existentes tanto de continuidad en el servicio como de la calidad del agua que se obtiene” (Informe DHAyS: 14). En otras palabras, más del 90% de los hogares en México pueden tener acceso a tuberías, pero no a un abasto continúo de agua potable.

En la medida que a partir de una visita tan acotada el relator no hubiera logrado identificar la diversa problemática del agua en el país, cobró mayor importancia que se elaborara desde la sociedad civil, un informe que ofrece una mirada crítica, amplia y compleja sobre el derecho humano al agua y al saneamiento en México. Este tipo de trabajos vale la pena difundirlos y conocerlos.

 

[1] El informe completo se puede descargar de la página de la COMDA, en la dirección: http://www.comda.org.mx/informe-sobre-violaciones-a-los-derechos-humanos-al-agua-potable-y-al-saneamiento-en-mexico/

 

0

Las simplificaciones de un simplificador. Ideas a vuelo de pájaro

Autor: Enrique Luengo González, académico del CIFOVIS e interesado en temas de Complejidad

Hace unas semanas tuve la oportunidad de asistir al Primer Congreso Mundial sobre Pensamiento Complejo cuyo tema era el pensar posibilidades o alternativas de respuesta para los problemas globales que enfrentamos los habitantes de nuestro deteriorado planeta. Sin rodeos, se puede decir que se invitaba a pensar complejamente, lo que se opone a pensar simplificadamente. Pensar complejamente es, entre otras cosas, abrir una serie de vías nuevas que nos conduzcan a actuar a los humanos teniendo presente nuestro destino común, es un hecho que ningún país o región del mundo se salvará sólo, tal como está quedado demostrado con los problemas derivados de gases invernadero, los flujos migratorios, las amenazas nucleares, el deterioro o agotamiento de los mantos acuíferos, la contaminación galopante de la atmósfera y los mares, entre otras cosas. Por ello, el concebir a la humanidad con un destino común invita a los acuerdos, a la cooperación humanitaria, a la solidaridad, el respeto al derecho internacional, etc.

Paradójicamente, en lugar de avanzar en nuevas y creativas soluciones así como acuerdos colectivos para responder a los desafíos mundiales como los anteriormente mencionados encontramos ideas y políticas que van de regreso a viejas y mal logradas respuestas. El ejemplo más patético es lo que ahora está sucediendo en Estados Unidos de Norte América, que en lugar de asumir los problemas en su complejidad, se simplifican la formulación de los problemas, con lo que, a su vez, se simplifican sus respuestas.

Lo que pasa con las pobres argumentaciones en nuestro vecino país del norte es revelador. La simplificación consiste en pensar en que medidas draconianas y prohibitivas de la migración ofrecerán mayor seguridad al país, cómo si el país fuera un sistema cerrado y sus propias medidas no incrementaran la beligerancia y violencia de los grupos radicales internos o externos contra sus propios habitantes, instituciones o empresas. También, es una simplificación el pensar en la migración mexicana o centroamericana sin papeles como delincuentes o criminales; pensar que la disminución de las regulaciones medio ambientales para la industria facilitaría el desarrollo económico (la naturaleza se deteriora y ello tiene costos económicos con el tiempo); pensar que una simple medición de las transferencias comerciales (importación/exportación) puede medir el complejo intercambio económico entre dos naciones pues se tendría que considerar lo que aportan los trabajadores explotados y sin seguridad social en aquel país, las ganancias de las corporaciones y empresas de servicio que se transfieren de México a EU, la balanza del turismo entre los dos países, los científicos y técnicos formados en México que ofrecen sus servicios en el país donde no recibieron su educación, etc.-.

Pudiéramos añadir que es una simplificación pensar que los hombres y mujeres “exitosas” económicamente, fungirán como políticos igualmente “exitosos”; que la situación del conflicto de medio oriente se solucionará escuchando o apoyando a una sola de las partes; que quien tiene poder político o económico define el rumbo de los no “exitosos”; que el cambio climático es una mentira de otros países para limitar la industria norteamericana. En fin, es una rotunda simplificación pensar que la verdadera realidad es la que yo percibo y que los que no piensan lo mismo que yo están equivocados.

El pensamiento simplificador tiende a dicotomizar, a polarizar, a ser maniqueo, tal como lo suele hacer el populismo. De esa manera, se suele movilizar a la población cuando se sienten estancadas o deterioradas en sus expectativas. El populismo trabaja particularmente en esos casos a partir de la violencia simbólica, es decir, mediante el acoso –acoso a lo latino, acoso a lo musulmán, acoso a los productos no “Made in USA”, acoso a las empresas que producen fuera del país, acoso a las lenguas extranjeras, etc.-. En una palabra, acoso a lo diferente.

 

0

Vivimos una verdadera crisis de Derechos Humanos

Por Carlos A. Peralta Varela

Todos los días aparecen noticias que tratan asuntos, algunos más graves que otros, ligados a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Esa es nuestra realidad y aunque no se lea los periódicos o no quieran escucharse los noticieros, las desapariciones, la discriminación, la violación a derechos laborales y muchas otras violaciones, son cotidianas y limitan o impiden una buena calidad de vida, así como la tan anhelada paz.

Un espacio de reflexión sobre las violaciones a diferentes derechos humanos se dio entre el 12 y 14 de octubre (2016), porque se desarrolló en la Universidad Loyola del Pacífico (en Acapulco, Guerrero), el XII Foro de derechos humanos del Sistema Universitario Jesuita. Este foro llevó por título “Memoria, Verdad y Justicia: la desigualdad presente”

No podría en tan breve espacio, hacer una síntesis de todo lo expuesto, por lo cual solo mencionaré algunos aspectos que me parecieron relevantes.

El padre Edwin Murillo Amarís S.J (de la Universidad Javeriana de Colombia), nos recordó que lograr la paz entre sociedades o comunidades requiere de un proceso activo en el cual debe trabajarse primero la reconciliación social y posteriormente la reconstrucción del tejido, aunque no necesariamente son etapas separadas. En cualquier caso debe tomarse en cuenta que no se lograrán avances en la reconciliación si las sociedades tienden a profundizar la desigualdad, la discriminación y atentan contra la dignidad de las personas. En este sentido debemos abrir por lo menos dos frentes de lucha, trabajar porque nuestra sociedad sea una sociedad decente, en la cual (según el autor Avishai Margalit) las instituciones no discriminen a las personas. Pero además debemos buscar que sea una sociedad civilizada, entendiendo por ello que las personas no humillen o discriminen a otras personas.

En continuidad con esta perspectiva la Dra. Rocio Enriquez afirmó en su exposición que uno de los retos más relevantes para México es afrontar la creciente desigualdad y trazar vías de acción hacia un país más justo. Esto es relevante porque existe un círculo de vida perverso entre la pobreza, desigualdad y justicia social. Debemos tener muy presente que si bien es evidente la desigualdad económica, también existen las desigualdades: social, cultural, política, territorial, entre otras, que limitan la posibilidad de justicia social, propician la violación a derechos humanos y confirman que padecemos una sociedad indecente e incivilizada.

Casos extremos donde apreciamos (y verificamos) la existencia de esta sociedad indecente se identifican en cada una de las historias de los familiares que buscan a sus desaparecidos. En otro de los paneles del foro, que trató el tema de desapariciones, Juan Carlos Trujillo de la Asociación “Familiares en búsqueda” y Adriana Bahena de la agrupación “Los otros desaparecidos de Iguala” (que busca a 500 desaparecidos tan solo de Iguala), narraron sus desgarradoras experiencias en la búsqueda, que al parecer, inevitablemente pasan por la falta de interés, la incapacidad o falta de apoyo de las procuradurías.

Se mencionó también en el foro que la desaparición forzada (la que realizan corporaciones policiacas, fuerzas militarizadas o servidores públicos), ahora es usada como un mecanismo de control social, como para el caso de los migrantes (desviar las rutas de paso) y para controlar algunos movimientos sociales. En algunas partes de la república esta acción ilegal forma parte de una estrategia y por ello se pretende invisibilizarla.

Por su parte y para cerrar el foro, Emilio Alvarez Icaza realizó varias afirmaciones relevantes. Observó que los derechos humanos deben ser tutelados tomando en cuenta las necesidades específicas de cada comunidad. Si bien todos tenemos los mismos derechos, requerimos de apoyos especiales para poderlos ejercer en igualdad de trato. Por ejemplo, en relación al derecho humano al agua, no es lo mismo abrir la llave y tener agua, que tener que caminar varios kilómetros para acceder al agua. Otro aspecto destacado fue el relativo a que en esta administración federal se han dedicado a descalifica a los defensores y relatores de derechos humanos internacionales, por ejemplo Juan Mendez, relator de la ONU en relación a la tortura, que fue descalificado por la cancillería mexicana. Pareciera que desde la perspectiva gubernamental es más relevante una mala imagen expuesta a nivel internacional, que la existencia de una crisis de derechos humanos en el país.

Concluyo está muy breve reflexión sobre el foro mencionando que en este contexto se entregó el Reconocimiento Tata Vasco. Cada dos años las universidades jesuitas entregan este reconocimiento a destacados defensores de derechos humanos y en esta ocasión fue otorgado a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos, desaparecidos hace dos años. Otorgar el reconocimiento a este colectivo fue un acto de respaldo ético y de solidaridad, una forma de afirmar que la búsqueda de sus hijos es una búsqueda compartida por los integrantes de las universidades jesuitas en este país.

 

0

Un trato de indolencia

“Un trato de indolencia, de un papel  más, porque para ellos eso son las personas que desaparecen, un papel más que archivan” – Madre de desaparecido

 Más de 26 mil desaparecidos según las cifras oficiales: 73.1% de los casos son hombres; mientras que el 27.9% restante, se trata de mujeres.

El derecho a la libertad personal, a la integridad, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica; son algunos ejemplos de los derechos humanos violados, en el caso de las personas desaparecidas. Sucede de igual manera con los familiares de las víctimas, a quienes su lucha por devolver el rostro y nombrar a su familiar; su participación exhaustiva de las investigaciones ante la falta de respuestas claras por parte de las autoridades, responde a la exigencia de hacer valer su derecho a la verdad y a la justicia.

El pasado 15 de enero de 2016 Amnistía Internacional presentó el informe “Un trato de indolencia”: La respuesta del Estado frente a la  desaparición de personas en México. En este documento se presenta el caso de la  desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la crisis de  desapariciones forzadas en Cuauhtémoc, Chihuahua. Territorios  geográficamente distantes, pero que evidencian la magnitud a la que  pueden llegar las desapariciones en nuestro país; las formas de reacción del  Estado mexicano frente a este tipo de delitos y las afectaciones de los  derechos humanos de las víctimas.

Durante la presentación del informe; el director de Amnistía Internacional, Perseo Quiroz, exhortó al gobierno de Jalisco a atender las recomendaciones de la organización: una búsqueda inmediata, tipificar los delitos de desaparición forzada e integrar a la sociedad civil en los procesos de búsqueda para no revictimizar a los familiares de las personas desaparecidas. Finalmente, Amnistía Internacional instó a detener el delito de la desaparición forzada: una de las más graves violaciones a los derechos humanos puesto que representa una forma de tortura.

Artículo publicado en voces ITESO.

Bibliografía:

Amnistía Internacional. (2016). Un trato de indolencia”: La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México. 20 de enero de 2016, Amnesty International Publications. pp. 5-6 Disponible en: http://amnistia.org.mx/nuevo/wp-content/uploads/2016/01/AMR_4131502016_SP.pdf

Hernández, P. (16 de Enero de 2016). Exige AI resolver los casos de desaparición en México. 20 de enero de 2016, de El Diario NTR Sitio web:http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=27333

0

Solidaridad campesina en México: el caso de la ACDRA

Por: Guillermo Díaz Muñoz

“Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje, porque toda la cosecha de cebada sta asoleándose en el solar”. Juan Rulfo, “Es que somos muy pobres”, cuento de El Llano en llamas.

Como augurio de Juan Rulfo, México se ha convertido en una tragedia nacional, un escenario de barbarie que alcanza su clímax con los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecidos desde fines de septiembre de 2014. Con toda su rudeza, se trata apenas de la punta del iceberg dado que algunos cálculos señalan que en este país existe más de 22 mil desaparecidos y más de 100 mil muertos desde fines del año de 2006 a la fecha, producto de la guerra contra el crimen organizado emprendida por el Estado mexicano. De ahí que el propio Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada, al presentar sus recomendaciones al gobierno mexicano en febrero de 2015, sostenga que las desapariciones forzadas en México son generalizadas y que la mayoría de ellas quedan impunes. En contrapartida, además de las múltiples manifestaciones masivas de repudio de la sociedad mexicana ante esta violencia estructural, numerosos grupos campesinos, indígenas y urbano-populares en todo el territorio nacional construyen día a día alternativas solidarias de diversos tipos. Es el caso de la Alianza Ciudadana para el Desarrollo Regional Alternativo en el sur del estado de Jalisco (ACDRA-SURJA), organización social de tipo territorial cuyo origen se remonta hacia fines de la década pasada. Esta organización surge por una iniciativa de una vinculación universitaria del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) con el fin de articular las numerosas prácticas colectivas presentes en el sur de Jalisco desde la perspectiva de la construcción de alternativas al desarrollo territorial dominante en dicha región. La presente colaboración es parte de los productos derivados de esta asesoría y acompañamiento del ITESO, mediados por un proceso de Investigación Acción Participativa. De esta experiencia de solidarismo popular damos cuenta en el presente capítulo, partiendo de un acercamiento al modo de vida campesino en México para posteriormente compartir la experiencia de la ACDRA en sus diversas dimensiones ciudadanas tomando en consideración los modos de vida, las prácticas culturales y los valores que han venido animando a la organización desde sus orígenes.

LEER EL TEXTO COMPLETO

0

Un asomo al otro lado

Por: Iliana Martínez, Académica del CIFS-ITESO

El presente ensayo visual se construyó a partir imágenes tomadas en diversos viajes a Nogales, Sonora, México; Tucson, Arizona y Los Ángeles, California, EUA. Esto como un proyecto de investigación que se impulsa desde el Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) del CIFS buscando aprender de los interesantes proyectos que impulsan las comunidades migrantes en México y Estados Unidos.

La intención de la selección visual es compartir algunas de las “vistas” que me llamaron la atención, como la frontera en Nogales, la zona de McArthur Park, el barrio de Boyle Heights y el centro de Los Ángeles. Todos estos espacios se encuentran fuertemente relacionados con la población migrante y los movimientos sociales que luchan por sus derechos. A nivel cultural hay una presencia muy rica de las comunidades mexicanas en algunos casos en particular de la jalisciense, como en el caso de la plaza del Mariachi.

Los y las invito a que las miren con ojos curiosos.

Visíta la fotogalegía: http://on.fb.me/1FFFjxK

 

0