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Miryam Mancha cuenta su experiencia en el CIFS

Mi nombre es Miryam Marlene Mancha Moreno, soy estudiante de noveno semestre de la carrera de ingeniería ambiental. Entré al Centro de Investigación Social (CIFS) hace año y medio y a lo largo de este tiempo me he involucrado en temáticas que abordan la ecología política y la agroecología. Por lo mismo he trabajado muy de cerca con investigadores de este departamento como Laura Velázquez y Jaime Morales.

Con base en mi experiencia puedo decir que trabajar como becaria en el CIFS me ha abierto muchas oportunidades de investigación que me han hecho crecer como persona y como futura profesionista.

Una de las vivencias que más me ha marcado es el trabajo que he tenido con los agricultores que se encuentran en zonas de vulnerabilidad (tanto social, económica, ambiental y culturalmente hablando) los cuales, a pesar de las adversidades que enfrentan día con día, son un claro ejemplo de personas perseverantes que logran salir adelante.

Lo que más admiro de ellos es que no se doblegan ante cualquier circunstancia o persona(s) que atañen contra sus valores e ideologías. Buscan un bien para ellos y su familia sin dejar a un lado el ambiente y todo lo que los rodea.

Meterte al campo significa ver la realidad de nuestro país reflejada en una crisis de pobreza y marginación. Sin embargo, estos agricultores han propuesto alternativas agroecológicas que han ayudado a defender su territorio y exigir su libertad. Además encaran las problemáticas que son creadas por acciones decididas desde la ciudad.

Al principio creí que el trabajo con los agricultores se iba a basar en enseñarles la parte técnica para hacer más eficiente su agrosistema y mejorar la calidad de sus productos pero ocurre todo lo contrario; ellos son los que te van enseñando sobre el trabajo del campo, las realidades a las que se enfrentan y el valor de las cosas.

En pocas palabras me han enseñado y demostrado el verdadero significado del esfuerzo, la libertad y la felicidad.

Facebook: Miryam Mancha

Correo: miryam.mancha04@gmail.com

¿Podrá Blim hacerle sombra a Netflix?

“A finales de febrero Televisa anunció con bombo y platillo el lanzamiento de una plataforma de contenidos “a la carta” que por sus características parece una especie de versión tropicalizada de Netflix”

Por Bernardo Masini

Profesor de asignatura en el Departamento de Estudios Socioculturales

Presidente del Capítulo Jalisco de la Amedi

masini@iteso.mx / @BernardoMasini

 

A finales de febrero Televisa anunció con bombo y platillo el lanzamiento de una plataforma de contenidos “a la carta” que por sus características parece una especie de versión tropicalizada de Netflix. La comunidad internauta reaccionó de inmediato: desde ese mismo día fluyeron los memes y las bromas en las redes sociales sobre las expectativas que generó ese producto llamado Blim. De manera demasiado simplista mucha gente espetó que si no nos gustar ver al Chavo del Ocho o a Rosa Salvaje gratis, con menor razón pagaríamos 109 pesos mensuales por ello.

El asunto es más complejo, y se explica un poco mejor si entendemos la aparición de Blim en el marco de un proceso abierto e inminente en la industria mexicana de las telecomunicaciones: la instalación de la multimencionada red compartida. Desde el primer semestre del año pasado ya somos más los mexicanos con acceso a internet que aquellos que no cuentan con esta herramienta. Pero persisten muchas lagunas en términos de la frecuencia de su consumo. En primer lugar todavía hay que acercar el internet a alrededor de cincuenta millones de personas; y además falta que tanto ellos como quienes ya lo utilizan lo hagan de manera regular. Solo 61% de los usuarios accede a la red todos los días según datos publicados por la organización WeAreSocial en enero de 2016. Ello permite concluir que en términos redondos solo la tercera parte de la población del país utiliza internet cotidianamente. Por eso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), junto con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), administran la licitación de una red complementaria de la infraestructura ya existente. Como su nombre lo dice será “compartida” por el Estado mexicano y un proveedor privado que deberá ganar un concurso en abril. Si todo fluye conforme a lo planeado, dentro de dos años esa red proveerá de señal 4G a al menos treinta millones de personas más.

Televisa está al tanto de ese proceso, y en la medida de sus posibilidades ha adaptado su modelo de negocios a esa nueva realidad. Contra lo que la mayoría de la gente cree, su principal fuente de ingresos dejó de ser la televisión abierta desde hace unos años. El consorcio de Emilio Azcárraga acapara alrededor del 72% del mercado nacional de la televisión restringida (y no fue declarado actor preponderante por el IFT). Junto a ello, continúa diversificando sus servicios en línea. Blim no se limitará a telenovelas y temporadas del Chapulín Colorado: presentará en exclusiva series inteligentes, elaboradas con talento mexicano y extranjero. En pocas palabras, los espacios para la aparición de nuevos tipos de contenidos que algunos hemos reclamado durante años van a llegar paulatinamente. No todos dependerán de Televisa ni de su plataforma Blim, pero algo propositivo tendrá que colarse también por ahí. Esos nuevos contenidos compartirán espacio con películas mexicanas y extranjeras, algunas de las cuales a la fecha no están disponibles en Netflix (v. gr. las de la época de oro del cine mexicano).

Más allá de los derroteros por donde fluya este momento histórico, y de la calidad de lo que se vierta en esos nuevos espacios (demos por hecho que habrá bastante paja junto a las pepitas de oro); los signos de los tiempos son muy claros. En el próximo lustro ocurrirá con los medios audiovisuales algo como lo que ocurrió hace diez años con la telefonía celular, que un buen día rebasó a la telefonía fija. Ello dejará fuera de la jugada solamente a quienes no sean capaces de mutar. Nos guste o no, Televisa está mostrando capacidad de reacción. La televisión abierta no va a desaparecer, pero su mercado se volverá pequeño, circunscrito. Televisa seguirá participando en él, incluso si un buen día no lo domina. Pero su apuesta fuerte ya está en el mundo de las telecomunicaciones, donde es proveedor de servicios… y también lo será de contenidos.

Blim aparece en 2016 para disputar un mercado que ya cuenta con cinco millones de clientes en México. De ellos, tres millones son suscriptores de Netflix. Las estimaciones de los especialistas calculan que ese universo se va a duplicar en tan solo dos años. En 2018 se habrán incorporado personas de todas las clases sociales y de todas las edades, con lo que se diluirán los prejuicios sobre que estos consumos son propios de jóvenes de clase media y alta. En tal escenario habrá demanda para lo viejo y para lo nuevo; para las telenovelas clásicas y para las series anglosajonas de moda. Los proveedores ya están listos para ofrecer. Los ciudadanos –que no solo consumidores –, ¿estamos listos para exigir?

 

 

En RED: Educación Intercultural Comunitaria

III Encuentro General de Centros Educativos Interculturales Comunitarios Wixáritari y Na’ayerite

Samaria Alonso. Colaboradora del Programa Indígena Intercultural

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(Asistentes al Tercer Encuentro General de la Red)

 RED de Centros Educativos Interculturales Comunitarios Wixáritari y Na’ayerite, así se denominan desde hace tres años un conjunto de bachilleratos y secundarias, de los estados de Durango, Jalisco y Nayarit, tras participar en enero de 2014 en un encuentro convocado por el Programa Indígena Intercultural del ITESO (PII).

La idea de los profesores de nombrarse RED surge tras percatarse que sus proyectos educativos coincidían en la necesidad de adecuar la educación oficial a su contexto cultural, social y económico. Por lo tanto, decidieron unir esfuerzos para trabajar de manera conjunta en la propuesta de un modelo educativo intercultural comunitario. Acordaron además, llevar a cabo encuentros deportivos y académicos con la intención de fortalecer las relaciones entre los diferentes centros. Actualmente son ya siete bachilleratos y dos secundarias quienes integran la red[1].

Desde 2014, se ha llevado a cabo un encuentro general por año, todos en el mes de enero. El correspondiente al 2016, se efectuó el 25 y 26 de enero como resultado de un acuerdo en una reunión de directivos en noviembre de 2015, quienes también propusieron la agenda del encuentro. Si bien el PII ha acompañado cada una de sus reuniones y distintos procesos, son los profesores de cada uno de los centros quienes toman las decisiones. Para muestra de ello, la sede de los encuentros anteriores había sido en las instalaciones del ITESO y el Centro de Espiritualidad (CESP), es decir, todo en Tlaquepaque. Sin embargo, en esta ocasión decidieron que las actividades fueran en Tsikwaita (San Miguel Huaixtita). Lo significativo de este lugar, es que es ahí donde inicio hace 21 años Tatuutsi Maxakwaxí, es decir, la primera secundaria de la red.

Durante dos días los maestros y asesores del Programa, además de convivir y disfrutar trabajaron diversos temas: revisión curricular, la descripción de las áreas que definirían su propuesta de modelo educativo, en el diseño de un logo y un nombre que identifique la RED y en la formación de comités de gestión y comunicación. Asimismo, se estableció la agenda de 2016, entre las decisiones están: una reunión de los comités de gestión y comunicación (febrero), un encuentro deportivo (marzo) y una reunión de los profesores de la materia de cultura (mayo); de igual manera, se concluyó en la importancia de diversificar la manera de colaborar entre las escuelas, tanto en apoyos al interior de las mismas (infraestructura, inmobiliario) como apoyos generales para la RED.

En este tipo de encuentros queda de manifiesto la iniciativa de y desde las comunidades para desarrollar e implementar el tipo de educación que el contexto exige, porque aunque 5 centros pertenecen a la cultura wixáritari y 3 a la na’ayeri, las realidades al interior son diferentes; y no se puede enseñar pasando por alto la diversidad cultural y social.

Aunado a lo anterior, está el interés compartido de mostrar las realidades de los pueblos indígenas pero desde su propia voz. En una de las actividades de comunicación se llegó a la conclusión de que si bien no son todas las noticias, la mayoría de ellas muestran una concepción negativa de la educación indígena. Durante una de las actividades, una de las colaboradoras del Programa, luego de mostrar un encabezado que decía “Destacan escuelas indígenas… ¡en retraso educativo!”[2] Preguntó a los maestros ¿es así la educación que dan? Al unísono todos respondieron que no. Se está diseñando entonces, una estrategia de comunicación que facilite a los profesores y miembros de la comunidad a emitir su propia versión e información.

Si quieres saber más sobre los encuentros pasados, visita:

http://www.iteso.mx/en/web/general/detalle?group_id=58135

https://blogs.iteso.mx/cifs/2015/02/03/ii-encuentro-de-la-red-de-centros-educativos-interculturales-y-comunitarios-wixaritari-y-naayerite/

Síguenos también en Facebook para que estés al tanto de los eventos de la Red:

Red de Centros Educativos Comunitarios Wixáritari-Na´ayerite

Y si quieres estar más informado sobre noticias de los pueblos indígenas visita:

Programa Indígena Intercultural-ITESO (Facebook)

Finalmente en este link

https://www.youtube.com/watch?v=nSXF-01xDPA

 

[1] El surgimiento de nuevos centros educativos se ha visto fortalecido por el acompañamiento de algunas escuelas que en su momento tuvieron complicaciones para obtener el reconocimiento oficial.

[2] Puedes consultar esta nota en: http://www.informador.com.mx/jalisco/2009/110586/6/destacan-escuelas-indigenas-en-retraso-educativo.htm

 

La desaparición forzada, nada que celebrar

José Bautista Farías[1]

¿Quién consideras que es el principal responsable de las desapariciones forzadas?, para el 41% de los encuestados el gobierno y las organizaciones criminales, para el 40% las organizaciones criminales y un 14% el gobierno. Revela una encuesta nacional de Parametría[2] sobre el tema. El sólo hecho de que aparezca el gobierno como uno de los responsables de este delito nos advierte que algo anda mal en nuestro sistema de gobierno. El 87% de las personas encuestadas refiere que en México sí existen las desapariciones forzadas contra un 3% que negó su existencia y un 10% que dijo ignorarlo. Según Ximena Antillón, de Fundar, en el país existen más de 22 mil casos documentados de desapariciones en el país, más de 12 mil ocurrieron en la pasada administración federal y bajo el actual gobierno se registraron más de 9 mil desapariciones bajo este esquema.

Para algunas personas puede resultar paradójico que el 30 de agosto haya sido declarado el “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, ¿A quién se le ocurrió semejante atrevimiento?, ¿acaso los gobiernos no deberían de ocuparse de que esto no ocurra?, ¿de qué magnitud es este problema para que la ONU tome cartas en este asunto? Según un estudio de la ONU en el mundo se contabilizaron más de 43 mil casos de desapariciones. México es el país de América Latina más cuestionado en este tema a raíz de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre de 2014. De los 195 países del mundo, solamente 46 han ratificado la declaración sobre desapariciones forzadas, entre ellos México. En un informe del alto comisionado de la ONU (feb/2015) concluyó que “la impunidad por las desapariciones en México, al igual que la tortura y el uso de la violencia por parte de las fuerzas federales, eran una práctica esparcida por todo el territorio de manera generalizada”. La cancillería mexicana negó dicho informe bajo el argumento de que en el diagnóstico presentado existían inexactitudes estadísticas.

Para Luis Raúl Gonzáles Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el país no tiene la posibilidad de dimensionar el verdadero problema de las desapariciones forzadas, en virtud de que se adolecen de bases de datos confiables y actualizados para determinar con certeza el número de casos imputables a las autoridades del Estado y distinguirlos de aquellos que son responsabilidad de particulares (La Jornada, 27/08/15).

Lo que sí se sabe es que las desapariciones forzadas es un fenómeno que va en ascenso en varias partes del mundo; que es un método utilizado por gobiernos y grupos criminales con el fin de infundir temor y someter a las y los ciudadanos. Se conoce que en su origen fue ejercido por las dictaduras militares y que actualmente se usa como medida de represión política de los oponentes. También se sabe que es usado principalmente en contra de los defensores de derechos humanos, los parientes de las víctimas y sus abogados, los periodistas, entre otros y que la impunidad que impera en algunos países favorece su práctica.

Según datos de Amnistía Internacional desde 2007 en México han desaparecido cerca de 25 mil personas, la mitad de éstos durante el actual gobierno. En Jalisco, el Registro Nacional de Personas Desparecidas y Extraviadas, establece que hay más de dos mil 160 personas desaparecidas. De acuerdo con integrantes de “Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco” (FUNDEJ) no se han visto resultados a la fecha por parte del Área de Búsqueda de Desaparecidos de la Fiscalía del Gobierno de Jalisco (La Jornada Jalisco, 31/08/15).

Dentro de las acciones que actualmente se impulsan por parte de organismos civiles y el gobierno federal para hacer frente a este problema destacan: una nueva ley sobre desapariciones forzadas, la actualización del registro nacional de personas desaparecidas y extraviadas, la creación de una fiscalía especializada en la materia y de un sistema nacional de búsqueda vinculado a un mecanismo trasnacional, entre otras acciones. Pero todo esto resultará en vano si no se ataca a fondo la impunidad, corrupción y convivencia de las autoridades con las organizaciones criminales que imperan en el país.

[1] Académico del Centro de Investigación y Formación Social del ITESO.

[2] La encuesta de Parametría se efectuó del 22 al 26 de agosto de 2014 con una muestra de 800 personas a nivel nacional realizada en viviendas, con un margen de error de +_ 3.5%.

Necesitamos una educación propia de indígenas para indígenas

HACÍA LA CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA RED EDUCATIVA PROPIA

Cómo ampliar la Red, en donde también quepan los otros niveles educativos; necesitamos una educación propia de indígenas para indígenas. Tenemos roces y choques porque no comprenden porqué seguimos nuestros  usos y costumbres.

Pedro Cayetano Carrillo, miembro de la Red.

Por: Alondra Barba, Colaboradora del Programa Indígena Intercultural.

La tercera y última actividad del año en la agenda semestral de la Red de Centros Educativos Interculturales Wixáritari y Na’ayerite, se realizó los días 13 y 14 de junio en la ciudad de Tepic, Nayarit; ésta fue socializada y diseñada desde los intereses y las necesidades enunciadas por los asistentes del II Encuentro de la Red, que se llevó a cabo a inicios del presente año dentro de las instalaciones de esta casa de estudios.

El Programa Indígena Intercultural (PII), del Centro de Investigación y Formación Social, acompaña desde hace 20 años los proyectos educativos interculturales autónomos de esta región, mismos que han sido concebidos, diseñados y puestos en marcha por las comunidades para dar respuesta a sus necesidades educativas, aquellas que no han sido escuchadas ni cobijadas por los programas educativos nacionales.

Ya en  notas anteriores, compartimos las experiencias de aquella primera actividad Deportiva y Artística en la comunidad duranguense de ‘Uweni Muyewe; y del Encuentro Académico entre estudiantes, en TateiKié, Jalisco; ambos pertenecientes al pueblo wixárika. Los directivos, profesores y alumnos  confirman que de estos primeros eventos se lograron estrechar lazos de amistad entre los participantes, tanto desde quienes colaboran en las escuelas, como de las autoridades locales y habitantes anfitriones: de manera relevante, enuncian que los intercambios desarrollados permiten identificar las similitudes y diferencias que tienen como culturas, e incluso por comunidades, de la misma región na’ayeri y  wixárika.

Ahora, ¿qué propósitos deparaban este tercer encuentro de socialización de la Red? En un primer momento, compartir la espina dorsal en materia académica de los centros; sus mapas curriculares,  mismos que siempre están en constante revisión y reformulación a fin de cumplir con las expectativas de egreso de sus estudiantes y las aspiraciones de sus comunidades; la actividad de exposición e intercambio no pretende unificar, sino entrelazar experiencias para compartir la diversidad de contenidos educativos que se imparten en cada centro.

Sumado a ello, el diálogo central fue expresar las ideas que trabajan cada bachillerato y los aprendizajes que los más experimentados tienen respecto a los nuevos grupos para abonar a la consolidación de cada proyecto; la exposición de necesidades, sumar alternativas sobre los apoyos que pueden alcanzar con esta Red: gestiones económicas, reconocimiento de validación oficial de estudios, y los avances fruto del logro de años de experiencia e intercambio con otros grupos y actores que también entretejen sus proyectos con los de estas escuelas.

A lo largo de sus tempranos dos años de enunciación como Red, se puede advertir que la misma abona a la construcción de una organización autónoma y solidaria entre sí, para que  juntos puedan ser un  referente educativo-cultural que innove y acompañe proyectos de esta índole; y no sólo a aquellos que en un futuro cercano pudieran sumarse a nivel media superior, sino los de aquellos centros instaurados en la región  de manera oficial, en todos los niveles, que no tienen ninguna intención de retomar las necesidades y propuestas de los pueblos y que por ahora continúan siendo integracionistas y limitan el pleno uso de sus derechos colectivos: “el sistema nacional nos quiere del mismo color cuando somos distintos, y hablo de nuestra región, no es lo mismo Presidio de los Reyes, que San Juan Corapa (comunidades na’ayerite), o Popotita y Bancos (de origen wixárika)”; argumentó Pedro Cayetano, director del Bachillerato Intercultural Muxatena, anfitriones de este tercer encuentro.

Complemento y fortaleza de quienes ahora buscan integrar este movimiento es reconocer que el proyecto de Red está en construcción, y que al parecer en cada encuentro hay más tareas pendientes;  las dificultades que se presentan, como las ausencias de otras escuelas, se espera sean superadas porque el camino será complejo, pero sin duda traerá consigo mejores alternativas a las actuales.

formacionsocial.iteso.mx

 

 

 

La Lucha por la defensa de los derechos humanos

Por: Rosa Gutiérrez
Foto: Ale Martínez

29 de abril de 2015.- Discriminación, criminalización de la protesta, represión, militarización, desapariciones forzadas, tortura, pobreza, desplazamiento forzado, migración, desigualdad e impunidad; son algunos de los temas que la OSC “CEPAD (Centro de Justicia para la paz y el Desarrollo) señala como preocupantes en su Informe sobre la “Situación de los Derechos Humanos Jalisco 2014”.

El Informe fue presentado ayer en Casa ITESO Clavigero. Como parte del panel estuvo Mario López, Académico Investigador sobre temas de Agua, del Centro de Investigación y Formación Social, quien comentó “Cada vez más el agua genera personas afectadas ambientales. La gestión del agua en Jalisco está plagada de violaciones comprobadas a los derechos humanos, como el caso del río Santiago, y ahora en los Altos de Jalisco con el trasvase de la presa El Zapotillo”, comentó.

“Sin la plena existencia del derecho a la protesta social, no se puede hablar de democracia. En Jalisco ha habido intentos legislativos para “regular” las marchas en el Estado. Es importante señalar que estas iniciativas comienzan a cooptar los derechos humanos y legalizan la represión de la protesta, donde asimilan las protestas sociales con conflictos, como una medida de cooptación para poder restringirlos” mencionó Cinthia Gabriela Ramírez, abogada del CEPAD.

“¿Por qué un Estado como Jalisco que alberga 10% de desapariciones a nivel nacional, pasa más de 10 días sin atender a los familiares de las personas desaparecidas? En Jalisco somos el segundo Estado con más desapariciones y el delito desaparición no está contemplado en nuestro código, a eso agregamos que de una denuncia, hay dos que no se presentan” expuso Darwin Franco, periodista e integrante de Fundej.

Para finalizar la presentación del Informe, Gerardo Moya Integrante del CEPAD, comentó “Estamos en una fase regresiva y de descomposición para la vigencia de los derechos humanos. En Jalisco no hay una sola sentencia por tortura, aunque la práctica de la tortura está comprobada en el Estado, y hay una impunidad generalizada por la ausencia de investigación de tortura que produce incentivos para que el Estado siga con ésta práctica”.

“La Declaración Universal de los Derechos Humanos, hace una apuesta a ser y estar en el mundo cuando dice en su primer artículo: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” Finalizó.

Más información del CIFS: formacionsocial.iteso.mx

La agroecología familiar como respuesta ante la crisis de empleo, alimentación y vivienda

Por Graciela Larios y Rosa Gutiérrez

La agroecología tiene una amplia gama de enfoques, pero aplica principios ecológicos en la producción de alimentos que generan una serie de beneficios a las personas habitantes de las comunidades. Éste es uno de los temas que maneja Jaime Morales Hernández del Centro de Investigación y Formación Social (CIFS) en el departamento de Programa de Ecología Política.

“Ante la crisis de empleo, alimentación y vivienda, volver a lo rural es una opción para las personas,  porque les permite tener trabajo y hogar, aparte de criar a sus hijos o hijas en entornos más agradables”, menciona Morales, quien estuvo como profesor invitado para dar un curso sobre transgénicos y agroecología en la Maestría en Agroecología en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en la Sede Antonio Machado de Baeza.

“La agroecología ha permitido el crecimiento de los vínculos entre personas agricultoras y consumidoras, ya que existen cooperativas de consumo, tiendas de productos orgánicos y mercados orgánicos, y ante la imposibilidad de contar con crédito, la gente ya no recurre a los súper mercados”, comenta Morales.

La agroecología en España

Jaime Morales menciona sobre la crisis por la que están pasando las sociedades europeas (Francia, España, Italia) que provoca el retorno de mucha gente de las ciudades al campo. Gran parte del alumnado de Morales en dicha Maestría son jóvenes  que regresan a las tierras de sus familias.

También hubo un incremento de alimentos escolares ecológicos en Andalucía. Las escuelas primarias del lugar pertenecientes al sistema público tienen programas de alimentación de productos ecológicos, lo que provoca el mejoramiento de nutrición en los niños y las niñas.

América Latina y el avance de la agroecología

Según Morales América Latina ha avanzando contundentemente el tema de agroecología, porque el crecimiento de la superficie de alimentos orgánicos aumenta el número de personas agricultoras. En diferentes países de esta región cuentan en sus políticas públicas el asunto de alimentos ecológicos.

“En Brasil, por ejemplo, el 30% de alimentos en los comedores de escuelas tienen que ser ecológicos. México por su parte, no tiene políticas públicas sobre el consumo de alimentos ecológicos y poseen una mirada cerrada en este aspecto que no ayuda y podría mejorarse” Finaliza.

Para saber más acércate a: cifs.iteso.mx

Facebook: CIFSITESO Twitter: @cifs_iteso

 

Una lógica que amenaza la agricultura

Por Alejandro Tiscareño. 08/10/2014.

El Dr. Paulo Petersen, quien vino desde Brasil hasta el ITESO para participar en las actividades del Foro de Soberanía Alimentaria, expuso el tema “La agricultura familiar y sus contribuciones a la soberanía alimentaria”.

El miércoles 8 de octubre en el Auditorio M, se llevó a cabo la conferencia magistral en la que Petersen reflexionó en torno al rol de la agricultura familiar.

Con el actual pensamiento hegemónico no se han reconocido las características del trabajo agrícola. La idea en contra es que este no tiene una lógica mercantil porque se enfoca en la producción de calidad, el fortalecimiento de la economía rural y la armonía con la naturaleza.

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2014 “Año Internacional de la Agricultura Familiar” y a pesar de no producir en exceso, sino para cubrir las necesidades, considerar características esenciales las comunidades rurales como el trueque y la diversidad de alimentos, esta se ve amenazada por el modelo hegemónico de producción que extrae en exceso los recursos naturales.

El modo empresarial que descompone el campesino “pues ocupa más recursos y entra en conflictos territoriales… ya que no pueden convivir vecinos con transgénicos contra los vecinos orgánicos”, explicó el brasileño.

Es urgente reconocer que la industrialización del campo quiebra con la naturaleza agrícola. La quiere controlar y manipularla a tal grado que el uso de pesticidas ha traído consecuencias como epidemias de maíz tóxico.

La agricultura se torna petrolera pues necesita de este para venderla y transportarla para satisfacer las necesidades del consumismo. Ahora se piensa como una actividad de expansión y acumulación de capital. Usa los territorios como espacio para producir. No trata de construir sociedades, ni mantener sano el ambiente.

Las campañas publicitarias de algunos imperios alimentarios tienen este tipo de lemas: “construir, para expandir”, “la soya no conoce fronteras”. El Dr. Paulo traduce que solo son evidencias de que su lógica busca expandirse, controlar y dominar con el objetivo de acumular recursos capitales porque si no quiebran.

Con este modo de pensar se observa la tierra como un espacio de extracción, donde la agricultura contemporánea no produce, solamente saquea. Y así, en función de este modelo, las consecuencias son claras: perdida de territorio, comida artificial y marginación de la gente.

Poder para hacer las paces

Por Gerardo Pérez Viramontes

En muchos contextos, al hablar del poder, vienen a la mente imágenes de las autoridades que gobiernan, personajes con enormes riquezas o situaciones donde se utiliza la fuerza para imponerse sobre los demás. Esta manera de pensar el poder impide desarrollar la imaginación moral que se necesita para consolidar relaciones pacíficas. Como personas y como sociedad, tenemos capacidades para hacer la paz, pero necesitamos darles poder.

Con estas preocupaciones, los integrantes de la Red Iberoamericana de Investigadores para la Paz Imperfecta nos reunimos del 17 al 19 de septiembre en Granada-España, para reflexionar qué significa y cómo se ejerce en el día a día el empoderamiento pacifista. Tomando en cuenta que la paz (o las paces para ser más exacto) se construye de múltiples formas, en miles de circunstancias; intentamos reconocer los mecanismos y espacios de poder que las personas utilizan para transformar positivamente la conflictividad que nos relaciona con los demás.

El poder no es un atributo o propiedad de quienes están en algún puesto público (de forma legítima o no) o de quienes poseen riquezas. Tampoco tiene que ver solo con la violencia, la fuerza o la imposición. Gracias a Michel Foucault podemos afirmar que el poder está diseminado por todas partes, puesto que nos constituye como personas y está inscrito en nuestros cuerpos. La forma como está organizada la sociedad, las normas disciplinarias con las que coordinamos nuestras acciones, los discursos con los que definimos los hechos y las realidades, las maneras como hacemos uso del tiempo o el espacio, los saberes a través de los cuales resolvemos problemas del entorno…; son otras tantas modalidades como el poder configura nuestra vida en relación con los demás.

Sin embargo, para ejercer ese poder de la vida en sociedad, desde la perspectiva de una paz imperfecta se plantea:

1) la necesidad de cambiar muchas de nuestras formas tradicionales de pensar (hacer un giro epistemológico) sobre asuntos que hemos establecido como verdades: ¿Puede el estado hacer uso de la violencia legítima? ¿El hombre es un lobo para el hombre? ¿El poder corrompe a las personas?

2) la importancia de pensar la paz en una escala humana (imperfecta), es decir, reconociendo que en la vida cotidiana proliferan acciones pacíficas de diversa índole, en torno a los cuales se dan algunos hechos de violencia, y que contamos con múltiples mecanismos culturales y biológicos para regular y transformar positivamente la conflictividad.

3) lo relevante que resulta identificar y potenciar las mediaciones que existen o que podemos poner en marcha para de-construir la violencia y a convivir en paz (formas organizativas, normas, discursos, espacios, saberes ancestrales y científicos, políticas, etc.).

En este marco, las ponencias presentadas en el Seminario plantearon cómo se va consolidando empoderamiento pacifista a través de la gobernabilidad democrática, en las luchas de quienes defienden el maíz nativo, cuando se reconocen políticamente las potencialidades de las mujeres, en situaciones donde la población ha sido desplazada por la violencia, al formular una visión alternativa de la historia oficial, en el entorno de partidos políticos netamente indígenas, al definir o establecer políticas públicas.

Como saldo de los debates quedó claro que, de acuerdo a los contextos específicos (Caracas, La Paz, Bucaramanga, Buenos Aires, Guadalajara, Aguascalientes, Granada, Vitoria o Castellón…), empoderarse de manera pacífica significa impulsar procesos de cambio, constituirse como agente social, recuperar la memoria histórica, intercambio de saberes, defensa de territorios, mandar obedeciendo, construir consensos, trabajar por la justicia transicional, gobernabilidad, deconstrucción social del enemigo, intersubjetividad, autonomía, educación para la paz, desarrollo de capacidades, toma de conciencia…

De esta manera, constatamos que el poder está diseminado por todos los espacios que conforman el conglomerado social y casi no tiene nada que ver con imposición, violencia, riquezas o autoridad. El giro epistemológico que supone pensar el poder para construir procesos pacíficos demanda introducir la idea de libertad, en el concepto mismo de poder, para darnos cuenta del enorme potencial de capacidades con el que contamos los seres humanos para hacer las paces.

 

Censura y control de las prácticas democráticas

Censura y control de las prácticas democráticas

Editorial por Alejandro Tiscareño

Criminalización del derecho a la libre expresión

Hay varias prácticas que contribuyen al desarrollo de la democracia en una sociedad, como la protesta social y los derechos a la libertad de expresión e información. El tres de mayo se celebró el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Derecho fundamental para la calidad del debate en temas de interés público.

Esta labor se ha visto amenazada de distintas maneras ya sea por asesinatos a periodistas, la precariedad laboral de los/as mismos/as y la dependiente relación entre el Gobierno y medios de comunicación (tendientes a una lógica de carácter mercantil). Según las organizaciones Artículo 19 y Comité para la Protección de Periodistas, en México han sido asesinados 31 periodistas de 2010 a la fecha, así lo publicó el portal de noticias Animal Político, http://bit.ly/1s7Pbav.

Pero esta no ha sido la única práctica entorpecida por el sistema. En abril de este año, circularon numerosas publicaciones en redes sociales en contra de la Ley secundaria en Telecomunicaciones (telecom) propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto. Muchas personas se manifestaron en la web con el “trending topic” mundial en twitter: #EPNvsInternet, como lo publicó el periódico El Informador, http://bit.ly/1qjh2sC. El movimiento saltó a las calles de ciudades como Guadalajara, Hermosillo y Ciudad de México en la #MarchaContraElSilencio.

La ley Telecom, “además de atentar contra la libertad de expresión y el acceso a tecnologías de información, otorga al gobierno la posibilidad de censura, le resta autonomía al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) y quita fuerza a la democratización de la información”, explicó José Bautista Farías, académico del Programa de Empoderamiento y Conflictividad del CIFS.

La manifestación es un derecho humano

En México “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público” según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2012, Artículo 6.

En Jalisco el PAN lanzó una propuesta para “regular” marchas a principios de 2014, “que en lugar de garantizar los derechos humanos, los limitaría, de acuerdo con la nota de Reporte Índigo. Esto es un retroceso al ejercicio de los derechos humanos, comenta Carlos Peralta, Coordinador del Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz, porque el Estado tiene la obligación de garantizar, promover y proteger como la libre expresión y la manifestación.

Acciones de cambio

Conforme a Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la implementación de medidas de protección a periodistas, la intolerancia a la impunidad, los derechos de manifestación, libertad de expresión y el acceso a la información.

Nuestra ciudadanía también tiene la obligación de informarnos, exigir al gobierno que garantice nuestros derechos, denunciar violaciones a Derechos Humanos y tomar acciones para hacerlos ejercerlos y hacerlos valer.

Te invitamos a conocer más del CIFS: cifs.iteso.mx

En nuestras redes: Twitter: @cifs_iteso Facebook: CIFSITESO

DERECHO HUMANO AL ACCESO AL AGUA Y LA FRACTURA QUE LO IMPEDIRÁ.

DERECHO HUMANO  AL ACCESO AL AGUA  Y LA FRACTURA QUE LO IMPEDIRÁ.

 

Miguel Ángel Montoya*

 

Existe una mayoría de legisladores que no necesita coartadas, que no repara en formas cuando de votar los temas por consigna se trata. Así lo demostraron con la aprobación de la reforma constitucional en materia energética, de tal modo que podría pensarse que esa mayoría no necesita servirse de tretas ni de simulaciones para procesar las leyes secundarias derivadas de tan lamentable modificación constitucional.

No obstante, hay reformas cuyo impacto social y ambiental será tan lesivo que se requerirá una dosis de artilugios para mantener inerte a la sociedad y a la opinión pública. Así lo han pensado algunos de los hacedores de política pública del país para hacer presentable lo impresentable: otorgar un marco legal al fomento y permisión de una actividad (obtención de gas de esquisto o shale gas) cuyo método de extracción implica el uso indiscriminado de millones de metros cúbicos de agua limpia o de primer uso y cuyas reservas a explotar se encuentran en zonas hidrológicas de baja y muy baja disponibilidad de agua y en permanente estrés hídrico. La toxicidad de los químicos a mezclarse con el agua para fracturar las rocas a profundidad y obtener el shale gas harán imposible la reutilización de esa agua y ecológicamente inmanejable su disposición y manejo. Eso y mucho más –como daños potenciales a la salud humana y contaminación de los acuíferos– es la fractura hidráulica o fracking y el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha armado un ardid legislativo para posibilitarlo.

Del cajón del olvido desempolvaron una reforma secundaria pendiente que jamás les interesó, la del derecho humano al acceso al agua y su saneamiento, que toda vez que se plasmó en la Constitución el 8 de febrero de 2012 obligaba al Congreso a expedir una Ley General de Aguas derogando la Ley de Aguas Nacionales (LAN) vigente para realizarlo. La construcción de esta Ley ha estado en la agenda de la academia y de la sociedad civil a través de la red Agua para Tod@s, y justo es reconocer que también en la agenda legislativa del PRD. Y paremos de contar, ya que ni en la plataforma electoral del PRI-PVEM ni en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en mayo pasado, existe alusión ni mención explícita alguna a que el país deba contar con una Ley General de Aguas que oriente y determine las políticas públicas para la gestión integral y sustentable de este recurso.

Pero repentinamente surgió un inusitado interés por legislar el “pendiente”; y además con prisa. La base de esta propuesta legislativa será el borrador que redactó la propia Conagua, el cual contempla la pervivencia de la LAN vigente, lo que de entrada atenta contra la reforma que se promulgó en febrero de 2012. La derogación de este ordenamiento no es un asunto de formalismo legal: la reforma al artículo 4º constitucional implica un cambio profundo al sistema de administración y gestión del agua en México para hacer efectivo el “acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos”, y la LAN es justo lo opuesto a estos objetivos ya que es una ley orientada a la explotación indiscriminada del agua y no a su aprovechamiento sustentable. En la LAN la sustentabilidad es solo un tópico contenido en un puñado de artículos  y no un principio que oriente cada una de sus disposiciones.

La estructura medular de la LAN es su sistema de concesiones y asignaciones cuya prevalencia representa un atentado al acceso equitativo y sustentable del agua. Las concesiones pueden durar 15, 20 o hasta 30 años con derecho a prórroga, los volúmenes concesionados no pueden ser afectados a lo largo del tiempo que dure la concesión. La extracción no se mide en tiempo real ni tampoco la disponibilidad, no hay obligación para los usuarios de tratar todas las descargas ni incentivo alguno para reusarlas. No se prohíbe ni se restringe el cambio de uso de las concesiones, lo que constituye una trampa al tímido orden de prelación que prioriza el agua para consumo humano.

Toda esta estructura que fomenta la inequidad, el acceso y la irracional explotación del agua permanece prácticamente intocada en el borrador propuesto, por el contrario, las reformas a la LAN que se contemplan en este “ardid legislativo” están orientadas a favorecer la industria extractiva, tanto en el sector minero –de por sí privilegiado–, como en el de hidrocarburos, y al hablar de hidrocarburos estamos hablando de fracking.

Insistimos en que se trata de un ardid, –en conjunto con las reformas a la LAN– porque se nos presenta un dislate denominado Ley General de Aguas sólo para cumplir las formas legales y conceptuales; es decir, que sólo por compromiso se aborda el tema del derecho humano al acceso al agua y el mecanismo que propone para garantizarlo es a través de un “Consejo General para el Derecho Humano al Agua” que se conformará por 12 funcionarios federales, tres estatales y tres municipales, un representante de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), además de un representante de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). Que el limitado número de espacios de participación ciudadana sean ocupados por el sector privado y que éstos sean destinados a los paladines de la privatización del agua (ANEAS) o a los que se han beneficiado del modelo expoliador del agua (Concamin) podría llamar a escándalo si no fuera porque la propuesta de Ley sólo le otorga al Consejo facultades de opinión y de recomendación. Esta propuesta de Consejo es a la vez una afrenta y una burla.

Lo que no es una burla en esta propuesta legislativa es el fortalecimiento de la privatización, no sólo de los servicios de agua potable y saneamiento y de la infraestructura hidráulica (que solo de cierto modo se permitía a través de la Ley de Asociaciones Público Privadas) sino de la propia gestión y administración de las aguas. Menciono el caso de los trasvases, práctica que rompe las condiciones hidrológicas para la conservación del agua y que pone en riesgo a los ecosistemas asociados a su producción, por lo que de no prohibirse, debería estar permitido únicamente para casos excepcionales y previstos en la Ley, como los de una emergencia hídrica –especialmente si se trata de una sequía. Pero no: la propuesta de Conagua, lejos de restringir los fomenta, previendo además que sean los concesionarios, es decir, los privados, quienes puedan realizarlo.

Estas disposiciones contenidas en la propuesta de una nueva Ley General de Aguas ajustan en perfecta sincronía con la propuesta de reforma que se propone a la LAN, misma que se concentra en desarrollar el sistema de transmisión de derechos y dedica un apartado a las disposiciones para la explotación del shale gas.

El que empresas mineras puedan disponer y explotar millones de metros cúbicos en zonas de baja y muy baja disponibilidad de agua se lo debemos a la transmisión de títulos contemplada en la LAN; los títulos que amparan esa explotación en algún momento beneficiaron a usuarios de riego, ejidatarios y a comunidades rurales. El principio y origen de la transmisión de títulos de concesión en la Ley partía de la garantía de que toda persona tiene para ejercer derechos sucesorios. No obstante, ese principio se corrompió y se convirtió en un mecanismo  para obtener un título de concesión en zonas donde la autoridad del agua tendría que negarlo.

El conjunto de reformas que se presentan en esta treta legislativa sí concentran su atención en la transmisión de títulos, pero no para prohibir esta práctica; los cambios están orientados a perfeccionar lo que era un informal mercado de agua. Los títulos de concesión ya no podrán transmitirse en forma parcial sino total; no habrá forma de que un industrial, un municipio o un campesino reclame derechos sobre esa agua si ha firmado un convenio de transmisión con alguna empresa. La Ley permitirá el despojo y también la expoliación del recurso natural, porque reconociendo que las transmisiones se dan en zonas de veda o de baja disponibilidad de agua, la Conagua permitirá la transmisión pero descontando desde un 10 por ciento hasta un 40 por ciento del volumen concesionado originalmente, lo cual no contribuye a remediar la sobreexplotación del agua.

Toda vez que se permitirán los trasvases al por mayor, y que los propios particulares sean quienes puedan realizarlo y se reactive un mercado de títulos de agua con todas las garantías para el comprador, cobran sentido las disposiciones que esta reforma propone para la explotación de shale gas; porque la propuesta no obliga a las empresas a utilizar aguas residuales tratadas para el método de fractura hidráulica; sólo lo deja como una opción, como también el uso de aguas salobres o fósiles. La alternativa por la que las empresas optarán será bajo la permisión de “importar agua desde cuencas o acuíferos circunvecinos con disponibilidad de agua suficiente” y “la adquisición de los derechos de agua de concesionarios asentados en la zona de interés”, ya que la mezcla de químicos que emplean para realizar el fracking le exige disponer de agua limpia y de calidad.

Parece no quedarle claro a Conagua que se trata del empleo de químicos altamente tóxicos y eso también lo demuestra cuando mandata a las empresas a “Cumplir las disposiciones establecidas en las normas oficiales mexicanas relativas a la construcción, rehabilitación de pozos”. No se trata de una inocente extracción de aguas subterráneas. La construcción de ademes y el encamisamiento tradicional de un pozo de extracción de  de poco servirán para contener y aislar una mezcla potencialmente cancerígena que se inyectará al subsuelo y se expandirá horizontalmente para realizar el fracking o fractura hidráulica.

Que este conjunto de reformas se presente como las que van a regular el derecho humano al acceso al agua, es una de esas tretas de antología.

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* Consultor independiente y asesor del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados en materia de Gestión Integral del Agua.  Miembro de la Asociación Nacional de Ingeniería Urbana (ANIU) y de la Federación Mexicana de Ingeniería Sanitaria (FEMISCA).

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