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El río Santiago, el absurdo y el gato invisible sobre la silla

Por Mario Edgar López Ramírez
Académico del Cifovis ITESO

El tratamiento público que el gobierno de Jalisco dio hace 10 años al caso del niño Miguel Ángel López Rocha, y su muerte relacionada con la contaminación del río Santiago, fue una verdadera demostración de cómo lo absurdo es capaz de transformarse en un argumento de Estado.

Como lo señala el diccionario: lo absurdo es todo aquello repugnante a la razón y contrario al sentido común. ¿Cómo es entonces que lo absurdo pueda convertirse en un argumento creíble? Hay por lo menos una condición: que las explicaciones y los discursos inconsistentes, irrazonables y descabellados de la clase política estén suficientemente revestidos de un lenguaje técnico y científico, el cual les dé apariencia de objetividad y racionalidad. Esta relación entre lo absurdo combinado con una aparente objetividad científica es toda una tecnología del poder, es decir, es un método intencionado, que no solo se manifiesta en el caso del río Santiago, sino que atraviesa a diversos conflictos ambientales a nivel regional e incluso global: ante la depredación del medio ambiente, los poderosos hacen que los expertos justifiquen su irresponsabilidad ecológica.

En el caso de Miguel Ángel, esta condición se ha cumplido a cabalidad. Los datos, las cifras, las investigaciones científicas y las declaraciones de los expertos oficiales –salvo honrosas excepciones– han trabajado, en primer lugar, para disfrazar lo que hay de fondo, es decir, la existencia de una grave contaminación ambiental vinculada a la industria, la cual acerca a las poblaciones de Juanacatlán y El Salto a una especie de lento genocidio. Así mismo, la voz oficial de los expertos gubernamentales ha colaborado para diluir la responsabilidad directa que, en la situación del río, tienen las autoridades federales y estatales en materia ambiental: no hay estudios suficientes, nos dicen, para demostrar la presencia de metales pesados en el río y esto equivale a decir que, por lo tanto, no existe contaminación por metales pesados. Por otra parte, cuando se manipulan las escalas de análisis científico, se forman verdaderas piezas de la demagogia: desde una escala de análisis urbano, nos señalan, todos contribuimos a contaminar el río, por lo que todos fuimos culpables de la muerte de Miguel Ángel. Lo que equivale a decir que nadie tiene la culpa. Y qué alivio da este argumento absurdo a los verdaderos responsables: la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Estatal del Agua (CEA) de Jalisco.

Lo absurdo como estrategia pública del poder es una práctica perversa, esencialmente maligna, porque corrompe la verdad de una manera cínica, no por ignorancia, sino de una forma totalmente deliberada. El juego es el del típico sofismo del gato invisible echado en la silla. El poder nos dice: “si hubiera un gato invisible en esa silla, la silla se vería vacía; y porque la silla se ve vacía, se comprueba que hay un gato invisible en ella”. En conclusión: todos los que opinan que no hay un gato invisible en la silla están equivocados. “Ahora bien”, continúa el poder, “si usted está en desacuerdo con que hay un gato invisible en nuestra silla, compruebe científicamente lo contrario”. Como la prueba irrefutable de que no hay un gato invisible en la silla es precisamente que no se ve, pero el hecho de que no se vea es también la prueba irrefutable de que sí está en la silla, entonces la falta de evidencia se constituye en la principal evidencia. Así, los poderosos nos venden la cantidad de argumentos absurdos e irrefutables que se les antoja.

En una ilustrativa nota del reportero Jorge Covarruvias de La Jornada Jalisco, el jueves 21 de febrero de hace diez años, se estampaba casi de manera magistral una pieza de lo absurdo que busca justificarse con pruebas científicas. Señalaba que el entonces presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Javier Gutiérrez Treviño, se dijo dispuesto a beber un buche de agua del río Santiago para demostrar que este líquido no estaba lleno de veneno, y que tampoco fue la causa de la muerte de Miguel Ángel López Rocha.

El buche de agua es la prueba absurda e irrefutable, pero solo está en el discurso, tal como el gato invisible echado en la silla. “Esa agua no está tan contaminada como están satanizando aunque venga de México y venga de dónde venga, aquí el problema es político, a nosotros como iniciativa privada nos molesta demasiado. Nosotros estamos viendo que la tendencia es estar molestando para que no se construya Arcediano (la presa que se quería construir en aquel entonces, al fondo de la barranca de Huentitán). Estamos totalmente en contra de eso”. “Pero se murió un niño”, dice el reportero, “Sí pero vamos a ver los… todavía según sé… todavía no está la autopsia al 100 por ciento”, afirma el industrial, “pero el gobernador reconoció que la causa fue la contaminación”, insiste el reportero. “Yo creo que no eh… creo que por ahí hay unas investigaciones que vamos a sorprenderlos, no les quiero decir porque, no quiero” concluye el empresario.

A este ejemplo del gato invisible se le pueden agregar otras declaraciones para la colección perversa de lo absurdo, que han sido expresadas por nuestra clase gobernante: “vamos a desviar el río”, “el niño sufría de violencia intrafamiliar por parte de la madre”, “la culpa por la presencia de arsénico en el agua la tiene una hierba que crece a la orilla del río”, “Miguel Ángel murió por un golpe en la cabeza”, “vamos a entubar el río”, “el menor consumía drogas”. En ninguno de los argumentos se abordaba directamente el problema de la contaminación industrial del agua. En todas está detrás la justificación de algún estudio, de algún experto, de alguna institución científica. Lo absurdo reina, aunque el sentido común nos podría dar la respuesta: el agua es vida, pero el agua del río Santiago no es capaz de contener ninguna forma de vida. Es un río muerto, por lo tanto lleva agua que produce muerte.

En memoria del niño Miguel Ángel López Rocha, mártir de lo absurdo y de la indolencia pública y privada de esta ciudad.

¿Tienes algún comentario o duda? Contacta al autor: mariol@iteso.mx

 

Presa El Zapotillo no debe construirse, opina especialista español

La solución al abasto del agua no es aumentar la oferta del líquido, sino cuidar el agua con
mayores normas y restricciones en su uso.

Como de “ironía” calificó el catedrático del Departamento de Economía e Historia Económica de la
Universidad Autónoma de Barcelona, doctor Joan Martínez Alier, la destrucción de un pueblo colonial y
una hermosa iglesia de aquella época en el pueblo de Temacapulín, ahora por los españoles, dueños de la
empresa Fomento de Construcciones y Contratas, encargada de la construcción de la presa El Zapotillo.

Invitado por el Centro Universitario de los Altos (CUAltos) a participar en el inicio de cursos del doctorado
en Estudios Regionales y en la maestría en Ciencias de la Salud Pública, con la conferencia magistral
“Economía ecológica”, Martínez Alier también mencionó que dicha constructora española no cuenta con
los estudios suficientes para justificar dicha obra, pues a este tipo de empresas “solo les interesa la plata”.

“El tema de la presa El Zapotillo es muy conocido en el ámbito internacional, además de que conocemos
a esta empresa porque está muy endeudada. De lo que se trata es de justificar el costo con estudios
truqueados y mal hechos, y sin tomar en cuenta el costo social que tal edificación implica para los
habitantes de la región. Ellos no cuentan con una licencia social para su construcción”, aseveró.

Agregó Martínez Alier que algunos detalles del estudio técnico de El Zapotillo son de “fantasía”, por lo que
dijo que no debería construirse, porque de hacer un análisis sobre el costo-beneficio de esta obra resulta
que las afectaciones a la zona, al río, a la pesca y a los habitantes no la justifican. “Los constructores ni el
gobierno toman en cuenta las emociones de un pueblo que tiene diez años en vilo y lleno de angustia”.

Subrayó además la “arrogancia” de varios funcionarios, quienes afirman que “El Zapotillo es la mejor
opción” para la solución del abasto del agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara, porque los
estudios en los que se basan son “poco científicos. Es una crueldad lo que las autoridades hacen con el
pueblo. Esta destrucción merece un estudio de psicología social. ¿Cuántos años o siglos tiene
Temacapulín? ¿Creen que reubicarlos les va a reparar su pérdida?”.

El catedrático señaló como posible solución al abasto del agua el no aumentar la oferta del líquido, sino
cuidar el agua con mayores normas y restricciones en su uso. Mencionó que hay que pensar en cobrar
mayores cuotas, que se pueda reciclar, que no se le regale el agua a las industrias y que se piense en
capturar el agua de lluvia con proyectos de vanguardia. “Para muchos ingenieros su ideal es que el agua
de río no se ‘desperdicie’ y piensan que lo mejor es quitarle el agua a los ríos”.

En la conferencia de prensa, el investigador español estuvo acompañado por el secretario académico del
CUAltos, doctor Jesús Rodríguez Rodríguez.
A T E N TA M E N T E
“Piensa y Trabaja”
“Año del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco”
Guadalajara, Jal., 20 de agosto 2014
Texto: Juan Carrillo Armenta

El relator y el informe sobre el derecho humano al agua en México

Por: Dr. Carlos Peralta Varela

Entre el 2 y el 12 de mayo del presente estuvo de visita en México el Sr. Léo Heller, relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento. Su visita fue corta, pero y sobre todo, acotada. Académicos del ITESO lo invitamos a visitar Jalisco ya que existen graves problemas de contaminación en los ríos de la entidad, conflictos por el agua en diferentes regiones (entre ellas los altos de Jalisco) ligados en algunos casos a intereses por inversiones multimillonarias, como la presa El Zapotillo y el acueducto concesionado a la empresa Abengoa (que llevaría el agua del río Verde hasta la ciudad de León), y entre otros, graves problemas de salud relacionados con el saneamiento del agua en la ribera de Chapala, específicamente nos podemos referir a San Pedro Itzicán y la comunidad de Agua Caliente en donde viven centenares de personas con enfermedades renales. Fue lamentable enterarnos que vendría a nuestro país y que visitaría en forma oficial únicamente la Ciudad de México, Veracruz y Chiapas.

Por otro lado, un grupo amplio y muy relevante de organizaciones y redes de la sociedad civil, entre las cuales se encuentran (tan sólo por mencionar dos de ellas) la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, tuvo el acierto de elaborar el Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en México, 2017 (Informe DHAyS)[1], mismo que lograron comentar y entregar al relator con la intención de ofrecerle un panorama más amplio y complejo sobre las diversas problemáticas relacionadas con el agua en nuestro país.

El Informe es relevante, implicó un esfuerzo de varios años para documentar distintas fórmulas en que el Estado mexicano viola el derecho humano al agua y al saneamiento. Inicia dando cuenta del contexto nacional de disponibilidad y cobertura del agua potable y saneamiento. Posteriormente expone las distintas políticas y modelos de gestión del agua en México. Pero y como bien lo enuncia la COMDA,  la parte fundamental de este documento da cuenta de las distintas estrategias que el Estado mexicano ha implementado para impulsar políticas públicas que buscan la privatización del agua, con las cuales se privilegia a grandes empresas vinculadas a la industria extractiva y de megaproyectos.

En el informe nos invitan a tomar en cuenta que México se ha comprometido a implementar la Agenda 2030 de la ONU, cuyo Objetivo número 6 busca “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. Pero cumplir con este propósito se aprecia difícil y para ello tan sólo una reflexión: en México se mide el acceso al agua en términos de “agua entubada” lo cual en realidad es medir infraestructura, no acceso real, continuo, suficiente, de buena calidad y asequible. Esta lógica de medir acceso al agua está muy lejos de “considerar los problemas existentes tanto de continuidad en el servicio como de la calidad del agua que se obtiene” (Informe DHAyS: 14). En otras palabras, más del 90% de los hogares en México pueden tener acceso a tuberías, pero no a un abasto continúo de agua potable.

En la medida que a partir de una visita tan acotada el relator no hubiera logrado identificar la diversa problemática del agua en el país, cobró mayor importancia que se elaborara desde la sociedad civil, un informe que ofrece una mirada crítica, amplia y compleja sobre el derecho humano al agua y al saneamiento en México. Este tipo de trabajos vale la pena difundirlos y conocerlos.

 

[1] El informe completo se puede descargar de la página de la COMDA, en la dirección: http://www.comda.org.mx/informe-sobre-violaciones-a-los-derechos-humanos-al-agua-potable-y-al-saneamiento-en-mexico/

 

Alternativas del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara

“No es tanto un problema de escasez, es un problema de escasez de aguas de calidad, de aguas fiables, de salud pública. Hemos privatizado al río transformándolo en propiedad de las empresas que pueden envenenarlo”

Dr. Pedro Arrojo Agudo (Universidad de Zaragoza, Fundación Nueva Cultura del Agua)

Por: Miryam Mancha, estudiante de Ingeniería ambiental

CONTEXTO

De acuerdo con el documental Siento 5 metros de sed, realizado por el CIFS y la Licenciatura de Artes Audiovisuales del ITESO, se habla de mil millones de personas sin acceso al agua potable y de diez mil muertes al día por simples diarreas, pero la escasez no es la cuestión principal, es por el fruto de la convergencia sinérgica de tres grandes fallas críticas:

  1. Falla de insostenibilidad de nuestros ecosistemas acuáticos generados por nuestra imprudencia y avaricia de algunos.
  2. Falla de inequidad y pobreza de un sistema económico, social y política profundamente inmoral.
  3. Falla de gobernanza democrática de nuestros servicios de agua y saneamiento bajo las presiones privatizadores del modelo neoliberal que se nos imponen y transforma a los ciudadanos en clientes, por lo cual si esos clientes son pobres simplemente son marginados y expulsados de sus derechos más básicos.

Por lo cual el documental propone las siguientes alternativas a la problemática del agua:

  1. Participación ciudadana. Ciudadanos y familia como unidad de gestión. Reconquistar nuevos modelos de gestión pública participativa.
  2. Organización colectiva, responsable y consiente de buenas prácticas agrarias, de no contaminar tirando a un río como un terreno que es de infiltración, de no construir en una zona que es de alimentación de un acuífero.
  3. Énfasis en la casa y no en el tinaco. Reparación de fugas de agua y sistemas que enfaticen la demanda y no la oferta. Sistemas ahorradoras de agua y eco tecnologías que nos permitan ahorrar el agua. La generación de una cultura de ahorro de agua urbana.
  4. Generar datos. Acceso a la información. Información pública para que cualquier ciudadano, institución pueda analizarlo. Empoderamiento de la gente en la búsqueda de la información.
  5. Mejoramiento la ciencia y tecnología de la toma de datos independientes y en paralelo. Saber la calidad del agua y en base a eso tomar decisiones.
  6. Buena gestión pública de servicios de agua y saneamiento. Tener una estrategia conjunta para usar lo necesario. Pactos sociales y ambientales del agua en defensa de los ríos y ecosistemas acuáticos.
  7. Relación equitativa entre ciudad y campo. Nuestra independencia está en relación directa con las dependencias que formamos con el campo, sobre todo el tema de alimentación.
  8. Involucrarnos a todos. El agua es un bien común y fluye. Tener decisiones integrales sobre la cuenca.
  9. La visión ingenieril introduzca los términos de sustentabilidad, de gestión integral, derechos humanos, ya que son temas que han estado rezagados.

El documental se puede encontrar en: http://formacionsocial.iteso.mx/web/general/detalle?group_id=3074728

GRUPO HIGA Y LA NUEVA LEY GENERAL DE AGUAS

Miguel Ángel Montoya*

 El proyecto[1] de  Iniciativa de Ley General de Aguas preparado por el Poder Ejecutivo Federal no generará las condiciones para la efectiva realización del derecho humano al acceso al agua y su saneamiento, -por el contario-, al implementarse como Ley propiciará el acaparamiento y profundizará la inequidad existente entre los distintos usuarios del agua sin siquiera considerar el cuidado y la preservación de las condiciones de sustentabilidad  para la generación natural de agua de calidad y su disponibilidad  a lo largo del tiempo.

Con su proyecto el Ejecutivo Federal propone transitar del actual modelo de sobrexplotación-contaminación a un modelo de expoliación del recurso, donde lo que importa es extraer agua a como dé lugar sin importar los costos económicos, sociales y ambientales, particularmente a través de megaproyectos para la construcción de infraestructura como lo es la  realización de trasvases, por lo que puede asegurarse que dicho proyecto de  Ley está hecho a modo para el beneficio de cierto tipo de empresas constructoras como grupo HIGA.

La reforma  al artículo 4to constitucional que mandata la expedición de una Ley de carácter general para la gestión de las aguas del país no solo plasmó el derecho humano  al acceso al agua y su saneamiento sino que también estableció los principios y condiciones para la realización de este derecho, esto es el  “uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos”, condiciones que deberán ser observables  y establecidas a lo largo de la estructura del futuro ordenamiento.

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.[2]

Sin embargo la propuesta del gobierno federal es justo lo contrario a lo establecido por el texto constitucional. El caso de los trasvases no es un aspecto particular o aislado en la propuesta del gobierno federal, representa la esencia de su “nuevo” modelo de gestión del agua donde los agentes privados podrán acaparar y administrar las aguas del país alterando además el ciclo hidrológico mismo que permite la generación natural de agua a traves de las cuencas.

¿Qué hay de malo con los trasvases?

Los trasvases son ecológica y financieramente inusustentables.

En primer lugar generan un enorme costo energético, un ejemplo menor[3] es la operación del Sistema Cutzamala el cual representa un costo anual superior a los 3 mil millones de pesos únicamente en el consumo de energía eléctrica. Sin embargo, más que el energético el mayor de los costos es el ecológico, en primer lugar porque para generar tales cantidades de energía se requiere -paradójicamente- de enormes volúmenes de agua para generarla, el caso más claro es el del Shale Gas que consume y contamina millones de metros cúbicos de agua para su extracción como fuente de energía.

En segundo lugar porque los volúmenes de agua transferidos de una cuenca hacia otra no son excedentes -como comúnmente se nos hace creer- sino que son imprescindibles para reponer y reproducir el ciclo hidrológico y mantener la masa forestal que posibilita que parte de esa agua se infiltre al subsuelo. Lo más grave en el caso mexicano es que los trasvases ocurren trasladando volúmenes de agua que ni siquiera pueden ser considerados como excedentes como es el caso del Acueducto Independencia en Sonora. En pocas palabras, la disponibilidad artificial de agua con la que  se beneficia a determinada cuenca en el corto plazo por medio de  un trasvase opera a costa y  en detrimento de la disponibilidad futura de la cuenca donde se extrae el agua.

Por eso es que la práctica de trasvasar grandes volúmenes de agua de una cuenca hacia otra ha quedado en desuso en el mundo. La mayor parte de los países del orbe han establecido disposiciones legales para prohibir ó restringir su práctica, con excepción de China -el país que mayor contaminación genera y arroja hacia los ríos-  que aún permite y promueve la construcción de este tipo de infraestructura.

En nuestra opinión los trasvases debieran ser utilizados únicamente bajo condiciones de excepción como lo es una emergencia hídrica[4], particularmente para atender el abasto en situaciones de sequías prolongadas. A su vez, la infraestructura para la realización de trasvases debe ser operada únicamente por la autoridad del agua a efecto de garantizar la seguridad hídrica de la población.

La propuesta del Ejecutivo Federal

Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo lejos de acotar o restringir los trasvases, los fomenta y promueve al considerarlos causa de utilidad pública  (Art. 8 fracc. IV)  lo que además significa que este tipo de infraestructura se podrá imponer sobre la base de actos de expropiación. A pesar de ser un asunto que puede comprometer la seguridad hídrica de los habitantes o la soberanía del país, los trasvases quedarán a cargo en primer lugar de los agentes privados (Art. 111 fracc. I) que bajo la figura de concesión podrán disponer y acaparar el líquido durante 35 años con derecho a prórroga hasta por el mismo lapso de tiempo (Arts.  90 y 91). Los requisitos para autorizar trasvases a realizar a cargo de privados no quedan establecidos en la Ley sino a criterio del Ejecutivo a través del reglamento de la misma o de otras disposiciones que emita la Conagua (Art. 114).

Los beneficios para empresas como Grupo HIGA

Como es sabido las empresas que conforman el Grupo HIGA participan con aproximadamente el 53% del contrato para la construcción y operación del Acueducto Monterrey VI y este acueducto representa un hito en la historia de la administración de las aguas del país ya que por primera vez un grupo privado participará de manera directa en la operación del trasvase de aguas nacionales. Hasta ahora los grupos privados habían participado únicamente en la construcción de infraestructura destinada a realizar trasvases pero nunca en su operación.

A pesar de que el contrato para la construcción y operación del Acueducto Monterrey VI se ajusta a lo establecido por la Ley de Asociaciones Publico Privadas,  las disposiciones vigentes de la Ley de Aguas Nacionales  impiden la consolidación plena y expansión  del plan de negocios  del Acueducto Monterrey VI, esencialmente porque el consorcio operador no puede disponer de las aguas que trasvasa por lo que sus funciones se limitan en el marco de la Ley vigente  a fungir  como operario para suministrar agua al organismo “Servicios de Agua y Drenaje de Monterey”. Al respecto vale recordar que especialistas académicos y organizaciones  ambientalistas han demostrado que  esta obra resulta innecesaria para cubrir la demanda futura de agua en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Sin embargo el panorama de negocios  cambiará y se diversificará para Grupo HIGA a partir  de la nueva Ley General de Aguas.  En primer lugar porque el solo hecho de ser operario de trasvases lo induce u obliga ( y en esta “obligación” radica una de las claves del futuro negocio) a convertirse en concesionario de las Aguas Nacionales (párrafos segundo y tercero Art. 114) mismas  que podrá disponer hasta por un periodo de  35 años con derecho a prorroga por similar tiempo  (Arts.  90 y 91).

Disponiendo entonces de un considerable volumen de las Aguas Nacionales y al contar -por ejemplo- con  títulos de concesión para uso industrial o para uso mixto Grupo HIGA podrá destinar el agua trasvasada a las empresas que realizaran procesos de fracturación hidráulica en el norte del país (las cuales bajo este proyecto de Ley podrán obtener permiso de la Conagua  “para infiltrar aguas residuales  en cualquier terreno cuando puedan contaminar el suelo o los acuíferos” Art. 136 fracc. III)   o a su vez venderla a los organismos operadores de agua pudiendo cambiar las veces que quiera su título de concesión entre los usos industrial y público urbano  bajo el fundamento de satisfacer la demanda para dar cumplimiento al  derecho humano al agua (párrafo tercero Art. 114) o también optar por la opción   de  venderle  a la propia Conagua  el agua que ella previamente  le concesionó pero con un sobreprecio amparado por los criterios de eficiencia y sostenibilidad financiera (Art. 242), precio que además podrá fijar a discreción  por la favorable  posición monopólica en el que las disposiciones de la futura Ley General de Aguas colocará a los consorcios constructores-operadores de infraestructura de trasvases al convertirlos en concesionarios de las Aguas Nacionales (Art.  114).

Es así que se entiende el porqué no importa que la capacidad de suministro del Acueducto Monterrey VI exceda la demanda futura de agua de la Zona Metropolitana de Monterrey ya que HIGA como concesionario de las Aguas Nacionales (será este consorcio el poseedor del agua y no Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey) podrá destinarla a cuanto uso le autorice la Conagua bajo un esquema absolutamente permisivo que incluso le permitirá solicitar y obtener diversas concesiones de una misma fuente de suministro (Art. 85 fracc. V).

Es  así que se entiende el porqué el Ejecutivo Federal incorporó en forma muy discreta desde su primer borrador en febrero de 2014 la figura de “trasvase directo … cuando lo realizan los asignatarios o concesionarios o indirecto cuando lo realiza el Estado en beneficio de los propios asignatarios”  y luego fue modificando el concepto mismo de trasvase que paso de ser un “uso de las aguas nacionales de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta” hasta la versión final en cuyo Artículo 111 dispone:

Trasvase es la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta, que realiza la Federación o los concesionarios, mediante obras de infraestructura hidráulica, para concesionarlas o para explotarlas, usarlas o aprovecharlas en un lugar distinto a la cuenca de extracción.

El trasvase puede ser:

I.       Directo.- El que realizan los concesionarios con autorización de la Comisión, o

II.      Indirecto.- El que efectúa la Federación en beneficio de los concesionarios con inversión federal o con participación de inversión estatal, municipal, social o privada. Dicho beneficio tiene lugar cuando el concesionario usa aguas nacionales trasvasadas previamente por la Federación.

En la operación de este esquema resulta clave la conjugación de un conjunto de cambios  que empezaran  a operar con la derogación de la Ley de Aguas Nacionales vigente (LAN)  y la expedición de la  nueva Ley General de Aguas tales como:

  • Se suprimen  la figuras de “asignación” y “asignatario”, que LAN  emplea para dar un trato jurídico distinto a  quienes utilizan las Aguas Nacionales para el suministro público o para el consumo doméstico.
  • Que los consorcios operarios de trasvases a su vez serán  concesionarios de las Aguas Nacionales.
  • Que esos consorcios quedarán libres de las restricciones y obligaciones que les impondría hoy  la LAN como asignatarios.
  • Que por el contrario, como concesionarios podrán gozar de una serie de beneficios como disponer de las aguas hasta por 70 años y poder registrar distintos usos para los volúmenes concesionados.
  • Que ni siquiera será obligatorio ni necesario que de inicio registren parte de esas concesiones  como “uso público”  o “domestico”  pudiendo destinarlos a ese fin de manera posterior  evitando las restricciones para transferirlos o para cambiarlos  que implicaría el registro inicial bajo esa figura.
  • Que bastara un simple permiso de Conagua para que las aguas trasvasadas y que después  se destinen a procesos de fractura (Fracking)  puedan ser infiltradas en cualquier terreno bajo un  permiso de descarga.

Este modelo  de negocios  que la Ley General de Aguas  le ha abierto al Grupo Higa podrá replicarse a lo largo y ancho del país por este u otro grupo de empresas constructoras que ahora podrán participar como operadores de los trasvases que actualmente  la Conagua realiza (Art.111 fracc II) incluso los que han sido construidos en su totalidad con recursos públicos (Art. 124 fracc II).

De este modo, la futura viabilidad y sustentabilidad de las cuencas en México quedara supeditada a los  criterios de rentabilidad de operadores privados. Con la propuesta de Ley General de Aguas redactada por el Poder Ejecutivo Federal estamos  ante la presencia de una forma más voraz y agresiva de privatización que  no solo incluye el servicio público de suministro de agua sino la propia administración de las Aguas Nacionales.

Los trasvases son un asunto que puede comprometer la seguridad hídrica[5] de los habitantes de un país y son parte integral de las funciones de política pública de administración de las aguas por lo que las decisiones relativas a los mismos  deben quedar exclusivamente en manos del Estado bajo una legislación que restrinja y circunscriba su operación a situaciones específicas.    


[1]  “MIR de Alto Impacto para el anteproyecto: LEY GENERAL DE AGUAS” presentado por  la Conagua ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y dictaminado por esa instancia el 9 de diciembre de 2014  mismo que se presentará como Iniciativa de la Comisión de Recursos Hidráulicos en el último periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura durante el mes de febrero de 2015.  http://www.cofemermir.gob.mx/mir/crLecAnte.asp?seccionid=F125&formId=125&submitid=33368

[2] Texto del párrafo sexto del Artículo 4to Constitucional vigente después de la reforma del 8 de febrero de 2012.

[3] El Sistema Cutzamala contiene 6 plantas de bombeo que en conjunto consumen 2,280 millones de killowats por hora, equivalentes al consumo de energía eléctrica en el mismo lapso de tiempo  en la ciudad de Puebla; esto a pesar de que los 334 km de canales y acueductos que comprende el Sistema solo se requiere el bombeo para 127 km, en los restantes 207 km el agua circula por gravedad.

[4] Situación provocada por fenómenos naturales o por actividades antropogénicas que ponen en riesgo la disponibilidad de las aguas comprometiendo por escasez o por contaminación su explotación, uso o aprovechamiento o que generen desequilibrios hidrológicos; sobreexplotación persistente de acuíferos o pongan en riesgo la sustentabilidad por daño al sistema hidroecológico.

[5] La seguridad hídrica puede definirse como el conjunto  de políticas y salvaguardas que desarrolla y aplica un Estado para : 1) Garantizar el acceso sostenible a cantidades adecuadas y de calidad aceptable de agua para sustentar la vida y el desarrollo socioeconómico;  2) Garantizar la seguridad de los ciudadanos en sus bienes y en sus personas ante la ocurrencia de fenómenos naturales previsibles asociados al agua; 3) Garantizar la protección contra la contaminación del agua, y 4) Para garantizar la preservación de los ecosistemas asociados al agua.
* Consultor independiente y asesor del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados en materia de Gestión Integral del Agua.  Miembro de la Asociación Nacional de Ingeniería Urbana (ANIU). correo: miguel_angel_montoya@hotmail.com;  twitter:@miangel_montoya;  https://www.facebook.com/miguelangel.montoya.96; cel 5536560670 

Alimentar al mundo cuidando el planeta

Por: Rosa Gutiérrez

¿Cuáles son las posibilidades de la agricultura familiar para contribuir a la crisis alimentaria?

“Es muy clara la evidencia en América Latina de la importancia de la agricultura familiar como generadora de alimentos, pero también como la base de agriculturas más sustentables y respetuosas con el medio ambiente”, comenta Jaime Morales, Investigador Académico del CIFS – ITESO, quien participó en Colombia, en el Cuarto seminario internacional de agroecología: La agricultura Familiar y la sustentabilidad.

El evento fue organizado por Universidad Santa Rosa Del Cabal en el Departamento de Risaralda, del 17 al 19 de septiembre, con el objetivo de intercambiar experiencias entre la academia, agricultores/as y la comunidad de la Agroecología y Agricultura Familiar Campesina.

El Seminario estuvo enmarcado en la Campaña Internacional de Agricultura Familiar de la FAO (Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación) y  asistieron 550 personas de Cuba, España, Brasil y México, 22 instituciones Internacionales y colombianas; Se realizaron 3 simposios, 150 ponencias, y 1000 productores/as.

Dentro de las conclusiones del Seminario, Morales destaca la relevancia de las semillas nativas como base de la agricultura familiar, y el rechazo de las semillas transgénicas; la necesidad de políticas públicas que fortalezcan la agricultura familiar, como en el caso de Brasil; y la vinculación más estrecha entre personas consumidoras y agricultores/as.

Morales habló de los procesos sociales para luchar en contra del maíz transgénico en México “somos la civilización del maíz. Defender el maíz es defender un bien cultural y patrimonial de las y los mexicanos y del mundo. México es el centro del origen mundial del maíz y por arriba de nuestras diferencias, nos unimos para defenderlo contra los transgénicos”, mencionó.

Cabe destacar que el maíz es parte de la cocina tradicional ancestral mexicana, y fue declarada en 2012 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Finalmente destacó que hay un sólido fundamento científico, basado en experimentos empíricos, que dan consistencia a la afirmación de que la agricultura familiar y agroecología son una alternativa. “Si se favoreciera la Agricultura familiar, lograríamos que las personas agricultoras y nosotros/as como consumidores viviéramos dignamente sin acabarnos los recursos naturales, el suelo”, finalizó.

Campaña Internacional de Agricultura Familiar de la FAO: www.fao.org
Más información del Seminario: http://www.idea.unal.edu.co/

 

 

 

 

El derecho de campesinas y campesinos a sembrar para alimentarse en función de su cultura

Por: Rosa Gutiérrez

“La Soberanía alimentaria es el derecho de las personas campesinas a sembrar lo que quieran, para alimentarse en función de su cultura y sus propias cosechas”, comenta Jaime Morales, Académico del CIF ITESO, quien participó el  Encuentro sobre Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria”, el  9 de septiembre, convocado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Universidad Veracruzana (UV), el Centro Mexicano de Derechos Ambiental (CEMDA) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV).

La Soberanía Alimentaria surge como “oposición a la agricultura a gran escala, industrial y tóxica del agronegocio que expulsa campesinos y campesinas y acapara tierras en todo el mundo” 1.  Se ha definido como  “el Derecho de los Pueblos, Comunidades y Países a definir sus propias políticas agrícolas, laborales, pesqueras, alimentarias […] lo que significa que todos los Pueblos tienen el Derecho a una Alimentación inocua, nutritiva y culturalmente apropiada, y a los recursos para la producción de alimentos y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades”2.

A dicho derecho se le agregan dos niveles: Por un lado las personas consumidoras ejercen soberanía por acceder alimentos sanos y producidos localmente. Y por otro lado el Estado debe generar políticas públicas para garantizar la alimentación local de su población.

Es imposible pensar el Derecho a la Alimentación sin la Soberanía Alimentaria.  “Lo que me tocó a mí decir en el foro, fueron las aportaciones de la agricultura familiar, es decir, cómo la agricultura familiar es el único camino para garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación”, comenta Morales.

De acuerdo con el Investigador, el Derecho a la Alimentación no se puede separar del Derecho al Territorio, al Agua, a la Biodiversidad, a la Agricultura Familiar; pues ésta última se basa en la fuerza de trabajo familiar que produce alimentos para consumo propio y luego mercados locales.

“Lo anterior se ve amenazado con la Reforma Energética recién aprobada, por la figura Ocupación Temporal de Tierras. Es decir, las compañías que encuentran gas en la tierra, tendrán uso preferente del suelo, donde campesinas y campesinos siembran alimentos y harán uso temporal del territorio”, menciona el Investigador.

Lo anterior podría generar desplazamiento de grandes cantidades de personas, además de que después de su explotación, las tierras podrían no ser habitables 3.

“Vía Campesina es una de las principales OSC Internacionales que defiende la Soberanía Alimentaria, les invitamos a informarse”, Concluyó Morales.  http://goo.gl/ly7ecC

Más información: Del 6 al 10 de octubre se realizará en el ITESO el Foro de Soberanía Alimentaria, los detalles: http://goo.gl/q1WLVK

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Proponen soluciones para mejorar la gestión del agua

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Texto y foto: Alejandro Tiscareño De Alba

[15.sep.2014] Algunos participantes del Diálogo de Frente No. 1, enfocado en el tema del Agua y convocado por la iniciativa Tómala, se reunieron el jueves 11 de septiembre a las 11:30 horas en Casa Cem para exponer al público las conclusiones de las ideas que surgieron en la discusión.

Para abarcar toda la información las conclusiones se expusieron en 5 bloques: el modelo de gestión deficitario, la paradigma orientado a la demanda, la mercantilización del acceso al agua, la ausencia de gobernanza democrática y la limitada información para la planeación.

Cada tema fue expuesto por un ponente diferente, entre ellos José Bautista, del Programa de Empoderamiento y Conflictividad del CIFS, quien habló de la lógica de mercantilización actual del agua y mencionó que actualmente ese paradigma no arroja los objetivos esperados.

Romina Martínez Velarde, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), quien inició con las conclusiones, mencionó que los proyectos que afectan el medio ambiente necesitan un sistema integral para la toma de decisiones, ya que estos suelen hacerse al revés. Es decir, cuando hay una propuesta, se buscan evidencias sencillas para justificarlo y al final se consulta a las personas si están de acuerdo, muchas veces sin brindar información clara y sin incluir una participación real de la ciudadanía.

Hector Castañón quien coordinó el diálogo, invitó a Pedro Arrojo a que compartiera su visión como extranjero y experto en la gestión del agua al respecto de las conclusiones expuestas aquel día.

El Dr. Arrojo habló de hacer cambios en la concepción de lo público, dejar a un lado la mitificación de que es algo oscuro y corrupto, porque dijo que la solución está en democratizar y hacer transparente la función pública. Con esto enfatizó que la privatización no es la solución, porque si el derecho al agua se convierte a un sistema de mercado, vuelve a los ciudadanos en clientes y  excluye a los que no tienen recursos para obtenerlo.

Recalcó una alternativa ante la crisis global del agua: “un cambio en contra del paradigma de la dominación de la naturaleza para nuestro beneficio inmediato. Esto nos lleva a transformar la cultura de discriminar, maltratar y golpear el medio ambiente, de manera que empecemos a entender a los ríos como ecosistemas de vida de los que dependen todos los seres vivos y que un bosque no es un almacén de madera”.

Pedro Arrojo finalizó con el tema de la democracia. Concluyó con el reto de profundizar en la democratización de  la transparencia y la real participación en cuestiones significativas, con nuevo modelo de gestión pública participativa y proactiva.

*Toda la información que surgió está disponible en la siguiente liga: http://tomala.mx/reportaje-completo-dialogo01/

Nota relacionada: http://www.informador.com.mx/jalisco/2014/548354/6/tomala-concluye-que-se-tiene-un-modelo-de-agua-deficitario.htm

 

Ambiguo discurso de Peña al campo de Jalisco: Académico ITESO

Publicado en el periódico MásporMásgdl.

3 de septiembre 2014.- Las reformas del gobierno federal cayeron como una lápida en el campo mexicano y su discurso de ayudar o ‘rescatar’ este sector, es más bien con tintes ‘electoreros’, dice Jaime Morales, investigador del CIFS del ITESO.

Jalisco es uno de los estados fuertes en cuestiones de ganadería y agricultura; no en balde este año se han desarrollado en la entidad diversos eventos, congresos, encuentros y foros sobre el tema, organizados tanto por el gobierno federal como el estatal.

El mismo presidente Enrique Peña Nieto ha estado en Jalisco en las últimas semanas en eventos de este tipo.

Hace dos semanas vino a anunciar ‘el rescate al campo’, un préstamo hasta por 44 mil millones de pesos que dará a productores del campo del país, a través de la Financiera Nacional de Desarrollo.

Y el jueves de la semana pasada, acudió a la toma de protesta del nuevo dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Manuel Cota, por cierto, senador del PRI.

Reformas contradicen discurso

La reforma que “le puso en la madre al campo”, a decir de Jaime Morales profesor del ITESO, fue la fiscal. Pues asegura que es absurdo que alguien (un agricultor o tortillero) den factura electrónica, cuando algunos viven en comunidades donde ni si quiera tienen electricidad.

Aunque ya no ha salido a flote, después de la serie de “foros de consulta” que hizo la Sagarpa, la siguiente reforma que se discutirá en el Congreso de la Unión será la del campo.

Morales, duda que esta nueva reforma traiga beneficios a los agricultores, luego de lo que las otras han implementado, como la facturación electrónica, el despojo de tierras o desplazar a segundo término la producción de alimentos, por ejemplo.

En cuanto a la reforma energética, dice que el tema de la ‘ocupación temporal’ es algo grave. Pues cualquier empresa podría hacerse del territorio de cualquier persona durante el periodo de extracción de los energéticos.

En el caso del llamado ‘fracking’, método para obtener gas ‘shale’, principalmente en los estados del norte, se requerirá una enorme cantidad de agua. “La reforma energética no ofrece una garantía en el cuidado de tierra y en el cuidado de agua”, dice Morales.

Las alternativas

“El sustento de los alimentos es algo demasiado serio como para dejárselo en las manos de los políticos”, dice Morales, y agrega que aunque el panorama que se avecina es parecido al Porfiriato, queda la esperanza de que grupos de personas no sean pasivos.

“Por un lado un montón de organizaciones sociales y rurales, están pidiendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos interponga amparos contra la ley de hidrocarburos. Será el camino legaloide que quizá funcione”

Queda también, las acciones que cada uno haga en el pedacito de tierra que le pertenece, que cuide su milpa o el pedazo de lago o río que tiene; y que, en caso de campesinos, apuesten más por producir para su propio consumo.

Para saber

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), inició en junio una serie de foros de consulta con la que buscan legitimizar la reforma al campo. Jaime Morales afirma que tales foros fueron verticales y que sólo pidieron la opinión de gente cercana al gobierno, dejando de lado a investigadores y expertos.

Jalisco en el campo, algunas cifras

-Es el mayor porcicultor del país; cerró el 2013 con una producción de 3 millones 117 mil 832 cerdos según datos de la Unión Regional de Porcicultores.

-Es el estado que más leche produce; aporta más del 40% de la leche que compra Liconsa.

-Tras el anuncio de la reconversión del maíz en México, en el estado se han sembrado 401 mil 846 toneladas de maíz amarillo, en lo que va del año.

 

 

DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LOS ALTOS DE JALISCO

Por: Heliodoro Ochoa, académico del CIFS-ITESO

La disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas se ha reducido considerablemente en la región
de Los Altos de Jalisco desde que la Comisión Nacional de Agua, el gobierno de Jalisco y el gobierno de
Guanajuato firmaron Acuerdos y Convenios entre 1995 y 2007. Antes de concluir las obras de la presa
El Zapotillo y construir el acueducto El Zapotillo-León, es conveniente actualizar la información sobre el
estado actual que guardan los recursos hídricos en la cuenca del río Verde y los acuíferos que ahí
subyacen con el propósito de realizar los ajustes que sean necesarios a las obras hidráulicas y
distribución de volúmenes de agua entre el estado de Guanajuato, el estado de Jalisco y la región de
Los Altos de Jalisco.
La disponibilidad de agua se ha reducido mientras aumenta la demanda en los volúmenes de agua,
causando la sobreexplotación de acuíferos y la reducción de escurrimientos en los ríos y arroyos que
alimentan los caudales del río Verde. No ha sido evaluada esta situación ni el impacto ambiental,
social y económico que está generando a partir de los proyectos de presas y volúmenes de distribución
de agua en la cuenca del río Verde, particularmente respecto al caso de la presa El Zapotillo y el
acueducto El Zapotillo-León, Guanajuato.
Por su parte, la Comisión Estatal del Agua de Jalisco propone 14 sitios para nuevas presas (además de
El Zapotillo y El Purgatorio) que están siendo evaluadas por la Comisión Nacional del Agua, para
aprovechar en favor de Guadalajara, el máximo de volúmenes asignados de las aguas superficiales del
río Verde (302.775 Mm3 anuales), que le corresponden conforme al Acuerdo del 2005. Por su parte,
Guanajuato también pretende asegurar la totalidad de su reserva de 119.837 Mm3 anuales mediante
la presa El Zapotillo y un acueducto diseñado con sobrada capacidad para lograrlo (Q= 5,477 lps a
3,800 lps).
Los Altos de Jalisco, las autoridades municipales y los diferentes usuarios de la región están excluidos
de estas obras hidráulicas que no les fueron consultadas y les asignaron un volumen limitado para los
usos público urbano (56.764 Mm3, equivalente a un gasto máximo de 1,800 lps) y pecuario (12.600
Mm3, equivalente a 400 lps), impidiendo cualquier otro uso o demanda de agua. Este volumen
reservado es insuficiente y la escasez de agua representa una amenaza para esta región.

Ver documento completo: 2014-04-03 Disponibilidad de agua en Los Altos

La vida se originó en el agua y su continuidad depende de ella


Por: Rosa Gutiérrez                                                                                                                                         Foto: Iliana Martínez

11/8/14.- “Las personas han demostrado que pueden resistir el paso de distintos regímenes políticos, de las guerras, las epidemias, las injusticias y hasta las modas. Pero no podrían sobrevivir sin agua. La vida se originó en el agua y su continuidad depende de ella”. Así comenzó el diálogo: Agua para hoy y mañana: una agenda ciudadana, convocado por la plataforma digital de comunicación Tómala, el día de ayer a las 19:00 hrs.

¿Cuáles son los problemas de fondo en la gestión del agua? ¿Hacia dónde nos lleva la situación actual? ¿Cuáles son las claves para la acción? fueron las preguntas que detonaron el diálogo entre académicos/as, especialistas, autoridades en el tema y ciudadanía en general.

“El agua embotellada cuesta 20 mil veces más que 1 litro de agua, entonces nos preguntamos ¿por qué 1 litro de agua cuesta más que 1 litro de gasolina?
En el caso del río Santiago no tenemos claro hasta dónde va a poder recibir lo que recibe. De acuerdo con el Tribunal Latinoamericano del Agua, es el río más contaminado en la zona, en relación a una población cercana. Hemos pedido que se establezca la relación estudios epidemiológicos entre la contaminación de Santiago y la salud de la gente que vive en el lugar”, mencionó Mario López, Director del Centro de Investigación y Formación Social (CIFS) ITESO.

Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, mencionó que “Lejos de entrar en un esquema de sustentabilidad, se sigue pensando en suministrar agua y ese es un grave problema”.

“La ZMG tiene un problema de hace 25 años con las mismas fuentes de abastecimiento, hoy en día hay un déficit importante del recurso, hay familias que no tienen agua y es una prioridad de CONAGUA abastecer el líquido.  La solución no es sólo traer más agua, debe haber programas paralelos, sustentables”, comentó José Luis Hernández Amaya de CONAGUA.

“En nuestro universo poder tener agua líquida es un milagro geológico. Yo trabajo mucho en ríos y me encuentro con que no sabemos entender cómo funcionan los ciclos,  hay paradigmas sobre aguas subterráneas viejísimos, tenemos la idea que el agua más profunda es mejor y eso no es cierto, mencionó Javier Claunsen, Coordinador de Ingeniería Ambiental de ITESO.

En el encuentro estuvieron presentes también  José Medina Mora – Presidente de COPARMEX, Jalisco; José Elías Chedid Abraham – Delegado de la CNA en Jalisco; Eduardo Santana Castellón – Director del Museo de Ciencias Ambientales, UDG; y Luis Márquez Valdéz – Colectivo Agua y Ciudad.

María gonzalez valencia del  Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, explicó que todas las personas tenemos el derecho de ser consultadas cuando un proyecto va a afectar nuestras vidas, en el caso de las hidroeléctricas”. Creemos que tener un río como el Santiago en nuestro Estado es de vergüenza, finalizó.