Necesitamos una educación propia de indígenas para indígenas

HACÍA LA CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA RED EDUCATIVA PROPIA

Cómo ampliar la Red, en donde también quepan los otros niveles educativos; necesitamos una educación propia de indígenas para indígenas. Tenemos roces y choques porque no comprenden porqué seguimos nuestros  usos y costumbres.

Pedro Cayetano Carrillo, miembro de la Red.

Por: Alondra Barba, Colaboradora del Programa Indígena Intercultural.

La tercera y última actividad del año en la agenda semestral de la Red de Centros Educativos Interculturales Wixáritari y Na’ayerite, se realizó los días 13 y 14 de junio en la ciudad de Tepic, Nayarit; ésta fue socializada y diseñada desde los intereses y las necesidades enunciadas por los asistentes del II Encuentro de la Red, que se llevó a cabo a inicios del presente año dentro de las instalaciones de esta casa de estudios.

El Programa Indígena Intercultural (PII), del Centro de Investigación y Formación Social, acompaña desde hace 20 años los proyectos educativos interculturales autónomos de esta región, mismos que han sido concebidos, diseñados y puestos en marcha por las comunidades para dar respuesta a sus necesidades educativas, aquellas que no han sido escuchadas ni cobijadas por los programas educativos nacionales.

Ya en  notas anteriores, compartimos las experiencias de aquella primera actividad Deportiva y Artística en la comunidad duranguense de ‘Uweni Muyewe; y del Encuentro Académico entre estudiantes, en TateiKié, Jalisco; ambos pertenecientes al pueblo wixárika. Los directivos, profesores y alumnos  confirman que de estos primeros eventos se lograron estrechar lazos de amistad entre los participantes, tanto desde quienes colaboran en las escuelas, como de las autoridades locales y habitantes anfitriones: de manera relevante, enuncian que los intercambios desarrollados permiten identificar las similitudes y diferencias que tienen como culturas, e incluso por comunidades, de la misma región na’ayeri y  wixárika.

Ahora, ¿qué propósitos deparaban este tercer encuentro de socialización de la Red? En un primer momento, compartir la espina dorsal en materia académica de los centros; sus mapas curriculares,  mismos que siempre están en constante revisión y reformulación a fin de cumplir con las expectativas de egreso de sus estudiantes y las aspiraciones de sus comunidades; la actividad de exposición e intercambio no pretende unificar, sino entrelazar experiencias para compartir la diversidad de contenidos educativos que se imparten en cada centro.

Sumado a ello, el diálogo central fue expresar las ideas que trabajan cada bachillerato y los aprendizajes que los más experimentados tienen respecto a los nuevos grupos para abonar a la consolidación de cada proyecto; la exposición de necesidades, sumar alternativas sobre los apoyos que pueden alcanzar con esta Red: gestiones económicas, reconocimiento de validación oficial de estudios, y los avances fruto del logro de años de experiencia e intercambio con otros grupos y actores que también entretejen sus proyectos con los de estas escuelas.

A lo largo de sus tempranos dos años de enunciación como Red, se puede advertir que la misma abona a la construcción de una organización autónoma y solidaria entre sí, para que  juntos puedan ser un  referente educativo-cultural que innove y acompañe proyectos de esta índole; y no sólo a aquellos que en un futuro cercano pudieran sumarse a nivel media superior, sino los de aquellos centros instaurados en la región  de manera oficial, en todos los niveles, que no tienen ninguna intención de retomar las necesidades y propuestas de los pueblos y que por ahora continúan siendo integracionistas y limitan el pleno uso de sus derechos colectivos: “el sistema nacional nos quiere del mismo color cuando somos distintos, y hablo de nuestra región, no es lo mismo Presidio de los Reyes, que San Juan Corapa (comunidades na’ayerite), o Popotita y Bancos (de origen wixárika)”; argumentó Pedro Cayetano, director del Bachillerato Intercultural Muxatena, anfitriones de este tercer encuentro.

Complemento y fortaleza de quienes ahora buscan integrar este movimiento es reconocer que el proyecto de Red está en construcción, y que al parecer en cada encuentro hay más tareas pendientes;  las dificultades que se presentan, como las ausencias de otras escuelas, se espera sean superadas porque el camino será complejo, pero sin duda traerá consigo mejores alternativas a las actuales.

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Ley Estatal para Eliminar la Discriminación en Jalisco sin diálogo con osc

Un dictamen que propone una Ley contra la discriminación inconsistente e inoperante

 Por: Gerardo Moya, integrande del CEPAD

En versión del 11 de mayo pasado, las comisiones de Equidad de Género; Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos; Derechos Humanos; y para el Desarrollo Humano y la Familia, emitieron el dictamen de decreto que expide la Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación en el estado de Jalisco.

Lo anterior, de manera aislada, sin haber dialogado, consultado, o acordado con aquellas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de grupos vulnerables, y que llevamos más de 12 años dialogando con diversas legislaturas precisamente para la aprobación de una ley de esta naturaleza.

Un elemento que resulta redundante, es el otorgar atribuciones a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) para tramitar quejas por actos discriminatorios, ya que es algo que la CEDHJ puede y debe hacer desde su creación en 1993. Lo más grave a nivel de competencias y que evidencia el desconocimiento y falta de asesoramiento a los y las diputadas firmantes del decreto, es la atribución que le otorgan en el artículo 45, en el sentido de que ésta reciba, tramite y concluya quejas en contra de particulares, y proponga la imposición de sanciones a los mismos (artículo 57).

El espíritu que dio fundamento a la figura del Ombudsman (defensor del pueblo) desde 1804, es el de ser un supervisor de la administración pública que fuera ágil y sin mayores trámites para aquellos actos u omisiones cometidos por servidores públicos que violen derechos humanos. Así lo recoge el artículo 102 constitucional que crea tanto la Comisión Nacional de los Derechos humanos en 1992, como a los organismos autónomos de las entidades federativas.

El capítulo que prevé las posibles conductas discriminatorias se puede ampliar y mejorar. Cuenta con tan solo 37 fracciones, de las 52 que tiene la propuesta de iniciativa de Ley del Colectivo “Jalisco Incluyente”, colectivo de organismos por la equidad y contra de la discriminación.

En cuanto al órgano regulador de la Ley, el dictamen refiere la creación del “Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco”, en cuyo artículo 33 se propone conformarlo por el mismísimo Gobernador del Estado (o quién él designe en caso de no poder asistir) y otros 6 consejeros representantes de diversos entes públicos. En contraparte se prevé que sean 4 consejeros “ciudadanos”, eso sí, elegidos por el Congreso del Estado a partir de las ternas que nuevamente le presente el Gobernador. Evidente inequidad e inoperancia, no sólo por su constitución, sino porque los cargos serían honoríficos; es decir, trabajarían gratuitamente.

Lo anterior resulta contradictorio con las “amplias atribuciones y obligaciones que se le otorgan al Consejo” en su artículo 34, y con la periodicidad ordinaria de sus reuniones (cada tres meses).

La buena aportación que contempla el dictamen es aquella que se encuentra en el artículo transitorio séptimo, en el que ordena que se adecúen los ordenamientos legales estatales y municipales para que sean contemplados como actos u omisiones de carácter administrativo los señalados en el dictamen. Lo anterior da pie a que considerados faltas administrativas, puedan entonces sí, abrirse procedimientos en contra de personas físicas y jurídicas privadas (empresas), en los que los órganos ya dispuestos para ello, tales como los Juzgados Municipales, tengan facultades para imponer sanciones, no así la citada CEDHJ.

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Castigo a los partidos: El voto a candidaturas independientes

Por: Carlos Peralta, Académico Investigador CIFS-ITESO

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre sus artículos, existe uno que explícitamente trata sobre los derechos políticos de los individuos. En lo cotidiano nos olvidamos que el ejercicio de los derechos políticos puede ser la base fundamental para lograr la exigibilidad de diferentes derechos, las campañas engañosas pueden propiciar que votemos por un mal partido o candidato lo cual seguramente, en un país como el nuestro, puede significar más corrupción, injusticia social, daños al ecosistema, pérdida en la calidad de vida, entre muchas otras situaciones. Por el otro lado, un voto razonado y crítico puede traer la esperanza de cambios profundos y de mejorar la exigibilidad de los derechos humanos.

Debemos y tan solo como recordatorio, tener presente que el Artículo 21, de la Declaración dice:

  1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
  2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
  3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

 

Es cierto que en nuestro país se celebran elecciones periódicas, me parece también que se avanza paulatinamente en lo relativo a equidad de la contienda y en la libertad de voto (ya no resulta tan fácil condicionar o comprar el voto de los ciudadanos); pero, la pregunta clave es ¿el resultado electoral realmente refleja la voluntad del pueblo? Obviamente se tendrían que hacer análisis muy profundos para responder a la pregunta, en principio se debería estudiar con más interés el fenómeno del abstencionismo. Pero parto por plantear dos situaciones que se evidenciaron en las pasadas elecciones del 7 de junio, en el Estado de Jalisco, y que nos ofrecen signos esperanzadores en relación a la respuesta en relación a si el voto refleja la voluntad popular.

  • Las pasadas elecciones demostraron que los candidatos independientes pueden tener acceso a las funciones públicas. Es cierto que se les ponen muchos obstáculos en el camino pero se demostró que si logran sortearlos, pueden hacer valer su derecho a tener acceso a cargos públicos. En el caso de Jalisco, como ya es conocido por todos, Pedro Kumamoto sorteo los obstáculos para ser candidato a diputado por el Distrito 10, pero además la voluntad popular se inclinó para que él llegara al cargo. En un distrito que tradicionalmente había dado sus votos al PAN, los ciudadanos decidieron realizar un voto razonado, para presidente municipal votaron por un partido no tradicional y para diputado votaron por un candidato independiente, un ciudadano sin partido.
  • Los partidos no consideraron el impacto que podría lograr el voto crítico de los ciudadanos en el área metropolitana de Guadalajara. Castigaron al PRI y posicionaron a Movimiento Ciudadano (MC). Antes de las elecciones no era tan claro o evidente el impacto que se tendría en el mapa electoral, no se podía predecir (sobre todo en municipios como Zapopan o Tlaquepaque) que el MC fuera a ser la opción que tomarían la mayoría de los votantes.

Cierro esta reflexión con un par de comentarios vertidos por la Dra. María Marván Laborde (la semana pasada, aquí en el ITESO), en relación al voto: a) Para las pasadas elecciones cobró notoriedad el voto crítico y diferenciado, es decir fue evidente que los ciudadanos reflexionaron su voto y decidieron a quien darle su confianza (y a quien no). b) En nuestro país se aprecia cada vez con más claridad que tenemos votantes del siglo XXI (ciudadanos pensantes y críticos), pero partidos del siglo XIX.

Si bien con cada votación se mejora la posibilidad (y el derecho) de tener un voto libre y secreto, es aún un reto tener partidos políticos a la altura de las necesidades y de los intereses de los ciudadanos, partidos que representen y hagan suya la voluntad popular. Por ello y mientras que los partidos no hagan suyo el sentir popular tendremos candidatos independientes y partidos castigados.

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La sexualidad de las mujeres

Por: Mariana Espeleta, Académica CIFS-ITESO

Hablar de sexualidad es entrar en un territorio difícil de definir. Desde las afirmaciones tradicionales, la sexualidad hace referencia a cuestiones muy diversas centradas en la experiencia individual, que implican aspectos biológicos (anatómicos, genéticos, endócrinos, reproductivos) y aspectos psicológicos (identidad, deseo, erotismo, afectividad).

Desde una perspectiva más amplia, la sexualidad –como aspecto fundamental y permanente de la vida y de la subjetividad humana- se extiende y permea también las relaciones sociales, incluyendo aspectos culturales (roles, prácticas, género, normas, interacción), aspectos económicos (división del trabajo, reproducción social) y por supuesto políticos (relaciones de poder, acceso, derechos).

Cuando hablamos de sexualidad de las mujeres, encontramos que históricamente la mayoría de los elementos descritos orbitan en torno a la cuestión reproductiva, y fueron construidos desde la mirada masculina. Por dar un ejemplo, los órganos sexuales de las mujeres han sido estudiados y comprendidos por la ciencia casi exclusivamente como órganos reproductivos (muchas veces además descritos en referencia a los órganos masculinos, vagina significa “vaina”), siendo los componentes internos a los únicos a los que se les ha prestado atención, y muy pocas veces la literatura médica ha tomado en cuenta las funciones no reproductivas. Aunque el clítoris se conocía desde la antigua Grecia, fue reconocido por la medicina occidental gracias al “descubrimiento” de Matteo Colombo en 1559 (unos años después que el descubrimiento del otro Colombo), pero debido a su “falta de utilidad” prácticamente desapareció de la literatura médica… ¡hasta 1975! En que se publicó el informe Hite sobre sexualidad femenina. Sin embargo, no fue hasta 1988 cuando la uróloga australiana Helen O’Connell publicó en una revista médica “anatomía del clítoris”, el primer documento científico moderno dedicado al órgano.

Esta pequeña historia, ilustra en parte un problema que es mucho más amplio. Aunque el psicoanálisis ya se había planteado a la sexualidad femenina como una combinación compleja de aspectos individuales y sociales, sus explicaciones y respuestas de la manera en la que ésta se construye, vienen siempre en relación y divergencia de la sexualidad masculina, y no pueden comprenderse más que como un correlato. Hasta el surgimiento del pensamiento feminista, la sexualidad femenina no tenía una explicación propia. Una de las obras inaugurales que pone el asunto sobre la mesa, es sin duda “El segundo sexo” (1949) de Simone de Beauvoir. A partir de allí, desde perspectivas académicas tan variadas como la antropología, la medicina, la psicología, la biología, los estudios culturales, la filosofía etc. Se han multiplicado los trabajos –y las discusiones- que exploran, cuestionan, problematizan, deconstruyen y producen conocimiento sobre los diversos aspectos que componen la sexualidad de las mujeres.

Para saber más:

Simone de Beauvoir, “El segundo sexo”, Cátedra.

Nuria Varela, “Feminismo para principiantes”, Ediciones B

Kate Millet, “Política sexual”, Cátedra.

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26 de junio Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura

Por Carlos Peralta, Académico Investigador del ITESO

Podemos empezar mencionando que la tortura y los tratos inhumanos han existido desde hace siglos, sin embargo con la creación del Estado de Derecho sustentado en sistemas modernos de impartición de justicia, se tenía la esperanza de que la investigación policiaca supliera el uso de la tortura, y con ello, que las personas fuera realmente consideradas inocentes hasta que el Estado demostrara científicamente y objetivamente su culpabilidad. Por desgracia en nuestro país se sigue privilegiando y aceptando como prueba, el método de autoincriminación mediado por el uso de tortura.

En la historia reciente encontramos que en 1948 la comunidad internacional condenó la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Posteriormente fue aprobada por la Asamblea General en 1984 (entró en vigor en 1987), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Años después, en 1985, se nombró al primer Relator Especial sobre el tema de la tortura, y cerramos esta recapitulación mencionando que en diciembre de 1997 la Asamblea General proclamó el 26 de junio, Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las víctimas de la tortura.

Cabe mencionar que Juan E. Méndez, el actual Relator del tema de tortura, visitó nuestro país el año pasado (21 de abril a 2 de mayo de 2014). En su informe sobre la situación de México narra que las diferentes fuerzas de seguridad han torturado a personas detenidas, sobre todo cuando se trata de individuos presuntamente relacionados con la delincuencia organizada. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, expresó sin la menor ambigüedad que existen retos significativos para lograr una mejor y más amplia protección de los derechos humanos en el país, también reconoció que la tortura constituye una práctica a la que todavía se recurre en distintas formas y que no ha sido del todo erradicada.

La tortura cosifica a las personas, impide que puedan tener un juicio justo y gozar de una adecuada defensa. Reconocer la presencia constante de la práctica de tortura es muy relevante porque implica reconocer la impunidad en la cual se mueven las fuerzas de seguridad (nadie o muy pocos son juzgados por cometer este delito), además de que pone en evidencia nuestro deficiente sistema de investigación policiaca. La tortura ayuda a generar dudas sobre el sistema de justicia porque es usada para fabricar culpables, que si bien a la larga pueden quedar en libertad, para entonces el sistema gasto miles de pesos en juzgar a un inocente y lo peor del caso es que tampoco capturó a los verdaderos culpables.

Aquí en Jalisco, el pasado 10 de marzo, los diputados aprobaron una nueva legislación, le llamaron: Ley para Prevenir, Sancionar, Erradicar y Reparar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes del Estado de Jalisco. También se aprobaron algunas modificaciones al Código Penal y a otras dos leyes, y puede considerarse un aspecto positivo el hecho de que se contemplen penas de hasta 12 años de cárcel y multas de 200 a 500 salarios mínimos para aquellos servidores públicos que cometan este delito. Además se obliga a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) a denunciar los casos en los que reciba quejas por este tipo de prácticas.

Es importante que se hubiera aprobado esta Ley porque pone de manifiesto que el Poder Legislativo repudia este tipo de prácticas, sin embargo debemos preguntarnos ¿una ley terminará con la tortura? Teníamos en Jalisco una ley contra la tortura y en 22 años de existencia nunca fue aplicada. La tortura seguirá existiendo hasta que las fuerzas de seguridad policiaca sean obligadas a cambiar sus métodos, hasta que no sea tolerada esta práctica por sus superiores, hasta que no cambie el sistema de justicia y deje de ser considerada como prueba la autoincriminación, o hasta que se aplique realmente el Protocolo de Estambul. Es decir deben existir cambios importantes dentro del propio sistema para que realmente sea eliminada esta práctica.

El 26 de junio debe ser un día para recordarnos que todavía hay mucho por trabajar para tener un buen sistema de procuración y administración de la justicia.

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El capitalismo depredador de los despojos de bienes comunes

Por: Guillermo Diaz, Académico Investigador del CIFS

 

Nos encontramos, desde la década de los ochenta del siglo pasado, en una nueva fase del capitalismo, como sistema-mundo, que tiene su versión dominante en el neoliberalismo. Sin embargo, aunque las características principales de esta fase tiene como principios fundamentales los procesos de ‘hipermercantilización de la vida’ en todas sus dimensiones (éticas, económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales) y especies, las formas concretas de hacerlas realidad se materializan en premisas como los procesos de ‘privatización’ de todo cuanto sea posible (especialmente de las empresas paraestatales o de los Estados nacionales), de ‘liberalización-desregulación’ de mercancías, flujos de dinero y mano de obra y de ‘estabilización’ de las economías (de precios y tipos de cambio).

Más recientemente, la acumulación del capital, objetivo último de la apuesta capitalista, ha venido cobrando fuerza, más que en la plusvalía extraída de la explotación de la mano de obra y del trabajo, en los beneficios que le reporta la libertad de que gozan los flujos de efectivo que viajan con toda libertad por todo el mundo buscando beneficios inmediatos – capitales golondrinos-, sea por la vía de los altos rendimientos que generan las inversiones en los mercados emergentes, o por la vía de los paraísos fiscales exentos de cualquier tipo de regulación.

Pero una nueva versión, aún más depredadora de esta vorágine y dinámica neoliberal, se refiere a la ‘acumulación por despojo’ o desposesión de los bienes comunes. Entendemos por bienes comunes aquellos que son patrimonio de la humanidad y de las comunidades como el agua, el aire, el territorio o los recursos naturales. Múltiples son las manifestaciones que ocurren el mundo en este sentido: desde la expropiación de terrenos a comunidades y pueblos para la construcción de ‘megaproyectos’ como presas hidroeléctricas y el de abastecimiento de agua; hasta la construcción de carreteras de cuota, la expropiación y reubicación de pueblos ancestrales para el aprovechamiento de sus tierras para plantaciones forestales con fines de producción de palma aceitera y eucalipto, entre otros, la promoción de la minería a cielo abierto, el desarrollo de megaproyectos turísticos de elite, la instalación de parques eólicos, la construcción de aeropuertos modernos, entre muchas más.

Ejemplos en el mundo sobran, pero las resistencias desde abajo también se multiplican. En nuestro país podemos citar algunos de los más representativos:

  • En la sierra norte de Puebla, la construcción de La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Fundar y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y el Consejo Tiyat Tlali, lograron un triunfo de trascendencia nacional los amparos concedidos a habitantes de Tlatlauquitepec, Yahonáhuac, Cuetzalan e Ixtacamaxtitlán en contra de las concesiones mineras de Autlán y Almaden Minerals y a favor de los pueblos originarios. Mientras duren los trámites de los juicios de amparo, las compañías que detentan las concesiones mineras no podrán realizar actividades tendientes a la explotación.
  • En la comunidad indígena zapoteca de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, con base en la legislación nacional e internacional, ha impugnado y realizado acciones colectivas en contra un parque eólico de la empresa Energía Eólica del Sur, cuyo plan no cuenta con el permiso de generación de energía eléctrica, licencia de construcción ni autorización de impacto ambiental, ya que están condicionados a la realización de la consulta. Las autoridades que están a cargo de la consulta son el ayuntamiento de Juchitán, la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca y la Sener. Además, estarán participando la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, respectivamente y organizaciones e instituciones para participar como observadores como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;
  • En las cascadas de Agua Azul, ubicado en el municipio de Tumbalá, las tierras despojadas por el gobierno cruzan el camino de acceso al centro ecoturístico del pueblo indígena tzeltal del ejido San Sebastián Bachajón, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, quienes defienden su territorio ancestral, su cultura, tradición e identidad. El 21 de diciembre de 2014, más de 400 ejidatarios recuperaron pacíficamente las tierras de uso común de que habían sido despojados ilegalmente el 2 de febrero de 2011 por los tres niveles de gobierno y sus partidarios locales. Las tierras de Bachajón están protegidas legalmente por la suspensión de plano otorgada en su amparo 274/2011;
  • Los mil 900 indígenas afectados, nahuas del ejido de Ayotitlán, ejido jalisciense en Cuautitlán de García Barragán, ven sus tierras ancestrales afectadas severamente por la extracción de hierro durante los últimos 40 años por el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, de acuerdo con el último estudio realizado por el Centro Universitario del Sur (Cucsur) de la Universidad de Guadalajara, la zona está “bastante degradada. El diagnóstico realizado en más de 400 hectáreas que la empresa renta pueden extenderse a la Reserva de la Biosfera, en la Sierra de Manantlán, para depositar el material rocoso estéril originado por la extracción ferrosa. El consorcio les paga apenas 340 pesos por hectárea, cada año.

No sólo las comunidades resisten frente a los embates de la acumulación capitalista por desposesión, sino que se organizan además en grandes redes nacionales para fortalecer sus luchas locales y más amplias. Destacan entre ellas: la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), la Asamblea Regional de Afectados Ambientales de Jalisco (ARAA Jalisco), el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), entre otras.

Sus luchas son por la vida, por el territorio y la naturaleza, así como por la justicia y el Buen vivir frente a este sistema-mundo capitalista.

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Gobierno Abierto: promesas y realidades

Por: José Bautista Farías, Coordinador del Programa ed Empoderamiento y Conflictividad del CIFS

El tema de Gobierno Abierto (GA) está de moda dentro de la administración pública, la academia y el activismo social. Pero ¿qué significa en realidad este término y qué implicaciones tiene?, ¿es factible su implementación en contextos como el mexicano? Existen diferentes enfoques respecto a este concepto: a) algunos analistas lo conciben como resultado del avance tecnológico, por consiguiente, enfatizan la importancia de las tecnologías de información y comunicación; b) otros, resaltan los principios y valores que deben imperar en el servicio público orientado al bienestar general de los ciudadanos, subrayando la organización y eficiencia del gobierno; y c) otra tendencia destaca un nuevo modelo de gestión pública con participación ciudadana donde lo central es la colaboración gobierno – sociedad civil[2].

Los promotores de este nuevo modelo de gestión de lo público resaltan cuatro pilares del GA: i) la transparencia en la administración pública ii) la rendición de cuentas; iii) la participación y colaboración de las y los ciudadanos en la atención de los problemas y iv) el uso de las tecnologías de información y comunicación. Los cuatro pilares son imprescindibles para el modelo funcione, si alguno falla se desconfigura el esquema y pierde sustento.

La autoría del GA se atribuye al presidente de los E.U. Barack Obama, como una forma de restituir la confianza de los ciudadanos en los gobiernos y una nueva manera de encarar los asuntos públicos con mayor eficacia involucrando a los ciudadanos y utilizando los recursos tecnológicos. A mediados de 2011 se constituyó formalmente la Alianza por el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, AGA) en Nueva York concebido como un esfuerzo multilateral que en sus orígenes involucró a nueve países: México, Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Noruega, Reino Unido, Sudáfrica y Tanzania. En menos de cinco años, esta iniciativa ha cobrado relevancia ya que actualmente participan 65 países en una plataforma internacional que comparten determinados compromisos: i) aumentar la disponibilidad de información de los gobiernos; ii) apoyar la participación ciudadana; iii) aplicar estándares de integridad profesional en los gobiernos y iv) aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas[3]. Todas estas son promesas que no siempre –desafortunadamente- se aterrizan en la realidad, pero estos elementos son imprescindibles para el impulso de una gobernabilidad democrática.

Estos compromisos no tienen sustento jurídico, se sostienen de la voluntad política expresa del ejecutivo de cada país y de los organismos civiles involucrados, así como en evaluaciones externas que verifican y califican el grado de cumplimiento y avance de cada plan. En México se inició con Felipe Calderón y actualmente el gobierno de Enrique Peña Nieto preside la representación internacional. Por parte de las organizaciones de la sociedad civil participan actualmente: Transparencia Mexicana, CIDAD, Fundar, Gesoc, IMCO, Artículo XIX, Cultura Ecológica y SOCIAL TIC, además del INAI (antes IFAI). Se cuenta con un Plan de Acción 2013-2015 que contiene 26 compromisos elaborados de manera conjunta, entre los que destacan: elaboración de una base de datos sobre desaparecidos; gasto abierto en obra pública; datos abiertos; datos de educación superior; minería; medio ambiente, entre otros[4].

Las relaciones entre el ejecutivo federal y las organizaciones civiles no han sido fáciles ni tersas. En el reporte de avances del plan citado, el núcleo de organizaciones que promueven la AGA en México reconocen la apertura del Gobierno Federal en la presencia de público y medios de comunicación interesados en el conocimiento y revisión del plan de actividades, así como avances significativos en la mayoría de los compromisos. Empero, advierten del riesgo de incumplimiento en cinco compromisos relacionados con los temas de seguridad, justicia, industrias extractivas y educación[5]. Estas son las realidades nada sencillas con las que hay que lidiar para encontrar alternativas creativas a través del diálogo y la concertación.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 4 de mayo del año en curso, establece como atribución de los órganos garantes (nacional y estatales) fomentar los principios del GA y establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales de cada entidad (artículo 42, frs. VIII y XX). Por el momento el GA sólo se realiza en el ámbito del Ejecutivo Federal, no obstante el INAI empezó a promover, a partir de este año, réplicas de éste ejercicio a nivel subnacional. En Jalisco se han realizado dos reuniones (marzo y mayo) para informar sobre este tema y analizar su viabilidad. El gobierno de Aristóteles Sandoval al igual que varios organismos civiles y el ITEI han mostrado interés en impulsar una agenda de GA local. Por el momento es una promesa, dependerá de la voluntad de todos los involucrados en hacerla realidad para beneficio de las y los jaliscienses.

 

Tlaquepaque, Jal. a 3 de junio de 2015.

 

[2] Ver: Mariñez Navarro, Freddy, “El debate abierto del Gobierno Abierto”, ponencia presentada en el XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública, Cartagena, Colombia, 30 de oct- 2 de nov. De 2012.

[3] Estos compromisos se pueden consultar en: http://gobabiertomx.org/

[4] Los compromisos y avances en su cumplimiento se pueden consultar en http://tablero.gobabiertomx.org/

[5] Ver: Estado de Avances del Plan de Acción 2013-2015 de la Alianza para el Gobierno Abierto en México, ver: http://bit.ly/1RKD3e5

 

Hacia agriculturas más sustentables, alternativas ante la crisis rural y alimentaria

Por: Jaime Morales Hernández, Investigador del Centro de Investigación y Formación Social

La globalización neoliberal continua con sus procesos de imposición de la agricultura industrial en todo el mundo, y que implica la modificación intensiva de los ecosistemas, a través del monocultivo, las semillas híbridas y transgénicas, la utilización de insumos de origen industrial como fertilizantes químicos, agrotóxicos y combustibles fósiles, que alteran los sistemas naturales a través de la substitución de procesos naturales por industriales. El papel omnipresente del mercado es otro de sus rasgos y esta agricultura, se encuentra cada vez más involucrada en un complejo de industrias de producción, procesamiento y comercialización de alimentos e insumos. La agricultura ha ocasionado una profunda crisis rural en todo el mundo, algunas de cuyas evidencias son: a) el incremento de la desnutrición y la malnutrición a pesar de los niveles de producción, b) el aumento de la pobreza y marginación de los habitantes rurales, c) la emigración y éxodo de los habitantes del campo , d) el continuo deterioro de los recursos naturales como agua, suelo, biodiversidad, y alta incidencia en el cambio climático e) la baja calidad y confiabilidad de los alimentos que cada vez entrañan más riesgos para los consumidores y f) la explotación continua de mano de obra indígena, femenina e infantil en sus procesos productivos.

Ante esta crisis rural, se extienden por todas partes del mundo, múltiples experiencias, que demuestran la existencia de alternativas orientadas hacia agriculturas más sustentables capaces de ofrecer soluciones a la desnutrición, al deterioro de los recursos naturales, a la calidad de los alimentos, y a la pobreza de las familias rurales. El libro “Las Cosechas del futuro: como la agroecología puede alimentar al mundo”, de Marie Monique Robin, publicado por editorial Península en 2014, es un excelente recorrido por las distintas vías que en todo el orbe se van construyendo hacia agriculturas más respetuosas con el medio ambiente, la autora fundamentada en múltiples análisis científicos y en estudios de caso da cuenta de estas experiencias y de su viabilidad económica, social, ambiental y cultural en un entorno dominado aún por la agricultura industrial globalizante. La autora tiene una amplio conocimiento en el tema y como periodista de investigación ha escrito también “El mundo según Monsanto” en 2008 y “Nuestro veneno cotidiano” en 2012.

El libro es particularmente interesante para los lectores mexicanos, ya que la autora analiza a detalle la crisis de la agricultura mexicana y las graves consecuencias que para la gran mayoría de los habitantes rurales ha significado la ortodoxia neoliberal de las políticas agrícolas y la sumisión del campo a los designios del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, Marie Monique Robin, también se detiene a revisar en profundidad las diferentes experiencias exitosas que existen en México en torno a la agroecología, y nos muestra las grandes potencialidades de las agriculturas familiares, campesinas e indígenas en México para avanzar hacia la sustentabilidad.

Estar informados de la calidad de nuestros alimentos, de cómo se producen, de quienes lo producen, es un primer paso para asumir un papel responsable y consciente ante la agricultura industrial y sus impactos, vaya entonces una invitación a acercarse a este libro, leerlo, reflexionarlo y compartirlo, teniendo presente a Vandana Shiva quien nos dice “ la seguridad ecológica es una de nuestras seguridades básicas, somos las plantas que cultivamos, los alimentos que comemos, el agua que bebemos, el entorno natural donde vivimos Por tanto reivindicar el control democrático de lo que sembramos, de nuestra comida, de nuestra agua, de nuestro medio ambiente, así como de nuestra supervivencia ecológica es un proyecto indispensable para nuestra libertad”.

Para profundizar más:

1.-Greenpeace Comida Sana en Tierra Sana: https://www.greenpeace.mx/comidasana/public/

2.-Ecología Política BLOG CIFS: https://blogs.iteso.mx/cifs/

3.- Videos Marie Monique Robin:

-El Mundo según Monsanto: https://www.youtube.com/watch?v=B_VUfvTG-9M

-Nuestro Veneno Cotidiano:  https://www.youtube.com/watch?v=DjoN2cCqrBY

-Las cosechas del futuro gratuito, con subtítulos https://www.youtube.com/watch?v=NUysB9BpXVo

 

 

 

 

 

Un asomo al otro lado

Por: Iliana Martínez, Académica del CIFS-ITESO

El presente ensayo visual se construyó a partir imágenes tomadas en diversos viajes a Nogales, Sonora, México; Tucson, Arizona y Los Ángeles, California, EUA. Esto como un proyecto de investigación que se impulsa desde el Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) del CIFS buscando aprender de los interesantes proyectos que impulsan las comunidades migrantes en México y Estados Unidos.

La intención de la selección visual es compartir algunas de las “vistas” que me llamaron la atención, como la frontera en Nogales, la zona de McArthur Park, el barrio de Boyle Heights y el centro de Los Ángeles. Todos estos espacios se encuentran fuertemente relacionados con la población migrante y los movimientos sociales que luchan por sus derechos. A nivel cultural hay una presencia muy rica de las comunidades mexicanas en algunos casos en particular de la jalisciense, como en el caso de la plaza del Mariachi.

Los y las invito a que las miren con ojos curiosos.

Visíta la fotogalegía: http://on.fb.me/1FFFjxK

 

Encarar los múltiples problemas que genera el modelo neoliberal

Por: Manuel Sánchez, Académico del CIFS – ITESO

 

En este año 2015 el sujeto social Alianza ciudadana para el desarrollo regional del sur de Jalisco (ACDRA-SURJA) llego a su aniversario número ocho el día sábado 31 de marzo, con una presencia en diez municipios de esta región jalisciense en un marco de búsqueda y generación de alternativas para encarar los múltiples problemas que genera el modelo neoliberal y la crisis civilizatoria que padecemos a escala global y que impacta grandemente a la región y a las comunidades donde esta organización ciudadana actúa.

En los albores de la construcción del sujeto social (fines de 2006 inicios de 2007) en el Centro de Investigación y Formación Social (CIFS) decidimos apostarle a un proyecto territorial, a la construcción de conocimiento desde el mismo proceso, a la búsqueda de impactos sociales significativos basados en la pertinencia social y la pertinencia académica, en articulación con las personas y sus dirigentes en los municipios que se ubican en la región administrativa Sur del Estado de Jalisco.

Se buscó la articulación de nuestras labores académicas con los grupos sociales y procesos que generaban estos, teniendo en mente trabajar en alianza plural y amplia con esos grupos ya existentes en el Sur de Jalisco y al interior del ITESO integrar la participación de académicos y alumnos de otros departamentos académicos, el reto fue el enfoque regional, la visión de un desarrollo sustentable, la formación en base a los derechos ciudadanos y el compartir en enfoque participativo de las personas del sur de Jalisco, sus dirigentes, maestros y alumnos para en conjunto a partir de diagnósticos participativos identificar las necesidades y problemáticas de las personas y grupos organizados para construir alternativas de solución.

En los años 2007-2010 se puso énfasis en la construcción del sujeto social, en la gestión de un desarrollo y de un modelo de desarrollo regional de corte alternativos ambos, como puede verse en los propósitos vigentes en aquel entonces y que eran asesorar la construcción de un sujeto social regional amplio y plural con capacidad para impulsar un proyecto de desarrollo alternativo; diseñar e implementar diversas estrategias y modalidades educativas (teórico-prácticas) tanto para el sujeto social como para alumnos y profesores del ITESO en torno al Desarrollo Regional Alternativo (DRA); generar un modelo de DRA como conocimiento socialmente útil sobre el sur de Jalisco y replicable; desarrollar metodologías de diagnóstico, planeación, gestión y evaluación del proceso de DRA desde los derechos ciudadanos; y apoyar la gestión de recursos y alianzas derivados del Proyecto de DRA.

A la par de ese proceso interno se desarrolló articuladamente un proceso de intervención, formación e investigación en un continuo ir y venir de la teoría a la práctica, de las instancias universitarias a las comunidades y poblaciones del sur de Jalisco, de la ciudad al campo y las ciudades medias, del conocimiento forjado en las universidades al conocimiento popular de nuestros pueblos, dialogando con los dirigentes y las personas inquietas con interés en articular los diversos esfuerzos sociales dispersos hasta antes de 2007 y pilares de lo que ha sido el desarrollo hasta 2015 de la ACDRA-SURJA, un proceso en búsqueda y construcción de un desarrollo sustentable alternativo, basado en tres ejes acción que fueron los ejes de economía solidaria, medio ambiente y acción cívico política, el trabajo en micro regiones y con niveles de organizativos que van desde las organizaciones sociales y ciudadanas, sus dirigentes sociales, sus grupos municipales; hasta la Comisión Coordinadora (CoCo), el Equipo Promotor (EP) las Asambleas Regionales y las Asambleas Regionales Anuales.

De 2007 a 2015 ACDRA SURJA es un sujeto social que ha relacionado lo micro, lo macro, y lo local-global partiendo de la praxis entendida como una actividad consciente del ser humano encaminada a fines y objetivos concretos y en relación dialéctica entre teoría y práctica (a través del método ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBS) y del método de la IAP diagnóstico, planificación, acción, observación y reflexión – evaluación), que ha avanzado en la elaboración de un proyecto regional de desarrollo que va desde la organización básica, la planeación (diagnóstico y diseño), la implementación y gestión (construcción de estrategias y tácticas alternativas), la sistematización participativa y la planeación – evaluación que de manera permanente se realiza desde 2007 hasta la fecha. ACDRA-SURJA es también el caminar organizado desde abajo y junto con la gente en la formación de otros procesos organizativos (además de los ya mencionados) como son las redes sociales, los proyectos regionales integrales, los macro proyectos ciudadanos y los que se puedan generar mediante alianzas estratégicas regionales y nacionales.

“Se cansaron de esperar y entonces decidieron hacer sus propias escuelas”

Por: Alondra Barba, experta

Red de Centros Comunitarios e Interculturales: un movimiento educativo regional.

Actividades académicas, culturales y deportivas constituyen la agenda 2015 de la Red de Centros Educativos e Interculturales Wixáritari y Na’ayeriteel, la primera de ellas el pasado mes de marzo. Autoridades educativas y alumnos de tres bachilleratos de las siete escuelas que conforman la Red, se reunieron en la comunidad wixárika de ‘Uweni Muyewe -Bancos de San Hipólito-, en el estado de Durango.

¿Y qué es lo que hace que esta actividad sea relevante?, pues nada menos que la historia que hay detrás de estas escuelas, ya que hace aproximadamente 20 años en la sierra norte de Jalisco, las comunidades wixáritari de ese estado decidieron construir la primera secundaria de la zona. Ésta no sería una escuela convencional y ni el resto de los bachilleratos interculturales que a partir de entonces emergieron a lo ancho de la región wixárika-na’ayeri que comprende los estados de Jalisco, Nayarit y Durango.

Hoy día tras historias de arduo trabajo, desde las reuniones locales, tortuosas gestiones con instancias públicas y un sinfín de actividades relacionadas al emprendimiento de estos proyectos educativos únicos, son ya 6 bachilleratos y 1 secundaria interculturales que han originado la Red de Centros Educativos Comunitarios e Interculturales, que desde el 2014 se reúnen para socializar y estrechar lazos de acción a favor de su principal razón de ser: sus estudiantes, adolescentes y jóvenes, que están formándose desde el reconocimiento de su identidad cultural, para beneficio de sus comunidades y la región.

Es entonces importante reconocer el esfuerzo de emprender acciones a favor de crear un movimiento educativo en esta región, puesto que movilizarse en los abruptos caminos de la región, la falta de recursos económicos tanto de las escuelas como de sus estudiantes, es lo que hace trascendental dedicarle nuestra mayor admiración y apoyo para que sus próximas actividades continúen llevándose a cabo. A pesar de estas limitaciones y contando exclusivamente con sus propios recursos, fueron capaces de concentrar en ‘Uweni Muyewe -Bancos de San Hipólito a más de 100 personas, profesores, alumnos y comuneros, para festejar cultural y deportivamente por el enorme gusto de compartir el mismo camino y las propias riquezas de cada escuela.

Resta decir que la principal razón de iniciar con una actividad deportiva y cultural, en donde se realizaron encuentros en diferentes disciplinas y se presentaron danzas y música tradicional de cada comunidad, fue para brindar a sus estudiantes la oportunidad de conocer a otros wixáritari y na’ayerite que viven y estudian en escenarios locales diferentes a los suyos: desde el idioma, la cultura, la vegetación, el clima, entre otros. Sin embargo el fin común es el mismo, el derecho a una educación propia… algo a lo que el Estado ha decidido darle la espalda.

Bachilleratos Interculturales participantes en el primer Encuentro Deportivo- Cultural:

Takutsi Niukieya, Tatei Yurienaka ‘Iyarieya y La Muxatena.

 

Visita en facebook: Red de Centros Educativos Comunitarios Wixáritari y Na’ayerite.

Programa Indígena Intercultural – CIFS-ITESO

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