El capitalismo depredador de los despojos de bienes comunes

Por: Guillermo Diaz, Académico Investigador del CIFS

 

Nos encontramos, desde la década de los ochenta del siglo pasado, en una nueva fase del capitalismo, como sistema-mundo, que tiene su versión dominante en el neoliberalismo. Sin embargo, aunque las características principales de esta fase tiene como principios fundamentales los procesos de ‘hipermercantilización de la vida’ en todas sus dimensiones (éticas, económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales) y especies, las formas concretas de hacerlas realidad se materializan en premisas como los procesos de ‘privatización’ de todo cuanto sea posible (especialmente de las empresas paraestatales o de los Estados nacionales), de ‘liberalización-desregulación’ de mercancías, flujos de dinero y mano de obra y de ‘estabilización’ de las economías (de precios y tipos de cambio).

Más recientemente, la acumulación del capital, objetivo último de la apuesta capitalista, ha venido cobrando fuerza, más que en la plusvalía extraída de la explotación de la mano de obra y del trabajo, en los beneficios que le reporta la libertad de que gozan los flujos de efectivo que viajan con toda libertad por todo el mundo buscando beneficios inmediatos – capitales golondrinos-, sea por la vía de los altos rendimientos que generan las inversiones en los mercados emergentes, o por la vía de los paraísos fiscales exentos de cualquier tipo de regulación.

Pero una nueva versión, aún más depredadora de esta vorágine y dinámica neoliberal, se refiere a la ‘acumulación por despojo’ o desposesión de los bienes comunes. Entendemos por bienes comunes aquellos que son patrimonio de la humanidad y de las comunidades como el agua, el aire, el territorio o los recursos naturales. Múltiples son las manifestaciones que ocurren el mundo en este sentido: desde la expropiación de terrenos a comunidades y pueblos para la construcción de ‘megaproyectos’ como presas hidroeléctricas y el de abastecimiento de agua; hasta la construcción de carreteras de cuota, la expropiación y reubicación de pueblos ancestrales para el aprovechamiento de sus tierras para plantaciones forestales con fines de producción de palma aceitera y eucalipto, entre otros, la promoción de la minería a cielo abierto, el desarrollo de megaproyectos turísticos de elite, la instalación de parques eólicos, la construcción de aeropuertos modernos, entre muchas más.

Ejemplos en el mundo sobran, pero las resistencias desde abajo también se multiplican. En nuestro país podemos citar algunos de los más representativos:

  • En la sierra norte de Puebla, la construcción de La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Fundar y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y el Consejo Tiyat Tlali, lograron un triunfo de trascendencia nacional los amparos concedidos a habitantes de Tlatlauquitepec, Yahonáhuac, Cuetzalan e Ixtacamaxtitlán en contra de las concesiones mineras de Autlán y Almaden Minerals y a favor de los pueblos originarios. Mientras duren los trámites de los juicios de amparo, las compañías que detentan las concesiones mineras no podrán realizar actividades tendientes a la explotación.
  • En la comunidad indígena zapoteca de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, con base en la legislación nacional e internacional, ha impugnado y realizado acciones colectivas en contra un parque eólico de la empresa Energía Eólica del Sur, cuyo plan no cuenta con el permiso de generación de energía eléctrica, licencia de construcción ni autorización de impacto ambiental, ya que están condicionados a la realización de la consulta. Las autoridades que están a cargo de la consulta son el ayuntamiento de Juchitán, la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca y la Sener. Además, estarán participando la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, respectivamente y organizaciones e instituciones para participar como observadores como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;
  • En las cascadas de Agua Azul, ubicado en el municipio de Tumbalá, las tierras despojadas por el gobierno cruzan el camino de acceso al centro ecoturístico del pueblo indígena tzeltal del ejido San Sebastián Bachajón, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, quienes defienden su territorio ancestral, su cultura, tradición e identidad. El 21 de diciembre de 2014, más de 400 ejidatarios recuperaron pacíficamente las tierras de uso común de que habían sido despojados ilegalmente el 2 de febrero de 2011 por los tres niveles de gobierno y sus partidarios locales. Las tierras de Bachajón están protegidas legalmente por la suspensión de plano otorgada en su amparo 274/2011;
  • Los mil 900 indígenas afectados, nahuas del ejido de Ayotitlán, ejido jalisciense en Cuautitlán de García Barragán, ven sus tierras ancestrales afectadas severamente por la extracción de hierro durante los últimos 40 años por el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, de acuerdo con el último estudio realizado por el Centro Universitario del Sur (Cucsur) de la Universidad de Guadalajara, la zona está “bastante degradada. El diagnóstico realizado en más de 400 hectáreas que la empresa renta pueden extenderse a la Reserva de la Biosfera, en la Sierra de Manantlán, para depositar el material rocoso estéril originado por la extracción ferrosa. El consorcio les paga apenas 340 pesos por hectárea, cada año.

No sólo las comunidades resisten frente a los embates de la acumulación capitalista por desposesión, sino que se organizan además en grandes redes nacionales para fortalecer sus luchas locales y más amplias. Destacan entre ellas: la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), la Asamblea Regional de Afectados Ambientales de Jalisco (ARAA Jalisco), el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), entre otras.

Sus luchas son por la vida, por el territorio y la naturaleza, así como por la justicia y el Buen vivir frente a este sistema-mundo capitalista.

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