Por Carlos Peralta, Académico Investigador del ITESO
Podemos empezar mencionando que la tortura y los tratos inhumanos han existido desde hace siglos, sin embargo con la creación del Estado de Derecho sustentado en sistemas modernos de impartición de justicia, se tenía la esperanza de que la investigación policiaca supliera el uso de la tortura, y con ello, que las personas fuera realmente consideradas inocentes hasta que el Estado demostrara científicamente y objetivamente su culpabilidad. Por desgracia en nuestro país se sigue privilegiando y aceptando como prueba, el método de autoincriminación mediado por el uso de tortura.
En la historia reciente encontramos que en 1948 la comunidad internacional condenó la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Posteriormente fue aprobada por la Asamblea General en 1984 (entró en vigor en 1987), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Años después, en 1985, se nombró al primer Relator Especial sobre el tema de la tortura, y cerramos esta recapitulación mencionando que en diciembre de 1997 la Asamblea General proclamó el 26 de junio, Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las víctimas de la tortura.
Cabe mencionar que Juan E. Méndez, el actual Relator del tema de tortura, visitó nuestro país el año pasado (21 de abril a 2 de mayo de 2014). En su informe sobre la situación de México narra que las diferentes fuerzas de seguridad han torturado a personas detenidas, sobre todo cuando se trata de individuos presuntamente relacionados con la delincuencia organizada. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, expresó sin la menor ambigüedad que existen retos significativos para lograr una mejor y más amplia protección de los derechos humanos en el país, también reconoció que la tortura constituye una práctica a la que todavía se recurre en distintas formas y que no ha sido del todo erradicada.
La tortura cosifica a las personas, impide que puedan tener un juicio justo y gozar de una adecuada defensa. Reconocer la presencia constante de la práctica de tortura es muy relevante porque implica reconocer la impunidad en la cual se mueven las fuerzas de seguridad (nadie o muy pocos son juzgados por cometer este delito), además de que pone en evidencia nuestro deficiente sistema de investigación policiaca. La tortura ayuda a generar dudas sobre el sistema de justicia porque es usada para fabricar culpables, que si bien a la larga pueden quedar en libertad, para entonces el sistema gasto miles de pesos en juzgar a un inocente y lo peor del caso es que tampoco capturó a los verdaderos culpables.
Aquí en Jalisco, el pasado 10 de marzo, los diputados aprobaron una nueva legislación, le llamaron: Ley para Prevenir, Sancionar, Erradicar y Reparar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes del Estado de Jalisco. También se aprobaron algunas modificaciones al Código Penal y a otras dos leyes, y puede considerarse un aspecto positivo el hecho de que se contemplen penas de hasta 12 años de cárcel y multas de 200 a 500 salarios mínimos para aquellos servidores públicos que cometan este delito. Además se obliga a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) a denunciar los casos en los que reciba quejas por este tipo de prácticas.
Es importante que se hubiera aprobado esta Ley porque pone de manifiesto que el Poder Legislativo repudia este tipo de prácticas, sin embargo debemos preguntarnos ¿una ley terminará con la tortura? Teníamos en Jalisco una ley contra la tortura y en 22 años de existencia nunca fue aplicada. La tortura seguirá existiendo hasta que las fuerzas de seguridad policiaca sean obligadas a cambiar sus métodos, hasta que no sea tolerada esta práctica por sus superiores, hasta que no cambie el sistema de justicia y deje de ser considerada como prueba la autoincriminación, o hasta que se aplique realmente el Protocolo de Estambul. Es decir deben existir cambios importantes dentro del propio sistema para que realmente sea eliminada esta práctica.
El 26 de junio debe ser un día para recordarnos que todavía hay mucho por trabajar para tener un buen sistema de procuración y administración de la justicia.
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