Categoría: La opinión del experto

Quiénes somos los y las mexicanas frente a las personas migrantes en tránsito

UNA REFLEXIÓN SOBRE LA NOVELA: LA FILA INDIA

Por: Heriberto Vega Villaseñor, académico del ITESO

Leí con atención y avidez la novela de Antonio Ortuño titulada La fila india. También con interés ya que esperaba encontrar información que pudiera resultarme especialmente valiosa para mi trabajo de investigación del Doctorado que es sobre la migración de tránsito y la ayuda humanitaria. Sin embargo, aunque la novela me fue atrapando, pronto me di cuenta que su trama apuntaba más bien a otra parte, que en sí me resultó profundamente provocadora: quiénes somos los mexicanos frente a los migrantes en tránsito y, de manera particular, quién es el Estado y cómo se manifiesta en el trato con ellos y ellas.

Ya desde el inicio se presenta una escena que es de por sí desgarradora y tiene que ver con la tragedia de un Estado que se ha fusionado con el crimen organizado y se ha vuelto un verdadero peligro para todo aquel que se le cruce en el camino, peor aún si acusa algún estado de vulnerabilidad. Y ahí, los personajes, los que le dan vida a los hechos, a las historias, los que aparecen y los que desaparecen, los de primer plano y los del segundo… la fila india de la política, nadie al lado, nadie compañero, sólo en fila siguiendo al de enfrente… que, sin embargo, a veces está detrás, escondido, pero reconocido.

En la novela se presentan posturas diversas frente a las personas migrantes en tránsito por México a través de los personajes: los funcionarios y agentes gubernamentales, las personas, los comerciantes, el crimen organizado, las personas “pensantes”. No significa necesariamente pensamientos homogéneos ni coherentes… como sucede en la realidad cruda. Sino que se constituye un mosaico donde fobias, filias, culpas y liberaciones se entremezclan en la convivencia cotidiana.

Hay una frase, en una parte del texto que me llamó poderosamente la atención:

Todo salió mal. Todo resultó perfecto.

Es el lamento y gozo de la víctima… Yein vengado la muerte de su marido y vengando su propio suerte… y al mismo tiempo sellando su destino, es el amateur que para poderse defender de quien le causa daño con saña, colusión y poderío no tiene más remedio que poner en vilo su propia vida, entregar su vida, poner en juego sus habilidad para una respuesta que no logra sino una renovación de cuadros medios en el grupo opresor.

Así que Ortuño, con un tono mordaz, irónico, nos muestra nuestros imaginarios como mexicanos respecto de la migración de tránsito. Quizá la viñeta más irónica sea la del esposo de La Negra, el académico de preparatoria, que reflexiona en itálica y que acaba convirtiéndose en violador, secuestrador y víctima de migrantes… hasta el menos “indicado” incuba en sí la posibilidad de ser un opresor de quien se convierte en vulnerable por el sólo hecho de salir de su tierra y buscar algo que sea mejor vida. Es la historia no escrita en la novela, la historia de la vulnerabilidad del migrante, especialmente del centroamericano que pasa por nuestras tierras. No es entonces sólo el crimen organizado, el del estado, el de los cárteles o el surgido de la complicidad de ambos, también es el crimen común, el de oportunidad, el de la xenofobia contagiosa…

La fila india es nuestro espejo. El que no quisiéramos mirar, el que algunos se empeñan en ocultar… pero está ahí, reflejándonos nuestra imagen y cuestionando nuestra acción u omisión frente al sufrimiento de las personas en su tránsito migratorio. De ahí la invitación a leer esta novela y como decía un gran amigo, Checo Vega, “dejarse tocar…”.

La Fila India está disponible en la biblioteca del ITESO con el código: 863. ORT

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Heriberto Vega Villaseñor. Encargado del área de investigación de FM4 Paso Libre. Académico y participante en el Programa de Asuntos Migratorios del ITESO, profesor de asignatura en la Universidad de Guadalajara (U. de G.) en el área de Filosofía e Historia, y en la Universidad Marista en el área de Teología. Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales de la U. de G. con el proyecto de investigación: Migración de tránsito y acción humanitaria.

Reconciliación y perdón: alternativas de esperanza para vivir en paz

Por: Gerardo Pérez, Académico Ivestigador del CIFS

“Estuve encadenado como lo estuvieron ustedes.

Fui liberado como ustedes lo fueron.

Por consiguiente, si puedo perdonar a mis opresores,

también ustedes pueden hacerlo”

(Nelson Mandela)

¿Cuánto tiempo se hace de aquí a Iguala? Aproximadamente dos horas ­-me contestó el rector de la Universidad Loyola. Pero unas horas antes, los que no paraban de preguntarme eran los reporteros: ¿se puede esperar perdón de las madres de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa? No lo sé. El perdón es una decisión personal de las víctimas -fue mi respuesta.

¿Cómo hablar de perdón y reconciliación en el contexto de violencia que se vive actualmente en el estado de Guerrero? ¿Desde qué enfoque? ¿En función de quién? La solicitud que se me hizo para participar en el Foro Guerrero. Una luz de esperanza fue muy clara: abordar estos temas desde una perspectiva académica en el marco de una Cultura de Paz.

Afortunadamente existe mucha experiencia humana sobre estos asuntos, sistematizada en múltiples artículos, videos, revistas o libros. Sin embargo al comenzar a revisar los textos, pronto caí en la cuenta de la complejidad que está implicada en estos temas. En ambos casos lo que está en juego son aspectos muy delicados como el sufrimiento humano y la memoria histórica tras hechos de violencia, la dignidad humana de víctimas y culpables, el deseo de venganza por la pérdida o desaparición de seres queridos, el posible arrepentimiento de quienes usaron la violencia para conseguir sus objetivos, los efectos psico-emocionales en la sociedad civil, el papel de las instancias oficiales para impartir justicia o las políticas públicas para afrontar violaciones graves a los Derechos Humanos.

Para afrontar esta complejidad decidí recurrir a la experiencia personal como punto de partida, evocando el trabajo que realizamos en Guadalajara un grupo de colegas para honrar la memoria de los ciclistas que mueren asesinados por vehículos automotores en las calles de la ciudad. Cuando se organiza la instalación de una Bici Blanca en el lugar donde falleció un/a ciclista se busca concientizar a la población sobre la fragilidad de la vida de quienes se mueven en bicicleta, exigir a las autoridades que tomen cartas en el asunto y pongan en marcha programas y políticas para incrementar la seguridad de las personas en la vía pública. Sin embargo con nuestra acción no se repara el daño a los familiares de las/os ciclistas, no sirve para detener y castigar a los culpables, tampoco ha sido eficaz para frenar la muerte de ciclistas. Surgen entonces nuevas preguntas: ¿Quién debe pedir perdón y quién debe otorgarlo cuando el ciclista murió por una alcantarilla mal instalada o un poste de luz que no tenía nada que hacer en ese lugar?

Más allá de la experiencia personal con las Bicicletas Blancas, las preguntas centrales de la charla para el Foro Guerrero no cesaban de aparecer: ¿Es posible la reconciliación entre actores sociales que se han enfrentado de manera violenta? ¿Qué se puede hacer cuando el culpable no se arrepiente o la víctima no acepta las disculpas del ofensor? ¿Qué hacemos con nuestras violencias que desde hace años vienen afectándonos como sociedad (Acteal, Guardería ABC, 22 de abril, Ayotzinapa, Atenco, Pasta de Conchos, etc.)?

La primera idea que habría que resaltar es que tanto reconciliación como en el perdón son mecanismos que contribuyen a la transformación positiva de conflictos, con las posibilidades y limitaciones propias de cualquier invento humano. Si tomamos en cuenta que detrás de todo hecho de violencia hay siempre latente un conflicto que se quiso “resolver” anulando a la contraparte o imponiéndose a través de la fuerza; el perdón y la reconciliación buscan incidir sobre algunos de los elementos que están siempre presentes en todos los conflictos (las emociones, los valores, las creencias, la comunicación, el empoderamiento o las necesidades) y utilizarlos de manera positiva para construir paz.

En segundo lugar, al analizar los procesos de reconciliación que se dieron en Sudáfrica para terminar con el apartheid durante la presidencia de Mandela, o los que se han llevado a cabo entre España y Alemania para resarcir los daños del bombardeo sobre Gernika en 1936, podemos identificar la importancia que tiene utilizar herramientas no solo de tipo jurídico, sino otras capacidades con las que contamos también los seres humanos para hacer las paces: inteligencia emocional, valores culturales y espirituales, el entendimiento mutuo a través de señales, códigos y símbolos, etc.

Así como en la Medicina, el mantenimiento de la salud y la atención a las enfermedades requiere de médicos especialistas, enfermeras, farmacéuticos, laboratoristas, odontólogos, etc., la construcción social de la paz igualmente demanda saberes específicos para atender los diversos tipos de conflictos y las diferentes violencias. Si tomamos en cuenta –como lo señala Galtung (1998: 51)– que «desafiar y cambiar, la violencia estructural y cultural es tarea de todos, cuesta arriba, sin final, indispensable…», la invitación que se hizo a los participantes en el Foro Guerrero fue a capacitarnos para ser especialistas en Cultura de Paz desde la Educación, las Ciencias de la Comunicación, la Informática, la Política, la Economía, etc.

La violencia, en cualquiera de sus expresiones (directa, cultural o estructural) rompe la confianza mutua, el equilibrio entre seres humanos conflictivos, pues las víctimas sufren y sienten miedo, crece su deseo de venganza y esperan el castigo del transgresor como una forma legítima de venganza. Es ahí, en este escenario, donde se necesita intervenir. Pero, ¿cuándo y cómo utilizar el perdón y la reconciliación?

La reconciliación tiene como objetivo la reconstrucción de las relaciones entre grupos o personas que se han enfrentado mutuamente, causándose graves daños. Pero no se trata solo, ni primordialmente, de un asunto religioso. Es un proceso relacional del ánimo, más allá de los conceptos, un llamado a la cordura, a la concordia o a lograr un acuerdo común entre los participantes en un conflicto. Demanda voluntad y libertad de los/las implicados/as para querer reconciliarse. Supone conocer y dialogar sobre los hechos que provocaron daños, contextualizarlos, y llegar a acuerdos sobre las reglas que regirán la convivencia futura y las nuevas relaciones de confianza.

Previamente, el agresor debe tomar conciencia del daño que provocó, arrepentirse, sentir remordimiento por el mal que infringió, tener la intención de resarcir el daño y asumir el compromiso de no volver a repetirlo. La víctima por su parte, necesita sanar las heridas y recuperarse, trascender la rabia, el odio, la culpa y el deseo de venganza que lo animan. La venganza es un sentimiento pasajero que no sirve para sanar las heridas. La culpa se experimenta al tomar conciencia de lo inmerecido del sufrimiento recibido. El odio, al único que hace padecer es a la propia víctima (aunque en ocasiones el odio se descarga sobre otros que nada tienen que ver en la violencia original). El perdón –aclara Leonel Narváez– es la superación de todos esos sentimientos, pero requiere de la voluntad de la propia víctima para superarlos o trascenderlos con la ayuda de alguna forma de espiritualidad.

No obstante, la reconstrucción de relaciones no siempre es posible o solo se logran restablecer hasta cierto nivel. Suponiendo que víctima y agresor decidan compartir el mismo espacio o lugar con el mínimo contacto posible, se habla de reconciliación como coexistencia. Como convivencia, además de cohabitar, ambos deciden llevar a cabo algunas acciones de manera conjunta. Y como comunión, optan libremente por participar colaborativamente en asuntos que les son comunes y deciden restablecer vínculos afectivos sólidos entre ellos.

Otro proceso que no se puede dejar de lado para avanzar en la reconciliación y el perdón es la memoria de lo que sucedió para poder construir la verdad, reconocer las situaciones y los hechos que condujeron a la violencia o al rompimiento de las relaciones intersubjetivas. Los sobrevivientes de la violencia, las víctimas colaterales y el resto de la sociedad en general son portadores de esa memoria. Sin embargo la memoria de los muertos, de las víctimas más radicales de la violencia, desaparece con ellos para siempre. Por lo tanto, la memoria principal que hay que rescatar es la memoria de las víctimas (no sobre ellas) respecto de las injusticias que sufrieron. No se puede buscar paz a costa de la memoria de las víctimas. Como sociedad, como colectivo, tenemos el deber de no olvidar, de escuchar y atender empáticamente los testimonios de las víctimas, de uno y otro bando. Una sociedad que no acoge empáticamente la memoria de sus víctimas, re-victimiza. Y el recuerdo de lo sucedido puede quedar objetivado de diversas maneras: en monumentos, documentos, corridos, ritos, conmemoraciones, bicicletas blancas… Sin embargo, a propósito del olvido y la memoria, no podemos dejar de preguntarnos por el sentido de las recientes declaraciones de Vicente Fox cuando pide a los familiares de los estudiantes desparecidos en Ayotzinapa que “acepten la realidad” (video). ¿A qué responde la preocupación de este personaje por silenciar las demandas de justicia de estas personas?

Ningún gobierno puede perdonar. Ninguna Comisión de la Verdad puede perdonar. Tampoco el tiempo perdona, ni basta para olvidar. El perdón supone el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas. Cuando los políticos se refieren a él, además de esperar amnistía, pretenden despojar a las víctimas del poder de perdonar que solo a ellos les pertenece. El perdón es un don, un regalo producto de la libertad. Nunca puede ser producto de la fuerza o la imposición. La persona que perdona, es una persona libre de la ira, el rencor o el resentimiento. Perdonar es recordar, dándole un nuevo significado al dolor o sufrimiento, es romper las cadenas que impiden vivir en paz. Por eso la reconciliación no tiene una relación directa o única con la justicia o el derecho, ni se agota en ellos, porque «…si la violencia/daños ha sido realizada en la relación agresor-victima, es en esa misma relación donde la violencia/daños deben deshacerse» (Galtung, 1998: 56). Sin embargo, la reconciliación también supone la exigencia de una justicia restaurativa que intervenga sobre los efectos directos e indirectos que provocan las violencias cultural y estructural, y permita la construcción de nuevas instituciones que garanticen las formas alternativas de convivencia que se han propuesto poner en marcha quienes anteriormente se consideraban entre sí “enemigos”.

En síntesis. La reconciliación consiste en reconstruir a futuro un camino que se bifurcó en un momento dado, tomando en cuenta que no es posible regresar al punto en el que se dio el rompimiento. Agresor y víctima tienen que hacer por sí mismo su propio camino para un posible restablecimiento de la confianza mutua, sin que haya garantía de éxito. El agresor puede no arrepentirse y la víctima puede decidir no otorgar su perdón. Pero tal proceso, solo se puede poner en marcha una vez que ha parado la violencia directa, cuando existe un mínimo de condiciones para el restablecimiento de relaciones entre las partes, cuando hay un pequeño cambio de actitudes, sentimientos o percepciones respecto del contrincante y se puede establecer algún tipo de pacto. También es importante tomar en cuenta que tanto el perdón como la reconciliación no necesariamente transitan por las instancias judiciales. La justicia como un valor o bien social que es, no puede quedar acotada a ministerios, procuradurías o jueces. La justicia del perdón y la reconciliación abarca otras dimensiones de la interacción humana donde las actitudes, los afectos, los valores o las tradiciones culturales juegan un papel fundamental. Po eso podemos afirmar que: ¡En Guerrero existe una luz de esperanza, porque sabemos que contamos con capacidades y herramientas especializadas e integrales para hacer las paces, a pesar de las violencias!

 

Bibliografía.

Correo de la UNESCO (1999) Después del horror: la memoria y el olvido, Paris, Año LII, Diciembre 1999.

Etxeberria M., Xabier (2010) Víctimas y memoria, en: http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/PDF%20Papeles/109/Victimas_y_memoria_X.ETXEBERRIA.pdf

Galtung, Johan (1998) Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. Bilbao, Gernika-Gogoratuz.

Herrera J., Carlos José (2008) “La reconciliación y sus conceptos relacionados: justicia, verdad, reparación y proyecto democrático”, en Medina Doménech, Rosa Ma., Molina Rueda, Beatriz y García-Miguel, María (eds.) Memoria y reconstrucción de paz. Enfoques multidisciplinares en contextos mundiales. Madrid, Libros de la Catarata.

Kasper, Michael (1998) Gernika y Alemania: historia de una reconciliación. Bilbao, Gernika-Gogoratuz.

Lefranc, Sandrine (2004) Políticas del perdón. Madrid, Cátedra.

López M., Mario “Gramáticas de la reconciliación. Algunas reflexiones”, en http://1drv.ms/1ARKWVj

Narváez Gómez, Leonel (2009) Escuelas de Perdón y Reconciliación. Cartilla 1. Reconciliación. VII Edición. Bogotá, Fundación para la Reconciliación.

Silencio… Mujeres viviendo V-I-O-L-E-N-C-I-A

Por: Rosa Gutiérrez, académica del CIFS

Las mujeres hemos visto la violencia psicológica, la hemos vivido, la hemos padecido, la hemos introyectado, la hemos reflejado, la reproducimos y hasta la hemos aceptado como parte de nuestro “cotidiano deber ser”.

Vivimos violencia psicológica.
La vemos mientras leemos el periódico, los libros, las revistas… donde jamás se nos nombra con el lenguaje. Ahí donde nunca, ni por error existimos.
La vemos en las campañas de publicidad eclipsadas por esas mujeres altas, delgadas y blancas, a las que culturalmente se nos pide ser y parecer.
La padecemos entre las propias mujeres porque en lugar de solidarizarnos, nos agredimos, criticamos, despreciamos, competimos… nos violentamos.

La violencia la sentimos en el trabajo mientras un jefe siente el derecho de gritarnos por el simple hecho de ser mujeres y considerarnos “inferiores” que los hombres. En el trabajo donde sufrimos discriminación de salario respecto de los hombres, donde “vivimos” hostigamiento sexual, donde padecemos segregación ocupacional basada en estereotipos y roles de género,fundados en lo que social y culturalmente se entiende por “ser mujer” y “ser hombre”.

“¡Calladita te ves más bonita!, ¡Mujer al volante peligro constante!, ¡Eres una tonta!, ¡No sirves para nada!, ¡Tenías que ser mujer!”…Todas hemos tenido que reír o fingir reír, o aguantarnos frases como éstas en el trabajo, en la familia, con nuestras amistadas, en la televisión, en el cine, en la radio, en la calle…

Vivimos una cultura de violencia en la vida diaria de casa, en la escuela, en la sociedad, en las telenovelas, en los libros, con la gente conocida, con la gente querida, con la pareja…
Ahí, donde nos condenan a ser mujeres, al “deber ser” de ser “frágiles, suaves, dulces y amorosas, maternales, tiernas, dóciles, obedientes, sumisas”…

De los distintos tipos de violencia hacia las mujeres (patrimonial, económica, social-cultural, física, psicológica-emocional, sexual), yo diría que la psicológica es la más aceptada socialmente, la más lenta, la más silenciosa y la más letal.

Según el INMUJERES[1] cuatro de cada diez mujeres en México han sufrido violencia psicológica, es decir: Enojo por incumplimiento de tareas consideradas propias de las mujeres, gritos,manipulación,insultos, control, ofensas, chantajes, humillaciones, amenazas verbales, celos, menosprecio, aislamiento de amigos/as y familiares, invasiones a la privacidad (ver el celular o la computadora), demanda de obediencia, exigencia de estar de acuerdo con los pensamientos de la pareja,entre otros; con el fin de lograr un control sobre lamujer y la relación.

Sabemos que las cifras oficiales nunca reflejan la realidad del país, y me preguntaría, si la cifra oficial es cuatro de cada diez ¿podríamos pensar que son ocho de cada diez? ¿diez de cada diez?

Baja autoestima, suicidio o ideación suicida, conductas autodestructivas, sentimientos de vergüenza y culpabilidad, depresión, ansiedad, tristeza, ansiedad, insomnio, son de acuerdo con la OMS, algunas de las consecuencias de la violencia psicológica.

La violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos.

La Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establece: “Que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujeres uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre”.

Para finalizar, sólo me quedaría hacer una invitación, particularmente a los hombres, a reflexionar sobre la violencia hacia las mujeres, quizás a preguntarse si ¿ejercen o han ejercido algún tipo?

Otros datos sobre violencia de acuerdo con el INMUJERES[2]

En México 47 por ciento de las mujeres de 15 años y más sufrió algún incidente de violencia por parte de su pareja.
La entidad federativa con mayor prevalencia de violencia de pareja a lo largo de la relación es el Estado de México, con 57.6%.

Le siguen Nayarit (54.5%), Sonora (54.0%), el Distrito Federal (52.3%) y Colima (51.0%).

Violencia económica: dos de cada diez mujeres en México (24.5%) han recibido reclamos por parte de su pareja por la forma en que gastan el dinero, les han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado dinero o bienes (terrenos, propiedades, etc.).

Violencia física: A 14 de cada 100 mujeres en México (14.0%) su pareja la ha golpeado, amarrado, pateado, tratado de ahorcar o asfixiar, o agredido con un arma.

Violencia sexual: A 7 de cada 100 (7.3%) les han exigido o las han obligado a tener relaciones sexuales sus propias parejas, sin que ellas quieran, o las han obligado a hacer cosas que no les gustan.

Nota: Texto publicado originalmente como integrante del CEPAD, en: http://cepadorg.blogspot.mx/

[1]Ver: http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/convenciones/Nota.pdf

[2]Ver: http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/convenciones/Nota.pdf

 

formacionsocial.iteso.mx

Festejados/as ¿con voz y voto?

Texto: Claudia Arufe Flores

Fotografía: Alejandra Sandoval Godoy

Se dice que desde la época postrevolucionaria, en México, se celebra a los niños y niñas los días 30 de abril. No obstante que ésta no es una fecha universal[1], como muchos otros días conmemorativos, surgen diversos argumentos a favor o en contra sobre si hay algo que celebrar, sobre todo cuando se contrastan los discursos festivos con las realidades de la situación del día en cuestión, que no en pocas ocasiones, resultan desfavorables.

También se dice que la gran mayoría de las fechas asignadas como “el día de…” han sido secuestradas por las visiones más consumistas que enarbolan la lógica de que para celebrar hay que consumir. El día del niño no se escapa: lo que comúnmente se nos viene a mente para ese día es comprarles algo a nuestros hijos o en el caso de los gobiernos, repartir juguetes o pequeños presentes a niñas y niñas, sobre todo a los que se encuentran en situaciones de desventaja social.

Sin embargo, desde un enfoque de derechos de la infancia, esta fecha ha de verse como una oportunidad para reflexionar en torno a la situación de los derechos de los niños y niñas en nuestro país. En esta ocasión he querido llamar la atención hacia una de las categorías de derechos menos ejercida por la infancia, independientemente de su realidad socioeconómica y a una de sus principales características esenciales: la participación y su autenticidad.

¿Cómo lograr que los actos de participación infantil sean auténticos? Al entenderse como un derecho y no así una obligación, el participar no puede forzarse: los niños y niñas tienen el derecho de decidir si participan o no. Implica brindar a los niños y niñas la oportunidad de comprender las consecuencias y los efectos de sus opiniones, así como el contexto en el cual están implicadas. Esto conlleva a que busquen, reciban y difundan información ya sea de forma oral o escrita. En congruencia con lo anterior, la participación ha de estar basada en el diálogo.

El que los niños y niñas participen significa que tienen la posibilidad de influir en la toma de decisiones al ser previamente informados y consultados, en otras palabras, la participación nunca debe ser utilizada para manipular o encubrir estrategias de los adultos. Éstos deben respetar los espacios de interacción, participación y negociación con los grupos infantiles. Se hace esta aclaración porque ya en algunos casos se ha evidenciado cómo el sector público, las asociaciones civiles o religiosas, las escuelas recurren a prácticas manipuladoras y asistencialistas donde se termina por maquillar y actuar la participación de los niños y niñas, denigrándola a mero espectáculo fingido.

Otro aspecto que reviste de autenticidad a la participación infantil es el hecho de que se encuentre relacionada con los valores y actitudes frente a la convivencia social y que se vivencian principalmente en las instituciones y espacios de socialización como la familia, la escuela y la comunidad. A participar se aprende participando. Como adultos, observemos nuestra forma de participar en estos contextos y respondámonos qué tan auténtica es la participación que le estamos enseñando a nuestros niños y niñas.

 

[1] Cada país ha definido el día de niño, y prácticamente cada mes, en alguna nación del mundo se celebra a los niños y niñas.

Veinte años de Patronas… y los que faltan

Por: Mariana Espeleta, Académica Investigadora del CIFS
cifs.iteso.mx

Dice un refrán que “no es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después”, y en el caso de las Patronas tiene mucha razón. En febrero de 1995, las hermanas Rosa y Bernarda Romero Vázquez habían ido al pueblo a comprar el pan y la leche, y a la vuelta se detuvieron a esperar el paso del tren para cruzar. Siempre venía lleno de migrantes que se amontaban en el techo o se apretujaban en la pequeña plataforma entre vagones, pero esta vez alguien les pidió socorro: “tenemos hambre”, gritaron, “ayúdenos”… y las muchachas les aventaron la bolsa de pan. Su madre, doña Leonila escuchó el relato de sus hijas y aprobó su acción: aunque se tenga poco, hay que compartirlo con lo que tienen menos, es la filosofía de esta familia.

A partir de ese día las mujeres Romero Vázquez se dedicaron a preparar alimentos en sus cocinas particulares, y arrojarlos al tren. Al principio ellas mismas costeaban la comida, pero luego algunas vecinas y comerciantes locales se sumaron a su llamado solidario. Pronto había más mujeres ayudando en la preparación y en la peligrosa tarea de arrojar la comida y el agua a los vagones del tren a gran velocidad, y hubo que organizar rondas de recolección con quienes generosamente donaban provisiones. Pronto las comenzaron a conocer como “las Patronas”, porque así se referían a ellas los migrantes, en referencia al pueblo  Guadalupe de la Patrona, Veracruz. Pero también y no por casualidad a la virgen de la que toma su nombre.

Siguieron así por algunos años, y poco a poco crecía su reconocimiento, pero también tuvieron problemas: Las leyes respecto a la migración tenían grandes imprecisiones que a menudo se prestaban para criminalizar a quienes ayudaban a los migrantes, acusándolos de trata de personas, como fue el caso de Concepción Moreno, “Doña Conchi”, quien en 2005 fue injustamente sentenciada a 6 años en la cárcel por darle de comer en su casa a migrantes centroamericanos. Además, el párroco local no veía con buenos ojos que surgiera una organización de mujeres que sacaran a Cristo de la iglesia, y vivieran el evangelio con el ejemplo, pues las Patronas siempre han hecho hincapié que su motivación viene de su fe y su trabajo es voluntad de Dios, un Dios que se manifiesta menesteroso en el cuerpo de cada migrante que pasa por allí, y ellas lo auxilian, renovando el mensaje de amor que reciben a cambio. Norma Romero, vocera del grupo lo dice cada vez que puede: entre más dan, más reciben… y misteriosamente esto no es sólo metafórico: En su cocina se multiplican los panes.

El parteaguas vino en el año 2005, cuando un documental llamado “de Nadie” que relata el paso de los centroamericanos por México, dirigido por un misterioso equipo de estudiantes desconocidos, ganó un premio internacional y de pronto ¡zaz! Las Patronas –a pesar de que el documental no se dedica a ellas- Se robaron el corazón de miles de espectadores en México y en el mundo, y de pronto les comenzaron a llegar voluntarios, donadores, reporteros, políticos, artistas, curiosos… y se dieron cuenta de la magnitud del lío en el que se habían metido: tenían mucha responsabilidad. Por supuesto, no se achicopalaron, finalmente ellas estaban allí por algo más grande que ellas mismas, y con igual determinación con la que habían emprendido la pequeña tarea de preparar algunos lonches al día, asumieron también la enorme tarea de convertirse en defensoras profesionales de los Derechos Humanos de los migrantes.

Han pasado 10 años del documental, y han venido muchos otros reportajes y documentales. También vino la posibilidad para construir una cocina grande, un patio-comedor y algunos cuartos para brindar descanso y refugio a los que lo requieren. Las Patronas se han profesionalizado, organizado, han conocido de leyes, han aprendido a evitar comprometerse con intereses oscuros, han construido alianzas luminosas, han perdido el miedo a hablar en público, han viajado invitadas para difundir su quehacer, han denunciado incansablemente las circunstancias que obligan a los migrantes a viajar y las terribles vejaciones que sufren, también la corrupción y la colusión de las autoridades… En últimos tiempos, hasta han tenido la oportunidad de decirle frente a frente al Sr. Presidente que no ha hecho bien su trabajo de garantizar la vida, la libertad y la integridad de quienes cruzan este país buscando mejores oportunidades.

Así, a veinte años de haber iniciado su misión solidaria que ha removido conciencias y sumado muchas manos de ayuda, las Patronas son muy diferentes a las jóvenes ingenuas que un día se sintieron llamadas ante la necesidad del otro. Hoy saben la magnitud de este llamado, el sufrimiento que implica y también el gozo, las horas de trabajo, el riesgo de interponerse entre los migrantes y los intereses de los traficantes de personas, la gratitud de los familiares, las palabras de ánimo y esperanza que a diario reciben, la fatiga, los cientos de lonches que hay que preparar y el esfuerzo de arrojarlos cada día… Y como dice doña Leo a sus 77 años: no van a parar mientras tengan fuerzas. Y sucede que las fuerzas, como los panes, también se les multiplican.

 

PARTE 2: EL ROSTRO DE MIGRANTES DE CENTROAMERICA QUE PASAN POR MÉXICO HACIA ESTADOS UNIDOS

Parte 2: El Origen del migrante: causas de emigración

Por: Adriana González Arias
Foto: Alejandro Tiscareño

La pregunta que guía estas participaciones sobre “el rostro de migrantes centroamericanos/as que pasan por México hacia Estados Unidos” es: ¿Cómo entender y acercarnos al rostro del migrante centroamericano que cruza día a día por México? Observar sólo su nacionalidad, su género y su edad resulta insuficiente. Por eso, ahora, se propone observar “El Origen del migrante”, lo que significa recuperar las causas de la migración, su situación social y familiar.

Hace algunas semanas fue posible compartir algunos extractos de historias de migrantes centroamericanos que han pasado por México, en las que se observaba que:

“… necesitaba poner tierra de por medio, estaba casada y ya no podía estar cerca de mi marido, pues él me maltrataba y quería tener hijos. Mi familia también metía presión con los hijos. Cuando decidí salirme del Salvador no tenía dinero, no tenía trabajo, sólo estudié hasta la secundaria. Cuando decidí salirme fue de una noche a otra… sí realmente no tenía dinero ni a dónde ir, pero yo ya no quería que me siguieran golpeando”.

 “… tenía miedo por la guerra, era el año de 1988, mi familia era pobre y fuimos desplazados a otros pueblos, además de ser amenazados por la gente que va tomando el poder en las zonas. Me animé a salir porque tenía un tío en Arizona, con quien sabía que me podía quedar”.

 “… tenía dos hijos y no tenía dinero, me acababa de separar y estaba embarazada de dos meses, me violaron… sí dejé a mis hijos con mi mamá… mi hermana que vive en Estados Unidos me mandó dinero para correr de aquello…”.

A partir de estos testimonios es posible observar tres principales causas en la decisión de migrar: causas relacionadas con la violencia, causas de estructura social y las causas económicas. Esta última es, en definitiva, el contexto más amplio en que se desarrollan las otras, como lo demuestran los datos de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes en 2013 (RDODM), quien presenta una categorización de cuatro tipos de causas. A continuación se presenta un cuadro que resume la información:

Las causas de la migración según la RDODM, 2013

Motivos de Migración[1]

Honduras

Guatemala

El Salvador

Total

 

Registros

%

Registros

%

Registros

%
Causas económicas

4,226

86%

1,921

89%

2,260

79%

8,407
Causas relacionadas con la violencia

284

6%

71

3%

327

12%

682
Causas sociales

37

1%

23

1%

14

1%

74
Causas familiares

180

4%

80

4%

153

5%

513
Otros

145

3%

68

3%

93

3%

306

Total

4,872

100%

2,163

100%

2,847

100%

9,982

Fuente: Tabla de estadísticas generales (RDODM, 2013: 77)

 Se puede decir que las causas de la migración centroamericana en cuestión, se refieren a problemáticas estructurales de los países de origen, aunque en la mayoría de los casos la decisión fue personal. “Es difícil separar, por ejemplo, la migración que se efectúa como una decisión intrínsecamente personal, que apela a la voluntad de los individuos de aquella provocada por un desplazamiento forzado con motivos económicos, políticos e incluso ambientales y sociales, esto último refiriéndonos a la violencia. Hoy en día las migraciones se presentan bajo su forma más lacerante, es decir, obligadas y forzadas. Nos referimos a aquellas migraciones que son causa y efecto del sistema capitalista neoliberal: desigual, inequitativo, basado en la explotación humana, y en el que además, la mercancía de sus circuitos se constituye por la misma gente que pretende huir del hambre, de la falta de empleo y servicios, de la violencia a fin de encontrar mejores condiciones de vida” (FM4 Paso Libre, 2013: 19-20).

En consecuencia, las personas que viven en países con un crecimiento en sus índices de pobreza, de inseguridad y de falta de oportunidades, será imposible que no miren hacia los países que tienen un proceso de desarrollo y crecimiento económico. Las diferencias estructurales entre países estimula, en definitiva, la emigración.

Ubicar, de manera general, el  origen de los migrantes centroamericanos que pasan por México y sus causas de emigración, tampoco es suficiente para comprender en su totalidad el rostro de estas personas que van de paso por nuestro país. Falta aún por conocer más sobre su origen, el capital social con el que contaban a la hora de salir de su país y que los motivo para realizar su proyecto migratorio, lo que ha significado el trayecto de tránsito y sus oportunidades de vida en el país al que sueñan llegar.

Nos vemos en la continuación de estas historias. ¡Esperamos tus comentarios! formacionsocial.iteso.mx

 

Fuentes bibliográficas:

 

–          FM4 Paso Libre (2013): Migración en tránsito por la Zona Metropolitana de Guadalajara: actores, retos y perspectivas desde la experiencia de FM4 Paso Libre. Guadalajara: Prometeo Editores S.A de C.V.

–          Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (2013): “Informe estadístico sobre las características de los transmigrantes centroamericanos”. De la trilogía: Narrativas de la transmigración centroamericana en su paso por México. México: RDODM.

[1] Los motivos de la migración aparecen como: Causas de la migración, las cuales están descritas de siguiente manera: “Causa económicas. Éstas incluyen las siguientes unidades de análisis: empleo, desempleo, búsqueda de mejores condiciones de vida, pago de deudas, bajos salarios, crisis económica. Causas relacionadas con violencia. Un porcentaje representativo de persona migrantes reportaron como motivo de migración la violencia. En este rubro se incluyen las siguientes unidades de análisis: la persecución del crimen organizado, cobro de derecho de piso, delincuencia organizada, persecución política. Causas sociales. Las unidades de análisis son salud, discriminación por preferencia sexual, estudios académicos. Causas familiares. Éstas incluyen las siguientes unidades de análisis: reunificación familiar, violencia intrafamiliar, acompañar y/o guiar a otro familiar, problemas familiares, búsqueda de algún integrante de la familia, redes familiares que apoyan el tránsito” (RDODM, 2013: 70).

 

400 organizaciones denuncian la iniciativa de Ley General de Transparencia como un retroceso en materia

José Bautista, Académico del Cifovis

Presidente del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco

En febrero de 2014 se aprobó una reforma constitucional de avanzada en materia de transparencia. En sintonía con este espíritu de apertura y colaboración que animó dicha reforma a finales del año pasado, el Senado de la República en conjunto con redes de organizaciones de la sociedad civil desarrolló una iniciativa de Ley General deTransparencia (LGT) que ampliaba considerablemente la protección del derecho de acceso a la información.
La ley por mandato constitucional tenía que ser aprobada por ambas cámaras a más tardar el 7 defebrero, ya que el artículo segundo transitorio de la reforma al artículo sexto constitucional establecía el plazo de un año para expedir las leyes en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Archivos. El plazo ya venció y la iniciativa deley sigue sin seraprobada.
No obstante nuestra preocupación se presenta en las intenciones regresivas de las negociaciones parlamentarias que se resuelven en el Senado. De aquí se desenvuelven ocho principales:
1-Sanciones que limitan el derecho de acceso a la información. El artículo 208, añadido desde diciembre del 2014, incluye la posibilidad de sancionar a los funcionarios de los organismos garantes cuando revelan información que pudiera generar daños a los sujetos obligados. La indefinición de la presunción de “generar daño” permite numerosas interpretaciones que fomentan la indeterminación e imprecisión de los argumentos legales.
2- La desaparición de la obligación de generar la información. La propuesta de Ley obliga a generar la información y a documentar todos los actos de los sujetos obligados. Uno de los principales problemas del actual sistema es que los sujetos obligados niegan la información adjudicando su inexistencia. Con las modificaciones propuestas, basta con que la autoridad justifique que no ejerció las facultades que la ley le atribuye para declarar la información inexistente. En otras palabras, los sujetos obligados simplemente podrán responder que no se documentó cualquier solicitud. La omisión de esta disposición impide que la Ley General de Transparencia efectivamente pueda concretar uno de los principales objetivos que tuvo la reforma constitucional de transparencia.
3- Se limita el acceso a la información sobre violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Las propuestas de modificación ignoran disposiciones establecidas desde 2002 en la Ley Federal de Transparencia cuyo alcance ha sido desarrollado a través de criterios de la Corte y determinan que sólo se podría acceder a información de violaciones graves o delitos de lesa humanidad, si hay un pronunciamiento previo de autoridad competente. Es decir, para que se aplique la prohibición de reservar información sobre violaciones graves a derechos humanos como lo estipula el último párrafo del articulo 14de la Ley Federal deTransparencia y Acceso a la Información Pública, es obligatorio que previamente las autoridades competentes (como la CNDH o la CIDH) hayan calificado el hecho de esta manera. Ello es un retroceso pues debilita al IFAI en sus atribuciones.
4- Reserva de información por causal de estabilidad económica, seguridad nacional e integración de nuevas reservas. Las interpretaciones de las causales de estabilidad económica y seguridad nacional pueden ser muy amplias y por lo tanto abren la posibilidad de reservar una multitud de información. Por ejemplo, el daño a la estabilidad económica como causal de reserva puede ser un elemento para mantener en la opacidad cualquier tipo de información si tomamos en cuenta que los acontecimientos políticos y sociales en el país impactan directamente en las fluctuaciones de los precios y en el valor del dinero. Asimismo se elimina la obligación de demostrar “interés legitimo” para clasificar información relacionada con seguridad nacional, lo que es contrario a los principios de Johanessburg. Además no sólo se propone dejar la estabilidad económica, monetaria y financiera y la seguridad nacional como causales de reserva, sino que se añaden dos causales más como los expedientes judiciales y los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado y la que por disposición expresa de una ley sea considerada como tal. Esto último vulnera el principio de prevalencia de la ley de acceso y evita que la
legislación sea efectiva.
5- Eliminación de la prueba de daño. Se elimina la obligación para los Comités deTransparencia de fundar y motivar la clasificación de la información por medio de la aplicación de la prueba de daño. Se propone que la prueba de daño sólo se haga cuando exista un recurso de revisión, esto significa que los sujetos obligados no tendrán que valorar si el daño causado por la difusión de la información es mayor o menor que el interés público de conocerla, considerando multiples posibilidades para negar información. Lo anterior les evita justificar su decisión directamente a las personas a las que se les niega la información, sino hasta que lo solicite el órgano garante.
6- Intervención ampliada del Consejero Jurídico contraviene al principio de inatacabilidad de las resoluciones del IFAI. Algunas modificaciones al artículo 190 establecen que el Consejero Jurídico podría -a petición de cualquier sujeto obligado independientemente de si es del Ejecutivo o no- recurrir las resoluciones del IFAI ante la SCJN y los sujetos obligados tendrían que informarle en cuanto se les notificara una resolución que consideren atenta contra la seguridad nacional. Esta sería una facultad injustificada y desproporcional que implicaría dilaciones del procedimiento de acceso a la información.
7· Desaparecen las obligaciones de transparencia relacionadas con la gestión pública de las actividades de explotación de hidrocarburos. Los recursos naturales como el petróleo y el gas pertenecen en dominio a la Nación, razón por la cual su explotación debe ser hecha en función del interés público, de manera transparente y con plena participación de la sociedad. Sin embargo, a partir de la Reforma Energética el gobiemo busca manejar esta industria bajo un régimen especial, mismo que busca hacer con los mecanismos de transparencia y acceso a la información
sobre la materia. Al tratarse de un recurso público, es necesario que en su gestión se sujete a los más amplios estándares de transparencia y acceso a la información establecidos en el artículo 6 de la Constitución y en la ley que los reglamenta. No se debe permitir un régimen especial establecido en otras leyes que mantenga este sector en la opacidad. Además esta disposición también vulnera el principio de prevalencia de la ley de acceso y evita que la legislación sea efectiva.
8- Se elimina la obligación de transparentar el listado de personas que han recibido cancelaciones y condonaciones en materia tributaria. Esta disposición es contraria a los últimos avances en materia de acceso a la información en el país. El propio IFAI ha resuelto a favor de la entrega de esta información y, el año pasado, impuso una denuncia en contra del SAT que no cumplió con esta resolución. Asimismo en 2013 el Congreso reformó el llamado secreto fiscal, a fin de que por primera vez se hagan públicos los datos -nombre, RFC y montos- de los contribuyentes beneficiados por condonaciones o cancelaciones de créditos.
Los cambios planteados en el documento de modificaciones merman los alcances de la reforma constitucional de transparencia y soslayan los avances y criterios emitidos por las cortes nacionales e internacionales en materia.
Por lo anterior, a nombre de los miembros del Consejo Consultivo del Instituto deTransparencia e Información Pública de Jalisco, exigimos al Senado de la República aprobar la iniciativa presentada el 2 de diciembre de 2014. El dictamen debe considerar la eliminación de las sanciones a los funcionarios públicos de los organismos garantes (artículo 208) y la supresión de la causal de reserva de información de estabilidad económica, así como cualquier otra disposición que afecte la amplia y progresiva protección del derecho de acceso a la información.

GRUPO HIGA Y LA NUEVA LEY GENERAL DE AGUAS

Miguel Ángel Montoya*

 El proyecto[1] de  Iniciativa de Ley General de Aguas preparado por el Poder Ejecutivo Federal no generará las condiciones para la efectiva realización del derecho humano al acceso al agua y su saneamiento, -por el contario-, al implementarse como Ley propiciará el acaparamiento y profundizará la inequidad existente entre los distintos usuarios del agua sin siquiera considerar el cuidado y la preservación de las condiciones de sustentabilidad  para la generación natural de agua de calidad y su disponibilidad  a lo largo del tiempo.

Con su proyecto el Ejecutivo Federal propone transitar del actual modelo de sobrexplotación-contaminación a un modelo de expoliación del recurso, donde lo que importa es extraer agua a como dé lugar sin importar los costos económicos, sociales y ambientales, particularmente a través de megaproyectos para la construcción de infraestructura como lo es la  realización de trasvases, por lo que puede asegurarse que dicho proyecto de  Ley está hecho a modo para el beneficio de cierto tipo de empresas constructoras como grupo HIGA.

La reforma  al artículo 4to constitucional que mandata la expedición de una Ley de carácter general para la gestión de las aguas del país no solo plasmó el derecho humano  al acceso al agua y su saneamiento sino que también estableció los principios y condiciones para la realización de este derecho, esto es el  “uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos”, condiciones que deberán ser observables  y establecidas a lo largo de la estructura del futuro ordenamiento.

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.[2]

Sin embargo la propuesta del gobierno federal es justo lo contrario a lo establecido por el texto constitucional. El caso de los trasvases no es un aspecto particular o aislado en la propuesta del gobierno federal, representa la esencia de su “nuevo” modelo de gestión del agua donde los agentes privados podrán acaparar y administrar las aguas del país alterando además el ciclo hidrológico mismo que permite la generación natural de agua a traves de las cuencas.

¿Qué hay de malo con los trasvases?

Los trasvases son ecológica y financieramente inusustentables.

En primer lugar generan un enorme costo energético, un ejemplo menor[3] es la operación del Sistema Cutzamala el cual representa un costo anual superior a los 3 mil millones de pesos únicamente en el consumo de energía eléctrica. Sin embargo, más que el energético el mayor de los costos es el ecológico, en primer lugar porque para generar tales cantidades de energía se requiere -paradójicamente- de enormes volúmenes de agua para generarla, el caso más claro es el del Shale Gas que consume y contamina millones de metros cúbicos de agua para su extracción como fuente de energía.

En segundo lugar porque los volúmenes de agua transferidos de una cuenca hacia otra no son excedentes -como comúnmente se nos hace creer- sino que son imprescindibles para reponer y reproducir el ciclo hidrológico y mantener la masa forestal que posibilita que parte de esa agua se infiltre al subsuelo. Lo más grave en el caso mexicano es que los trasvases ocurren trasladando volúmenes de agua que ni siquiera pueden ser considerados como excedentes como es el caso del Acueducto Independencia en Sonora. En pocas palabras, la disponibilidad artificial de agua con la que  se beneficia a determinada cuenca en el corto plazo por medio de  un trasvase opera a costa y  en detrimento de la disponibilidad futura de la cuenca donde se extrae el agua.

Por eso es que la práctica de trasvasar grandes volúmenes de agua de una cuenca hacia otra ha quedado en desuso en el mundo. La mayor parte de los países del orbe han establecido disposiciones legales para prohibir ó restringir su práctica, con excepción de China -el país que mayor contaminación genera y arroja hacia los ríos-  que aún permite y promueve la construcción de este tipo de infraestructura.

En nuestra opinión los trasvases debieran ser utilizados únicamente bajo condiciones de excepción como lo es una emergencia hídrica[4], particularmente para atender el abasto en situaciones de sequías prolongadas. A su vez, la infraestructura para la realización de trasvases debe ser operada únicamente por la autoridad del agua a efecto de garantizar la seguridad hídrica de la población.

La propuesta del Ejecutivo Federal

Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo lejos de acotar o restringir los trasvases, los fomenta y promueve al considerarlos causa de utilidad pública  (Art. 8 fracc. IV)  lo que además significa que este tipo de infraestructura se podrá imponer sobre la base de actos de expropiación. A pesar de ser un asunto que puede comprometer la seguridad hídrica de los habitantes o la soberanía del país, los trasvases quedarán a cargo en primer lugar de los agentes privados (Art. 111 fracc. I) que bajo la figura de concesión podrán disponer y acaparar el líquido durante 35 años con derecho a prórroga hasta por el mismo lapso de tiempo (Arts.  90 y 91). Los requisitos para autorizar trasvases a realizar a cargo de privados no quedan establecidos en la Ley sino a criterio del Ejecutivo a través del reglamento de la misma o de otras disposiciones que emita la Conagua (Art. 114).

Los beneficios para empresas como Grupo HIGA

Como es sabido las empresas que conforman el Grupo HIGA participan con aproximadamente el 53% del contrato para la construcción y operación del Acueducto Monterrey VI y este acueducto representa un hito en la historia de la administración de las aguas del país ya que por primera vez un grupo privado participará de manera directa en la operación del trasvase de aguas nacionales. Hasta ahora los grupos privados habían participado únicamente en la construcción de infraestructura destinada a realizar trasvases pero nunca en su operación.

A pesar de que el contrato para la construcción y operación del Acueducto Monterrey VI se ajusta a lo establecido por la Ley de Asociaciones Publico Privadas,  las disposiciones vigentes de la Ley de Aguas Nacionales  impiden la consolidación plena y expansión  del plan de negocios  del Acueducto Monterrey VI, esencialmente porque el consorcio operador no puede disponer de las aguas que trasvasa por lo que sus funciones se limitan en el marco de la Ley vigente  a fungir  como operario para suministrar agua al organismo “Servicios de Agua y Drenaje de Monterey”. Al respecto vale recordar que especialistas académicos y organizaciones  ambientalistas han demostrado que  esta obra resulta innecesaria para cubrir la demanda futura de agua en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Sin embargo el panorama de negocios  cambiará y se diversificará para Grupo HIGA a partir  de la nueva Ley General de Aguas.  En primer lugar porque el solo hecho de ser operario de trasvases lo induce u obliga ( y en esta “obligación” radica una de las claves del futuro negocio) a convertirse en concesionario de las Aguas Nacionales (párrafos segundo y tercero Art. 114) mismas  que podrá disponer hasta por un periodo de  35 años con derecho a prorroga por similar tiempo  (Arts.  90 y 91).

Disponiendo entonces de un considerable volumen de las Aguas Nacionales y al contar -por ejemplo- con  títulos de concesión para uso industrial o para uso mixto Grupo HIGA podrá destinar el agua trasvasada a las empresas que realizaran procesos de fracturación hidráulica en el norte del país (las cuales bajo este proyecto de Ley podrán obtener permiso de la Conagua  “para infiltrar aguas residuales  en cualquier terreno cuando puedan contaminar el suelo o los acuíferos” Art. 136 fracc. III)   o a su vez venderla a los organismos operadores de agua pudiendo cambiar las veces que quiera su título de concesión entre los usos industrial y público urbano  bajo el fundamento de satisfacer la demanda para dar cumplimiento al  derecho humano al agua (párrafo tercero Art. 114) o también optar por la opción   de  venderle  a la propia Conagua  el agua que ella previamente  le concesionó pero con un sobreprecio amparado por los criterios de eficiencia y sostenibilidad financiera (Art. 242), precio que además podrá fijar a discreción  por la favorable  posición monopólica en el que las disposiciones de la futura Ley General de Aguas colocará a los consorcios constructores-operadores de infraestructura de trasvases al convertirlos en concesionarios de las Aguas Nacionales (Art.  114).

Es así que se entiende el porqué no importa que la capacidad de suministro del Acueducto Monterrey VI exceda la demanda futura de agua de la Zona Metropolitana de Monterrey ya que HIGA como concesionario de las Aguas Nacionales (será este consorcio el poseedor del agua y no Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey) podrá destinarla a cuanto uso le autorice la Conagua bajo un esquema absolutamente permisivo que incluso le permitirá solicitar y obtener diversas concesiones de una misma fuente de suministro (Art. 85 fracc. V).

Es  así que se entiende el porqué el Ejecutivo Federal incorporó en forma muy discreta desde su primer borrador en febrero de 2014 la figura de “trasvase directo … cuando lo realizan los asignatarios o concesionarios o indirecto cuando lo realiza el Estado en beneficio de los propios asignatarios”  y luego fue modificando el concepto mismo de trasvase que paso de ser un “uso de las aguas nacionales de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta” hasta la versión final en cuyo Artículo 111 dispone:

Trasvase es la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta, que realiza la Federación o los concesionarios, mediante obras de infraestructura hidráulica, para concesionarlas o para explotarlas, usarlas o aprovecharlas en un lugar distinto a la cuenca de extracción.

El trasvase puede ser:

I.       Directo.- El que realizan los concesionarios con autorización de la Comisión, o

II.      Indirecto.- El que efectúa la Federación en beneficio de los concesionarios con inversión federal o con participación de inversión estatal, municipal, social o privada. Dicho beneficio tiene lugar cuando el concesionario usa aguas nacionales trasvasadas previamente por la Federación.

En la operación de este esquema resulta clave la conjugación de un conjunto de cambios  que empezaran  a operar con la derogación de la Ley de Aguas Nacionales vigente (LAN)  y la expedición de la  nueva Ley General de Aguas tales como:

  • Se suprimen  la figuras de “asignación” y “asignatario”, que LAN  emplea para dar un trato jurídico distinto a  quienes utilizan las Aguas Nacionales para el suministro público o para el consumo doméstico.
  • Que los consorcios operarios de trasvases a su vez serán  concesionarios de las Aguas Nacionales.
  • Que esos consorcios quedarán libres de las restricciones y obligaciones que les impondría hoy  la LAN como asignatarios.
  • Que por el contrario, como concesionarios podrán gozar de una serie de beneficios como disponer de las aguas hasta por 70 años y poder registrar distintos usos para los volúmenes concesionados.
  • Que ni siquiera será obligatorio ni necesario que de inicio registren parte de esas concesiones  como “uso público”  o “domestico”  pudiendo destinarlos a ese fin de manera posterior  evitando las restricciones para transferirlos o para cambiarlos  que implicaría el registro inicial bajo esa figura.
  • Que bastara un simple permiso de Conagua para que las aguas trasvasadas y que después  se destinen a procesos de fractura (Fracking)  puedan ser infiltradas en cualquier terreno bajo un  permiso de descarga.

Este modelo  de negocios  que la Ley General de Aguas  le ha abierto al Grupo Higa podrá replicarse a lo largo y ancho del país por este u otro grupo de empresas constructoras que ahora podrán participar como operadores de los trasvases que actualmente  la Conagua realiza (Art.111 fracc II) incluso los que han sido construidos en su totalidad con recursos públicos (Art. 124 fracc II).

De este modo, la futura viabilidad y sustentabilidad de las cuencas en México quedara supeditada a los  criterios de rentabilidad de operadores privados. Con la propuesta de Ley General de Aguas redactada por el Poder Ejecutivo Federal estamos  ante la presencia de una forma más voraz y agresiva de privatización que  no solo incluye el servicio público de suministro de agua sino la propia administración de las Aguas Nacionales.

Los trasvases son un asunto que puede comprometer la seguridad hídrica[5] de los habitantes de un país y son parte integral de las funciones de política pública de administración de las aguas por lo que las decisiones relativas a los mismos  deben quedar exclusivamente en manos del Estado bajo una legislación que restrinja y circunscriba su operación a situaciones específicas.    

[1]  “MIR de Alto Impacto para el anteproyecto: LEY GENERAL DE AGUAS” presentado por  la Conagua ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y dictaminado por esa instancia el 9 de diciembre de 2014  mismo que se presentará como Iniciativa de la Comisión de Recursos Hidráulicos en el último periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura durante el mes de febrero de 2015.  http://www.cofemermir.gob.mx/mir/crLecAnte.asp?seccionid=F125&formId=125&submitid=33368

[2] Texto del párrafo sexto del Artículo 4to Constitucional vigente después de la reforma del 8 de febrero de 2012.

[3] El Sistema Cutzamala contiene 6 plantas de bombeo que en conjunto consumen 2,280 millones de killowats por hora, equivalentes al consumo de energía eléctrica en el mismo lapso de tiempo  en la ciudad de Puebla; esto a pesar de que los 334 km de canales y acueductos que comprende el Sistema solo se requiere el bombeo para 127 km, en los restantes 207 km el agua circula por gravedad.

[4] Situación provocada por fenómenos naturales o por actividades antropogénicas que ponen en riesgo la disponibilidad de las aguas comprometiendo por escasez o por contaminación su explotación, uso o aprovechamiento o que generen desequilibrios hidrológicos; sobreexplotación persistente de acuíferos o pongan en riesgo la sustentabilidad por daño al sistema hidroecológico.

[5] La seguridad hídrica puede definirse como el conjunto  de políticas y salvaguardas que desarrolla y aplica un Estado para : 1) Garantizar el acceso sostenible a cantidades adecuadas y de calidad aceptable de agua para sustentar la vida y el desarrollo socioeconómico;  2) Garantizar la seguridad de los ciudadanos en sus bienes y en sus personas ante la ocurrencia de fenómenos naturales previsibles asociados al agua; 3) Garantizar la protección contra la contaminación del agua, y 4) Para garantizar la preservación de los ecosistemas asociados al agua.
* Consultor independiente y asesor del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados en materia de Gestión Integral del Agua.  Miembro de la Asociación Nacional de Ingeniería Urbana (ANIU). correo: miguel_angel_montoya@hotmail.com;  twitter:@miangel_montoya;  https://www.facebook.com/miguelangel.montoya.96; cel 5536560670 

LA LEY Y LAS CONCESIONES A LOS AMIGOS DEL PRESIDENTE

Miguel Ángel Montoya*

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) que actualmente nos rige en materia fue expedida en 1992 por Carlos Salinas  creando la figura de las concesiones como mecanismo jurídico para privatizar el agua, aunque no totalmente, ya que de algún modo se tuteló el agua destinada al suministro público creando la figura de la asignación. La  figura de la asignación se asocia al interés público mientras que la de concesión al interés privado. El conjunto de  reformas mas importante a la LAN sucedió en 2004 con Vicente Fox, para que, entre otras cosas, particulares pudieran operar la infraestructura hidráulica federal, también bajo concesión.

El abuso y permisividad en el régimen de  concesiones nos condujo a la sobrexplotación, a la creciente  contaminación  y a la inequidad en el acceso a este recurso vital, por eso es que en abril de 2011 cuando los diputados federales reformaron la Constitución para establecer el derecho humano al agua dispusieron en un artículo transitorio derogar  la LAN y expedir una nueva Ley de carácter general para hacer realidad el “uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos”, condiciones esenciales para la realización de ese derecho, mismas que también se plasmaron en aquella reforma constitucional que terminó de promulgarse el 8 de febrero de 2012.

Después de tres años de olvido, la mayoría legislativa y el ejecutivo federal tienen prisa por atender el pendiente, pero no por interés en dar cumplimiento al  derecho humano al agua, la  obligación legislativa les ha dado el pretexto ideal para poner en manos de grandes consorcios constructores, -con intereses simultáneos en agua, energía, gas y petróleo-,  cantidades ilimitadas del vital líquido que podrán destinarse en forma irrestricta a procesos intensivos en consumo y contaminación de agua como el fracking.

Tales cantidades de agua provendrán de trasvases los cuales son ecológica y financieramente insustentables. El proyecto[i] del Poder Ejecutivo dedica un capítulo a los trasvases, pero no para restringirlos o acotarlos a situaciones de emergencia, sequía o desabasto, sino para impulsarlos e imponerlos a punta de expropiación (utilidad pública) y para que concesionarios puedan hacerlo de manera directa a favor de si mismos, o de manera indirecta  cuando sean los gobiernos y los operarios privados los que lo hagan a favor de otros concesionarios.  Del borrador inicial a la versión final, el concepto de trasvase se modificó. Originalmente definido como un  acto de traslado de las aguas de una cuenca a otra, se  añadió la nada  inocente disposición de  ser también un acto de aprovechamiento, uso y explotación de las aguas nacionales, por lo tanto, objeto de concesión. El proyecto  pretende que  toda concesión pueda durar  -con la prórroga prevista- hasta 70 años.

El núcleo medular del proyecto y que da sentido a todas las demás modificaciones radica en cancelar la figura de la asignación. En la actualidad los trasvases que se realizan en México ocurren con una finalidad específica comprendida en el término asignación, la cual es es  la prestación del servicio publico de suministro de agua, esto es, que  ocurren en beneficio de  asignatarios, llámese entidades federativas, municipios u organismos encargados de prestar el servicio. Bajo los intereses que representa este proyecto la figura de la asignación era un estorbo, pero ahora, al eliminarse,  los particulares podrán disponer de una cantidad exponencial de millones de m3 de agua y destinarla a cuantos usos les quiera autorizar la Conagua  ya sin la atadura de ser destinados obligatoriamente al suministro público.

Desde que quedaron instituidas en la Ley, las concesiones siempre incluyeron permisos para  descargas, las cuales ahora también podrán solicitarse para “infiltrar aguas residuales en cualquier terreno cuando puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos” -y todavía hay quien sostiene que el fracking no esta contemplado ni promovido en el proyecto del Ejecutivo-. Las inconsistencias y excesos detectados en el Acueducto Monterrey VI, a cargo de grupo Higa,  cobran sentido y funcionalidad  a la luz de este propuesta legislativa que nos propone transitar del actual modelo de sobrexplotación-contaminación a un modelo de expoliación del recurso, donde lo que importa es extraer agua a como dé lugar y concentrarla en manos de privados, sin importar los costos económicos, sociales y ambientales.

 

* Consultor independiente y desde 2006 asesor del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados en materia de Gestión Integral del Agua.  Miembro de la Asociación Nacional de Ingeniería Urbana (ANIU)).  miguel_angel_montoya@hotmail.com; 

twitt:@miangel_montoya;  https://www.facebook.com/miguelangel.montoya.96

[i] Anteproyecto: “Ley General de Aguas” presentado por  la Conagua ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y dictaminado por esa instancia el 9 de diciembre de 2014  mismo que se presentará como Iniciativa de la Comisión de Recursos Hidráulicos en el último periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura durante el mes de febrero de 2015. http://www.cofemermir.gob.mx/mir/crLecAnte.asp?seccionid=F125&formId=125&submitid=33368

El derecho sobre el placer femenino

De la denuncia del horror al reconocimiento del legítimo derecho: sobre el placer femenino

Por: Elsa Ivette Jiménez, académica del Programa Interinstitucional de Derechos Humanos y Paz ITESO

Mediante resolución aprobada en el 2013, la Organización de las Naciones Unidas llama a los Estados Parte a observar el 6 de febrero como Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina. La mutilación genital femenina (MGF) es un procedimiento que se realiza a las mujeres entre su infancia y adolescencia que consiste en la lesión o extirpación de sus órganos genitales externos. Aproximadamente 140 millones de mujeres y niñas sufren los efectos de esta intervención que, además de menstruaciones y coitos dolorosos, suele originar problemas urinarios, quistes, infecciones, infertilidad, aumento de riesgo de contagio de VIH / SIDA y otras enfermedades sanguíneas, incluso llega a generar hemorragias graves y complicaciones durante el parto que las ponen a ellas y a los recién nacidos en riesgo de muerte.

La MGF se realiza principalmente en África, (en donde hay alrededor de 92 millones de víctimas según datos de la Organización Mundial de la Salud), le siguen Asia y Oriente Medio. Su presencia, aunque mucho menor, va en aumento en Europa, Australia, Canadá y los Estados Unidos debido a la inmigración procedente de África y Asia sudoccidental.

La creencia detrás de la MGF es que mediante esta práctica se resguarda la virginidad prematrimonial y la fidelidad matrimonial al mitigar la líbido femenina y evitarse así que ellas cometan actos “ilícitos”. Sin embargo, como toda construcción de género, también existen otras lecturas culturales, como la que señala que los genitales femeninos son sucios y antiestéticos, la idea de que aumenta la fertilidad y hace el parto más seguro y también se le considera como un rito de iniciación femenino que abona a la integración social. Algunas de estas razones, con un trasfondo de imperativo religioso y social, suelen esgrimir las personas –hombres y mujeres- que fomentan la MGF.[2]

Tristemente, son las mujeres más cercanas a la niña intervenida quienes se encargan de organizan el procedimiento y son matronas de la comunidad, quienes usualmente lo llevan a cabo (aunque, en los últimos años, se ha venido disparando la cantidad de prácticas que realizan profesionales –hombres y mujeres- de la salud). De esta manera podemos comprobar, una vez más, algunas tesis de Pierre Bourdieu en el sentido de que las mujeres nos apropiamos de los esquemas de percepción dominantes hasta concebir una representación negativa de nuestro propio sexo (Bourdieu 2000, 27). “La moral femenina se impone sobre todo a través de una disciplina constante que concierne a todas las partes de! Cuerpo” nos recuerda este sociólogo francés (íbid, 42).

Sin lugar a dudas, la MGF implica la violación grave de derechos humanos de las mujeres y las niñas y constituye una práctica reprobable al margen de cualquier esquema social del que forme parte. Sin embargo, lo que me gustaría señalar a continuación es que en nuestros países y en nuestras cultura –es decir, dentro del aglutinado y heterogéneo espacio simbólico que consideramos occidental-  tenemos otras prácticas que, sin llegar a la saña y brutalidad que implica la MGF, tienen efectos negativos en la salud y calidad de vida de las mujeres. Me refiero a los discursos y prácticas que les inhiben el conocimiento y apropiación de su cuerpo (siguiendo, igualmente la línea anteriormente reproducida de Bourdieu) y que se cuelan dentro de los discursos y prácticas científicas violentando sus derechos sexuales y reproductivos.

Como ejemplo, es poco lo que se conoce aún- tanto en términos legos como en científicos- sobre el clítoris, ese órgano femenino cuya única función es otorgar placer. Asegura Natalie Angier, en su obra Mujer una geografía íntima, que al realizar una búsqueda en Medline, la base de datos médica más grande del orbe, sólo encontró unas cinco docenas de referencias en torno al clítoris en un periodo de cinco años, mientras que el término pene generó treinta veces esa cantidad (2011, 93).

La violencia obstétrica, por otra parte, hace alusión a los tratos abusivos, negligentes y carentes de respeto durante el embarazo, parto y puerperio por parte del personal de salud y que repercuten directa e indirectamente en la salud física y psicológica de las mujeres. En nuestro país, una muestra de la magnitud de esta situación está en el incremento desproporcionado de nacimientos por cesárea (50.3% del 2000 al 2012) (GIRE s/f,122), sin contar los numerosos casos de mujeres pobres e indígenas que han parido en los baños de los hospitales o fuera de estos al negárseles la atención médica. Tenemos también altos índices de mortalidad materna –particularmente en algunos estados y regiones en donde entra en juego también una discriminación terrible hacia la población indígena- , mientras el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo sigue debatiéndose en esferas en donde no estamos debidamente representadas.

Para concluir, me gustaría señalar que, si bien la MGF es una práctica terrible que debe ser erradicada, la negación del placer y la violencia contra el cuerpo y el bienestar de las mujeres está presente también en nuestras prácticas culturales, institucionales y profesionales. Resulta más sencillo denunciar y horrorizarse ante hechos que ocurren fuera de nuestro contexto, que realizan “otros y otras” ajenos a nuestra realidad más inmediata que identificar, cuestionar y denunciar aquello de lo que participamos y aceptamos pasivamente.

Bibliografía:

Angier, Natalie. 2011. Mujer una geografía íntima. Madrid: Paidos.

Bourdieu, Pierre. 2000. La dominación masculina. Barcelona: Anagrama.

El mundo. El Estado Islámico ordena la ablación de todas las mujeres y niñas en el norte de Irak, nota de Francisco Carrión,14 de julio de 2014. Disponible en: http://www.elmundo.es/internacional/2014/07/24/53d0fc2ae2704eb3108b457e.html

GIRE. Omisión e indiferencia. Derechos Reproductivos en México. Disponible en: http://informe.gire.org.mx/

[2] Según información reciente  el Estado Islámico está impulsando la MGF al norte de Irak con el fin de alearlas a mujeres y niñas  “del libertinaje y la inmoralidad”, sin embargo, alertan las Naciones Unidas, esta práctica no es común en el país. (El Mundo, 24 de Julio de 2014).

Migración: Urgencia humanitaria

Por: Della Burke, profesora del ITESO

Hace diez años escribí y defendí una tesis de maestría la cual proponía que el gobierno de EE.UU. estaba desestabilizando a los países centroamericanos con una política de posguerra.  Esta desestabilización se centraba en la deportación de jóvenes que eran miembros de pandillas, con traumas por las guerras civiles (explícitamente apoyadas por EE.UU.), y sin lazos familiares o culturales a sus países de origen. (Burke, 2014) Ahora, hay miles de niños centroamericanos emigrando hacia EE.UU. por la inestabilidad de sus pueblos y ciudades. La migración centroamericana que empezó fuertemente en los años 80s sigue ahora bajo las mismas condiciones de inseguridad provocados por la activa participación de los EE.UU. en la región.

El presidente Obama anunció que se van a otorgar 4,000 visas de asilo a las Américas este año lo que resulta insuficiente ya que sólo en junio de este año cruzaron casi 10,000 jóvenes centroamericanos. (Shear, 2014) Pese a la urgencia humanitaria de esta situación nunca se ha tratado a la migración centroamericana con compasión y será difícil esperarlo ahora. En Octubre, la organización Human Rights Watch (HRW) publicó un reporte detallando los tratos que violan los derechos humanos de los hondureños que huyen de la violencia causada por las pandillas transnacionales que se originaron en los EE.UU. (HRW, 2014, Burke 2004)

La ceguera del gobierno estadounidense ante las causas que provocan la ola migratoria reciente son justo las mismas que propiciaron en los ochentas el movimiento Santuario; un grupo de personas de fe que crearon una red de ayuda para migrantes centroamericanos que tenían miedo de regresar a sus países durante las guerras civiles.  En aquel entonces, las estadísticas de rechazo de asilo político para guatemaltecos y salvadoreños llegaron al 90% (Burke, 2014).

Ahora, HRW nos dice que entre 2010 y 2012 la deportación rápida (expedited removal) fue la manera como el 81% de los hondureños regresaron a casa, mientras que una minoría del 1.9% obtuvo una audiencia que determinó la autenticidad de su miedo (credible fear) por el Border Patrol. (2014)  La audiencia para determinar el índice de miedo es un primer paso para saber si alguien puede hacer una solicitud de asilo político.  El hecho de tener una audiencia no quiere decir que obtuvieran consejos de un abogado o que recibieran algún tipo de asesoría sobre sus derechos.

Estas razón hacen urgente apoyar a las organizaciones y a la buena gente que sigue trabajando por  la humanidad, la dignidad y los derechos humanos de toda la gente.

 

Burke, Della Elizabeth. “Deported: Salvadoran Gang Members in Los Angeles and El Salvador.” Master’s Thesis, University of Arizona, 2004.

Human Rights Watch. “You Don’t Have Rights Here: US Border Screening and Returns of Central Americans to Risk of Serious Harm.” Published October, 2014. http://www.hrw.org.  Accessed October 30, 2014.

Shear, Michael D., “Obama Approves Plan to Let Children Apply for Refugee Status in Central America.” New York Times, September 30, 2014.