PARTE 1: EL ROSTO DE LOS MIGRANTES CENTROAMERICANOS QUE PASAN POR MÉXICO HACIA ESTADOS UNIDOS

Parte 1: La complejidad de ser migrante: observar su nacionalidad, su género y su edad es insuficiente

Por: Adriana González Arias

Desde que el tema de la migración centroamericana de tránsito por México empezó a visualizarse de manera exponencial, aproximadamente a principios de los años 2000, nos hemos encontrado con diversos documentos y autores que describen quiénes son los migrantes que llegan y pasan por México. Sin embargo, es imposible y muy ambicioso, lograr caracterizar un perfil único “del migrante que pasa por México”, pues cada uno representa diferentes nacionalidades, diferentes causas de migración, diferentes necesidades.

Con datos de 2013, tanto del Instituto Nacional de Migración (INM) como de la Red de Documentación de Organismos Defensores de Migrantes (RDODM) es posible resumir que las tres nacionalidades que más transitan por México hacía Estados Unidos son la hondureña, la guatemalteca y la salvadoreña. Los registros de estas dos bases de datos muestran a los hondureños en primer lugar con un porcentaje que va del 42.5% al 48.7%. No obstante, ambas difieren en la asignación del segundo lugar, ya que para el INM son los guatemaltecos (38.8%) y para la RDODM son los salvadoreños (29.3%), quienes a su vez representan el tercer lugar para el INM (18.7%); en cambio el tercer lugar para la RDODM lo ocupan los guatemaltecos (22%).

¿Qué género migra más? De manera general es posible decir que el 85 por ciento son hombres y el 15 por ciento mujeres. Esta información puede recuperarse desde los datos de la EMIF SUR, donde se muestra la suma de los migrantes detenidos por las autoridades mexicanas y estadounidenses en 2009. En México se detuvo a un 84.9% (51,729) de hombres y a un 15.1% (9,212) de mujeres; por su parte, las autoridades estadounidenses devolvieron a 68,828 hombres (86.7%) y 10,581 mujeres (13.3%).

Respecto a la edad del migrante es posible decir que el rango que mayor porcentaje tiene es de 19-20 a 29 años de edad, datos obtenidos de la EMIF SUR y la RDODM. La presencia de menores oscila entre el siete y nueve por ciento, a excepción de los detenidos por autoridades mexicanas (EMIF SUR, 2012), que registran un porcentaje más elevado, de aproximadamente 15%.

Sin embargo no podemos olvidar que detrás de cada dato, cifra o estadística, hay seres humanos con historias, experiencias y recuerdos, que nos llevan a descubrir otras características de esta migración. Este es el caso de las tres historias que se comienzan a contar a continuación:

“Soy salvadoreña, salí de mi país a los 17 años necesitaba poner tierra de por medio, estaba casada y ya no podía estar cerca de mi marido, pues él me maltrataba y quería tener hijos. Mi familia también metía presión con los hijos. Cuando decidí salirme del Salvador no tenía dinero, no tenía trabajo, sólo estudié hasta la secundaria. Cuando decidí salirme fue de una noche a otra… sí realmente no tenía dinero ni a dónde ir, pero yo ya no quería que me siguieran golpeando”.

“Sí, soy de Guatemala, a los 17 años tenía miedo por la guerra, era el año de 1988, mi familia era pobre y fuimos desplazados a otros pueblos, además de ser amenazados por la gente que va tomando el poder en las zonas. Me animé a salir porque tenía un tío en Arizona, con quien sabía que me podía quedar”.

“Yo soy de Honduras, me salí a los 20 años, tenía dos hijos y no tenía dinero, me acababa de separar y estaba embarazada de dos meses, me violaron… sí dejé a mis hijos con mi mamá… mi hermana que vive en Estados Unidos me mandó dinero para correr de aquello…”.

Estas tres historias nos muestran parte de la complejidad de lo que significa ser migrante: observar su nacionalidad, su género y su edad resulta verdaderamente insuficiente. Para entender y acercarnos al rostro del migrante deberíamos cuestionarnos también acerca del capital social con el que cuenta y qué es lo que le hace optar por salir de su país, cuáles son las causas de su migración, su situación familiar, su perspectiva de futuro…

Fuentes bibliográficas:

–          EMIF SUR (2012): Encuesta sobre migración en la Frontera Sura de México, 2009. Serie histórica 2004-2009. México: SEGOB: Instituto Nacional de Migración, Consejo Nacional de Población / El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) / Secretaría de Relaciones Exteriores / Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

–          Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (2013): “Informe estadístico sobre las características de los transmigrantes centroamericanos”. De la trilogía: Narrativas de la transmigración centroamericana en su paso por México. México: RDODM.

Presentación del libro: “Por todas partes cientos de miles” Trabajo infantil

Por José Bautista Farías, Académico #CIFS #ITESO
Foto tomada de Magis ITESO

El libro de fotografías Por todas partes, cientos de miles, coordinado por Emiliano Thibaut y Anayanci Fregoso Centeno, con fotografías de Natalia Fregoso y del propio Emiliano, es una obra conmovedora que invita a no quedar indiferentes frente a una realidad que contrasta con el discurso oficialista de “bienestar para las familias”. Este libro, nos dice Anayanci, se hizo con el convencimiento de la urgencia de documentar lo que en Jalisco viven los niños y niñas trabajadores y sus familias, ya que la profundización de la pobreza parece haberlos vuelto invisibles. Señala que “nos hemos acostumbrado a mirar niños y niñas trabajar como si formasen parte del paisaje mexicano, en condiciones muchas veces alarmantes, incluso deplorables, pero los vemos sin reparo. Como si fuera su destino y no pudiésemos hacer nada, ni siquiera indignarnos”.

Los datos, los casos y las reflexiones que aporta Anayanci en el libro, aluden a una ausencia histórica de políticas públicas a favor de uno de los sectores más vulnerables del país: las y los menores y jóvenes. Yo me voy a referir a la dimensión más sociológica de la situación de este sector de la población, para que el otro expositor aborde el libro desde la imagen fotográfica.

Los datos.

Los estudios oficiales sobre la situación de la niñez en México y en Jalisco son dramáticos y cualquier gobierno responsable sentiría vergüenza por el abandono de políticas, programas y acciones a favor de este sector.

La autora nos comparte algunos datos de este drama. En “México alrededor de 40 millones de personas son menores de 18 años. De los cuales 21.4 millones de niños y niñas viven en situación de pobreza. De ellos, cinco millones se encuentran en pobreza extrema. Lo que significa que casi seis de cada diez niños y niñas en el país son pobres[1].

Apunta que “en México, las condiciones de vida de la niñez muestran de manera evidente la disparidad entre la legislación que protege al niño y su realidad. Los niños y niñas entre 5 y 7 años son 28.9 millones. Lo que representa el 25.3 por ciento de la población mexicana. Para el 2012, la población infantil ocupada se ubicó en 3.2 millones[2]. De esta, casi un millón es menor de 14 años: estos niños y niñas trabajan a pesar de que la Ley Federal del Trabajo y la propia Carta Magna lo prohíben”[3].

Jalisco –“no canta mal las rancheras”–: es el cuarto estado con más jóvenes en el país  (con 2 millones 397 mil 529). “Registra 1.1 millones de niños y niñas en situación de pobreza de los cuales más de 100 mil sobreviven en carencia extrema. De acuerdo con el décimo informe sobre la situación de los derechos de la niñez en Jalisco, en la entidad laboran siete mil niños y niñas bajo las peores formas de explotación laboral, concentrándose en los campos agrícolas donde trabajan en condiciones de franca esclavitud”[4].

De acuerdo con el diagnóstico del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033, las y los niños y adolescentes, se encuentran junto con otros, dentro de los principales grupos vulnerables del Estado: los niños y adolescentes entre 5 y 17 años de edad, cuyo número asciende a 1’586,392; seguidos por los niños de 0 a 5 años, que ascienden a 837,415[5]. (Juntos niños, adolescentes y madres adolescentes dan un total de: 2’463,054 personas, el 33.50 por ciento de la población del estado)[6]. La pobreza afecta al 49.4% de los niños de 0 a 5 años, a 49.4% de los niños en edad escolar de 6 a 11 años y a 39% de los adolescentes de 12 a 17 años.

Según el citado plan en materia educativa, Jalisco ocupa el séptimo lugar a escala nacional en cuanto a mayor porcentaje de inasistencia escolar entre los jóvenes de 12 a 29 años con 59.5%. Igual porcentaje no tiene acceso a los servicios médicos a través de las instituciones de salud.

En la agenda nacional de los derechos humanos 2013 de la CNDH[7], se ubica a las y los niños y adolescentes como los grupos de mayor riesgo de padecer violencia. Se apunta que las violaciones más frecuentes provienen de la instancia familiar donde pueden ser víctimas de abandono por omisión o incumplimiento de obligaciones alimentarias o escolares, así como de maltrato y abuso sexual. Pero no sólo la familia es un factor de riesgo para estos sectores, también lo son la escuela, las estancias infantiles, los centros de trabajo, la ciudad, los gobiernos y partidos vinculados al narcotráfico.

Las cifras anteriores –nos dice la autora– dibujan un panorama de emergencia nacional y estatal que tendría que obligarnos a todos, Estado y sociedad, a colocar a la situación de la infancia como una prioridad dentro de la agenda pública y del gobierno.

Los casos

Las imágenes y los relatos de las condiciones de vida y de trabajo de las y los menores y sus familias que aparecen en las páginas del libro, dan cuenta de una realidad social dolorosa e inaceptable –por injusta y cruel– en que se desenvuelven miles de infantes y jóvenes de nuestra entidad.

Los casos de Coni, del municipio de Tonalá, que a su tierna edad además de estudiar,  apoya a su familia en las labores domésticas, cuida y limpia a sus hermanos –pues es la mayor de un total de siete–. Las jornadas de trabajo de El Torito, el Gato y su hermano Eduardo que junto con su padre se levantan a las cinco de la mañana para acudir al corte de caña en el municipio de Tala. Víctor Daniel, el niño de 13 años, obrero que vive con su abuela en la Colonia El Sauz de Guadalajara, una zona con altos índices de muerte y violencia, donde también se ubica su trabajo. Una parte de su vida transcurre entre máquinas pesadas y herramientas de precisión fabricando boquillas de instrumentos de viento. Los niños de la banda “la triunfadora de Mezcala”, conformada por siete hermanos que van de los cuatro a los 17 años,  originarios de esa comunidad, que tocan todos los domingos por la tarde en el malecón del pueblo, en los restaurantes que están frente al lago. Carmen y Ernesto, sin parentesco entre ellos, viven en la Ladrillera, una colonia de Tonalá, a su tierna edad trabajan amasando el barro con sus pies descalzos. César trabaja en las costas de Puerto Vallarta, Jalisco, vendiendo ostiones en el nuevo malecón, reproduciendo el oficio de infancia de su padre. José, alias “El Pelón”, tiene 12 años y habita en la Colonia la Huizachera, del municipio El Salto, Jalisco. “El Pelón” labora diariamente en la venta de birote y pan dulce. Se desplaza en su bicicleta por las calles de terracería de esa colonia. Daniel de once años, se dedica a la compra y venta de chatarra, cartón y plástico; su empleador de nombre Lalo, le promete que pronto lo llevará con las “perfumadas”. Acude a la escuela aunque confiesa que no le gusta, pues no la encuentra útil. Janeth, de 12 años, es hija de vendedora de papas y dulces de la zona del Periférico y Colón. Apoya a sus padres con el sustento familiar los fines de semana y durante las vacaciones escolares. La mamá de Janeth tiene claro que si su hija no estudia, difícilmente podrá romper el círculo de pobreza en que viven desde hace tiempo. Francisco es el mayor de una familia de migrantes del sur del país (Chiapas), vive en Arandas, Jalisco. Trabaja junto con su padre en las plantaciones de agave, así como en la pisca de tomate, junto con su familia. El ser cristiano e indígena de piel oscura le ha dificultado estrechar lazos en esta población.

No obstante que en las fotos no figuran los nombres de las y los menores, es fácil deducir y relacionar las imágenes con los casos. La lectura me provocó interés por saber más de cada uno de ellos, pues la información sobre su situación particular es escasa, debido tal vez, a que el acento está puesto en sus condiciones de vida y de trabajo.

Las reflexiones

La autora señala que la infancia como espacio simbólico ha obligado a pensar la niñez en su condición de devenir, nublándose su vida presente, postergándose su reconocimiento como titulares de derechos con capacidad de agencia. Destaca que debemos considerar que los cambios sociales y culturales de las últimas décadas han debilitado la construcción moderna de la infancia: la expansión del mercado global, el colapso de los estados de bienestar, las crisis económicas, las migraciones, los conflictos y el incremento de la violencia e inseguridad social. La pobreza, la corrupción, los desatinos de la política económica y social, impiden el ejercicio de sus derechos de estos sectores.

Señala que no obstante las convenciones internacionales a favor de la infancia y las reformas recientemente aprobadas en México, persiste todavía una arraigada resistencia social, y a veces franca oposición, a comprender que los niños y niñas son sujetos de derechos y tienen opiniones propias. Son agentes de cambio y actores sociales.

Ante la omisión y el desdén del Estado, las organizaciones de la sociedad civil cobran un papel importante en la esfera pública en acciones a favor de la infancia, pero hay que advertir que no sólo es insuficiente su labor, sino también lo hacen enfrentando todo tipo de adversidades como la falta de recursos, el desdén de la población, la corrupción y la falta de profesionalización de los servidores públicos, así como la discontinuidad de programas gubernamentales.

La autora propone que la sociedad debe hacerse cargo de los niños, señala que la crianza, el afecto, su seguridad no pueden ser una responsabilidad exclusiva de la madre o el entorno familiar. Transformar a fondo las condiciones de la infancia requiere asumirla como una tarea social en la que Estado y sociedad debemos actuar.

Cuando el entorno familiar no puede hacerse cargo de los y las niñas, cuando las instituciones del Estado no asumen debidamente las tareas de protección social, ¿qué toca hacer?, ¿qué podemos hacer hoy desde los espacios públicos y privados en que nos movemos? Se requiere pensar en políticas públicas de gran aliento, que trasciendan la temporalidad de las administraciones del gobierno. Es por el bien de todos y ya vamos tarde.

 


[1] Medición de la pobreza, 2008-2010, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, México, 2012.

[2] INEGI 2010, ENOE-MTI 2011 y CONEVAL 2012.

[3] Y la propia Convención sobre los Derechos de los Niños en su artículo 32.

[4] Observatorio Ciudadano de los Derechos de la Infancia (?)

[5] Le siguen los adultos mayores de 60 años, 671,323; los hogares con jefatura femenina, 443.000; las personas con discapacidad, 290,656, la población indígena, 53,696 y las madres adolescentes, 39,247. Esto da un total de 3 millones 921 mil 729 personas en situación de vulnerabilidad, esto representa el 53.35% de la población del Estado de Jalisco  (que según el Censo de Población y Vivienda del INEGI 2010, es de 7’350,862)

[6] Op. Cit. P. 400.

[7] Comisión Nacional de Derechos Humanos.

¿Exactamente qué es la violencia en contra de las mujeres?

Por: Mariana Espeleta, Académica experta en Género del CIFS ITESO

A menudo, al escuchar este término se piensa en la violencia doméstica, los golpes y las agresiones que algunas mujeres reciben en su entorno familiar, por lo general a manos de su pareja o expareja. Aunque este es uno de los aspectos más conocidos y evidentes de la violencia contra las mujeres, en realidad el término se refiere a una gama muy amplia de conductas que no siempre dejan una huella visible.

La violencia contra las mujeres se caracteriza por el componente de género. Esto quiere decir que está relacionada con la apreciación cultural que inferioriza a las mujeres, y con el desigual acceso a los recursos y al poder que permite que en una sociedad determinada, exista una estructura que tolera o incluso promueve que los hombres ejerzan un control simbólico o material sobre las mujeres; por esta razón, hablamos de un problema público que afecta a la sociedad en su conjunto, y no de un asunto privado de la esfera individual o doméstica. Haciendo un paralelismo con la violencia étnica, que se ejerce en una sociedad racista, la violencia contra las mujeres se ejerce en una sociedad sexista.

La violencia contra las mujeres, no es exclusiva ni de una región, ni de una clase social, ni de un colectivo humano particular: sucede a lo largo y ancho de todo el mundo, e incluso en los países más democráticos, igualitarios y avanzados en la atención a este problema, existen casos de violencia cotidiana en contra de las mujeres. Por supuesto, los aspectos estructurales, culturales y coyunturales de cada región particularizan las formas y la intensidad de la violencia en contra de las mujeres; ciertamente en contextos de mayor discriminación y violencia generalizada, mayor es el riesgo: las guerras, las hambrunas y las catástrofes naturales presentan condiciones de mayor vulnerabilidad para mujeres y niñas.

La violencia contra las mujeres puede ser muy sutil, apenas perceptible por quienes no la ejercen ni la padecen como el chantaje, el control o las pequeñas acciones que busquen minar la auto-confianza y la dignidad. Existen también las formas de control económico, limitando el acceso a los recursos, la comida o los medios de subsistencia. Además de estas formas de violencia ejercidas a nivel personal o comunitario, existen formas de violencia estructural -ejercidas por el Estado- a través de políticas públicas que pretenden el control del cuerpo de las mujeres y su acceso al poder, con fines de utilidad pública, por ejemplo: negar el derecho a decidir sobre el número de hijos, sobre la elección del cónyuge, negar el derecho a votar y ser votadas, a la participación en la toma de decisiones, etc.

La violencia contra las mujeres, sea sutil o brutal, impacta negativamente en todos los ámbitos sociales y solamente puede ser atajada con cambios en la estructura cultural, política y económica. Las cifras en México y en el mundo son alarmantes, y aunque se ha mejorado en algunos aspectos y regiones, también existen indicadores de que algunas formas de violencia crecen a escala global; como la trata con fines de explotación sexual y el trabajo forzado.

Para saber más:

Estadística Infográfica de ONU Mujeres:  http://goo.gl/4F3Bvw

ONU Mujeres: “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”:  http://goo.gl/QXyYrL

ACNUR: “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer”: http://goo.gl/YXJbrZ

Instituto Nacional de las Mujeres: “Sistema de Indicadores de Género”: http://goo.gl/ZPIy0v

 

Alimentar al mundo cuidando el planeta

Por: Rosa Gutiérrez

¿Cuáles son las posibilidades de la agricultura familiar para contribuir a la crisis alimentaria?

“Es muy clara la evidencia en América Latina de la importancia de la agricultura familiar como generadora de alimentos, pero también como la base de agriculturas más sustentables y respetuosas con el medio ambiente”, comenta Jaime Morales, Investigador Académico del CIFS – ITESO, quien participó en Colombia, en el Cuarto seminario internacional de agroecología: La agricultura Familiar y la sustentabilidad.

El evento fue organizado por Universidad Santa Rosa Del Cabal en el Departamento de Risaralda, del 17 al 19 de septiembre, con el objetivo de intercambiar experiencias entre la academia, agricultores/as y la comunidad de la Agroecología y Agricultura Familiar Campesina.

El Seminario estuvo enmarcado en la Campaña Internacional de Agricultura Familiar de la FAO (Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación) y  asistieron 550 personas de Cuba, España, Brasil y México, 22 instituciones Internacionales y colombianas; Se realizaron 3 simposios, 150 ponencias, y 1000 productores/as.

Dentro de las conclusiones del Seminario, Morales destaca la relevancia de las semillas nativas como base de la agricultura familiar, y el rechazo de las semillas transgénicas; la necesidad de políticas públicas que fortalezcan la agricultura familiar, como en el caso de Brasil; y la vinculación más estrecha entre personas consumidoras y agricultores/as.

Morales habló de los procesos sociales para luchar en contra del maíz transgénico en México “somos la civilización del maíz. Defender el maíz es defender un bien cultural y patrimonial de las y los mexicanos y del mundo. México es el centro del origen mundial del maíz y por arriba de nuestras diferencias, nos unimos para defenderlo contra los transgénicos”, mencionó.

Cabe destacar que el maíz es parte de la cocina tradicional ancestral mexicana, y fue declarada en 2012 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Finalmente destacó que hay un sólido fundamento científico, basado en experimentos empíricos, que dan consistencia a la afirmación de que la agricultura familiar y agroecología son una alternativa. “Si se favoreciera la Agricultura familiar, lograríamos que las personas agricultoras y nosotros/as como consumidores viviéramos dignamente sin acabarnos los recursos naturales, el suelo”, finalizó.

Campaña Internacional de Agricultura Familiar de la FAO: www.fao.org
Más información del Seminario: http://www.idea.unal.edu.co/

 

 

 

 

EL CUIDADO Y DEFENSA DEL MAÍZ EN MÉXICO: ACCIONES CIUDADANAS Y CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO AGROECOLÓGICO

Por: Jaime Morales Hernández, Investigador y Académico del CIFS ITESO

INTRODUCCIÓN
Entre el alud de reformas que caracteriza la actual coyuntura se encuentra la reforma del campo, que pretende aplicarse a un atribulado sector rural inmerso en una profunda crisis multidimensional -social, ambiental, cultural y económica-, resultado de las políticas neoliberales que fortalecen a la agricultura industrial, y arruinan a la agricultura familia, la propuesta se reforma intensifica la privatización de las tierras campesinas e indígenas y pretende abrirle para a los maíces transgénicos. Nuestro país es el centro de origen y diversificación del maíz y los cultivos de la milpa, que constituyen el eje de la agricultura familiar campesina, la base de la gastronomía nacional y un componente central de la cultura mexicana, ante la amenaza de los transgénicos diversos movimientos sociales rurales y urbanos han desplegado una amplia gama de resistencias y acciones que son aplicadas a niveles familiar, comunitario, regional y nacional para el cuidado y defensa del maíz nativo y su cultura como un bien común del pueblo mexicano. Hasta ahora los movimientos ciudadanos han conseguido movilizar a amplios sectores en torno a la defensa de la agricultura familiar campesina y han logrado también impedir la siembra comercial de maíces transgénicos.

1.- Políticas neoliberales y transgénicos Tras las cuestionadas elecciones del 2012, el Partido Revolucionario Institucional, ha vuelto al poder y ello ha significado un alud de reformas que amenazan con modificar radicalmente el escenario nacional, así, y con el antecedente de la reforma laboral en las postrimerías del gobierno de Calderón, han llegado la reforma hacendaria, la reforma petrolera, la reforma en telecomunicaciones, la reforma política, y sin recibir tanta atención mediática avanza también la reforma del campo. La reforma pretende ser aplicada en un sector rural en ruinas, donde la pobreza, el hambre, la emigración, la violencia y el deterioro ambiental son el entorno cotidiano de las familias rurales de este país.

La crisis rural es resultado del agricidio realizado con premeditación, alevosía y ventaja, desde el Estado neoliberal51, que ha fomentado la gran agricultura industrial empresarial para la agro exportación, hundiendo a la agricultura familiar donde se ubica el 81 % de los habitantes rurales, y se crea el 70 % del empleo52. Esta agricultura estructurada en torno al maíz y la milpa, genera una importante cantidad de alimentos tanto para el consumo de las familias del campo, como para los mercados locales y regionales, la crisis se ha agudizado a partir del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, donde el campo ha sido el gran perdedor. A pesar de ello no hay una viraje en la política agropecuaria, y la propuesta de reforma apuesta por la profundización del modelo económico neoliberal vigente y el predominio de la agricultura industrial. En el escenario futuro es previsible es que se agudicen los grandes problemas del campo mexicano, y esto representa una grave amenaza a la agricultura familiar campesina, al maíz y a la milpa53.

La reforma del campo del gobierno federal propone como paso indispensable la transformación del marco jurídico agropecuario, y en torno a sus muy vagas propuestas se realizan foros de consulta, y más allá de las presencias clientelares de las organizaciones campesinas leales al PRI, los foros han sido rechazados por múltiples actores sociales rurales, que ya no creen en los inoperantes, verticales e inútiles simulaciones de consulta. La propuesta de reforma 54“contiene un fuerte componente privatizador de las tierras ejidales y comunales, y se vislumbra la imposición en todo el país de un modelo agroindustrial de producción de alimentos, y los intentos de siembras comerciales de maíz y soya transgénica son muestra de ello, la propuesta vulnera a todas luces nuestros derechos a un medio ambiente sano, al agua, a la salud y a conservar la biodiversidad en nuestros territorios”.

México es el centro de origen y diversificación del maíz, y por ello es clave para la preservación de la riqueza de diversidad biológica y de la agrodiversidad, crucial para la alimentación y la medicina en el mundo y, por ello, también es blanco del interés de las grandes corporaciones transnacionales interesadas en lucrar con los bienes comunes. Desde esta perspectiva, el maíz y nuestro país, su centro de origen y diversidad genética del cobran gran relevancia para estas empresas, en especial Monsanto que controla el 91 % del mercado mundial de semillas55. En México, las semillas transgénicas de maíz, representan una seria amenaza para la agricultura familiar campesina donde se cuida y conserva la amplia diversidad de maíz y otros cultivos de la milpa, en nuestro país el tema tiene un carácter estratégico, somos es el centro mundial de origen del maíz y cuna de una gran agrodiversidad basada en enorme riqueza genética. En prácticamente todos los centros de origen el mundo se ha prohibido la liberación de cultivos transgénicos, por ello en México es fundamental preservar esta diversidad biocultural, resultado de miles de años de coevolución entre las culturas mesoamericanas y el maíz. Este contexto agroecológico coloca a nuestro país en una situación peculiar en torno a los posibles efectos y consecuencias de la liberación de maíz transgénico.

La evidencia es contundente: no es posible la coexistencia de maíces transgénicos y nativos sin contaminación de estos últimos, por lo cual única política de bioseguridad acorde con los datos rigurosos disponibles y el contexto mexicano implica la prohibición de la siembra a campo abierto de maíz transgénico en todo el territorio nacional.Las formas de vida de millones de campesinos y su invaluable conocimiento, así como la soberanía alimentaria de México, están en peligro con la liberación de maíz transgénico en cualquier parte del territorio nacional.

Ver artículo completo en esta liga.

 

 

Migración masculina y separación familiar

Por: Bernardo Enrique Roque Tovar

Migrar significa separación. El que migra deja su tierra y, en muchas ocasiones deja a su familia con la consciencia de que puede  durar mucho tiempo, quizá años, sin volverlos a ver. Para el hombre que se va, dejando esposa e hijos, puede significar el inicio de mantener su imagen a  través de llamadas, cartas, regalos y desde luego, el dinero que pueda mandar para mejorar la economía de la familia. Para la mujer que se queda en el lugar de origen, se convierte en asumirse como jefa de familia, apoyarse en las familias extensas y en aprender a vivir con la ambigüedad de saberse casada pero sin pareja. Para los hijos, la figura del padre a distancia se puede volver una condición   a la cual habrá que adaptarse.

Las familias afrontan esta situación de diversas formas: a veces se lucha por el sueño del re-encuentro, ya sea en el país de origen o en país de migración. Todos juntos en el nuevo destino o el padre regresa a casa para quedarse. Migrar al nuevo destino puede significar más separaciones. Imagínese el escenario donde la esposa, en busca del marido, deja a los hijos al cuidado de los abuelos.

Aun cuando cada vez es más común que se presente la migración de la mujer por sí sola e incluso de niños, la migración masculina sigue siendo estadísticamente la más frecuente, especialmente cuando el país de destino es Estados Unidos y México el país de origen. Las consecuencias a nivel de la salud mental del migrante  y de la familia que se queda pueden ser diversas, pero de manera general se pueden englobar bajo el nombre de una separación ambigua: no se está físicamente presente, pero si  se está psicológicamente presente.  Cuando se desea mantener el sentido de familia en la distancia de la migración, es necesario hacer diversos ajustes para que se mantenga la figura, la imagen y la autoridad paterna. Así son las familias trasnacionales.

Este proceso puede ser complicado y no es una tarea fácil. La esposa puede sentirse sobrecargada en fungir toda la responsabilidad de crianza y al mismo tiempo mantener la figura del padre con los hijos. Éstos a su vez pueden guardar sentimientos ambivalentes por tener un padre migrante. Para éste último, estar a kilómetros de distancia puede significar una impotencia aceptada, sobre todo cuando la estadía en el país de destino es ilegal.

De manera quizás algo paradójica, el proceso más difícil en esta situación es cuando se da el momento de la reunificación familiar. Para muchas familias es empezar desde cero: los hijos no están acostumbrados ni a la presencia ni a la autoridad del padre, los esposos pueden tener dificultades en encontrarse de nueva cuenta como pareja, el esposo puede sentir que ya no pertenece a esa familia.  El  sueño de estar todos juntos de nuevo implica elementos de realidad muy importantes que están presentes en la migración.  Sin embargo, el que migra lo hace buscando una mejoría en todos sentidos.

 

 

“El remedio y el trapito” para avanzar en la rendición de cuentas

Por: José Bautista Farías, Académico Investigador del CIFS-ITESO

La Red de Rendición de Cuentas (RRC) elaboró un “Programa Especial de Rendición de Cuentas (PERC) del Gobierno Federal 2014-2018” (disponible en: http://rendiciondecuentas.org.mx/PERC/) que contiene propuestas de objetivos, líneas de acción e indicadores para que el Ejecutivo Federal las lleve a cabo. En su elaboración participaron 75 instituciones académicas, públicas y organizaciones sociales que forman parte de dicha red.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se reconoce que en la “Administración Pública del país existen diversos factores que inciden negativamente en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Esto incluye deficiencias en materia de documentación y archivos, así como problemáticas relacionadas con la asignación presupuestal y su vinculación con mecanismos de evaluación. La diversidad de criterios y la fragmentación institucional no logran generar resultados comparables sobre la gestión pública, ni producir efectos eficientes en el combate a la corrupción, ni en el control eficaz de las políticas públicas”. En síntesis, en rendición de cuentas andamos mal y en combate a la corrupción peor.

En el diagnóstico que presenta la RRC en programa citado, se apunta que los mexicanos hemos avanzado en la institucionalización de los valores de la democracia en los procesos político-electorales, pero no hemos conseguido democratizar el ejercicio de la autoridad pública. Se destaca la ausencia de una política integral, coherente y completa para que los gobernantes informen, expliquen y justifiquen cómo usan los dineros públicos, cómo toman decisiones, cómo responden ante los errores o fallas de las políticas y programas de cuyo diseño, implementación y gestión son responsables. Se señala que la eficacia del gobierno en el logro de objetivos con apego a la legalidad y responsabilidad financiera sigue siendo muy cuestionable. Se apunta que prevalecen importantes problemas de simulación, asimetrías en los criterios empleados por las instituciones gubernamentales para determinar qué documentos deben considerarse públicos, y existen fuertes resistencias a la apertura informativa en varios sectores. Se dice que los esquemas de asignación presupuestal siguen descansando en la inercia y en la opacidad, basados en la discrecionalidad y el cálculo político.

Las propuesta del PERC gira en torno a siete ejes: i) un sistema de rendición de cuentas integral, coherente y articulado que justifique las decisiones de política tomadas e identifique a los responsables de su implementación; ii) un sistema de gestión de archivos ordenado; iii) mecanismos que aseguren el derecho de acceso a la información pública bajo principios de máxima publicidad y disponibilidad; iv)  la asignación y ejercicio presupuestal consistente, integral, transparente, orientado a resultados; v) un proceso de adquisiciones gubernamental eficiente, transparente y honesto, que los ciudadanos puedan conocer oportunamente; vi) un sistema de contabilidad armonizado y transparente, y vii) mecanismos eficaces de monitoreo y evaluación de objetivos oportunos.

Se plantean objetivos, líneas de acción e indicadores para cada uno de los ejes. En cada punto se aportan datos y argumentos que resaltan la problemática y necesidad del cambio a favor de buenas prácticas de rendición de cuentas. Por ejemplo, se apunta que actualmente el presupuesto público se entiende sólo como un instrumento del gobierno y no como una herramienta al servicio de los ciudadanos. A este respecto, el 53% de los países encuestados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el tema de procedimientos presupuestales, hace pública la metodología de sus proyecciones macroeconómicas y fiscales, en México se mantiene en la opacidad. La OCDE documentó que 50% de los países hacen revisiones de fiscalización independientes, en México esto aún no sucede. Por si fuera poco, en nuestro país una vez aprobado el presupuesto, éste sufre modificaciones durante su ejecución sin haber sido aprobadas por el Poder Legislativo, ni suficientemente explicadas a la sociedad, ni justificadas cabalmente.

Otros problemas importantes se relacionan con los llamados gastos extrapresupuestarios que, en contra de las recomendaciones de los organismos internacionales en la materia, suelen usarse en México (los llamados ingresos por excedentes en los precios del petróleo). Tenemos también que la Cuenta Pública auditada de cualquier año fiscal está disponible 14 meses después, cuando la OCDE recomienda que para promover la transparencia presupuestaria debería estarlo por lo menos en 6 meses después del final del año fiscal. A este respecto, el 92% de los países encuestados por esta organización sobre este tema, disponen de una cuenta pública auditada en menor tiempo que en nuestro país.

El Programa Especial de Rendición de Cuentas 2014-2018, plantea su implementación en dos fases: a) una de “Construcción de Condiciones de Rendición de Cuentas”, del 2014 al 2015, y b) otra de “Consolidación de Buenas Prácticas de Rendición de Cuentas”, del 2016 al 2018. También propone un mecanismo de seguimiento a través de una plataforma electrónica sencilla, accesible a los ciudadanos, que permita consultar en tiempo real la información generada, así como también verificar el cumplimiento de los indicadores por parte de las instituciones federales con apoyo de las organizaciones civiles especializadas en la materia e instituciones de educación superior, a través de “Comités de gestión y seguimiento”, integrados por representantes del Gobierno Federal, el Poder Legislativo, la academia y las organizaciones de la sociedad civil.

En síntesis, la RRC le está entregando al gobierno de Enrique Peña Nieto “el remedio y el trapito” para avanzar en la rendición de cuentas– que se señala como el talón de Aquiles de esta administración–. ¿Aceptará el reto el Ejecutivo Federal de su posible implementación? ¿Intentará el Gobierno Federal al menos establecer canales de diálogo para analizar y enriquecer esta propuesta? Sería deseable que esto ocurriera y más aún, que los ciudadanos lo exigiéramos por el bien de México.

Mezcala, el espejo enterrado

Por: Juan S. Larrosa-Fuentes

En días pasados, la comunidad indígena de Mezcala se enteró que, luego de quince años de litigios, una resolución del Tribunal Agrario les devolvió un pedazo de tierra de diez hectáreas, las cuales han sido ocupadas ilegalmente por el empresario Guillermo Moreno Ibarra. Estas tierras están ubicadas en la isla de Mezcala, dentro del lago de Chapala, y han pertenecido desde hace muchos años a la comunidad coca. (Algo así como antes de que México fuera México.) El 18 de septiembre se emitió esta resolución jurídica y diez días después, en el buscador de noticias de Google solamente aparecía una columna periodística relacionada con el tema (“Los de Abajo” de Gloria Muñoz Ramírez). Por otros medios encontré sendos artículos de opinión de Miguel Bazdresch y Augusto Chacón, y una nota informativa en el portal desinformemons.org. En el fondo de las buenas noticias para la comunidad coca, vuelve a aparecer un espejo que está escondido en el cajón de la historia, y que tanto nos disgusta a los mexicanos. Es el espejo del racismo y la discriminación.

Para desempacar algunos de los significados de esta noticia y para iluminar algunas de sus caras ocultas, vale la pena pensar en una historia ficticia y poco probable en nuestra sociedad. Imagina que un día llegas a tu casa y la encuentras modificada. Tu casa está ubicada en una de las colonias más ricas de la ciudad. Ante tu sorpresa, la casa tiene nuevas ventanas y la fachada está pintada de otro color. Cuando intentas abrir la puerta, te percatas que tus llaves ya no funcionan porque instalaron nuevas cerraduras. Entonces tocas a la puerta. Después de unos momentos aparece un señor que te resulta completamente desconocido y te comunica que él es el nuevo dueño de la casa. Si realmente tú eres tú, es decir, un ciudadano que habita en uno de los fraccionamientos más ricos de la ciudad, bastará con que llames a la policía para desalojar a los intrusos. Y si el usurpador se atrinchera en tu casa, al día siguiente la prensa publicará la historia a ocho columnas, pues resultará completamente anómala esta situación y por puesto, digna de interés periodístico. La situación anterior es ficticia y difícilmente podremos encontrar una que se le parezca en la realidad. La propiedad privada de las clases sociales medias y altas tiene un mejor resguardo legal y práctico, que la de otros sectores de la población. A nadie le pasa por la cabeza llegar como paracaidista a una casa de Colinas de San Javier a alguna finca de Ajijic. Y en caso de que ese paracaidista realmente se animara a llevar a cabo su tarea, basta con que los dueños llamen a una patrulla para que se lleven al intruso. Esa llamada de auxilio tendrá un efecto inmediato y no tardará, como en el caso de la comunidad coca, quince años en surtir efecto.

En el caso de la visibilidad del caso a través de los medios de comunicación, el mecanismo tiene una lógica de operación muy similar. La sociología de la producción de noticias ofrece un concepto llamado “valor noticioso”. Este concepto, entre otras cosas, explica cómo es que editores y reporteros seleccionan qué acontecimientos son noticiables y cuáles no. En el caso que nos ocupa es evidente que un valor noticioso que opera para decidir si la restitución de una tierra es noticia o no, refiere a quién es el protagonista de la historia. No es lo mismo que el protagonista de la nota sea el líder de la COPARMEX, un presidente municipal o una comunidad indígena.

La presencia del tema y personajes indígenas en los medios de comunicación mexicanos es escasa e inequitativa. Ejemplos para documentar esta afirmación hay muchos. Hace apenas unas semanas, en agosto, llegó una marcha de comunidades wixárikas a Guadalajara para exigir la restitución de una tierras, en un caso similar al de Mezcala. La cobertura informativa también fue escasa, pues apenas unos cuantos medios retomaron el tema. El caso del EZLN es paradigmático, pues logró romper esta barrera a través de la construcción un personaje como Marcos, quien logró convertirse en un elemento atractivo para las redacciones periodísticas. Sin embargo, la triste ironía de esta botarga, como él mismo se autodenominó, es que Marcos fue interpretado por un hombre mestizo. Luego de veinte años, los zapatistas reconocieron la utilidad de un dispositivo mediático como Marcos, pero también lo artificial que por momentos resultó el efecto de esta estrategia, pues para los medios a veces era más importante, por ejemplo, la salud de la botarga, que la del movimiento zapatista. Pero hay muchos otros temas indígenas importantes en el país y que son reportados de una manera exigua, como otros despojos a asentamientos indígenas en los casos de Michoacán o Sonora, tan solo por nombrar a algunos.

Por otro lado, la imagen y la figura del indígena en los medios de comunicación cobra otro papel cuando se trata de hablar del pasado histórico y de la cultura como folklor. En esos contextos se les describe como un colectivo, y ahí, la presencia indígena ocurre con frecuencia y no es problemática. Los periódicos o video documentales que trabajan sobre temas de cultura o turismo, suelen de escribir acerca de los indígenas y sus costumbres. Resulta muy atractivo hablar de ellos como portadores de la historia mexicana, pero eliminando cualquier referencia a contradicciones políticas. Por ejemplo, El Informador recientemente publicó un reportaje sobre la isla de Mezcala en donde se presenta el lugar como un idílico espacio que nostálgicamente vive su pasado indígena. Se describe a los cocas como indígenas pescadores y artesanos textiles. El autor invita a los paseantes a visitar el pasado de la isla, pero omite hablar de su presente y sobre sus luchas políticas. Esta naturalización histórica, como se demuestra una y otra vez, despolitiza el presente.

La resolución jurídica que favorece a la comunidad coca de Mezcala es una muy buena noticia, especialmente dentro de un sistema de justicia tan deficiente como el mexicano. La resolución nos recuerda que lejos estamos de vivir en un país en donde la discriminación y el racismo esté eliminado. México es un país que gusta de ver a los a los indígenas como parte de su memoria histórica, pero le incomoda ver a estas comunidades en el tiempo presente.

Mezcala es parte de ese espejo de la discriminación que los mexicanos enterramos una y otra vez en nuestra memoria. Esta operación, la del entierro del espejo, es completamente imaginaria, porque Mezcala existe en el presente.

Este artículo fue publicado el 29 de septiembre de 2014 como parte de la columna de opinión “Sistema Autorreferencial” del programa “Señales de Humo”, que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara.

Para más información sobre el caso de la isla de Mezcala, recomiendo leer el siguiente artículo de Vicente Paredes Perales y Rocío Moreno, titulado Mezcala: la isla indómita.

 

Corrupción jalisciense: El 56% de nuestra población, reporta que los actos de corrupción son muy frecuentes

 Por: Jorge Narro Monroy

En junio pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hizo públicos los resultados de su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013 (ENCIG). La información se levantó entre noviembre y diciembre de ese año y los resultados “son representativos de la población de 18 años y más que reside en poblaciones urbanas de 100 mil y más habitantes”.

Pues bien, Jalisco no queda nada bien parado en lo que se refiere a percepción de la corrupción.

El 56% de nuestra población (1 millón 690 mil personas), reporta que los actos de corrupción son muy frecuentes. Este dato coloca a la entidad en el nada honroso tercer lugar en el país, sólo superada por el Distrito Federal y Michoacán. Añadamos que la media nacional es de 48% de los mayores de 18 años…

Pero nada nuevo tratándose de Jalisco:

En la encuesta de percepción del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2013-2033, “63% por ciento de los encuestados mencionó la necesidad de combatir la corrupción (…) y 72% dijo considerar inefectivas las acciones del gobierno para combatir la corrupción” (Gobierno abierto y rendición de cuentas, p. 594).

Y nada nuevo siendo Aristóteles Sandoval el titular del Ejecutivo:

En una encuesta a usuarios de servicios públicos realizada a mediados de 2011 por Profesionales por la Ética, la Academia Jalisciense de Transparencia y Acceso a la Información y Smart Comunicación, el municipio de Guadalajara (entonces gobernado por Sandoval) resultó, en la zona metropolitana, el de mayor corrupción: 89.9% de los entrevistados dijo que en la administración el problema era “igual o peor” que en la anterior (la de Alfonso Petersen).

Guadalajara era la demarcación donde más ciudadanos habían vivido o sido testigos de un acto de corrupción: 43.9% de los encuestados. De acuerdo al estudio, en el 74.81% de los casos la corrupción fue inducida por el funcionario público, en tanto que 19.26% la propició el ciudadano. La corrupción se presentaba de diversas formas, pero era en el soborno donde más se reflejaba: 47.54% de los entrevistados aseguró haber estado involucrado en un soborno y 24.59% dijo haber sido extorsionado en alguna ocasión por elementos policiacos. (Ver: crónicadesociales.org, 7 septiembre 2011)

Tengo una hipótesis para explicar el incremento del fenómeno.

En los tiempos de la “dictablanda” priista, los funcionarios y los políticos afiliados al tricolor, seguros de la perdurabilidad del régimen, podían robar de a poquito: tenían años y años asegurados en la administración pública y, por tanto, años y años para sacarle jugo. No por nada la célebre sentencia “Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”, del veracruzano César “El Tlacuache” Garizurieta.

Pero se inició la alternancia (primero en los municipios, luego en los estados y finalmente en el Gobierno federal) y con ella la incertidumbre. Un político (ya no sólo del PRI) únicamente podía estar seguro del puesto que ocupaba: “Hoy tengo hueso, mañana quién sabe”. En otras palabras: “Hoy puedo robar, mañana quién sabe”. ¡Y a robar se ha dicho! A robar con una voracidad y una urgencia brutalmente depredadoras.

Los panistas siguieron el ejemplo de los priistas y los superaron. La fugacidad de las oportunidades los “obligaba”. Los perredistas, por supuesto, no se quedaron atrás. Y al regresar al poder los tricolores, habiendo aprendido la lección, se han refinado.

En 2007, casi un año después del arribo a la Gubernatura de Jalisco del panista Emilio González Márquez, la entidad se encontraba “en el promedio nacional de la escala en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, que construye la organización ‘Transparencia Mexicana’.” (Cesjal, Actualización Jalisco a Futuro, enero de 2012). En 2013, ocho meses después de la toma de protesta de Aristóteles Sandoval, y a decir del INEGI, estábamos en el tercer lugar nacional en percepción de corrupción, ocho puntos porcentuales por arriba de la media…

Iniciativa de ley, ¿realmente a favor de la niñez y adolescencia?

Por: Paola Lazo Corvera, integrante del CEPAD AC

18 de septiembre de 2014.- El pasado 1º de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa preferente de Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Es de celebrar que se haya considerado prioritaria esta propuesta de Ley, y que al considerarse preferente, obligue al Congreso a revisarla y aprobarla en un máximo de 30 días.  Es también un logro que se intente legislar con urgencia para atender la violación constante a sus derechos del que son víctimas día a día niños, niñas y adolescentes en nuestro país.

Sin embargo, haciendo un análisis detenido, la propuesta tiene fallas y carencias serias, que en principio denotan una falta de enfoque de derechos humanos en su elaboración, y sobre todo la necesidad de un cambio de paradigma para dejar atrás la visión asistencialista de la defensa y protección de los derechos de la infancia, hacia una en la que se les considere sujetos de derecho. Mientras no se dé este cambio de visión, las acciones que se lleven a cabo serán meramente cosméticas, desde un rol tutelar y proteccionista del Estado, y no uno que los involucre activamente como titulares de derechos.

En principio, la iniciativa de Ley no plantea el reconocimiento explícito de la ciudadanía jurídica de niñas, niños y adolescentes, por lo que no logra ampliar la atención del Estado más allá de un cuidado proteccionista y asistencialista, y no propone espacios de autonomía para su participación en los espacios públicos que tienen que ver con su vida cotidiana y con los asuntos que son de su interés.

Un aspecto propuesto por la Ley y que habrá que analizar con detenimiento tiene que ver con la reglamentación para que los medios de comunicación publiquen información sobre niños, niñas y adolescentes sin violar su derecho a la intimidad. Sin duda es necesario vigilar el que los medios tengan responsabilidad en el manejo de datos e información de manera que se proteja su identidad, privacidad y seguridad. Sin embargo, hay que ser muy claros en las disposiciones de dicha regulación, ya que se corre el riesgo de que se maneje con discrecionalidad o de que se limite la libertad de expresión de las y los niños y adolescentes. Es necesario garantizar que tengan presencia en los medios para que estén representados y se escuche su voz, y para visibilizar las violaciones a sus derechos y las agresiones de que son víctimas diariamente. ¿Cómo se utilizaría esta ley, por ejemplo, para sancionar la reciente “inspección” a que fueron sometidos niños y niñas en Zócalo del Distrito Federal el pasado 15 de septiembre al acudir junto con sus familias a dar el grito de Independencia? Las imágenes difundidas en las redes sociales son más que evidentes y muestran la visión de fondo que tiene el gobierno federal en torno a los derechos de la población infantil y juvenil.

La Ley deja pendiente también la atención a una población doblemente vulnerable: los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Al no incluir en la propuesta lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es una ley que los invisibiliza y los discrimina nuevamente.

Si se quiere de verdad atender las situaciones emergentes que esta población enfrenta de manera cotidiana en nuestro país, se requieren leyes y estrategias específicas que garanticen el derecho a todos los principios señalados en la Convención, recordando que ningún principio se garantiza en su totalidad sin la presencia de los otros. Y que para asegurarlos se requiere mucho más que buenas intenciones, se necesita un presupuesto autónomo y específico, un cambio de paradigma, capacitación y sensibilización en todas las instituciones públicas vinculadas con su atención, sanciones ejemplares ante la violación de sus derechos, acciones que provoquen cambios concretos en las forma en que funcionan las instituciones en este país, y  procesos de evaluación de las políticas implementadas que permitan su corrección a corto plazo y la continuidad de aquellas estrategias que funcionen. Se trata de atender a necesidades reales, y no sólo de maquillar o apagar fuegos mediáticos y superficiales. Impulsar el cambio cultural y estructural que nos lleve a construir un México propicio para el desarrollo de la infancia y la juventud.