¿Y el combate a la corrupción? En Ocasión del Informe del Presidente EPN

José Bautista Farías (Académico del CIFS-ITESO).

11 de septiembre de 2014. El 3 de septiembre del 2014, un día después del segundo informe presidencial de Enrique Peña Nieto, el Foro Económico Mundial dio a conocer el Informe de Competitividad Global 2014-2015, en el que se destaca que México retrocedió –por segunda ocasión- en el ranking global al ubicarse en el lugar 61 de 144 países evaluados. Nuestro país descendió seis puestos del ranking mundial con respecto del año 2013, pese a las reformas estructurales, quedando por debajo de Chile, Costa Rica y Brasil, quienes ocuparon los lugares 33, 51 y 57, respectivamente. Suiza se mantiene por sexto año consecutivo como el país más competitivo, seguido de Singapur,  Estados Unidos, Finlandia y Alemania (http://www.weforum.org/).

Esta clasificación se basa en el Índice de Competitividad Global (GCI), creado por el Foro Económico Mundial desde el 2004. Dicho foro define a la competitividad,s, ómico Mundial desde el 2004. como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan la productividad de un país”, su clasificación se calcula con base en datos a nivel nacional de 12 categorías: instituciones, infraestructuras, entorno macroeconómico, salud y educación primaria, educación superior y capacitación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación de las empresas e innovación.

Algunos analistas señalan que el pobre desempeño de México en el índice de competitividad se vio afectado por la baja calidad del sistema educativo y el bajo desarrollo tecnológico. El reporte apunta que el principal obstáculo para avanzar en los niveles de competitividad en nuestro país, es la corrupción, además de la burocracia, la carga impositiva, el acceso al financiamiento, la educación y el sector de telecomunicaciones, entre otros.

El combate a la corrupción, fue justo la parte que omitió citar Enrique Peña Nieto en su segundo informe de gobierno. Según algunos analistas, es la parte más olvidada de esta administración, no obstante que forma parte del denominado Pacto Por México, que firmaron los principales partidos políticos y el ejecutivo federal. Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación, afirmó que en México es un hecho el manejo corrupto del dinero público; reveló que en cuatro años de su gestión, las denuncias penales documentadas pasaron de más de 30 a 400. Subrayó que la insuficiencia de mecanismos de control en las dependencias de gobierno, aunado a la proclividad de algunas personas a cometer ilícitos, genera corrupción. El círculo perverso de este fenómeno se cierra cuando no hay nadie que lo impida o hay facilidades para cometerlo sin que haya sanción (Excélsior 04/09/2014). La realidad social del país, contrasta con el discurso triunfalista del presidente. ¿Cuándo tendremos una política pública integral de combate a la corrupción y rendición de cuentas?

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Día de la Mujer Indígena: Pensar en lo que nos toca hacer personal y profesionalmente angustia más que lo que actualmente se hace en torno al tema

Por: Alondra Barba y Rocío Landey
Foto por: Alondra Barba

El Día Internacional de la Mujer Indígena se conmemora desde hace 31 años cada 5 de septiembre;  la fecha se instituyó durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América celebrado en Bolivia el año de 1983. Durante la cumbre se rindió  honor a la lucha de Bartolina Sisa, indígena aimara que se opuso heroicamente a la dominación española y que fue brutalmente asesinada en 1783. Desde entonces, el día pretende la valoración hacía los aportes que las mujeres brindan a sus pueblos y al mundo; así como las luchas personales y colectivas a las que se siguen enfrentando de muy variadas maneras en las distintas esferas de su vida.

Para conocer un poco más sobre la realidad actual que las mujeres de los pueblos originarios de nuestro país viven se invitó a tres jóvenes indígenas -colaboradoras del Programa Indígena Intercultural del ITESO-, Milca Mayo (ch’ol, Chiapas); Isaura García (ñuu savi, Oaxaca.); y Lisbeth Bonilla (wixárika, Jalisco) a que compartieran sus reflexiones a tono de las situaciones que les preocupan y ocupan  en torno al tema de la mujer indígena en sus comunidades de origen y las experiencias personales que como mujeres jóvenes indígenas, también universitarias y profesionistas, viven cotidianamente.

¿Creen que sea relevante que exista una fecha que conmemore a la mujer indígena?

Primeramente,  no sabíamos  –enunciaron-, pero ahora que sabemos, comparten:

Isaura: “Está bien, pero como en el día de la mujer: se reconoce,  festeja, se sabe que está ahí, pero por el discurso, aunque no haya cambios, quizás algunos pequeños.Puede utilizarse para que las mujeres indígenas nos juntemos y hablemos qué de nosotras, qué nos pasa en la sociedad”.

Milca cree que en las comunidades se desconoce de esta fecha y desea “que el  día propicie conocer las acciones y la labor que las mujeres indígenas realizan en sus comunidades”.

Desde sus experiencias convergiendo en la ciudad, pero pertenecientes a diferentes pueblos, ¿cómo participan y contribuyen en sus comunidades?, y ¿qué es lo que reconocen de las mujeres de sus comunidades?

Lisbeth: “convivo con las mujeres: hablo mi dialecto, bordo con ellas, […] seguir haciéndolo si estoy en la ciudad, soy estudiante o trabajadora. […] enseñar lo instruido por mi madre y abuelas, eso fortalece nuestra cultura, a pesar de los cambios que estamos viviendo”.

 Milca: “siempre convivo con las mujeres, […] las aportaciones que yo admiro, es que la administración de las cooperativas va mejor cuando las mujeres están al frente […] con los hombres había robadera y pérdidas […] el sistema cambió, e incluso los hombres reconocen su buen funcionamiento”.

Isaura: “las mujeres ñuu savi  de la ciudad  y en Oaxaca son muy trabajadoras. “Y me impacta el respeto que tienen las mujeres hacía los hombres: cuidar a todos los integrantes de la familia, […] reconozco que los conflictos entre familias o comunidades,  ellas tienden a regularlos: dialogan más, el hombre se enfrenta, aunque al final ellos tomen la última decisión”.

¿Ustedes piensan que como mujeres profesionistas se valorará su participación en las asambleas?

Isaura: “mi  meta es ser agente municipal [risas], me dicen que nada más los hombres llegan ahí, […]  estoy consciente que el respeto y el reconocimiento  se obtienen  por las acciones no  por el discurso. Yo creo que habrá un momento en que nosotras como profesionistas sí vamos a impactar en la comunidad”.

Lisbeth: “ser mujer dentro de tu cultura no es fácil y más cuando quieres participar en las asambleas, por ejemplo, que tu voz no es válida, tenemos que empezar nosotras, […], ya he tenido experiencias  con hombres de mi edad en las que he tratado de hablar y no me hacen caso,  tengo que estar allí para que me vean y escuchen, es parte de nuestro  trabajo para llegar a ese cambio que queremos”.

¿Qué temas  o situaciones son los que más les preocupan en torno al tema de la mujer indígena?

Lisbeth: “el respeto hacia la mujer, si ella respeta a su esposo y familia porqué los hombres no respetan eso. A mí me interesa que las mujeres se sientan satisfechas de lo que hacen, se sientan libres de su propia vida, decidir lo que quieren hacer”.

Milca: “yo apoyo la idea de poder decidir cuántos hijos deseo tener, casarse o no, en mi comunidad  para la revisión del Papanicolaou los hombres se oponen a que la mujer sea vista por el doctor, finalmente es su cuerpo”.

Isaura: “reflexiono lo que dicen, pero  a veces nos enseñan desde chiquitas que tienes que vivir así, […] mujeres que no han salido, no saben o tienen otra  concepción de libertad, […]  la intención es que la mujer esté más consciente de la libertad”.

Milca: “siento que falta más información que involucre a la familia, al hombre y a la mujer, de la importancia de que la mujer reciba atenciones médicas”.

Isaura: “De las problemáticas que veo en mi comunidad: cuando van a tener un parto y van al hospital, las tratan mal, las obligan a que les hagan cesárea en vez de parto natural, es muy cruel para una mujer que la obliguen”.

Desde su trinchera como jóvenes, mujeres, estudiantes, indígenas, citadinas, ¿de qué forma ustedes buscan o participan para menguar la problemática o la  situación actual?

Milca: “la idea más cercana que tengo a mi carrera es que veo que las mujeres acompañan a los hombres a la milpa […] en vez de irse tan lejos a acompañar al hombre apoyar a que tengan en sus patios hortalizas; que sea sostenible para la familia o para otros, que puedan sacar su dinerito”.

Isaura: “participar en todas las actividades de la mujeres y también de los hombres […] trato de aportar, apoyo también en traducir y hacer conscientes de lo que implica hacer cada cosa. En el proyecto de mujeres [Sueño mixteco] doy asesoría e  informo lo que implica cada proyecto.

Lisbeth: “trabajar con mujeres y hombres. Ayudar a las mujeres a que se puedan querer ellas mismas. En facebook tengo un grupo y toda la información que voy encontrado de temas de la mujer lo voy subiendo -sobre  la autoestima, de cómo cuidarse. Con mujeres wixáritari quiero que usen esta red social no sólo para subir sus fotos, sino como una manera de informarse”.

Ya casi para finalizar,  ¿cómo se dice mujer en sus idiomas?

‘Uka; en wixárika”; “ixi es mujer y  ch’oc es mujer joven en ch’ol”; “naá ña´a, significa las mujeres en tu’un savi”.

¿Podrían mencionar a una mujer o una figura femenina de su cosmovisión, de su espiritualidad; o un personaje histórico, una diosa o persona importante dentro su cultura?

Milca: “en mi comunidad a quien llaman “co” es la gente mayor, vienen siendo las parteras, les dicen “co” es  mamá mayor o abuela mayor […] la mujer “co” es muy representativa incluso en las oraciones, siempre está ahí como una mujer respetable”.

Lisbeth: “las mujeres que han tenido cargos en la cultura y la religión, por ejemplo, cuando tienen muchos cargos después llegan a ser sanadoras, mara’akate,  cuando logran limpiar y  sanarte, es como “wow” es más reconocible. Todos las hombres y mujeres las respetan, […] Nakawe, [diosa]  esa mujer fue mara’akame, creadora; todos la respetan”.

Isaura: “sí se les respeta pero no hay una mujer dentro de la comunidad, sí se ha reconocido a gente muy valiosa y para pedir por ellos pues se refieren a los ancestros, pero de que se hable de una mujer o alguien muy específico no. A la virgen le celebran el día de la mujer, ni siquiera celebramos el día de la virgen, sino el día de las mujeres, pero no lo sé”.

El camino por recorrer…

Diversas organizaciones de mujeres indígenas vislumbran áreas opacas en donde hace falta trabajo y voluntad para garantizar su derechos; destacan: incentivar su representatividad política; la valoración de su trabajo y aportaciones económicas y culturales; el acceso a servicios básicos de salud maternal y sexual; la generación de distintos modelos de “ser mujer” al interior de los valores culturales de sus comunidades; la prevención y sanción –por autoridades tradicionales y/o del Estado mexicano- a los actos de violencia física, sexual y emocional a los que sean expuestas; entre otras.

Si bien múltiples problemáticas no se solucionarán de la noche a la mañana, reconocen que juntas: jóvenes, adultas y ancianas, continuarán hacía  el respeto y reconocimiento  de la mujer indígena en México.

Ambiguo discurso de Peña al campo de Jalisco: Académico ITESO

Publicado en el periódico MásporMásgdl.

3 de septiembre 2014.- Las reformas del gobierno federal cayeron como una lápida en el campo mexicano y su discurso de ayudar o ‘rescatar’ este sector, es más bien con tintes ‘electoreros’, dice Jaime Morales, investigador del CIFS del ITESO.

Jalisco es uno de los estados fuertes en cuestiones de ganadería y agricultura; no en balde este año se han desarrollado en la entidad diversos eventos, congresos, encuentros y foros sobre el tema, organizados tanto por el gobierno federal como el estatal.

El mismo presidente Enrique Peña Nieto ha estado en Jalisco en las últimas semanas en eventos de este tipo.

Hace dos semanas vino a anunciar ‘el rescate al campo’, un préstamo hasta por 44 mil millones de pesos que dará a productores del campo del país, a través de la Financiera Nacional de Desarrollo.

Y el jueves de la semana pasada, acudió a la toma de protesta del nuevo dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Manuel Cota, por cierto, senador del PRI.

Reformas contradicen discurso

La reforma que “le puso en la madre al campo”, a decir de Jaime Morales profesor del ITESO, fue la fiscal. Pues asegura que es absurdo que alguien (un agricultor o tortillero) den factura electrónica, cuando algunos viven en comunidades donde ni si quiera tienen electricidad.

Aunque ya no ha salido a flote, después de la serie de “foros de consulta” que hizo la Sagarpa, la siguiente reforma que se discutirá en el Congreso de la Unión será la del campo.

Morales, duda que esta nueva reforma traiga beneficios a los agricultores, luego de lo que las otras han implementado, como la facturación electrónica, el despojo de tierras o desplazar a segundo término la producción de alimentos, por ejemplo.

En cuanto a la reforma energética, dice que el tema de la ‘ocupación temporal’ es algo grave. Pues cualquier empresa podría hacerse del territorio de cualquier persona durante el periodo de extracción de los energéticos.

En el caso del llamado ‘fracking’, método para obtener gas ‘shale’, principalmente en los estados del norte, se requerirá una enorme cantidad de agua. “La reforma energética no ofrece una garantía en el cuidado de tierra y en el cuidado de agua”, dice Morales.

Las alternativas

“El sustento de los alimentos es algo demasiado serio como para dejárselo en las manos de los políticos”, dice Morales, y agrega que aunque el panorama que se avecina es parecido al Porfiriato, queda la esperanza de que grupos de personas no sean pasivos.

“Por un lado un montón de organizaciones sociales y rurales, están pidiendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos interponga amparos contra la ley de hidrocarburos. Será el camino legaloide que quizá funcione”

Queda también, las acciones que cada uno haga en el pedacito de tierra que le pertenece, que cuide su milpa o el pedazo de lago o río que tiene; y que, en caso de campesinos, apuesten más por producir para su propio consumo.

Para saber

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), inició en junio una serie de foros de consulta con la que buscan legitimizar la reforma al campo. Jaime Morales afirma que tales foros fueron verticales y que sólo pidieron la opinión de gente cercana al gobierno, dejando de lado a investigadores y expertos.

Jalisco en el campo, algunas cifras

-Es el mayor porcicultor del país; cerró el 2013 con una producción de 3 millones 117 mil 832 cerdos según datos de la Unión Regional de Porcicultores.

-Es el estado que más leche produce; aporta más del 40% de la leche que compra Liconsa.

-Tras el anuncio de la reconversión del maíz en México, en el estado se han sembrado 401 mil 846 toneladas de maíz amarillo, en lo que va del año.

 

 

¿Por qué las personas tienen que salir a tomar las calles? Reflexiones sobre la movilización de los wixárikas

Por: Carlos A. Peralta Varela, Programa de Derechos Humanos, CIFS – ITESO

2 de septiembre de 2014.- Las organizaciones o las comunidades no salen a movilizarse, marchar y tomar las calles por pasatiempo. Lo hacen por necesidad. Su acción busca llamar la atención de la sociedad y de las autoridades para atender una necesidad o para resolver un problema importante.

En el caso de la reciente movilización de los wixárikas (huicholes), el 20 y 21 de agosto pasados, tuvieron que dejar su casa, venir a Guadalajara e instalarse frente a dos dependencias del gobierno federal, para que las autoridades se movilizaran y cumplieran con algo que ya habían ganado legalmente en los tribunales y que podría haberse resuelto hace años. Tenían la razón ética y jurídica para actuar, y si resumiéramos su solicitud es esta: “ya estuvo bien de mentiras y de darle largas al problema ¡Queremos acciones concretas!”.

En julio de 1953, una resolución presidencial que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, les otorgó a los wixaritari de San Sebastián Teponahuaxtlán un total de 240 mil hectáreas. Hace poco más de una década pobladores de Huajimic, perteneciente a Nayarit, invadieron sus tierras y se apropiaron de 10,000 hectáreas. Obviamente los wixárikas tenían muchos caminos posibles de acción, uno de ellos era haber intentado desalojar a los invasores. Sin embargo, decidieron seguir un camino más respetuoso y denunciaron el hecho ante las autoridades, pero éstas no hicieron nada al respecto. No se resignaron y decidieron seguir el muy largo y tortuoso camino que marca la ley para lograr la restitución de sus tierras.

Desde el año 2007, han interpuesto demandas y llegaron a tener 45 juicios de restitución de tierras de los cuales a partir del 2012, se han emitido cinco sentencias a su favor y ninguna de éstas se había ejecutado. Es decir, siguieron el proceso que marca la ley, gastaron dinero en los juicios, pasaron cinco años para que se reconociera (a través de las sentencias) que debían restituírseles las tierras, pero han pasado otros dos años más sin que nada efectivo suceda.

Mientras se realizaban los juicios otra dependencia federal intervino, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y sugirió que el caso se desahogara como parte del programa Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER). Entre 2009 y 2012, la dependencia aparentó atender el conflicto y dijo buscar que el problema se resolviera por la conciliación entre las partes, sin embargo, la SEDATU no atendió el conflicto de fondo y la invasión persistió.

El colmo fue que el Tribunal Superior Agrario ordenó que un tribunal de Nayarit ejecutara una de las sentencia de restitución por un total de 10,000 hectáreas. Sin embargo, en Nayarit no quisieron ejecutar la sentencia. Es decir, las autoridades no quisieron hacer caso cumplir y ejecutar una orden de un tribunal.

Tengamos presente entonces que la movilización de los wixárikas se debió a un conflicto que ellos no provocaron y que no fue atendido adecuadamente. Teniendo la autoridad federal, la posibilidad de resolver desde hace años el problema de la invasión, no actuaron. En este caso la comunidad se vio obligada a tomar las calles tan solo para lograr ser escuchada y atendida en forma efectiva.  Nos queda por último la idea de que si la autoridad fuera eficiente en la solución de problemas que aquejan a la sociedad, ésta no tendría que salir a las calles.

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Evaluar la transparencia de los gobiernos municipales ¿para qué?

Por: José Bautista Farías, Académico del CIFS-ITESO

Tlaquepaque, Jal. a 27 de agosto de 2014. En su novena evaluación de CIMTRA a los gobiernos de la ZMG, las Regiones Sur de Jalisco y otras, efectuado durante los meses de junio y julio de 2014 se observan claro-oscuros en la transparencia en las actuales administraciones municipales. De 7 municipios de la Región Centro 5 aprobaron: Tlamojulco de Zúñiga y Zapopan con 100 puntos (la máxima calificación),  Tlaquepaque 79, Guadalajara 74 y  Tonalá 73 y dos reprobaron: Zapotlanejo 41 y El Salto 10.  De los municipios del Sur y otras regiones, sólo aprobaron Tamazula 92 y Zapotlán el Grande (Cd. Guzmán) 65, el resto reprobó: Puerto Vallarta 47, Zacoalco de Torres 40, Tepatitlán 29, Atemajac de Brizuela 28, Tuxpan 20, Amacueca 18, Zapotiltic 15, Gómez Farías 14, Zapotitlán de Vadillo 10, Tolimán 8, Teocuitatlán de Corona y Toliman 8 y Sayula 2.

Lo destacable de estos resultados, según CIMTRA-Jalisco, es que por primera ocasión el promedio general resultó aprobatorio al pasar de 50 (en 2013) a 65 puntos. Igualmente, Zapopan igualó a Tlajomulco y por primera vez obtiene la máxima calificación que otorga ese organismo. Los bloques con mayor puntuación fueron: Atención Ciudadana 82 y Cabildo 78, el primero refiere a los mecanismos de atención y la información básica respecto a ciertos trámites de licencias y permisos que se ofrecen a las personas, el segundo alude a las sesiones públicas del cabildo, así como a la información de sus agendas (previas) y minutas (posteriores) de trabajo. En contraste, los bloques más opacos fueron: los consejos ciudadanos 44, cuestiones urbanas 54 y los gastos de administración.

¿Qué importancia tiene para el ciudadano común estas evaluaciones de las administraciones municipales?, ¿más allá de visibilizar la transparencia u opacidad de las autoridades, qué le aportan a la sociedad? En primer lugar, la transparencia y el acceso a la información son un derecho humano y un derecho constitucional que está ligado al derecho a saber y a la libertad de expresión. Estos ejercicios sirven para dar cuenta de cómo estamos en estos derechos y para contrastar el discurso de los políticos (en sus informes de gobierno) con la realidad que vivimos cotidianamente los ciudadanos. Pone en evidencia por ejemplo, que en los municipios del Sur y otras regiones, las autoridades incumplen con su obligación de informar y transparentar sus acciones y decisiones. En segundo lugar, está comprobado que lo que no se evalúa no se mejora, lo que no se visibiliza no se reconoce ni valora (sea bueno o malo), esto conlleva a que las autoridades, con frecuencia, incumplan con sus obligaciones constitucionales y/o violenten procedimientos y normas, abusen del cargo para fines opuestos al interés público y en el peor de los casos hagan mal uso de los recursos públicos. Mientras esto no se corrija, a través de mecanismos más eficientes de rendición de cuentas y contraloría social, la corrupción seguirá campeando en nuestro estado y en el país.

Finalmente, se espera que estas evaluaciones sirvan para alertar y concientizar, tanto a los ciudadanos como a las autoridades, de lo mucho que nos falta por avanzar en este tema (la transparencia) y que, si bien es importante el reconocimiento jurídico de este derecho, esto no es suficiente, se requiere de políticas públicas que activen el derecho a saber de los ciudadanos de lo que hacen y deciden las autoridades en nuestro nombre. Hay que ponerle un cerco la corrupción, la impunidad y a las malas prácticas de gobierno que dañan el interés público, en especial de los sectores menos favorecidos.

 

DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LOS ALTOS DE JALISCO

Por: Heliodoro Ochoa, académico del CIFS-ITESO

La disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas se ha reducido considerablemente en la región
de Los Altos de Jalisco desde que la Comisión Nacional de Agua, el gobierno de Jalisco y el gobierno de
Guanajuato firmaron Acuerdos y Convenios entre 1995 y 2007. Antes de concluir las obras de la presa
El Zapotillo y construir el acueducto El Zapotillo-León, es conveniente actualizar la información sobre el
estado actual que guardan los recursos hídricos en la cuenca del río Verde y los acuíferos que ahí
subyacen con el propósito de realizar los ajustes que sean necesarios a las obras hidráulicas y
distribución de volúmenes de agua entre el estado de Guanajuato, el estado de Jalisco y la región de
Los Altos de Jalisco.
La disponibilidad de agua se ha reducido mientras aumenta la demanda en los volúmenes de agua,
causando la sobreexplotación de acuíferos y la reducción de escurrimientos en los ríos y arroyos que
alimentan los caudales del río Verde. No ha sido evaluada esta situación ni el impacto ambiental,
social y económico que está generando a partir de los proyectos de presas y volúmenes de distribución
de agua en la cuenca del río Verde, particularmente respecto al caso de la presa El Zapotillo y el
acueducto El Zapotillo-León, Guanajuato.
Por su parte, la Comisión Estatal del Agua de Jalisco propone 14 sitios para nuevas presas (además de
El Zapotillo y El Purgatorio) que están siendo evaluadas por la Comisión Nacional del Agua, para
aprovechar en favor de Guadalajara, el máximo de volúmenes asignados de las aguas superficiales del
río Verde (302.775 Mm3 anuales), que le corresponden conforme al Acuerdo del 2005. Por su parte,
Guanajuato también pretende asegurar la totalidad de su reserva de 119.837 Mm3 anuales mediante
la presa El Zapotillo y un acueducto diseñado con sobrada capacidad para lograrlo (Q= 5,477 lps a
3,800 lps).
Los Altos de Jalisco, las autoridades municipales y los diferentes usuarios de la región están excluidos
de estas obras hidráulicas que no les fueron consultadas y les asignaron un volumen limitado para los
usos público urbano (56.764 Mm3, equivalente a un gasto máximo de 1,800 lps) y pecuario (12.600
Mm3, equivalente a 400 lps), impidiendo cualquier otro uso o demanda de agua. Este volumen
reservado es insuficiente y la escasez de agua representa una amenaza para esta región.

Ver documento completo: 2014-04-03 Disponibilidad de agua en Los Altos

Evaluar la transparencia de los gobiernos municipales ¿para qué?

Por José Bautista Farías

Tlaquepaque, Jal. a 27 de agosto de 2014. En su novena evaluación de CIMTRA a los gobiernos de la ZMG, las Regiones Sur de Jalisco y otras, efectuado durante los meses de junio y julio de 2014 se observan claro-oscuros en la transparencia en las actuales administraciones municipales. De 7 municipios de la Región Centro 5 aprobaron: Tlamojulco de Zúñiga y Zapopan con 100 puntos (la máxima calificación),  Tlaquepaque 79, Guadalajara 74 y  Tonalá 73 y dos reprobaron: Zapotlanejo 41 y El Salto 10.  De los municipios del Sur y otras regiones, sólo aprobaron Tamazula 92 y Zapotlán el Grande (Cd. Guzmán) 65, el resto reprobó: Puerto Vallarta 47, Zacoalco de Torres 40, Tepatitlán 29, Atemajac de Brizuela 28, Tuxpan 20, Amacueca 18, Zapotiltic 15, Gómez Farías 14, Zapotitlán de Vadillo 10, Tolimán 8, Teocuitatlán de Corona y Toliman 8 y Sayula 2.

Lo destacable de estos resultados, según CIMTRA-Jalisco, es que por primera ocasión el promedio general resultó aprobatorio al pasar de 50 (en 2013) a 65 puntos. Igualmente, Zapopan igualó a Tlajomulco y por primera vez obtiene la máxima calificación que otorga ese organismo. Los bloques con mayor puntuación fueron: Atención Ciudadana 82 y Cabildo 78, el primero refiere a los mecanismos de atención y la información básica respecto a ciertos trámites de licencias y permisos que se ofrecen a las personas, el segundo alude a las sesiones públicas del cabildo, así como a la información de sus agendas (previas) y minutas (posteriores) de trabajo. En contraste, los bloques más opacos fueron: los consejos ciudadanos 44, cuestiones urbanas 54 y los gastos de administración.

¿Qué importancia tiene para el ciudadano común estas evaluaciones de las administraciones municipales?, ¿más allá de visibilizar la transparencia u opacidad de las autoridades, qué le aportan a la sociedad? En primer lugar, la transparencia y el acceso a la información son un derecho humano y un derecho constitucional que está ligado al derecho a saber y a la libertad de expresión. Estos ejercicios sirven para dar cuenta de cómo estamos en estos derechos y para contrastar el discurso de los políticos (en sus informes de gobierno) con la realidad que vivimos cotidianamente los ciudadanos. Pone en evidencia por ejemplo, que en los municipios del Sur y otras regiones, las autoridades incumplen con su obligación de informar y transparentar sus acciones y decisiones. En segundo lugar, está comprobado que lo que no se evalúa no se mejora, lo que no se visibiliza no se reconoce ni valora (sea bueno o malo), esto conlleva a que las autoridades, con frecuencia, incumplan con sus obligaciones constitucionales y/o violenten procedimientos y normas, abusen del cargo para fines opuestos al interés público y en el peor de los casos hagan mal uso de los recursos públicos. Mientras esto no se corrija, a través de mecanismos más eficientes de rendición de cuentas y contraloría social, la corrupción seguirá campeando en nuestro estado y en el país.

Finalmente, se espera que estas evaluaciones sirvan para alertar y concientizar, tanto a los ciudadanos como a las autoridades, de lo mucho que nos falta por avanzar en este tema (la transparencia) y que, si bien es importante el reconocimiento jurídico de este derecho, esto no es suficiente, se requiere de políticas públicas que activen el derecho a saber de los ciudadanos de lo que hacen y deciden las autoridades en nuestro nombre. Hay que ponerle un cerco la corrupción, la impunidad y a las malas prácticas de gobierno que dañan el interés público, en especial de los sectores menos favorecidos.

 

Lo mínimo del salario mínimo

Por: Gerardo Moya

¿Alguna vez se ha puesto a hacer el ejercicio de cuál sería el monto mínimo de salario mensual para cubrir las necesidades básicas de vida digna, digamos de una familia de 4 personas?

Empecemos por la vivienda, seguro no tienen casa propia, por lo que una renta módica de al menos 2 mil pesos bastaría para tener al menos cuartos separados, uno para los hijos y otro para la pareja. El dinero que gastaría una familia urbana de cuatro miembros en un supermercado sería alrededor de los 2 mil pesos mensuales. ¿Las escuelas de los dos hijos? públicas por supuesto, lo cual no quiere decir que no tengan que pagar útiles y cuotas para cuanta cosa necesaria-en algunas ocasiones hasta para papel para los baños- que junto con el transporte, en autobús urbano, sumaría otros 800 pesos mensuales aproximadamente. Otros 400 pesos para el transporte de los padres, y qué decir de la “vestimenta”-ropa, zapatos, etc.-con lo rápido que se acaban los niños la ropa y los zapatos, sumemos prorrateadamente unos 300 pesos.

La luz, el agua, el gas, y el teléfono (internet), sumarían un aproximado mensual de unos 600 pesos. Seguro también tendrían que comprar algún regalo de cuando en cuando por asistir a alguna fiesta de compromiso familiar o social a la que sean invitados, o navidad o cumpleaños, sumen 300 pesos. ¿Vacaciones? Sí pero no muy lejos…, por ejemplo un picnic en el campo el domingo una vez al mes, o a algún balneario… otros 300 pesos.

¿Salud? Seguro popular, IMSS… difícil de calcular, pero cuando hay alguna emergencia, luego uno cae con algún médico particular que entre la consulta y los medicamentos paga unos 400 pesos. Todo lo anterior, suma un total de $7,100 pesos mensuales.

¿Muebles, electrodomésticos, utensilios de cocina y de aseo personal? ya ni los calculo; tampoco aquellos gastos extras que surgen aunque no los queramos (gastos funerarios de algún familiar cercano; viaje por tierra para visitar a algún familiar enfermo, y un largo etcétera de imprevistos que pueden surgir).

Pues bien, el salario mínimo general en la zona en la que es más alto, es de $1,913.10 pesos mensuales. Saque usted mismo las conclusiones.

Uno de los argumentos para no subir el salario mínimo, es el de que éste sólo sirve de referencia, pero que en realidad nadie lo gana. David Foust, en su opinión en el editorial de “La silla Rota” el pasado lunes 18 de agosto, refirió que el 13% de la población ocupada percibe hasta un salario mínimo, y 60% de la población ocupada percibe tres o menos salarios mínimos (ENOE, primer trimestre 2014) y, por lo tanto, están por debajo de la “línea de bienestar” que fija el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

¿Con qué poder adquisitivo podrán estas familias ser los consumidores que los empresarios esperan? ¿A qué tentaciones de “dinero fácil” se enfrentan para mantener a la familia? Desde mi punto de vista dos son los elementos preponderantes de la problemática delincuencial que vivimos en México: la impunidad y la pobreza.

La propuesta de David Foust en su artículo, me parece sensata: No se puede subir de golpe el salario mínimo a 7 mil pesos mensuales. Dice: “debe remitirse a un diálogo entre trabajadores y patrones que considere los márgenes de productividad de las empresas”, la mayoría de éstas en México de tipo “micro”, que no soportarían un aumento así de exponencial, pero sí un importante aumento de inicio por ejemplo a 4 mil pesos, que sirva de punto de partida para hacer un ejercicio presupuestal que permita a las empresas irlo aumentando paulatinamente con la intención de que llegue en mediano plazo a cubrir las necesidades básicas planteadas.

Indígenas universitarios/as emergiendo entre ciudades en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Isaura García, egresada mixteca de Psicología, y Antonio García, Wixárika estudiante de Ciencias Políticas y Gestión Pública en ITESO.

Ya hace unos días, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado cada año desde 1994 al ser proclamado así por la UNESCO, asistimos al 4º Encuentro de Estudiantes y Profesionistas Indígenas de Nayarit convocado por la Unión de Indígenas Profesionistas de Nayarit A.C. y la Unión de Estudiantes Indígenas por México A.C., para los días 8 y 9 de agosto en la colonia Zitakua: una colonia en Tepic de composición mayoritariamente wixárika cuyo origen se remonta a los años noventa. El interés por asistir a este evento se motivó con el fin de, además de presenciar las ponencias del atractivo programa, acercarnos a otros indígenas y su quehacer en un contexto diferente al de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Una primera diferencia es que en la ciudad de Tepic la población indígena está más presente, sobre todo por los wixáritaari y na’ayerite (huicholes y coras), en comparación a la ZMG, pese a que aquí hay indígenas hablantes de hasta 60 lenguas, el 46 % de todos la población identificada con este criterio en el Estado. Desde luego, hay otros aspectos que favorecen dicha visibilidad: la población del Área Metropolitana de Tepic es 11 veces más pequeña que la ZMG; en Nayarit hay 5 indígenas hablantes de lenguas por cada 100 habitantes y en Jalisco hay 8 por cada 1,000: además, mientras que en Nayarit el 69% son poblaciones urbanas en Jalisco lo son el 87%. Estos factores, sumado a sus devenires históricos, parecen contribuir a que el imaginario de ciudad sea menos rígido hacia los indígenas en Tepic.

Posiblemente estas condiciones, con la suma del propio movimiento estudiantil indígena en los últimos años, ha propiciado la apertura por parte de las universidades y sus espacios organizacionales, lo que se nota al comparar dicha población en sus principales casas de estudio: en la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), hay alrededor de 320 estudiantes indígenas mientras que en la Universidad de Guadalajara (UDG), se identificaron el semestre pasado al menos 87; la primera atiende a más de 13 mil alumnos en todo el estado y la segunda a casi 69 mil en sus centros metropolitanos; todo esto, a nivel de licenciaturas.

En este contexto se llevó a cabo la 4ª edición del encuentro, lo cual habla de una experiencia y proyección ganadas por parte de las organizaciones convocantes. Los invitados fueron un académico de la UAN, un funcionario del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), voceros del Consejo Intercomunitario del Río San Pedro, la Asociación de Indígenas Profesionistas del Noroeste, una anfitriona wixárika que planteó el tema de género, activistas indígenas organizados así como jóvenes indígenas que se escolarizan en ciudades.

A través de ellos conocimos los avances y grandes retos en materia de derechos político-electorales y lingüísticos en congruencia a una sociedad plural; los proyectos que llevan a cabo profesionistas en municipios de Sinaloa para defender los derechos de indígenas que cohabitan en ellas, así como su propuesta de educación pertinente a nivel medio superior y actividades que promueven las culturas e identidades indígenas; de la participación de la mujer e indígenas en general, en espacios de poder indígenas como en niveles de gobierno; de la resistencia de la región pluriétnica Nayarita hacia el proyecto de la presa hidroeléctrica Las Cruces; así como el punto de vista sobre el “bullying”, identidad y redes sociales por parte de jóvenes indígenas que se escolarizan en las ciudades. Por otra parte, se hicieron actividades juveniles y culturales, como un concurso de belleza indígena, así como la proyección de “Los últimos guardianes del peyote”, un documental referente a la defensa de Wirikuta, sitio sagrado para los wixáritaari.

Gracias a este evento fuimos parte de la confluencia de resistencias y propuestas en diferentes realidades indígenas, urbanas y rurales, así como los esfuerzos del Estado en materia indígena. Esto nos ha permitido dimensionar y tener un sentido más realista de los retos para articular la minoría indígena universitaria en la ZMG, en busca de abrir espacios de diálogo que visibilicen las realidades indígenas que también aquí confluyen, para sembrar cambios en el ámbito urbano como rural.

Comunicado OSC: Instalan mecanismo de observación con visión de derechos humanos ante la militarización de la Frontera Sur

ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS DEL SURESTE INSTALAN UN MECANISMO COORDINADO Y PERMANENTE DE OBSERVACION ANTE LA MILITARIZACION DE LA FRONTERA SUR

Frontera sur mexicana, a 19 de agosto 2014

  •  El Programa Frontera Sur anunciado por el Gobierno Federal viene a incrementar la securitización de la frontera sur, reforzando el despojo y las violaciones a los derechos humanos que se cometen por diferentes autoridades en la zona.
  • Ante estos anuncios y medidas, las organizaciones del sureste hemos decidido poner en marcha acciones coordinadas de monitoreo, para exigir responsabilidades ante el incremento que puede darse de violaciones de derechos.

El pasado 7 de julio el presidente Peña Nieto anunció en Playas de Catazajá la puesta en marcha del llamado Programa “Frontera Sur”, donde se anuncia la construcción de más infraestructura fronteriza, mayor coordinación entre autoridades de diferentes entidades gubernamentales en el control fronterizo, se avala una mayor presencia del Ejército y la Marina en la zona y se crean los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF).

Este plan contiene a nuestro juicio numerosas ambigüedades y mantiene una visión de seguridad nacional, anteponiendo la gestión y control de flujos migratorios por encima de la seguridad humana. Sigue así sin haber en la política migratoria mexicana una visión de derechos humanos que fomente la no discriminación y la multiculturalidad que conlleva todo flujo migratorio. No existe mención alguna a como se van a respetar los derechos humanos de las personas afectadas por estas medidas, ni cómo se va a evaluar su efectividad o se van a rendir cuentas. En definitiva, no hay atención a las causas estructurales de la migración, sin que una mayor seguridad en la región vaya a ser una solución a sus consecuencias.

Este enfoque no es nuevo ni una consecuencia de la llamada “crisis de la niñez migrante”. Ya desde el año pasado, las organizaciones que trabajamos por la defensa de los derechos humanos hemos venido observando numerosos movimientos en esta frontera sur tendentes a militarizar la zona, elevar la presencia de la Policía Federal, reforzar controles aduanales y biométricos y relanzar a la par proyectos extractivos y ecoturísticos, generadores de desplazamiento en la zona y divisiones en las comunidades. Y esta militarización continúa hoy día, con o sin Programa Frontera Sur, como vemos por los operativos constantes y violentos que se están dando contra migrantes en Tabasco y en la costa de Chiapas.

A pesar de todos estos obstáculos, personas migrantes y refugiadas siguen tratando de llegar o transitar por la zona en busca de protección y mejores condiciones de vida, viéndose afectadas por este incremento de las medidas de control, las cuales solamente están lucrando más a las redes de tráfico y reforzando la corrupción de autoridades coludidas. A lo que se suma el nombramiento desde la entrada del nuevo gobierno federal de autoridades encargadas de tema de seguridad y migración con perfil militar y policiaco y la extensión de estas medidas de control a países vecinos.

Ante esta realidad y el reciente anuncio del Gobierno federal, organizaciones de los estados de Chiapas y Tabasco hemos decidido constituirnos en un observatorio permanente de esta realidad, para monitorear los efectos que se deriven de esta política de seguridad.

En nuestra experiencia, estas medidas solamente van a provocar el incremento de las violaciones a los derechos humanos y el despojo, por lo que hemos decidido coordinar las acciones de monitoreo en nuestras zonas de influencia, constituyéndonos de esta manera en un observatorio permanente de la frontera sur y de los efectos que genere esta política, perfilada únicamente en motivos de seguridad y de alineación con los intereses del gobierno de los Estados Unidos de América.

La situación que vive la frontera de crisis económica, desplazamiento forzado, corrupción e impunidad no va a solucionarse desde una mirada de seguridad e incremento del control, sino atendiendo a las causas estructurales que generan esta realidad y cambiando de modelo económico hacia un sistema más sustentable y respetuoso de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad.

Los resultados que arroje este monitoreo coordinado serán publicados periódicamente para conocimiento de la población y la exigencia de responsabilidades por los hechos violatorios de derechos que puedan documentarse. Invitamos igualmente a otras organizaciones del sureste preocupadas por estas acciones y anuncios a sumarse a este esfuerzo.

Organizaciones firmantes:
Albergue de la 72 – Tenosique, Tabasco; Casa del Migrante San Francisco de Asís – Huixtla, Chiapas; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas – San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova – Tapachula, Chiapas; Enlace Comunicación y Capacitación – Comitán de Domínguez, Chiapas; Hermanas de Palenque – Palenque, Chiapas; Mesa Transfronteriza Migraciones y Género (Guatemala-Me´xico); Servicio Jesuita a Migrantes – Comitán de Domínguez, Chiapas; Voces Mesoamericanas-Acción con Pueblos Migrantes – San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Link: http://goo.gl/lGAXva

 

 

 

Se solicitan alimentos para campamentos de 600 indígenas Wirraritari

Por: Carlos Peralta

El día de hoy, 20 de agosto, llegarán a la ciudad 600 indígenas Wirraritari que ya se encuentran en la Glorieta de la Normal y a las 9 de la mañana marcharán a la plaza de armas. Vienen a exigir que se ejecute  la resolución de una serie de sentencias agrarias que han ganado paulatinamente en los tribunales desde el año 2002 y que les otorgan la restitución de diez mil hectáreas de su territorio. Es decir, ganaron los juicios pero no se ha hecho efectiva la restitución. Pasan los años y las tierras continúan en manos de ganaderos y latifundistas. Vienen entonces a pedir la acción del gobierno para hacer cumplir las sentencias, y esto porque, como suele suceder, sus peticiones han sido ignorados.

Por este motivo, además de la marcha instalarán dos campamentos, uno frente al Tribunal Agrario (en la Calle Guadalupe Zuno) y otro ante la Secretaría de Reforma Agraria, situación complicada porque cerrarán con el campamento la lateral de la avenida Alcalde (entre la normal y tránsito). En principio buscan generar una respuesta rápida de las autoridades y aunque no tienen lonas o carpas, ya consiguieron comida como para dos días pero en la medida que no tienen seguridad de cuánto tiempo durarán en los campamentos, seguramente requerirán de más apoyos porque tienen pensado que no regresarán a sus tierras hasta tener respuestas claras y por escrito a sus demandas de justicia.

Para apoyar esta movilización lo primero que se requiere es agua y comida en grandes cantidades (frijol, arroz, aceite, azúcar, jitomates, cebolla, chiles), además se requiere papel higiénico  jabón para lavar trastes y jabón corporal. La comida puede llevarse directamente a los campamentos ya que tendrán comisiones de acopio o en su caso podremos ponernos de acuerdo para llevarla.

Por otro lado se requiere estar al pendiente, es evidente que cabe la posibilidad de que sean reprimidos y que se requiera de algún tipo de acción para su defensa y tal vez algunos pronunciamientos públicos. En cualquier caso lo primero será estar atentos.

Más información: cperalta@iteso.mx