Por: Carlos A. Peralta Varela, Programa de Derechos Humanos, CIFS – ITESO
2 de septiembre de 2014.- Las organizaciones o las comunidades no salen a movilizarse, marchar y tomar las calles por pasatiempo. Lo hacen por necesidad. Su acción busca llamar la atención de la sociedad y de las autoridades para atender una necesidad o para resolver un problema importante.
En el caso de la reciente movilización de los wixárikas (huicholes), el 20 y 21 de agosto pasados, tuvieron que dejar su casa, venir a Guadalajara e instalarse frente a dos dependencias del gobierno federal, para que las autoridades se movilizaran y cumplieran con algo que ya habían ganado legalmente en los tribunales y que podría haberse resuelto hace años. Tenían la razón ética y jurídica para actuar, y si resumiéramos su solicitud es esta: “ya estuvo bien de mentiras y de darle largas al problema ¡Queremos acciones concretas!”.
En julio de 1953, una resolución presidencial que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, les otorgó a los wixaritari de San Sebastián Teponahuaxtlán un total de 240 mil hectáreas. Hace poco más de una década pobladores de Huajimic, perteneciente a Nayarit, invadieron sus tierras y se apropiaron de 10,000 hectáreas. Obviamente los wixárikas tenían muchos caminos posibles de acción, uno de ellos era haber intentado desalojar a los invasores. Sin embargo, decidieron seguir un camino más respetuoso y denunciaron el hecho ante las autoridades, pero éstas no hicieron nada al respecto. No se resignaron y decidieron seguir el muy largo y tortuoso camino que marca la ley para lograr la restitución de sus tierras.
Desde el año 2007, han interpuesto demandas y llegaron a tener 45 juicios de restitución de tierras de los cuales a partir del 2012, se han emitido cinco sentencias a su favor y ninguna de éstas se había ejecutado. Es decir, siguieron el proceso que marca la ley, gastaron dinero en los juicios, pasaron cinco años para que se reconociera (a través de las sentencias) que debían restituírseles las tierras, pero han pasado otros dos años más sin que nada efectivo suceda.
Mientras se realizaban los juicios otra dependencia federal intervino, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y sugirió que el caso se desahogara como parte del programa Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER). Entre 2009 y 2012, la dependencia aparentó atender el conflicto y dijo buscar que el problema se resolviera por la conciliación entre las partes, sin embargo, la SEDATU no atendió el conflicto de fondo y la invasión persistió.
El colmo fue que el Tribunal Superior Agrario ordenó que un tribunal de Nayarit ejecutara una de las sentencia de restitución por un total de 10,000 hectáreas. Sin embargo, en Nayarit no quisieron ejecutar la sentencia. Es decir, las autoridades no quisieron hacer caso cumplir y ejecutar una orden de un tribunal.
Tengamos presente entonces que la movilización de los wixárikas se debió a un conflicto que ellos no provocaron y que no fue atendido adecuadamente. Teniendo la autoridad federal, la posibilidad de resolver desde hace años el problema de la invasión, no actuaron. En este caso la comunidad se vio obligada a tomar las calles tan solo para lograr ser escuchada y atendida en forma efectiva. Nos queda por último la idea de que si la autoridad fuera eficiente en la solución de problemas que aquejan a la sociedad, ésta no tendría que salir a las calles.
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