Evaluar la transparencia de los gobiernos municipales ¿para qué?

Por: José Bautista Farías, Académico del CIFS-ITESO

Tlaquepaque, Jal. a 27 de agosto de 2014. En su novena evaluación de CIMTRA a los gobiernos de la ZMG, las Regiones Sur de Jalisco y otras, efectuado durante los meses de junio y julio de 2014 se observan claro-oscuros en la transparencia en las actuales administraciones municipales. De 7 municipios de la Región Centro 5 aprobaron: Tlamojulco de Zúñiga y Zapopan con 100 puntos (la máxima calificación),  Tlaquepaque 79, Guadalajara 74 y  Tonalá 73 y dos reprobaron: Zapotlanejo 41 y El Salto 10.  De los municipios del Sur y otras regiones, sólo aprobaron Tamazula 92 y Zapotlán el Grande (Cd. Guzmán) 65, el resto reprobó: Puerto Vallarta 47, Zacoalco de Torres 40, Tepatitlán 29, Atemajac de Brizuela 28, Tuxpan 20, Amacueca 18, Zapotiltic 15, Gómez Farías 14, Zapotitlán de Vadillo 10, Tolimán 8, Teocuitatlán de Corona y Toliman 8 y Sayula 2.

Lo destacable de estos resultados, según CIMTRA-Jalisco, es que por primera ocasión el promedio general resultó aprobatorio al pasar de 50 (en 2013) a 65 puntos. Igualmente, Zapopan igualó a Tlajomulco y por primera vez obtiene la máxima calificación que otorga ese organismo. Los bloques con mayor puntuación fueron: Atención Ciudadana 82 y Cabildo 78, el primero refiere a los mecanismos de atención y la información básica respecto a ciertos trámites de licencias y permisos que se ofrecen a las personas, el segundo alude a las sesiones públicas del cabildo, así como a la información de sus agendas (previas) y minutas (posteriores) de trabajo. En contraste, los bloques más opacos fueron: los consejos ciudadanos 44, cuestiones urbanas 54 y los gastos de administración.

¿Qué importancia tiene para el ciudadano común estas evaluaciones de las administraciones municipales?, ¿más allá de visibilizar la transparencia u opacidad de las autoridades, qué le aportan a la sociedad? En primer lugar, la transparencia y el acceso a la información son un derecho humano y un derecho constitucional que está ligado al derecho a saber y a la libertad de expresión. Estos ejercicios sirven para dar cuenta de cómo estamos en estos derechos y para contrastar el discurso de los políticos (en sus informes de gobierno) con la realidad que vivimos cotidianamente los ciudadanos. Pone en evidencia por ejemplo, que en los municipios del Sur y otras regiones, las autoridades incumplen con su obligación de informar y transparentar sus acciones y decisiones. En segundo lugar, está comprobado que lo que no se evalúa no se mejora, lo que no se visibiliza no se reconoce ni valora (sea bueno o malo), esto conlleva a que las autoridades, con frecuencia, incumplan con sus obligaciones constitucionales y/o violenten procedimientos y normas, abusen del cargo para fines opuestos al interés público y en el peor de los casos hagan mal uso de los recursos públicos. Mientras esto no se corrija, a través de mecanismos más eficientes de rendición de cuentas y contraloría social, la corrupción seguirá campeando en nuestro estado y en el país.

Finalmente, se espera que estas evaluaciones sirvan para alertar y concientizar, tanto a los ciudadanos como a las autoridades, de lo mucho que nos falta por avanzar en este tema (la transparencia) y que, si bien es importante el reconocimiento jurídico de este derecho, esto no es suficiente, se requiere de políticas públicas que activen el derecho a saber de los ciudadanos de lo que hacen y deciden las autoridades en nuestro nombre. Hay que ponerle un cerco la corrupción, la impunidad y a las malas prácticas de gobierno que dañan el interés público, en especial de los sectores menos favorecidos.

 

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