Por: Guillermo Díaz
Desde hace varios años, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de su Asamblea General del 23 de diciembre de 1994, estableció celebrar el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Este día, que se celebra el 9 de agosto, tuvo como tema para el 2015 “la garantía de la salud y el bienestar de dichos pueblos”. Se considera que existen cerca de 5,000 grupos indígenas – llamados también pueblos originarios, pueblos ancestrales, primeros pueblos, pueblos tribales, autóctonos o aborígenes- integrados por aproximadamente 370 millones de personas que viven en más de 70 países de cinco continentes.
Por otra parte, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es un tratado internacional, firmado por México entre muchos países más, que retoma los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre los que destaca el derecho a la libre determinación como derecho humano que poseen todos los pueblos, el cual ya está considerado también en la Carta Internacional de Derechos Humanos de la ONU, tanto en su apartado de Pactos sobre Derechos Civiles y Políticos como en el de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Sin embargo, a pesar de que los debates en torno a los pueblos indígenas no son nuevos –cabe recordar a Fray Bartolomé de las Casas y su defensa de los indígenas, quien ofreció una argumentación filosófico-ética en torno a la humanidad de los indios en América y ganó el debate jurídico en su tiempo-, la realidad de opresión, marginación y explotación criminal que durante siglos sufrieron los pueblos indígenas cobró una nueva y desafiante visibilidad mundial con el alzamiento zapatista. Despojados históricamente de sus tierras y territorios (sus recursos naturales y sus ecosistemas), violentadas sus culturas originarias, excluidos de los procesos de toma de decisiones, durante siglos han sido marginados, explotados, asimilados por la fuerza y sometidos a represión, tortura y asesinato cuando levantan la voz en defensa de sus derechos. Por miedo a la persecución o la necesidad de la sobrevivencia económica, a menudo se convienen en desplazados o refugiados, o en migrantes y jornaleros agrícolas, y en ocasiones se han visto obligados a ocultar su identidad, abandonar su idioma y sus costumbres tradicionales. Esta dinámica ha sido profundizada en esta fase depredadora y salvaje del capitalismo neoliberal de las tres últimas décadas.
Bajo esas condiciones, ¿qué significado puede tener para los pueblos originarios que la ONU celebre anualmente este día internacional? Más aún, ¿qué significado tiene para diversas culturas indígenas la celebración en 2015 cuyo tema se refiere a la salud y su bienestar?
Frente a estos discursos institucionalizados globalmente -términos como soberanía y autodeterminación son también cercanos a la noción de autonomía, así como sus extensiones de autoafirmación, autodefinición, auto-delimitación, auto-organización, autogestión, etc.-, para el caso de los pueblos indígenas, las decisiones propias para definir su destino y vida propia, tanto presente como futura, son la esencia de la autonomía. De ahí que los elementos de autonomía, autogobierno, elección de representantes por usos y costumbres e instituciones propias para la toma de decisiones sean parte fundamental de la autodeterminación.
De ahí que la realidad vaya en contra de lo que supuestamente se pretende. ¿Cómo hablar de la salud de los pueblos indígenas cuando todo se expropia, incluyendo sus plantas medicinales y sus prácticas? Ya Noemi Klein[1] documenta la manera como el supuesto bienestar se traduce en un malestar a través de de lo constituye la privatización de la vida y del conocimiento. Klein lo analiza desde la multiplicación de las patentes y la manera como las grandes transnacionales y universidades extranjeras, en una alianza perversa, se apropian del conocimiento socialmente producido. La “biodiversidad” se constituye en otro botín muy apreciado por las corporaciones transnacionales a través de la “biopiratería”. El caso de los programas de obtención de recursos genéticos en Chiapas es tan sólo una muestra de esta expropiación social indígena-apropiación privada transnacional.
Así, las plantas medicinales y el saber indígena tradicional en materia de salud pasan a formar parte del conocimiento patentado por estas empresas (Monsanto y el ejército de los Estados Unidos son una expresión de ello). Frente a esta práctica de biopiratería, expropiadora y privatizadora, los movimientos sociales de resistencia en Chiapas se convierten en una alternativa que trata de impedir el saqueo e impulsar las prácticas de las médicas populares y parteras. Pero no sólo en Chiapas, sino en América del sur y otras regiones del mundo.
Si la salud es uno de los ingredientes básicos, un proceso fundamental de la “vida buena”, la reivindicación y el respeto de los saberes ancestrales y la desprivatización de sus plantas medicinales debería der ser incorporados en cualquier esfuerzo institucional globalizado, además de la existencia de clínicas y hospitales de diversos niveles, y no sólo como la ONU pretendió celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas el pasado 9 de agosto. ¿Autonomía? Para los pueblos indígenas, la verdadera autonomía es de quien la trabaja.
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[1] KLEIN, Naomi (2007), ¿Un mundo patentado? La privatización de la vida y del conocimiento, Paidós, Barcelona.
