Archivo | La opinión del experto

Presa El Zapotillo no debe construirse, opina especialista español

La solución al abasto del agua no es aumentar la oferta del líquido, sino cuidar el agua con mayores normas y restricciones en su uso.

Como de “ironía” calificó el catedrático del Departamento de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor Joan Martínez Alier, la destrucción de un pueblo colonial y una hermosa iglesia de aquella época en el pueblo de Temacapulín, ahora por los españoles, dueños de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, encargada de la construcción de la presa El Zapotillo.

Invitado por el Centro Universitario de los Altos (CUAltos) a participar en el inicio de cursos del doctorado en Estudios Regionales y en la maestría en Ciencias de la Salud Pública, con la conferencia magistral “Economía ecológica”, Martínez Alier también mencionó que dicha constructora española no cuenta con los estudios suficientes para justificar dicha obra, pues a este tipo de empresas “solo les interesa la plata”.

“El tema de la presa El Zapotillo es muy conocido en el ámbito internacional, además de que conocemos a esta empresa porque está muy endeudada. De lo que se trata es de justificar el costo con estudios truqueados y mal hechos, y sin tomar en cuenta el costo social que tal edificación implica para los habitantes de la región. Ellos no cuentan con una licencia social para su construcción”, aseveró.

Agregó Martínez Alier que algunos detalles del estudio técnico de El Zapotillo son de “fantasía”, por lo que dijo que no debería construirse, porque de hacer un análisis sobre el costo-beneficio de esta obra resulta que las afectaciones a la zona, al río, a la pesca y a los habitantes no la justifican. “Los constructores ni el gobierno toman en cuenta las emociones de un pueblo que tiene diez años en vilo y lleno de angustia”.

Subrayó además la “arrogancia” de varios funcionarios, quienes afirman que “El Zapotillo es la mejor opción” para la solución del abasto del agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara, porque los estudios en los que se basan son “poco científicos. Es una crueldad lo que las autoridades hacen con el pueblo. Esta destrucción merece un estudio de psicología social. ¿Cuántos años o siglos tiene Temacapulín? ¿Creen que reubicarlos les va a reparar su pérdida?”.

El catedrático señaló como posible solución al abasto del agua el no aumentar la oferta del líquido, sino cuidar el agua con mayores normas y restricciones en su uso. Mencionó que hay que pensar en cobrar mayores cuotas, que se pueda reciclar, que no se le regale el agua a las industrias y que se piense en capturar el agua de lluvia con proyectos de vanguardia. “Para muchos ingenieros su ideal es que el agua de río no se ‘desperdicie’ y piensan que lo mejor es quitarle el agua a los ríos”.

En la conferencia de prensa, el investigador español estuvo acompañado por el secretario académico del CUAltos, doctor Jesús Rodríguez Rodríguez.

A T E N TA M E N T E
“Piensa y Trabaja”
“Año del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco”
Guadalajara, Jal., 20 de agosto 2014
Texto: Juan Carrillo Armenta

Pobreza, desigualdad y despojo: ¿Existen alternativas socioeconómicas solidarias?

Por Guillermo Díaz Muñoz
Académico de la UAB Economía Social, Cifovis ITESO

El pasado 17 de octubre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemoró el “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza”. En su página web, con el título “La pobreza, un problema de derechos humanos”, y apoyándose en los estudios realizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la ONU sostiene que, a nivel mundial, más de 800 millones de personas aún viven con menos de 1.25 dólares al día y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados. De ahí que la ONU invite a reducir la pobreza y erradicarla como “una obligación de todas las sociedades”.

Asimismo, destaca que al ser un problema de derechos humanos se reconoce que la pobreza no es sólo una cuestión económica y, sí, en cambio, un fenómeno multidimensional que se expresa en vulneraciones múltiples e interconexas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, lo que niega a los pobres su dignidad e igualdad.

Pero, ¿qué es la pobreza para hablar de ella con propiedad? Desde la dimensión económica y el ingreso por persona, para la ONU y el Banco Mundial ser pobre significa estar por debajo de una línea de medición: 1.25 dólares por día. Convertido, en la actualidad se traduce en apenas 24 pesos mexicanos diarios.

Cualquiera puede convertir estas cifras monetarias a su realidad personal y podrá darse cuenta de que las mediciones de la pobreza consideradas por las instituciones internacionales llevan una enorme carga de injusticia, es decir, una cierta legitimación de la pobreza en sus índices tan bajos.

Con todo, la ONU invita a los países a vincular la realidad de la pobreza a la ausencia de derechos humanos, cuestión que nos parece correcta si nuestra apuesta se centrara tan sólo en humanizar el sistema, en dar al capitalismo un rostro humano. Sin embargo, quienes cuestionamos las causas estructurales de la pobreza debemos ir más lejos: la pobreza no es resultante de una opción personal sino de una situación impuesta por el sistema-mundo capitalista. Es decir, existe una producción social y una reproducción social de la pobreza, en donde la injusticia estructural es la principal causa de ella.

Lo anterior significa que el fenómeno de la pobreza no constituye un hecho aislado en sí mismo: no sólo existen violaciones constantes a los derechos de las personas sino también desigualdades múltiples que tienen sus efectos en la pobreza. Existe un vínculo cada día más transparente entre pobreza y desigualdad económica, por ejemplo. A mayor desigualdad económica y social en un país, mayores posibilidades de pobreza en amplias capas de la población. Es decir, una mayor concentración de la riqueza genera mayor pobreza. En un abordaje más amplio a las desigualdades de todos tipos, la UNESCO da cuenta clara de ello en una reciente publicación.

Otra de las causas de la pobreza se refiere a temas como la explotación del trabajo y la precarización del empleo. En términos marxistas hablaríamos de la hiper explotación de la fuerza de trabajo, en lo que México es un triste ejemplo el peor a nivel latinoamericano, con los salarios mínimos más bajos de la región.

El despojo histórico de los bienes comunes de las comunidades rurales e indígenas con motivo del grave extractivismo (minero, petrolero, energético, agua, viento) vinculados a megaproyectos (presas, autopistas, enclaves turísticos, aeropuertos, entre otros) es otra causa de la pobreza y la ignominia que sufren las comunidades.

Frente a estas dinámicas de acumulación de capital y de poder, mediante la hiper explotación del trabajo y el despojo de los bienes comunes, las resistencias de amplios sectores de la población y la construcción de alternativas anuncian, prefiguran y visualizan otros mundos posibles. Esta realidad emergente acontece cada día con mayor fuerza a nivel global. Sea en el campo mexicano con las comunidades indígenas y campesinas, o en los centros urbanos y sus periferias, múltiples experiencias asociativas buscan vías alternativas para salir de esta situación, ya de pobreza, ya de exclusión. Y esta apuesta emergente cuestiona desde sus bases el proceso lucrativo a toda costa, con sus estrategias de acumulación y despojo capitalista.

Entre estas alternativas emergentes podemos ubicar a las cooperativas de producción de bienes y servicios, las cooperativas y cajas de ahorro y préstamo, las cooperativas de consumo, las mutuales de servicios médicos o funerarios, los circuitos de comercio con justicia, los tianguis de trueque, los bancos del tiempo, las monedas comunitarias o locales, entre tantas otras más. Incluso hay quienes sostienen que, en México, se debería incluir en este sector a los ejidos y a las comunidades indígenas, dada la propiedad social de sus tierras y sus formas de producción no capitalista.

Como un ejemplo, Víctor Toledo escribe, en una colaboración con el periódico La Jornada, que en Japón el Tekei es un conjunto de redes que conectan cooperativas de productores y consumidores de alimentos, en su mayoría orgánicos, donde participan más de 22 millones de ciudadanos. En México, sostiene, existe un registro de un millar de experiencias locales, de inspiración ecológica, realizadas por empresas sociales, casi todas indígenas, distribuidas principalmente por el centro y sur del país.

Las economías sociales-solidarias, y su enorme cantidad de expresiones, nos permiten vislumbrar nuevas posibilidades civilizatorias y sistémicas más acordes con la vida buena y digna, en donde el trabajo se convierte en fuente de vida para los trabajadores y sus familias, y en donde la inclusión y la igualdad forman parte de sus prácticas, a pesar de sus defectos y limitaciones. El caso de la cafetería Capeltic, cooperativa tseltal perteneciente al grupo cooperativo Yomol A´tel de Chiapas, en una muestra muy cercana en nuestro propio entorno “Itesiano” sobre el proceso para construir otros mundos posibles.

¿Tienes algún comentario o duda? Contacta al autor: jguillermo@iteso.mx

Las preguntas que genera la transmigración en México

El Informe anual de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) es un registro sistemático del flujo de personas migrantes en tránsito por México, así como de los delitos y las violaciones a los derechos humanos que se cometen en su contra. La edición 2016 fue presentada en el ITESO el 5 de octubre de 2017. El periodista Iván González Vega, coordinador de la carrera de Periodismo y Comunicación Pública de esta universidad, presentó el Informe con el siguiente planteamiento:

En el periodismo nos enseñan a hacer preguntas. Se supone que con el tiempo uno asimila ciertos rasgos de la técnica y va haciéndose más hábil en interrogar a las personas, a los documentos, a los acontecimientos. Hay panoramas, sin embargo, que lo primero que hacen es dejarnos en silencio; por su carácter extraordinario, por su gravedad, por la sensación de que son hasta inverosímiles. Y sin embargo, aunque nos producen estupor, son infalibles para recordarnos cuán urgente es el oficio de perseguir respuestas y hacerlas públicas.

El Informe 2016 de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) es uno de esos panoramas que conducen al pasmo y a la incredulidad, y una de las interrogantes más complicadas es por qué toda la información que reúne un documento como éste no es fundamento para una política de Estado que oriente políticas públicas, iniciativas de trabajo, programas periódicos para gobiernos de todos los niveles y, sobre todo, el contacto y la acción entre nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes.

Estamos hablando del panorama en el que caben las 400 mil personas que cada año, de acuerdo con datos de organismos internacionales, transitaron por México en forma irregular; un panorama del que son apenas una muestra las más de 34 mil personas cuya información pudieron recoger los integrantes de la Redodem el año pasado; un panorama en el cual, como insiste año con año esta organización, lo importante no son los números, sino personas con necesidades, deseos, sueños y destinos truncos.

Hablamos de 34 mil o de 400 mil personas que, de acuerdo con este documento, han sido expulsadas u obligadas a huir de sus países de origen principalmente por causas de violencia. Y que viven entre nosotros o aspiran a ello. Además del Informe 2016 de la Redodem, no podemos ignorar el reportaje “Los que iban a morir se acumulan en México”, de Óscar Martínez, que fue publicado por El Faro y Univisión Noticias apenas este 1 de octubre: somos un país refugio, pese a los altos números de deportaciones. Muchos migrantes ya no lo son: se quedaron a vivir entre nosotros. Muchísimos más lo necesitan para garantizar, sencillamente, que no los van a matar.

Así que he aquí algunas preguntas.

  • ¿Cuáles son las obligaciones del Estado mexicano respecto a los migrantes que pasan por México? ¿En qué grado las cumple o incumple? ¿Cuáles son competencia de las autoridades federales, y cuáles de autoridades de los otros niveles? Por ejemplo, ¿valdría la pena preguntarle a Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, o a los alcaldes del Área Metropolitana de Guadalajara, si tienen obligaciones ante estas personas; si son capaces de entregar indicadores al respecto de su cumplimiento; y si prevén reformas o mejoras a sus políticas públicas en el corto y el mediano plazos?
  • ¿Es esto una crisis humanitaria, lo que viven los migrantes en tránsito por México? Crisis humanitaria es una situación extraordinaria o de emergencia que amenaza a comunidades en una misma región y que hace indispensable recurrir a la cooperación internacional. El riesgo de hambruna en África que la ONU denunció en marzo de este año es una crisis humanitaria, pues pone en peligro de muerte a no menos de 20 millones de personas. ¿Tenemos una situación de este calado en México? ¿Hemos decidido que en todo caso es un asunto de Guatemala, Honduras, El Salvador y otros países vecinos?
  • Si no lo es, si no llega a ese grado, ¿cómo estamos atendiendo en México un problema orgánico y estructural que está íntimamente ligado a la corrupción y la impunidad en la procuración de justicia, en la labor de las policías preventivas, en la supervisión de los empleados de los ferrocarriles, en el combate al crimen organizado? ¿Es el Programa Especial de Migración 2014-2018 una política integral y suficiente, al menos, para atender las facetas más urgentes del problema? ¿El Gobierno federal defendería, ante las denuncias de ineficiencia, al Programa Integral Frontera Sur?
  • ¿Acepta, el Estado mexicano, las observaciones en el sentido de que su estrategia es punitiva y policial, de que privilegia las detenciones y las deportaciones, de que es violatoria de derechos humanos y de que obliga a las víctimas a buscar soluciones en la clandestinidad? ¿Acepta las denuncias de malos tratos que se desprenden de la información recogida por la Redodem, las denuncias de violencia contra defensores de migrantes, las denuncias de abusos y tratos denigrantes en relación con las revisiones migratorias?
  • ¿Están al tanto los Gobiernos mexicanos, la iniciativa privada, la academia, las Iglesias, los ciudadanos, de que son los jóvenes, los niños y las mujeres los grupos más vulnerables en el fenómeno de la migración en tránsito por México? ¿Están al tanto de que los grupos de edad que solemos identificar como la fuerza laboral de un país son los que están abandonando sus ciudades y buscan refugio en Estados Unidos o entre nosotros?

La impunidad, la corrupción, la violencia, son heridas abiertas de México; sin embargo, los migrantes en tránsito ven a nuestro país como una ruta rumbo a un mejor panorama, una ruta de esperanza. De algún modo, la mayor pregunta que podríamos esgrimir tiene que ver con las vías de acción que hay que abordar antes de que la descomposición sea mayor. Después del pasado 19 de septiembre parece imposible no pensar en nuestra célebre e inspiradora solidaridad mexicana como un arma social para combatir en tantos frentes abiertos en el problema de la migración. Así que aquí está la pregunta, una breve y concreta, y que la respondan la Redodem y sus integrantes, los especialistas, el Gobierno, los ciudadanos o quien guste. La pregunta es ésta: si ya tenemos pistas tan claras del tamaño del problema, ¿ahora qué hacemos?

Ustedes nos obligan a hacernos esta pregunta; quedamos, todos, a la espera de las respuestas.

Fotografías de Francia Castillo.

La deuda del gobierno mexicano con los dreamers

Por Iliana Martínez
Académica del Programa de Asuntos Migratorios, Cifovis ITESO

Poco después del anuncio del gobierno de Trump sobre la disolución del programa DACA, funcionarios mexicanos de todos los colores, desde el municipio hasta la federación, salieron a manifestar su compromiso con la población dreamer. Mientas me topaba con estas declaraciones pensaba: “O esta gente de verdad está muy mal informada o no tiene vergüenza. ¿No alcanzarán a imaginar que, dentro de los millones que han sido deportados las últimas décadas, muchos eran dreamers?”. Estas reacciones de “compromiso” son contradictorias, pues la lucha de los y las jóvenes migrantes en Estados Unidos no es nueva. Que la mayoría de políticos y ciudadanos apenas se esté enterando de su existencia debería avergonzarnos un poco.

Los dreamers son las personas que, con menos de 16 años, entraron de manera ilegal a Estados Unidos. El término proviene de la propuesta de Ley denominada Development, Relief and Education for Alien Minors (Ley de fomento para el Desarrollo, Ayuda y Educación de Menores Extranjeros), o DREAM Act,  que se propuso por primera vez en 2001. Desde entonces, diversas versiones de la propuesta de Ley DREAM han sido discutidas en el Congreso y el Senado de E.U., pero nunca aprobadas. Ante este impasse de décadas por la falta de una Reforma Migratoria Integral el presidente Obama decretó en el 2012, por medio de una acción ejecutiva, el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, por sus siglas en inglés. El programa tiene por objetivo aunque de manera temporal, por que se renovaba cada dos años brindar una calidad migratoria a miles de jóvenes migrantes indocumentados. Actualmente se discute una nueva propuesta.

Si la discusión de la ley para regularizar a los dreamers se inició en 2001, esto significa que miles de personas que podrían haber sido beneficiadas por DACA fueron deportados antes de que existiera el programa. Una estimación de la académica Jill Anderson calculó que, entre 2005 y 2014, 500 mil jóvenes de entre 18 y 35 años regresaron a México después de haber vivido en E.U. cinco años o más (Anderson y Solís, 2014: 18).

A lo largo de cinco años, el programa ha beneficiado y transformado la vida de casi 800 mil personas y sus familias, de los cuales se estima que 600 mil podrían ser de origen mexicano (Jordan, 2017). Ha sido un alivio para muchos, pero no resuelve el problema de fondo: 11 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos, de los que entre 5 y 6 millones son de origen mexicano (Délano, 2017: 41).

Aunque se busca que la juventud con un “record limpio” pueda quedarse, la carga de “romper la ley” va sobre sus padres, quienes son vistos como criminales y tienen pocas oportunidad de regularizar su situación migratoria. Esta reflexión sobre quién tiene derecho a quedarse y quién no, quiénes son los migrantes “bienvenidos” y quiénes los “indeseables”, ha generado profundas reflexiones entre la población migrante, sobre todo entre las organizaciones pro-migrantes.

Anderson recuperó 26 testimonios de jóvenes que regresaron a México en el libro “Los Otros Dreamers” (2014), todos antes de DACA y del gobierno de Trump. Son una pequeña pero significativa muestra de las enormes necesidades que tuvieron a su regreso al país, y de los retos que algunos aún siguen enfrentando. Algunos de estos dreamers son jóvenes adultos que regresaron con sus parejas o hijos nacidos en Estados Unidos. Familias binacionales que tienen que descifrar el sistema mexicano de salud, educación, vivienda, prácticamente sin ningún apoyo. Tristemente muchos se han encontrado con que su país de origen los rechaza y discrimina porque no son “realmente mexicanos”, son pochos, se visten raro, usan tatuajes, traen otras costumbres, hablan diferente o ni siquiera conocen el español.

Son jóvenes que vieron frustrado su “sueño mexicano” para estudiar, porque no les revalidaron sus diplomas de escuelas estadounidenses. Otros que llegaron sin siquiera poder recibir una transferencia de dinero de sus familiares por ser “indocumentados” en propio país, ya que sus matrículas consulares no sirven en México. Y otros más, de los que nadie habla, que no cumplen con el perfil del “buen migrante” porque han estado en pandillas o tenido adicciones.

En diversos foros y mesas de trabajo con el gobierno mexicano, muchos de estos jóvenes han expuesto sus necesidades y propuestas. Y algunos de los mínimos cambios que se han logrado, por ejemplo en educación, han sido impulsados por ellos y por organizaciones de la sociedad civil. Algunos jóvenes en retorno se han organizado en colectivos, como han podido. Así surgieron proyectos como Otros Dreamers en Acción (ODA) o Dream in México.

Sí, el gobierno mexicano ha implementado algunos cambios, con muchos años de retraso, para atender a la población en retorno: programas limitados y sin presupuesto. Después de, por lo menos, seis años de deportaciones masivas, en 2014 se estableció la estrategia Somos Mexicanos (Délano, 2014: 36) sin un presupuesto definido y a cargo del Instituto Nacional de Migración (como si pusieran a la Patrulla Fronteriza a hacer trabajo social). Aunque hay algunas funcionarias comprometidas que sacan adelante acciones en favor de las personas que regresan, en general la respuesta es lamentable. Lo que nos lleva a pensar que, si años de deportaciones masivas no han movilizado más allá del discurso al gobierno mexicano, parece que las amenazas de Trump tampoco lo harán.

Haga lo que haga el gobierno de Trump, pase lo que pase con quienes tienen DACA, ya existe una deuda pendiente enorme del gobierno mexicano con su población que ha vuelto… ¿qué esperan?

Para leerlos a ellos y ellas:

Ricardo Aca, “La incertidumbre que amenaza a los ‘dreamers’ como yo”. New York Times.

Lisette Díaz, “As a Dreamer, I Will Not Be a Bargaining Chip for Trump’s Attack on Immigrants”. ACLU.

Eileen Traux. “Una nueva oportunidad para los ‘dreamers’”. New York Times.

Arturo Contreras. “Dreamers: la batalla final empieza”. Pie de Página.

Dulce Ramos, “La traición de México”. Animal Político.

Algunas Organizaciones:

ODA México

United We Dream

Dream in México

Define American

Fuentes citadas:

Anderson, J. y Solís, N. (2014). “Los otros dreamers”. México.

Délano, A. (2017). “Trump y la política migratoria de México”. Foreign Affairs Latinoamérica. Vol. 17: Núm. 1, pp. 35-44. Disponible en: www.fal.itam.mx.

Jordan, M. (2017, agosto 29) “El plan ‘dreamer’ que ayudó a 800,000 migrantes en Estados Unidos está en riesgo”. New York Times. Disponible en:  https://www.nytimes.com/es/2017/08/29/dreamer-daca-en-riesgo-fiscales-generales-trump/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-es

 

La ratificación de mandato, ¿un paso para transformar la relación entre gobernantes y gobernados?

Por Felipe Alatorre Rodríguez[1]
Académico de la UAB Justicia y Democracia, Cifovis ITESO

¿Evaluó usted la labor de su Alcalde el domingo 27 de agosto pasado? ¿Cómo calificó su desempeño? ¿Le renovó el contrato o le dio las gracias? Si su respuesta a la primera pregunta fue afirmativa, lo felicito. Usted es una de las más de 225 mil personas que decidieron hacer uso de este nuevo derecho ciudadano. Si su decisión fue no participar ya sea porque la figura de ratificación no le convence, o porque no está de acuerdo en la manera como ésta se puso en práctica, también merece mi felicitación. ¿Por qué es posible felicitar por igual a ambas posturas? ¿No encierra esto una contradicción? Tal vez las siguientes reflexiones –hechas desde alguien que fue parte del equipo responsable del desarrollo del ejercicio de la ratificación en Zapopan– ayuden a clarificar esta aparente incompatibilidad, así como identificar los aportes de la experiencia que recién vivimos en 25 municipios de Jalisco.

La ratificación de mandato es un mecanismo que hace posible que las y los ciudadanos ejerzan su derecho a evaluar la gestión de su presidente municipal, la que –en caso de resultar negativa– podría llevar –no obligar– a que el munícipe solicite licencia en su cargo. Es un instrumento que, al ser obligatorio en algunos municipios, puede llevar a una corrección de rumbo casi a medio camino de la administración municipal.

Lo anterior es relevante dado que en México, y sólo en tiempos relativamente recientes, los procesos electorales han sido prácticamente la única vía para evaluar el desempeño de los gobernantes, y no en todos los casos. ¿Qué podemos decir de los cuatro estados de la república que hasta 2017 no han cambiado de partido en el poder desde 1929? ¿Su “no” a la alternancia política indica que sus ciudadanos le otorgan una alta calificación a sus gobiernos y por ello le han refrendado su apoyo a lo largo de casi noventa años? No faltará quien opine que sí y más de alguno afirmará que no. Lo que sí es evidente es el hecho de que la gran mayoría de estados en el país –algunos apenas en 2016– han optado por la alternancia en el poder y con ello los procesos electorales se han constituido en una vía para castigar o premiar a sus gobiernos estatales. Algo similar ocurre en el ámbito municipal desde fines de los años ochenta, y a partir del año 2000 en el plano federal. En general este conjunto de cambios –al menos en teoría– debería llevar a un mejor desempeño de éstos.

La pregunta obligada aquí es: ¿han sido suficientes los procesos electorales para lograr tener buenos gobiernos? Si nos atenemos a la creciente desigualdad, al incremento de la violencia social y el deterioro del medio ambiente, y a los datos que señalan un decremento en el apoyo de la población a la democracia en nuestro país (Latinobarómetro 2016), la respuesta es no. ¿Qué hacer frente a esto? En algunos estados, como Jalisco, las y los ciudadanos nos dimos cuenta –desde hace décadas, pero especialmente en las últimas del siglo pasado– que las elecciones no bastan para mejorar el desempeño gubernamental y que es necesario contar con mecanismos diferentes a los electorales, para intentar que las cosas cambien.

Aquí es donde nos conectamos con la ratificación de mandato. La inclusión de esta figura en los reglamentos de participación ciudadana de algunos municipios de Jalisco, derivado a su vez de procesos de alternancia en dichos ámbitos en años recientes, tiene como antecedente las innovaciones que se han dado en nuestro contexto y que, vía los mecanismos de la democracia directa y participativa, buscan subsanar algunas de las limitaciones de la democracia representativa (electoral). Así en 1998 se crea la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, misma que en 2016 sufre una reforma importante que lleva por una parte a cambios en Ias figuras de Plebiscito, Referéndum e Iniciativa Popular, y por otra a la inclusión de nuevos instrumentos como el Gobierno Abierto, la Ratificación Constitucional, la Iniciativa Popular Municipal, el Presupuesto Participativo, la Consulta Popular, la Contraloría Social, el Cabildo Abierto, las Juntas Municipales, y la Revocación de Mandato.

Llegado a este punto vale la pena llamar la atención en dos asuntos: que la Ley de Participación Ciudadana[2] no incluye la Ratificación de Mandato, y que esta figura no es equiparable a la de Revocación de Mandato. Por limitaciones de espacio no es posible abundar aquí respecto de las diferencias. Sin embargo, sí vale la pena señalar un elemento que ambas figuras comparten y que es central en cuanto a avanzar en la transformación de la relación entre gobernantes y gobernados: la posibilidad de que la población evalúe lo realizado, o no, por el gobierno municipal durante su gestión, y no sólo al final, al momento de revisar si se cumplieron o no las promesas de campaña.

El poner en la balanza qué tanto la figura de la ratificación aporta o no al fortalecimiento de la capacidad de la población para evaluar a sus gobernantes, obliga a hacer referencia a las múltiples limitaciones que se evidenciaron con la puesta en práctica de esta figura, y que fueron señaladas por diversos actores. Las mismas pueden agruparse de la siguiente manera: la confusión en el significado del ejercicio; la autocalificación, la utilización del ejercicio para la autopromoción política; la fecha de su realización, la falta de información oportuna y deliberación ciudadana; la improvisación; la capacitación limitada y deficiente de los ciudadanos encargados de atender la consulta, la poca participación, etc.

Es tarea pendiente evaluar si se dieron o no, y en qué medida, cada uno de los cuestionamientos planteados en los diversos municipios en donde se realizó el ejercicio. Con todo y que es evidente la necesidad de hacer correcciones a la figura antes de que vuelva a ser puesta en práctica, vale la pena hacer alguna referencia a los aprendizajes que dejó la figura de la ratificación de mandato. Estos, desde mi perspectiva, no son menores, considerando los siguientes elementos: a) que los gobiernos municipales son los que tienen un mayor contacto con la población –dado que son los responsables de proveer diversos servicios, regular el uso de espacios y brindar seguridad en su ámbito territorial–; b) la creciente decepción respecto de la democracia; c) junto con lo anterior, el creciente alejamiento de las y los ciudadanos respecto de los asuntos públicos y el alto nivel de desconfianza que prevalece entre nosotros y que constituye un obstáculo importante para la organización de la sociedad (INE. 2015, Informe sobre la calidad de la ciudadanía en México).

Llegado a este punto, conviene preguntarse ¿qué se ganó con la experiencia? ¿Por qué es posible felicitar tanto al que participó o no –a partir de definir su postura respecto de la figura– en el ejercicio de ratificación? Desde mi punto de vista, y a partir de la propia vivencia como integrante del Consejo Ciudadano de mi municipio, me permito plantear que el ejercicio valió la pena dados los elementos que enumero enseguida.

a) La puesta en práctica de la ratificación nos permitió conocer que nuestros representantes en el cabildo tienen atribuciones para reglamentar ciertas dimensiones de la vida municipal que no son las que reconocemos habitualmente y que pueden ser trascendentes para la vida del municipio, en específico en lo que concierne a la rendición social de cuentas.

b) De muy diversas maneras nos llevó a preguntarnos sobre el devenir del gobierno municipal y a buscar alguna información a partir de la cual emitir una opinión sobre su desempeño, lo que resulta en algún tipo de acercamiento e involucramiento en la “cosa pública” municipal. Esto es “arroja luz” sobre la gestión municipal.

c) Derivó en el análisis del mecanismo de evaluación que está contenido en la ratificación de mandato, sus alcances y limitaciones, lo que constituye un avance importante no sólo porque ahora sabemos que existe al menos una forma de hacer dicha tarea y que es central saber quién tiene la atribución de operarla.

d) Nos llevó a dialogar con otros y otras –a veces no de la mejor manera– no sólo respecto del desempeño del gobierno local, sino del mecanismo para realizar su evaluación y quién debiera operarlo.

e) Nos educó en términos de las diversas repercusiones que puede tener el uso del mecanismo en el plano electoral, ejercicio de recursos públicos, y eventual manipulación de grupos de población.

f) A la autoridad municipal le muestra las implicaciones económicas, logísticas y políticas de operar el mecanismo.

g) A partir de las limitaciones observada en el instrumento, nos obligó a imaginar mejores maneras de utilizarlo. Podemos seguir con la lista.

En síntesis, desde mi perspectiva ganamos como sociedad, ya que para muchos de nosotros y nosotras, hasta hace no muchas semanas, o meses, poco sabíamos de la posibilidad que tenemos de evaluar y ratificar a nuestros gobernantes, y que ello puede tener efectos positivos para mejorar la rendición de cuentas de los gobiernos. Sin duda, y con todas las limitaciones de una primera experiencia –entre ellas que no se dio una mayor participación de personas– es evidente que dimos un paso en la línea de ofrecer alternativas ciudadanas de valoración del gobierno, y de que en el futuro los ciudadanos sepamos que debemos ser considerados para la toma de decisiones importantes, que actualmente toman unilateralmente los gobernantes.

En otras palabras, el ejercicio sentó un precedente para que las disposiciones importantes –por ahora en el municipio- deban ser sometidas a ratificación por la población a la cual afectan, lo cual redunda en la calidad de la democracia. Tal vez coincidan en la apreciación de que valió la pena la experiencia, ya que nos empodera como ciudadanos, y nos muestra que existen maneras de que los gobiernos no se desentiendan de su obligación de tutelar los derechos ciudadanos y con ello hacer que en la sociedad se viva con mayor justicia y dignidad.

[1] Agradezco sobremanera los comentarios al presente texto del Dr. Miguel Bazdresch P., y del Mtro. José Bautista F.

[2] Hoy incorporada como Libro Quinto del Código Electoral y de Participación Social del estado de Jalisco

El relator y el informe sobre el derecho humano al agua en México

Por: Dr. Carlos Peralta Varela

Entre el 2 y el 12 de mayo del presente estuvo de visita en México el Sr. Léo Heller, relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento. Su visita fue corta, pero y sobre todo, acotada. Académicos del ITESO lo invitamos a visitar Jalisco ya que existen graves problemas de contaminación en los ríos de la entidad, conflictos por el agua en diferentes regiones (entre ellas los altos de Jalisco) ligados en algunos casos a intereses por inversiones multimillonarias, como la presa El Zapotillo y el acueducto concesionado a la empresa Abengoa (que llevaría el agua del río Verde hasta la ciudad de León), y entre otros, graves problemas de salud relacionados con el saneamiento del agua en la ribera de Chapala, específicamente nos podemos referir a San Pedro Itzicán y la comunidad de Agua Caliente en donde viven centenares de personas con enfermedades renales. Fue lamentable enterarnos que vendría a nuestro país y que visitaría en forma oficial únicamente la Ciudad de México, Veracruz y Chiapas.

Por otro lado, un grupo amplio y muy relevante de organizaciones y redes de la sociedad civil, entre las cuales se encuentran (tan sólo por mencionar dos de ellas) la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, tuvo el acierto de elaborar el Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en México, 2017 (Informe DHAyS)[1], mismo que lograron comentar y entregar al relator con la intención de ofrecerle un panorama más amplio y complejo sobre las diversas problemáticas relacionadas con el agua en nuestro país.

El Informe es relevante, implicó un esfuerzo de varios años para documentar distintas fórmulas en que el Estado mexicano viola el derecho humano al agua y al saneamiento. Inicia dando cuenta del contexto nacional de disponibilidad y cobertura del agua potable y saneamiento. Posteriormente expone las distintas políticas y modelos de gestión del agua en México. Pero y como bien lo enuncia la COMDA,  la parte fundamental de este documento da cuenta de las distintas estrategias que el Estado mexicano ha implementado para impulsar políticas públicas que buscan la privatización del agua, con las cuales se privilegia a grandes empresas vinculadas a la industria extractiva y de megaproyectos.

En el informe nos invitan a tomar en cuenta que México se ha comprometido a implementar la Agenda 2030 de la ONU, cuyo Objetivo número 6 busca “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. Pero cumplir con este propósito se aprecia difícil y para ello tan sólo una reflexión: en México se mide el acceso al agua en términos de “agua entubada” lo cual en realidad es medir infraestructura, no acceso real, continuo, suficiente, de buena calidad y asequible. Esta lógica de medir acceso al agua está muy lejos de “considerar los problemas existentes tanto de continuidad en el servicio como de la calidad del agua que se obtiene” (Informe DHAyS: 14). En otras palabras, más del 90% de los hogares en México pueden tener acceso a tuberías, pero no a un abasto continúo de agua potable.

En la medida que a partir de una visita tan acotada el relator no hubiera logrado identificar la diversa problemática del agua en el país, cobró mayor importancia que se elaborara desde la sociedad civil, un informe que ofrece una mirada crítica, amplia y compleja sobre el derecho humano al agua y al saneamiento en México. Este tipo de trabajos vale la pena difundirlos y conocerlos.

 

[1] El informe completo se puede descargar de la página de la COMDA, en la dirección: http://www.comda.org.mx/informe-sobre-violaciones-a-los-derechos-humanos-al-agua-potable-y-al-saneamiento-en-mexico/

 

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), autonomía en riesgo

José Bautista Farías[1]

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se ha presentado como un entramado institucional con atribuciones para el combate efectivo de la corrupción que padece nuestro país, derivado de acuerdos políticos entre actores sociales y del gobierno. Sin embargo, existen  varios signos de alarma que ponen en riesgo la autonomía y los alcances de este incipiente modelo, veamos:

  1. La falta de acuerdos en el Senado para el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, dando lugar a la instalación (el 04/04/17) del SNA incompleto. Dicho espacio fue asumido en su lugar, momentáneamente, por Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República (PGR), exdiputado federal y exsenador por el PRI, fue consejero político y coordinador de asuntos jurídicos del comité ejecutivo nacional de ese partido, cercano al presidente.
  2. El Acuerdo A/029/17 de la PGR (del 17/04/17) que modifica el diverso A/011/14 anterior, por el que se crea la Fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, encargada de la investigación y sanción de este tipo de delitos, podrían anular la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción, por lo siguiente: a) establece la aceptación del procurador general para la aprobación de los planes y programas destinados a detectar la comisión de delitos por actos de corrupción; b) sujeta al consentimiento del titular de la PGR los nombramientos de los agentes del ministerio público federal, adscritos a la Fiscalía Especializada Anticorrupción; c) modifica, deroga o abroga las normas administrativas del Fiscal Anticorrupción cuando éstas contradigan a las emitidas por la PGR.
  3. La propuesta enviada al Senado por Enrique Peña Nieto de 18 aspirantes a ser magistrados anticorrupción, los cuales deberán ser ratificados por los legisladores. Al respecto, el Comité de Participación Ciudadana del SNA envió una carta al presidente y al Senado de la República (el 02/05/17), objetando dichos nombramientos por que no observaron los principios de transparencia, gobierno abierto y máxima publicidad y con ello “se privó a las organizaciones de la sociedad civil, a los organismos empresariales, a los colegios profesionales y a los ciudadanos en general de evaluar, opinar y cuestionar el perfil personal y profesional, no sólo de quienes fueron designados, sino de todos aquellos que contendieron a ocupar uno de esos cargos”.

¿Por qué es importante que el SNA cuente con un Fiscal autónomo al igual que los magistrados y agentes del ministerio público federal que formarán parte de este organismo? Porque que es fundamental que las acciones y decisiones de estos servidores públicos no estén maniatadas a los intereses de los altos funcionarios que pudieran estar involucrados en redes de corrupción;  porque es la única forma de generar contrapesos que contrarresten los abusos de poder y limiten la impunidad que prevalece en el país. Además, es la única manera de garantizar imparcialidad en las investigaciones de los actos de corrupción y el establecimiento de sanciones.

Para dimensionar la relevancia de la autonomía del Fiscal Anticorrupción, pensemos qué habría sucedido si el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, impone como Fiscal del Sistema Estatal Anticorrupción a Francisco Portilla Bonilla, como de hecho lo intentó, pero fue rechazado por el Congreso de esa entidad. De haberse concretado este nombramiento seguramente Duarte no estaría encarcelado en estos momentos en Guatemala, ni sometido a juicios por actos de corrupción.

El SNA está en riesgo de claudicar en el combate efectivo a la corrupción si su autonomía se ve socavada por los intereses partidistas y del gobierno, a no ser que los ciudadanos organizados lo impidan por medio de la movilización y la manifestación política en todos los espacios a su alcance, incluido los procesos electorales en puerta.

 

[1] Académico del Centro de Investigación y Formación Social del ITESO.

Pensar la orientación vocacional comunitaria desde los bachilleratos indígenas wixáritari y na’ayeri

Por: Sandra Cruz. Colaboradora del Programa Indígena Intercultural-CIFS. Licenciada en Psicología por el ITESO, centra su participación en el PII en el diseño y puesta en marcha de talleres educativos a través de metodologías participativas.

“… ahí me vi yo mismo en lo físico y me imaginé como soy en la vida, mis habilidades, mis metas”. –Estudiante del bachillerato Intercultural Bilingüe Tatei Yurienaka ‘Iyarieya, durante la evaluación al taller.

A inicios de 2016 el Programa Indígena Intercultural del Centro de Investigación y Formación Social,  a través de su línea de investigación participativa de Educación Formal invitó a la Red de Centros Educativos Interculturales Wixáritari y Na’ayerite[1] -Red CEIWYNA-, a participar en el desarrollo del proyecto de “Orientación Vocacional Comunitaria”, su propósito fue generar una metodología de estudio y materiales didácticos de apoyo a los docentes para que lleven a cabo espacios de reflexión sobre el proyecto personal a futuro del estudiante al egresar del bachillerato. Los talleres se trabajaron en los bachilleratos: Intercultural Bilingüe Tatei Yurienaka ‘Iyarieya – EMSaD #39[2], Intercultural Muxatena[3] e Intercultural  Takutsi Niukieya[4].

Es común que la Orientación Vocacional sea entendida o relacionada a la elección de una carrera técnica o universitaria, se cree que dicha decisión conformará parte sustancial de un proyecto de vida a largo plazo que asegurará estabilidad y bienestar a futuro. Sin embargo, ¿qué sucede cuando estudiar no representa el interés o tampoco responde a la realidad social, económica o cultural del estudiante de una comunidad indígena?

Dinámica de autorepresentación con alumnos y profesores. Bachillerato Intercultural Takutsi Niukieya. ‘Uweni Muyewe, Durango.

Nace la propuesta de Orientación Vocacional Comunitaria

Bajo esta interrogante, y a partir de la recuperación de las reflexiones de los equipos de directivos y docentes, derivadas de los Encuentros Generales de la Red[5], surgió el proyecto de Orientación Vocacional Comunitaria (OVC). En dichas discusiones, se mencionó que el tema se abordaba mínimamente, y en algunos casos, no se impartía por la falta de material educativo contextualizado y adaptado a las necesidades y el perfil de los alumnos en la sierra. La pertinencia en el desarrollo de este trabajo, también se ahínca en los datos arrojados por los directivos de las escuelas donde existe un incremento en el número de egresados de los bachilleratos; se estima que concluyen sus estudios  alrededor de 70 jóvenes anualmente a nivel Red.

El concepto de  Orientación Vocacional Comunitaria es un ámbito nuevo y a explorar por los docentes de la Red CEIWYNA, ya que son ellos los testigos que observan a diario los cambios de la juventud wixárika y na’ayeri. Lo anterior, los coloca como sujetos de acción para orientar y reflexionar desde el aula sobre el rumbo que los egresados tomarán en el futuro.

Para los egresados wixáritari y na’ayeri la elección de futuro se relaciona a su contexto, sus necesidades y posibilidades. Al terminar los estudios de bachillerato regresan a sus localidades[6] para ocupar cargos tradicionales, formar una familia o trabajar en el campo. Otros salen en búsqueda de empleos temporales a las ciudades o campos jornaleros, y en menor proporción, deciden estudiar una carrera universitaria al concluir la preparatoria. Algunos casos, trabajan hasta un año en el Consejo Nacional del Fomento Educativo (CONAFE) para ganar una beca que los apoye durante su periodo de estudios en el nivel superior.

Materiales educativos contextualizados de OVC. Guía didáctica del docente.

Al reconocer la existencia de distintos perfiles, tanto los que eligen permanecer como los que salen de la comunidad, el ejercicio de la Orientación Vocacional Comunitaria consiste en dialogar el proceso del alumno para que descubra a través de la reflexión el sentido que dará a su vida. La OVC, no sólo se limita a saber qué estudiar, sino que abre la posibilidad de explorar qué hacer en y para el ámbito comunitario. En este proceso se toman en cuenta sus habilidades e intereses personales para desarrollarse en determinada área. Igualmente, durante el proceso de reflexión existe el cuestionamiento constante ¿Cómo el estudiante puede pensarse como sujeto de acción y transformación social de su contexto?

Diseño de materiales contextualizados

A partir del desarrollo de los talleres de OVC, en los tres bachilleratos interculturales, se ha buscado crear modelos y pedagogías colaborativas[7], cuyo enfoque sea la libertad de ensayar las inquietudes, opiniones y  decisiones que los estudiantes tomarán en la vida. Por lo tanto, es conveniente que la libertad de expresión sea el principal argumento y la herramienta base para orientar y llevar a cabo procesos de acompañamiento escolar y personal, no sólo en la etapa del bachillerato, sino en las distintas etapas del desarrollo humano.

__________

[1] La Red CEIWYNA está integrada por dos secundaria y seis bachilleratos: Centro Educativo Intercultural Bilingüe Tatuutsi Maxakwaxí (San Miguel Huaixtita, Jalisco), Bachillerato Intercultural Bilingüe Tatei Yurienaka ‘Iyarieya (San Andrés Cohamiata, Jalisco), Bachillerato Intercultural Muxatena (Presidio de los Reyes, Nayarit), Bachillerato Intercultural Tsikwaita EMSaD no. 51 (San Miguel Huaixtita, Jalisco), Bachillerato Intercultural Takutsi Niukieya (Bancos de San Hipólito, Durango), Bachillerato Intercultural Tamaatsi Kauyumarie (Popotita, Jalisco), Bachillerato Intercultural Kuemaruse (Rancho Viejo, Nayarit) y Secundaria Intercultural Tsitarejmi (Huicot, Nayarit); el orden de las escuelas corresponde a la fecha de su creación.
[2] San Andrés Cohamiata, Mezquitic, Jalisco.
[3] Presidio de los Reyes, Ruíz, Nayarit.
[4] Bancos de San Hipólito, Calítique, Durango.
[5] Del 2014 al 2016, la Red y el PII llevan a cabo Encuentros generales para compartir experiencias acerca del estado en que se encuentra cada uno de los centros en materia de gestión y la búsqueda del reconocimiento de sus propuestas educativas ante la Secretaria de Educación Pública, el trabajo y revisión de sus modelos educativos y la organización de encuentros entre profesores y alumnos de la Red CEIWYNA, de diferente índole.
[6] Las localidades son poblados con un número reducido de habitantes y  que pertenecen a una cabecera o comunidad.
[7] Se diseñaron 3 materiales didácticos que aún se encuentran en proceso de revisión por parte de los profesores y directivos encargados del área y los bachilleratos. Estos son: Guía didáctica de OVC para el docente; Guía del estudiante de OVC y el Manual del docente de OVC.

Reflexiones sobre los movimientos feministas

Por: Mariana Espeleta

En los últimos años, hemos visto como el movimiento feminista cobra fuerza en muchas partes del mundo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Acaso no hemos llegado ya a una posición de igualdad?

A menudo en los pasillos de la universidad y en otros espacios públicos escucho con atención este tipo de preguntas y los debates que se generan alrededor del tema. Muchos y muchas jóvenes tienen claro que la igualdad es una batalla que está muy lejos de haberse ganado: aunque no sea la situación concreta que viven todas las mujeres, en México las estadísticas que nos hablan de la desigualdad son terribles, incluso las estudiantes universitarias, están expuestas a injusticias y peligros por el solo hecho de ser mujeres: violencia de pareja, acoso laboral, acoso callejero, menor salario por igual trabajo y violencia sexual, son algunos de los temas que afectan la vida cotidiana de millones de mujeres de todas las clases sociales.

Además de todas estas causas que no han dejado de estar presentes, en muchas partes del mundo es posible observar que hay tendencias al retroceso. Los derechos que ya se habían conseguido, están siendo desmantelados por grupos políticos ultraconservadores, o populistas, conscientes que los cuerpos y vidas de las mujeres siempre son un botín político con el que se puede negociar ¿Qué quiero decir con esto? Tomemos como ejemplo el caso de los Yihadistas, o del Presidente Donald Trump; ambos han utilizado el discurso del sometimiento e inferioridad de las mujeres como una base para la creación de consensos, particularmente entre una población masculina que necesita reafirmar su posición de poder en la sociedad.

¿Qué pasa?

Como todos sabemos, a partir de mediados del siglo XX, los papeles sociales de hombres y mujeres han cambiado enormemente. Las mujeres arribamos al campo laboral y a la educación profesional de forma masiva. Nos convertimos en  jefas de familia, asumimos un montón de responsabilidades, y con ello hemos exigido también muchos derechos que antes nos eran negados. Por ejemplo, la ley de paridad en México, es fruto de la exigencia por una base de igualdad para contender en los espacios de representación política. En todo este movimiento, el papel tradicional de los hombres como jefes, líderes, proveedores, tomadores de decisiones, etc. se ha ido desmoronando sin pasar por una reflexión colectiva, que lleve a redefinir los límites, roles y nuevas posibilidades de la masculinidad. Esta indefinición, ha sido vivida por varias generaciones de hombres como una verdadera amenaza a su lugar en el mundo. Quizá esto explica en parte, la virulenta reacción que tienen algunos ante el avance de los derechos de las mujeres, o incluso ante la manifestación pública de posturas en pro de la igualdad y en contra de la violencia sexista. Como ejemplo, pueden observarse los debates en las redes sociales o los comentarios que se expresan por el público cuando una mujer denuncia algún tipo de abuso o violencia: a menudo encontraremos insultos, amenazas y críticas sin fundamento.

En un contexto local y global como este, no es de extrañarse que haya una reacción colectiva de mujeres, sobre todo porque gracias a internet y las redes sociales es posible conocer de inmediato aquellos sucesos que ocurren en diferentes partes del mundo, y también es más fácil organizar campañas, acciones colectivas y difundir mensajes de indignación y resistencia: las redes están llenas de estos contenidos, expresados de formas creativas, humorísticas, o combativas.

Sin embargo, es muy importante recalcar dos cuestiones fundamentales: la primera es que todo este movimiento mediático, es solamente el reflejo de lo que sucede en la calle y las acciones concretas de los movimientos que exigen igualdad, justicia y respeto para las mujeres. En México podemos observar la cada vez más creciente participación de una sociedad civil organizada que exige alto a la violencia, alto al acoso, derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros.

En segundo lugar que estos movimientos no son solamente de mujeres para mujeres: muchos hombres también han comprendido la necesidad de repensar su posición de privilegio masculino como una forma de control social que también les ha negado derechos y posibilidades de crecimiento personal, imponiendo como atributos obligatorios la agresividad, la competitividad, el control de las emociones, la propensión al riesgo, entre otras características que han producido daños personales y sociales.

Una de las cosas que disfruto más de mi trabajo la universidad, es el contacto con generaciones de jóvenes que están más dispuestas y dispuestos a cuestionar los roles de género y reconocer la necesidad de un cambio profundo en las estructuras de dominación y poder que asignan posiciones sociales a partir del hecho biológico de nacer con un cuerpo sexuado.

Creo que estamos en un momento clave para informarnos y formar parte de un movimiento de liberación humana que es decisivo para transformar la realidad del mundo. Este movimiento se llama feminismo, y quiero terminar aclarando –porque siempre me lo preguntan- que “feminismo” es anterior al término “machismo”. No es “lo mismo pero al revés”. El feminismo surge en el S. XIX con los movimientos de mujeres por el derecho al voto, y a partir de allí el concepto ha evolucionado en muchas tendencias, pero es un término reconocido como parte de la teoría social. El término “machismo” surge (como lo entendemos hoy) de forma imprecisa por allí de los años 70 del S. XX, pero es un término más bien coloquial, que tiene sentido solo en las lenguas romanas. El término correcto sería “sexismo”, y no… no es lo opuesto al feminismo.

 

 

Las simplificaciones de un simplificador. Ideas a vuelo de pájaro

Autor: Enrique Luengo González, académico del CIFOVIS e interesado en temas de Complejidad

Hace unas semanas tuve la oportunidad de asistir al Primer Congreso Mundial sobre Pensamiento Complejo cuyo tema era el pensar posibilidades o alternativas de respuesta para los problemas globales que enfrentamos los habitantes de nuestro deteriorado planeta. Sin rodeos, se puede decir que se invitaba a pensar complejamente, lo que se opone a pensar simplificadamente. Pensar complejamente es, entre otras cosas, abrir una serie de vías nuevas que nos conduzcan a actuar a los humanos teniendo presente nuestro destino común, es un hecho que ningún país o región del mundo se salvará sólo, tal como está quedado demostrado con los problemas derivados de gases invernadero, los flujos migratorios, las amenazas nucleares, el deterioro o agotamiento de los mantos acuíferos, la contaminación galopante de la atmósfera y los mares, entre otras cosas. Por ello, el concebir a la humanidad con un destino común invita a los acuerdos, a la cooperación humanitaria, a la solidaridad, el respeto al derecho internacional, etc.

Paradójicamente, en lugar de avanzar en nuevas y creativas soluciones así como acuerdos colectivos para responder a los desafíos mundiales como los anteriormente mencionados encontramos ideas y políticas que van de regreso a viejas y mal logradas respuestas. El ejemplo más patético es lo que ahora está sucediendo en Estados Unidos de Norte América, que en lugar de asumir los problemas en su complejidad, se simplifican la formulación de los problemas, con lo que, a su vez, se simplifican sus respuestas.

Lo que pasa con las pobres argumentaciones en nuestro vecino país del norte es revelador. La simplificación consiste en pensar en que medidas draconianas y prohibitivas de la migración ofrecerán mayor seguridad al país, cómo si el país fuera un sistema cerrado y sus propias medidas no incrementaran la beligerancia y violencia de los grupos radicales internos o externos contra sus propios habitantes, instituciones o empresas. También, es una simplificación el pensar en la migración mexicana o centroamericana sin papeles como delincuentes o criminales; pensar que la disminución de las regulaciones medio ambientales para la industria facilitaría el desarrollo económico (la naturaleza se deteriora y ello tiene costos económicos con el tiempo); pensar que una simple medición de las transferencias comerciales (importación/exportación) puede medir el complejo intercambio económico entre dos naciones pues se tendría que considerar lo que aportan los trabajadores explotados y sin seguridad social en aquel país, las ganancias de las corporaciones y empresas de servicio que se transfieren de México a EU, la balanza del turismo entre los dos países, los científicos y técnicos formados en México que ofrecen sus servicios en el país donde no recibieron su educación, etc.-.

Pudiéramos añadir que es una simplificación pensar que los hombres y mujeres “exitosas” económicamente, fungirán como políticos igualmente “exitosos”; que la situación del conflicto de medio oriente se solucionará escuchando o apoyando a una sola de las partes; que quien tiene poder político o económico define el rumbo de los no “exitosos”; que el cambio climático es una mentira de otros países para limitar la industria norteamericana. En fin, es una rotunda simplificación pensar que la verdadera realidad es la que yo percibo y que los que no piensan lo mismo que yo están equivocados.

El pensamiento simplificador tiende a dicotomizar, a polarizar, a ser maniqueo, tal como lo suele hacer el populismo. De esa manera, se suele movilizar a la población cuando se sienten estancadas o deterioradas en sus expectativas. El populismo trabaja particularmente en esos casos a partir de la violencia simbólica, es decir, mediante el acoso –acoso a lo latino, acoso a lo musulmán, acoso a los productos no “Made in USA”, acoso a las empresas que producen fuera del país, acoso a las lenguas extranjeras, etc.-. En una palabra, acoso a lo diferente.

 

Una vuelta más de tuerca o una raya más al tigre: muros, fronteras, deportaciones…

Por: Iliana Martínez y Sofía de la Peña

¿Hay nuevos escenarios en el tema migratorio para México, o solo es una vuelta más de tuerca de una situación que desde hace años se viene radicalizando y haciendo más dramática en lo referente a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en México y la región? ¿Qué pasará con las medidas que el presidente D.Trump plantea en cuestiones de migración?

Hasta hoy ha firmado dos decretos con medidas vinculadas a seguridad fronteriza e inmigración, entre las que resaltan la construcción de un muro en la frontera con México, penalizar a las ciudades santuario retirándoles fondos federales, contratar más agentes para controlar la inmigración en frontera y en el interior, fiscalizar la ayuda para el desarrollo, humanitaria, militar o económica de EU a México, construir centros de detención en frontera.

Sin menospreciar lo que está sucediendo, la situación de por sí ya era crítica: en nuestras fronteras norte y sur hay miles de migrantes varados, centroamericanos y extra-continentales (haitianos, cubanos, africanos), hombres, mujeres, menores no acompañados, familias completas; aproximadamente 4 millones y medio de mexicanos deportados en la última década que luchan por reconstruir sus vidas, familias binacionales separadas, estigmatización y olvido; redes de trata y tráfico de personas a lo largo del país en connivencia con autoridades; detenciones y deportaciones de centroamericanos que México está haciendo; amenazas y agresiones a quienes defienden los derechos de las personas migrantes… Éste es el verdadero muro, y éste, ya existe desde hace años y no se ha querido ver. Está en nuestras fronteras, en nuestras ciudades, en la falta de presupuesto y programas públicos, en los prejuicios o falsos temores, y en la falta de hospitalidad.

El mensaje virulento y de odio nos está estrellando en la cara una situación que desde hace años organizaciones de migrantes, de sociedad civil y defensores de derechos humanos vienen documentando y denunciando: la criminalización y abusos de personas migrantes y refugiadas en México y Estados Unidos. Los gobiernos preocupados en proteger sus fronteras, y no en atender las causas estructurales que originan que las personas dejen sus lugares de origen.

México como país de destino para centroamericanos y de otras nacionalidades que no logran llegar a EU, y de retorno de mexicanos que de manera obligada o voluntaria están regresando. Jalisco, históricamente migrante, es importante en este nuevo escenario. Más de 4 millones de jaliscienses de primera y segunda generación en EU. Del 2010 a la fecha, según datos del Instituto Nacional de Migración, a Jalisco han regresado 112,509 jaliscienses deportados, y muchos más de otros estados y países están viendo en nuestro estado un polo de atracción.

Se requiere un trabajo binacional para proveer información y protegerles, tanto en origen como en destino; presupuesto real para los programas de atención a las personas retornadas, y a las y los

jaliscienses en riesgo en EU; creación de oficinas municipales de atención a migrantes en donde no las haya y un programa de reinserción integral de personas retornadas, migrantes y refugiadas; prestación de servicios legales y atención psicológica; difusión de acuerdos federales y programas de apoyo en municipios y comunidades.

Este adverso escenario es una oportunidad para enderezar la brújula, una oportunidad para México y cambiar su imagen en temas de derechos humanos. El punto no es el muro, es el modelo de desarrollo económico y una política migratoria centrada en la gestión ordenada de los flujos migratorios y la seguridad nacional. Atendamos nuestros problemas estructurales de fondo: pobreza y desigualdad, derechos humanos, violencia. Es hora de que nuestro gobierno cree las condiciones necesarias que impulsen el desarrollo local que permita a las personas tener una vida digna y permanecer en sus lugares de origen, sin tener que dejar todo porque su vida ahí no tiene futuro.