Por: Iliana Martínez y Sofía de la Peña
¿Hay nuevos escenarios en el tema migratorio para México, o solo es una vuelta más de tuerca de una situación que desde hace años se viene radicalizando y haciendo más dramática en lo referente a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en México y la región? ¿Qué pasará con las medidas que el presidente D.Trump plantea en cuestiones de migración?
Hasta hoy ha firmado dos decretos con medidas vinculadas a seguridad fronteriza e inmigración, entre las que resaltan la construcción de un muro en la frontera con México, penalizar a las ciudades santuario retirándoles fondos federales, contratar más agentes para controlar la inmigración en frontera y en el interior, fiscalizar la ayuda para el desarrollo, humanitaria, militar o económica de EU a México, construir centros de detención en frontera.
Sin menospreciar lo que está sucediendo, la situación de por sí ya era crítica: en nuestras fronteras norte y sur hay miles de migrantes varados, centroamericanos y extra-continentales (haitianos, cubanos, africanos), hombres, mujeres, menores no acompañados, familias completas; aproximadamente 4 millones y medio de mexicanos deportados en la última década que luchan por reconstruir sus vidas, familias binacionales separadas, estigmatización y olvido; redes de trata y tráfico de personas a lo largo del país en connivencia con autoridades; detenciones y deportaciones de centroamericanos que México está haciendo; amenazas y agresiones a quienes defienden los derechos de las personas migrantes… Éste es el verdadero muro, y éste, ya existe desde hace años y no se ha querido ver. Está en nuestras fronteras, en nuestras ciudades, en la falta de presupuesto y programas públicos, en los prejuicios o falsos temores, y en la falta de hospitalidad.
El mensaje virulento y de odio nos está estrellando en la cara una situación que desde hace años organizaciones de migrantes, de sociedad civil y defensores de derechos humanos vienen documentando y denunciando: la criminalización y abusos de personas migrantes y refugiadas en México y Estados Unidos. Los gobiernos preocupados en proteger sus fronteras, y no en atender las causas estructurales que originan que las personas dejen sus lugares de origen.
México como país de destino para centroamericanos y de otras nacionalidades que no logran llegar a EU, y de retorno de mexicanos que de manera obligada o voluntaria están regresando. Jalisco, históricamente migrante, es importante en este nuevo escenario. Más de 4 millones de jaliscienses de primera y segunda generación en EU. Del 2010 a la fecha, según datos del Instituto Nacional de Migración, a Jalisco han regresado 112,509 jaliscienses deportados, y muchos más de otros estados y países están viendo en nuestro estado un polo de atracción.
Se requiere un trabajo binacional para proveer información y protegerles, tanto en origen como en destino; presupuesto real para los programas de atención a las personas retornadas, y a las y los
jaliscienses en riesgo en EU; creación de oficinas municipales de atención a migrantes en donde no las haya y un programa de reinserción integral de personas retornadas, migrantes y refugiadas; prestación de servicios legales y atención psicológica; difusión de acuerdos federales y programas de apoyo en municipios y comunidades.
Este adverso escenario es una oportunidad para enderezar la brújula, una oportunidad para México y cambiar su imagen en temas de derechos humanos. El punto no es el muro, es el modelo de desarrollo económico y una política migratoria centrada en la gestión ordenada de los flujos migratorios y la seguridad nacional. Atendamos nuestros problemas estructurales de fondo: pobreza y desigualdad, derechos humanos, violencia. Es hora de que nuestro gobierno cree las condiciones necesarias que impulsen el desarrollo local que permita a las personas tener una vida digna y permanecer en sus lugares de origen, sin tener que dejar todo porque su vida ahí no tiene futuro.