Jorge Eduardo, Autor en Cifovis ITESO

El derecho sobre el placer femenino

De la denuncia del horror al reconocimiento del legítimo derecho: sobre el placer femenino

Por: Elsa Ivette Jiménez, académica del Programa Interinstitucional de Derechos Humanos y Paz ITESO

Mediante resolución aprobada en el 2013, la Organización de las Naciones Unidas llama a los Estados Parte a observar el 6 de febrero como Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina. La mutilación genital femenina (MGF) es un procedimiento que se realiza a las mujeres entre su infancia y adolescencia que consiste en la lesión o extirpación de sus órganos genitales externos. Aproximadamente 140 millones de mujeres y niñas sufren los efectos de esta intervención que, además de menstruaciones y coitos dolorosos, suele originar problemas urinarios, quistes, infecciones, infertilidad, aumento de riesgo de contagio de VIH / SIDA y otras enfermedades sanguíneas, incluso llega a generar hemorragias graves y complicaciones durante el parto que las ponen a ellas y a los recién nacidos en riesgo de muerte.

La MGF se realiza principalmente en África, (en donde hay alrededor de 92 millones de víctimas según datos de la Organización Mundial de la Salud), le siguen Asia y Oriente Medio. Su presencia, aunque mucho menor, va en aumento en Europa, Australia, Canadá y los Estados Unidos debido a la inmigración procedente de África y Asia sudoccidental.

La creencia detrás de la MGF es que mediante esta práctica se resguarda la virginidad prematrimonial y la fidelidad matrimonial al mitigar la líbido femenina y evitarse así que ellas cometan actos “ilícitos”. Sin embargo, como toda construcción de género, también existen otras lecturas culturales, como la que señala que los genitales femeninos son sucios y antiestéticos, la idea de que aumenta la fertilidad y hace el parto más seguro y también se le considera como un rito de iniciación femenino que abona a la integración social. Algunas de estas razones, con un trasfondo de imperativo religioso y social, suelen esgrimir las personas –hombres y mujeres- que fomentan la MGF.[2]

Tristemente, son las mujeres más cercanas a la niña intervenida quienes se encargan de organizan el procedimiento y son matronas de la comunidad, quienes usualmente lo llevan a cabo (aunque, en los últimos años, se ha venido disparando la cantidad de prácticas que realizan profesionales –hombres y mujeres- de la salud). De esta manera podemos comprobar, una vez más, algunas tesis de Pierre Bourdieu en el sentido de que las mujeres nos apropiamos de los esquemas de percepción dominantes hasta concebir una representación negativa de nuestro propio sexo (Bourdieu 2000, 27). “La moral femenina se impone sobre todo a través de una disciplina constante que concierne a todas las partes de! Cuerpo” nos recuerda este sociólogo francés (íbid, 42).

Sin lugar a dudas, la MGF implica la violación grave de derechos humanos de las mujeres y las niñas y constituye una práctica reprobable al margen de cualquier esquema social del que forme parte. Sin embargo, lo que me gustaría señalar a continuación es que en nuestros países y en nuestras cultura –es decir, dentro del aglutinado y heterogéneo espacio simbólico que consideramos occidental- tenemos otras prácticas que, sin llegar a la saña y brutalidad que implica la MGF, tienen efectos negativos en la salud y calidad de vida de las mujeres. Me refiero a los discursos y prácticas que les inhiben el conocimiento y apropiación de su cuerpo (siguiendo, igualmente la línea anteriormente reproducida de Bourdieu) y que se cuelan dentro de los discursos y prácticas científicas violentando sus derechos sexuales y reproductivos.

Como ejemplo, es poco lo que se conoce aún- tanto en términos legos como en científicos- sobre el clítoris, ese órgano femenino cuya única función es otorgar placer. Asegura Natalie Angier, en su obra Mujer una geografía íntima, que al realizar una búsqueda en Medline, la base de datos médica más grande del orbe, sólo encontró unas cinco docenas de referencias en torno al clítoris en un periodo de cinco años, mientras que el término pene generó treinta veces esa cantidad (2011, 93).

La violencia obstétrica, por otra parte, hace alusión a los tratos abusivos, negligentes y carentes de respeto durante el embarazo, parto y puerperio por parte del personal de salud y que repercuten directa e indirectamente en la salud física y psicológica de las mujeres. En nuestro país, una muestra de la magnitud de esta situación está en el incremento desproporcionado de nacimientos por cesárea (50.3% del 2000 al 2012) (GIRE s/f,122), sin contar los numerosos casos de mujeres pobres e indígenas que han parido en los baños de los hospitales o fuera de estos al negárseles la atención médica. Tenemos también altos índices de mortalidad materna –particularmente en algunos estados y regiones en donde entra en juego también una discriminación terrible hacia la población indígena- , mientras el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo sigue debatiéndose en esferas en donde no estamos debidamente representadas.

Para concluir, me gustaría señalar que, si bien la MGF es una práctica terrible que debe ser erradicada, la negación del placer y la violencia contra el cuerpo y el bienestar de las mujeres está presente también en nuestras prácticas culturales, institucionales y profesionales. Resulta más sencillo denunciar y horrorizarse ante hechos que ocurren fuera de nuestro contexto, que realizan “otros y otras” ajenos a nuestra realidad más inmediata que identificar, cuestionar y denunciar aquello de lo que participamos y aceptamos pasivamente.

Bibliografía:

Angier, Natalie. 2011. Mujer una geografía íntima. Madrid: Paidos.

Bourdieu, Pierre. 2000. La dominación masculina. Barcelona: Anagrama.

El mundo. El Estado Islámico ordena la ablación de todas las mujeres y niñas en el norte de Irak, nota de Francisco Carrión,14 de julio de 2014. Disponible en: http://www.elmundo.es/internacional/2014/07/24/53d0fc2ae2704eb3108b457e.html

GIRE. Omisión e indiferencia. Derechos Reproductivos en México. Disponible en: http://informe.gire.org.mx/

[2] Según información reciente el Estado Islámico está impulsando la MGF al norte de Irak con el fin de alearlas a mujeres y niñas “del libertinaje y la inmoralidad”, sin embargo, alertan las Naciones Unidas, esta práctica no es común en el país. (El Mundo, 24 de Julio de 2014).

Retos y avances del sistema educativo indígena intercultural del Gran Nayar

Retos y avances del sistema educativo indígena intercultural del Gran Nayar.
Por: Graciela Larios

29 de febrero de 2015.- Conservar nuestras raíces y fortalecer la unión de las escuelas indígenas es uno de los retos que planteó Pedro Cayetano, Director del Bachillerato Intercultural Muxatena, en el II Encuentro de Centros Educativos Interculturales.

Paulita Carrillo, perteneciente a la comunidad de San Andrés Cohamiata, puntualizó que el encuentro pretende identificar historias y objetivos afines; así como los problemas, necesidades y experiencias de los centros educativos.

La importancia de los centros educativos interculturales y comunitarios son que las personas de la comunidad asumen que la educación del Estado no responde a sus necesidades culturales, contextuales y lingüísticas, por ende, han sido las propias comunidades y sus actores quienes generan estos proyectos educativos para favorecer la formación de sus jóvenes, para que no migren, no pierdan su lengua, y también construyan su propio desarrollo regional; con el respaldo de los derechos internacionales, constitucionales y estatales en materia cultural y educativa.

Uno de los logros de este segundo encuentro fue haber formalizado actividades para la próxima agenda de trabajo que incluyen: encuentros deportivos entre centros; intercambios culturales y artísticos; encuentro entre docentes y directivos para la revisión de planes de estudio y experiencias pedagógicas, así como acciones emprendidas en el marco de las áreas de educación para el trabajo

Actualmente existen 6 bachilleratos y una secundaria y al encuentro asistieron: Bachillerato Intercultural Muxatena de Presidio de los Reyes, Ruíz, Nayarit; Bachillerato Intercultural TaKutsi Niukieya de Bancos de San Hipólito, El Mezquital, Durango; Bachillerato Intercultural Tamatsi Kauyumalie de Popotita, Mezquitic, Jalisco; Bachillerato Intercultural Tatei Yurienaka ‘Iyarieya de San Andrés Cohamiata, Mezquitic, Jalisco; Emsad-51 de San Miguel Huaixtita, Mezquitic, Jalisco.

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“Un país que no cuida a su gente”

Por: Alejandra Sandoval

Hilda sentía muy dentro de todas sus entrañas que no podía quedarse más tiempo en México, se sentía con miedo e insegura. Quería tener a su familia junta otra vez.

Mi esposo se fue a trabajar a Morelos, está vendiendo carros con un familiar y mientras, está tramitando visa para trabajar en Canadá, yo por lo mientras, decidí viajar con mi sobrino hacia Estados Unidos, con la compañía de él me sentía más segura. Pedí un préstamo al banco por 140 mil pesos para cubrir los gastos del viaje y mientras, enviarle dinero a mis niños.

El viaje me salió muy caro, el pollero me cobró 4 mil 500 dólares por ser de confianza, y esto porque me lo recomendó el amigo de un cuñado. La condición de mi pollero era que le diera 3 mil pesos para pagar a la mafia de Agua Prieta, llegando a Douglas le tenía que dar mil 500 dólares y en cuanto llegara a Tennessee tenía que darle el resto del dinero. Pero no llegue ni a Douglas. La oferta de mi pollero sigue en pie, pero me voy a esperar a que la frontera se tranquilice, no quiero arriesgarme por el desierto. Si no logro pasar, me traeré a mis niños a México.

Los hijos de Hilda la impulsan a volver a cruzar, ella sabe que su familia no tiene una gran necesidad económica y sabe que puede poner otro negocio. Sin embargo, la inseguridad en México y las autoridades ineficientes no le permiten traer de vuelta a sus hijos a un país que, como dice Hilda: no cuida a su gente.

Migración: Urgencia humanitaria

Por: Della Burke, profesora del ITESO

Hace diez años escribí y defendí una tesis de maestría la cual proponía que el gobierno de EE.UU. estaba desestabilizando a los países centroamericanos con una política de posguerra. Esta desestabilización se centraba en la deportación de jóvenes que eran miembros de pandillas, con traumas por las guerras civiles (explícitamente apoyadas por EE.UU.), y sin lazos familiares o culturales a sus países de origen. (Burke, 2014) Ahora, hay miles de niños centroamericanos emigrando hacia EE.UU. por la inestabilidad de sus pueblos y ciudades. La migración centroamericana que empezó fuertemente en los años 80s sigue ahora bajo las mismas condiciones de inseguridad provocados por la activa participación de los EE.UU. en la región.

El presidente Obama anunció que se van a otorgar 4,000 visas de asilo a las Américas este año lo que resulta insuficiente ya que sólo en junio de este año cruzaron casi 10,000 jóvenes centroamericanos. (Shear, 2014) Pese a la urgencia humanitaria de esta situación nunca se ha tratado a la migración centroamericana con compasión y será difícil esperarlo ahora. En Octubre, la organización Human Rights Watch (HRW) publicó un reporte detallando los tratos que violan los derechos humanos de los hondureños que huyen de la violencia causada por las pandillas transnacionales que se originaron en los EE.UU. (HRW, 2014, Burke 2004)

La ceguera del gobierno estadounidense ante las causas que provocan la ola migratoria reciente son justo las mismas que propiciaron en los ochentas el movimiento Santuario; un grupo de personas de fe que crearon una red de ayuda para migrantes centroamericanos que tenían miedo de regresar a sus países durante las guerras civiles. En aquel entonces, las estadísticas de rechazo de asilo político para guatemaltecos y salvadoreños llegaron al 90% (Burke, 2014).

Ahora, HRW nos dice que entre 2010 y 2012 la deportación rápida (expedited removal) fue la manera como el 81% de los hondureños regresaron a casa, mientras que una minoría del 1.9% obtuvo una audiencia que determinó la autenticidad de su miedo (credible fear) por el Border Patrol. (2014) La audiencia para determinar el índice de miedo es un primer paso para saber si alguien puede hacer una solicitud de asilo político. El hecho de tener una audiencia no quiere decir que obtuvieran consejos de un abogado o que recibieran algún tipo de asesoría sobre sus derechos.

Estas razón hacen urgente apoyar a las organizaciones y a la buena gente que sigue trabajando por la humanidad, la dignidad y los derechos humanos de toda la gente.

Burke, Della Elizabeth. “Deported: Salvadoran Gang Members in Los Angeles and El Salvador.” Master’s Thesis, University of Arizona, 2004.

Human Rights Watch. “You Don’t Have Rights Here: US Border Screening and Returns of Central Americans to Risk of Serious Harm.” Published October, 2014. http://www.hrw.org. Accessed October 30, 2014.

Shear, Michael D., “Obama Approves Plan to Let Children Apply for Refugee Status in Central America.” New York Times, September 30, 2014.

PARTE 1: EL ROSTO DE LOS MIGRANTES CENTROAMERICANOS QUE PASAN POR MÉXICO HACIA ESTADOS UNIDOS

Parte 1: La complejidad de ser migrante: observar su nacionalidad, su género y su edad es insuficiente

Por: Adriana González Arias

Desde que el tema de la migración centroamericana de tránsito por México empezó a visualizarse de manera exponencial, aproximadamente a principios de los años 2000, nos hemos encontrado con diversos documentos y autores que describen quiénes son los migrantes que llegan y pasan por México. Sin embargo, es imposible y muy ambicioso, lograr caracterizar un perfil único “del migrante que pasa por México”, pues cada uno representa diferentes nacionalidades, diferentes causas de migración, diferentes necesidades.

Con datos de 2013, tanto del Instituto Nacional de Migración (INM) como de la Red de Documentación de Organismos Defensores de Migrantes (RDODM) es posible resumir que las tres nacionalidades que más transitan por México hacía Estados Unidos son la hondureña, la guatemalteca y la salvadoreña. Los registros de estas dos bases de datos muestran a los hondureños en primer lugar con un porcentaje que va del 42.5% al 48.7%. No obstante, ambas difieren en la asignación del segundo lugar, ya que para el INM son los guatemaltecos (38.8%) y para la RDODM son los salvadoreños (29.3%), quienes a su vez representan el tercer lugar para el INM (18.7%); en cambio el tercer lugar para la RDODM lo ocupan los guatemaltecos (22%).

¿Qué género migra más? De manera general es posible decir que el 85 por ciento son hombres y el 15 por ciento mujeres. Esta información puede recuperarse desde los datos de la EMIF SUR, donde se muestra la suma de los migrantes detenidos por las autoridades mexicanas y estadounidenses en 2009. En México se detuvo a un 84.9% (51,729) de hombres y a un 15.1% (9,212) de mujeres; por su parte, las autoridades estadounidenses devolvieron a 68,828 hombres (86.7%) y 10,581 mujeres (13.3%).

Respecto a la edad del migrante es posible decir que el rango que mayor porcentaje tiene es de 19-20 a 29 años de edad, datos obtenidos de la EMIF SUR y la RDODM. La presencia de menores oscila entre el siete y nueve por ciento, a excepción de los detenidos por autoridades mexicanas (EMIF SUR, 2012), que registran un porcentaje más elevado, de aproximadamente 15%.

Sin embargo no podemos olvidar que detrás de cada dato, cifra o estadística, hay seres humanos con historias, experiencias y recuerdos, que nos llevan a descubrir otras características de esta migración. Este es el caso de las tres historias que se comienzan a contar a continuación:

“Soy salvadoreña, salí de mi país a los 17 años necesitaba poner tierra de por medio, estaba casada y ya no podía estar cerca de mi marido, pues él me maltrataba y quería tener hijos. Mi familia también metía presión con los hijos. Cuando decidí salirme del Salvador no tenía dinero, no tenía trabajo, sólo estudié hasta la secundaria. Cuando decidí salirme fue de una noche a otra… sí realmente no tenía dinero ni a dónde ir, pero yo ya no quería que me siguieran golpeando”.

“Sí, soy de Guatemala, a los 17 años tenía miedo por la guerra, era el año de 1988, mi familia era pobre y fuimos desplazados a otros pueblos, además de ser amenazados por la gente que va tomando el poder en las zonas. Me animé a salir porque tenía un tío en Arizona, con quien sabía que me podía quedar”.

“Yo soy de Honduras, me salí a los 20 años, tenía dos hijos y no tenía dinero, me acababa de separar y estaba embarazada de dos meses, me violaron… sí dejé a mis hijos con mi mamá… mi hermana que vive en Estados Unidos me mandó dinero para correr de aquello…”.

Estas tres historias nos muestran parte de la complejidad de lo que significa ser migrante: observar su nacionalidad, su género y su edad resulta verdaderamente insuficiente. Para entender y acercarnos al rostro del migrante deberíamos cuestionarnos también acerca del capital social con el que cuenta y qué es lo que le hace optar por salir de su país, cuáles son las causas de su migración, su situación familiar, su perspectiva de futuro…

Fuentes bibliográficas:

– EMIF SUR (2012): Encuesta sobre migración en la Frontera Sura de México, 2009. Serie histórica 2004-2009. México: SEGOB: Instituto Nacional de Migración, Consejo Nacional de Población / El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) / Secretaría de Relaciones Exteriores / Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

– Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (2013): “Informe estadístico sobre las características de los transmigrantes centroamericanos”. De la trilogía: Narrativas de la transmigración centroamericana en su paso por México. México: RDODM.

Presentación del libro: “Por todas partes cientos de miles” Trabajo infantil

Por José Bautista Farías, Académico #CIFS #ITESO
Foto tomada de Magis ITESO

El libro de fotografías Por todas partes, cientos de miles, coordinado por Emiliano Thibaut y Anayanci Fregoso Centeno, con fotografías de Natalia Fregoso y del propio Emiliano, es una obra conmovedora que invita a no quedar indiferentes frente a una realidad que contrasta con el discurso oficialista de “bienestar para las familias”. Este libro, nos dice Anayanci, se hizo con el convencimiento de la urgencia de documentar lo que en Jalisco viven los niños y niñas trabajadores y sus familias, ya que la profundización de la pobreza parece haberlos vuelto invisibles. Señala que “nos hemos acostumbrado a mirar niños y niñas trabajar como si formasen parte del paisaje mexicano, en condiciones muchas veces alarmantes, incluso deplorables, pero los vemos sin reparo. Como si fuera su destino y no pudiésemos hacer nada, ni siquiera indignarnos”.

Los datos, los casos y las reflexiones que aporta Anayanci en el libro, aluden a una ausencia histórica de políticas públicas a favor de uno de los sectores más vulnerables del país: las y los menores y jóvenes. Yo me voy a referir a la dimensión más sociológica de la situación de este sector de la población, para que el otro expositor aborde el libro desde la imagen fotográfica.

Los datos.

Los estudios oficiales sobre la situación de la niñez en México y en Jalisco son dramáticos y cualquier gobierno responsable sentiría vergüenza por el abandono de políticas, programas y acciones a favor de este sector.

La autora nos comparte algunos datos de este drama. En “México alrededor de 40 millones de personas son menores de 18 años. De los cuales 21.4 millones de niños y niñas viven en situación de pobreza. De ellos, cinco millones se encuentran en pobreza extrema. Lo que significa que casi seis de cada diez niños y niñas en el país son pobres[1].

Apunta que “en México, las condiciones de vida de la niñez muestran de manera evidente la disparidad entre la legislación que protege al niño y su realidad. Los niños y niñas entre 5 y 7 años son 28.9 millones. Lo que representa el 25.3 por ciento de la población mexicana. Para el 2012, la población infantil ocupada se ubicó en 3.2 millones[2]. De esta, casi un millón es menor de 14 años: estos niños y niñas trabajan a pesar de que la Ley Federal del Trabajo y la propia Carta Magna lo prohíben”[3].

Jalisco –“no canta mal las rancheras”–: es el cuarto estado con más jóvenes en el país (con 2 millones 397 mil 529). “Registra 1.1 millones de niños y niñas en situación de pobreza de los cuales más de 100 mil sobreviven en carencia extrema. De acuerdo con el décimo informe sobre la situación de los derechos de la niñez en Jalisco, en la entidad laboran siete mil niños y niñas bajo las peores formas de explotación laboral, concentrándose en los campos agrícolas donde trabajan en condiciones de franca esclavitud”[4].

De acuerdo con el diagnóstico del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033, las y los niños y adolescentes, se encuentran junto con otros, dentro de los principales grupos vulnerables del Estado: los niños y adolescentes entre 5 y 17 años de edad, cuyo número asciende a 1’586,392; seguidos por los niños de 0 a 5 años, que ascienden a 837,415[5]. (Juntos niños, adolescentes y madres adolescentes dan un total de: 2’463,054 personas, el 33.50 por ciento de la población del estado)[6]. La pobreza afecta al 49.4% de los niños de 0 a 5 años, a 49.4% de los niños en edad escolar de 6 a 11 años y a 39% de los adolescentes de 12 a 17 años.

Según el citado plan en materia educativa, Jalisco ocupa el séptimo lugar a escala nacional en cuanto a mayor porcentaje de inasistencia escolar entre los jóvenes de 12 a 29 años con 59.5%. Igual porcentaje no tiene acceso a los servicios médicos a través de las instituciones de salud.

En la agenda nacional de los derechos humanos 2013 de la CNDH[7], se ubica a las y los niños y adolescentes como los grupos de mayor riesgo de padecer violencia. Se apunta que las violaciones más frecuentes provienen de la instancia familiar donde pueden ser víctimas de abandono por omisión o incumplimiento de obligaciones alimentarias o escolares, así como de maltrato y abuso sexual. Pero no sólo la familia es un factor de riesgo para estos sectores, también lo son la escuela, las estancias infantiles, los centros de trabajo, la ciudad, los gobiernos y partidos vinculados al narcotráfico.

Las cifras anteriores –nos dice la autora– dibujan un panorama de emergencia nacional y estatal que tendría que obligarnos a todos, Estado y sociedad, a colocar a la situación de la infancia como una prioridad dentro de la agenda pública y del gobierno.

Los casos

Las imágenes y los relatos de las condiciones de vida y de trabajo de las y los menores y sus familias que aparecen en las páginas del libro, dan cuenta de una realidad social dolorosa e inaceptable –por injusta y cruel– en que se desenvuelven miles de infantes y jóvenes de nuestra entidad.

Los casos de Coni, del municipio de Tonalá, que a su tierna edad además de estudiar, apoya a su familia en las labores domésticas, cuida y limpia a sus hermanos –pues es la mayor de un total de siete–. Las jornadas de trabajo de El Torito, el Gato y su hermano Eduardo que junto con su padre se levantan a las cinco de la mañana para acudir al corte de caña en el municipio de Tala. Víctor Daniel, el niño de 13 años, obrero que vive con su abuela en la Colonia El Sauz de Guadalajara, una zona con altos índices de muerte y violencia, donde también se ubica su trabajo. Una parte de su vida transcurre entre máquinas pesadas y herramientas de precisión fabricando boquillas de instrumentos de viento. Los niños de la banda “la triunfadora de Mezcala”, conformada por siete hermanos que van de los cuatro a los 17 años, originarios de esa comunidad, que tocan todos los domingos por la tarde en el malecón del pueblo, en los restaurantes que están frente al lago. Carmen y Ernesto, sin parentesco entre ellos, viven en la Ladrillera, una colonia de Tonalá, a su tierna edad trabajan amasando el barro con sus pies descalzos. César trabaja en las costas de Puerto Vallarta, Jalisco, vendiendo ostiones en el nuevo malecón, reproduciendo el oficio de infancia de su padre. José, alias “El Pelón”, tiene 12 años y habita en la Colonia la Huizachera, del municipio El Salto, Jalisco. “El Pelón” labora diariamente en la venta de birote y pan dulce. Se desplaza en su bicicleta por las calles de terracería de esa colonia. Daniel de once años, se dedica a la compra y venta de chatarra, cartón y plástico; su empleador de nombre Lalo, le promete que pronto lo llevará con las “perfumadas”. Acude a la escuela aunque confiesa que no le gusta, pues no la encuentra útil. Janeth, de 12 años, es hija de vendedora de papas y dulces de la zona del Periférico y Colón. Apoya a sus padres con el sustento familiar los fines de semana y durante las vacaciones escolares. La mamá de Janeth tiene claro que si su hija no estudia, difícilmente podrá romper el círculo de pobreza en que viven desde hace tiempo. Francisco es el mayor de una familia de migrantes del sur del país (Chiapas), vive en Arandas, Jalisco. Trabaja junto con su padre en las plantaciones de agave, así como en la pisca de tomate, junto con su familia. El ser cristiano e indígena de piel oscura le ha dificultado estrechar lazos en esta población.

No obstante que en las fotos no figuran los nombres de las y los menores, es fácil deducir y relacionar las imágenes con los casos. La lectura me provocó interés por saber más de cada uno de ellos, pues la información sobre su situación particular es escasa, debido tal vez, a que el acento está puesto en sus condiciones de vida y de trabajo.

Las reflexiones

La autora señala que la infancia como espacio simbólico ha obligado a pensar la niñez en su condición de devenir, nublándose su vida presente, postergándose su reconocimiento como titulares de derechos con capacidad de agencia. Destaca que debemos considerar que los cambios sociales y culturales de las últimas décadas han debilitado la construcción moderna de la infancia: la expansión del mercado global, el colapso de los estados de bienestar, las crisis económicas, las migraciones, los conflictos y el incremento de la violencia e inseguridad social. La pobreza, la corrupción, los desatinos de la política económica y social, impiden el ejercicio de sus derechos de estos sectores.

Señala que no obstante las convenciones internacionales a favor de la infancia y las reformas recientemente aprobadas en México, persiste todavía una arraigada resistencia social, y a veces franca oposición, a comprender que los niños y niñas son sujetos de derechos y tienen opiniones propias. Son agentes de cambio y actores sociales.

Ante la omisión y el desdén del Estado, las organizaciones de la sociedad civil cobran un papel importante en la esfera pública en acciones a favor de la infancia, pero hay que advertir que no sólo es insuficiente su labor, sino también lo hacen enfrentando todo tipo de adversidades como la falta de recursos, el desdén de la población, la corrupción y la falta de profesionalización de los servidores públicos, así como la discontinuidad de programas gubernamentales.

La autora propone que la sociedad debe hacerse cargo de los niños, señala que la crianza, el afecto, su seguridad no pueden ser una responsabilidad exclusiva de la madre o el entorno familiar. Transformar a fondo las condiciones de la infancia requiere asumirla como una tarea social en la que Estado y sociedad debemos actuar.

Cuando el entorno familiar no puede hacerse cargo de los y las niñas, cuando las instituciones del Estado no asumen debidamente las tareas de protección social, ¿qué toca hacer?, ¿qué podemos hacer hoy desde los espacios públicos y privados en que nos movemos? Se requiere pensar en políticas públicas de gran aliento, que trasciendan la temporalidad de las administraciones del gobierno. Es por el bien de todos y ya vamos tarde.

[1] Medición de la pobreza, 2008-2010, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, México, 2012.

[2] INEGI 2010, ENOE-MTI 2011 y CONEVAL 2012.

[3] Y la propia Convención sobre los Derechos de los Niños en su artículo 32.

[4] Observatorio Ciudadano de los Derechos de la Infancia (?)

[5] Le siguen los adultos mayores de 60 años, 671,323; los hogares con jefatura femenina, 443.000; las personas con discapacidad, 290,656, la población indígena, 53,696 y las madres adolescentes, 39,247. Esto da un total de 3 millones 921 mil 729 personas en situación de vulnerabilidad, esto representa el 53.35% de la población del Estado de Jalisco (que según el Censo de Población y Vivienda del INEGI 2010, es de 7’350,862)

[6] Op. Cit. P. 400.

[7] Comisión Nacional de Derechos Humanos.

¿Exactamente qué es la violencia en contra de las mujeres?

Por: Mariana Espeleta, Académica experta en Género del CIFS ITESO

A menudo, al escuchar este término se piensa en la violencia doméstica, los golpes y las agresiones que algunas mujeres reciben en su entorno familiar, por lo general a manos de su pareja o expareja. Aunque este es uno de los aspectos más conocidos y evidentes de la violencia contra las mujeres, en realidad el término se refiere a una gama muy amplia de conductas que no siempre dejan una huella visible.

La violencia contra las mujeres se caracteriza por el componente de género. Esto quiere decir que está relacionada con la apreciación cultural que inferioriza a las mujeres, y con el desigual acceso a los recursos y al poder que permite que en una sociedad determinada, exista una estructura que tolera o incluso promueve que los hombres ejerzan un control simbólico o material sobre las mujeres; por esta razón, hablamos de un problema público que afecta a la sociedad en su conjunto, y no de un asunto privado de la esfera individual o doméstica. Haciendo un paralelismo con la violencia étnica, que se ejerce en una sociedad racista, la violencia contra las mujeres se ejerce en una sociedad sexista.

La violencia contra las mujeres, no es exclusiva ni de una región, ni de una clase social, ni de un colectivo humano particular: sucede a lo largo y ancho de todo el mundo, e incluso en los países más democráticos, igualitarios y avanzados en la atención a este problema, existen casos de violencia cotidiana en contra de las mujeres. Por supuesto, los aspectos estructurales, culturales y coyunturales de cada región particularizan las formas y la intensidad de la violencia en contra de las mujeres; ciertamente en contextos de mayor discriminación y violencia generalizada, mayor es el riesgo: las guerras, las hambrunas y las catástrofes naturales presentan condiciones de mayor vulnerabilidad para mujeres y niñas.

La violencia contra las mujeres puede ser muy sutil, apenas perceptible por quienes no la ejercen ni la padecen como el chantaje, el control o las pequeñas acciones que busquen minar la auto-confianza y la dignidad. Existen también las formas de control económico, limitando el acceso a los recursos, la comida o los medios de subsistencia. Además de estas formas de violencia ejercidas a nivel personal o comunitario, existen formas de violencia estructural -ejercidas por el Estado- a través de políticas públicas que pretenden el control del cuerpo de las mujeres y su acceso al poder, con fines de utilidad pública, por ejemplo: negar el derecho a decidir sobre el número de hijos, sobre la elección del cónyuge, negar el derecho a votar y ser votadas, a la participación en la toma de decisiones, etc.

La violencia contra las mujeres, sea sutil o brutal, impacta negativamente en todos los ámbitos sociales y solamente puede ser atajada con cambios en la estructura cultural, política y económica. Las cifras en México y en el mundo son alarmantes, y aunque se ha mejorado en algunos aspectos y regiones, también existen indicadores de que algunas formas de violencia crecen a escala global; como la trata con fines de explotación sexual y el trabajo forzado.

Para saber más:

Estadística Infográfica de ONU Mujeres: http://goo.gl/4F3Bvw

ONU Mujeres: “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”: http://goo.gl/QXyYrL

ACNUR: “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer”: http://goo.gl/YXJbrZ

Instituto Nacional de las Mujeres: “Sistema de Indicadores de Género”: http://goo.gl/ZPIy0v

Represión, desigualdad y Ayotzinapa

Por Carlos Peralta, Académico del Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz de ITESO

La represión de agrupaciones o movimientos, como la ocurrida recientemente en Ayotzinapa, no es un hecho aislado. Por más que vivamos en un régimen que se asume como democrático y defensor de los derechos humanos, se puede observar en lo cotidiano que lejos de atender de fondo los graves problemas que generan y propician las protestas sociales, estas suelen ser criminalizadas o contenidas.

En lugar de gestionar o negociar la solución de conflictos sociales, algunos gobiernos prefieren usar la vía de la represión, que si bien genera temor entre los actores y desarticula sus acciones, no atiende el origen de la inconformidad; por el contrario, genera más indignación, insatisfacción y resentimiento, con lo cual se agravan los problemas.

Tengamos presente que si la puntual actuación de los gobiernos en la contención represiva de los movimientos es lacerante, existen mecanismos que deberían identificarse como violencia estructural que contribuyen a sostener una baja calidad de vida, posibilitan diversas violaciones y obviamente, desde la perspectiva social, son vistas como agresiones al pueblo.

Podemos mencionar en esta línea la estrategia de explotación laboral que da lugar a la muy marcada desigualdad en recursos. Existe una dinámica feroz de acumulación de capital, que si bien es evidente en algunas empresas transnacionales, también se observa en empresas nacionales. La magnitud del incremento de la concentración de la riqueza, la monopolización de oportunidades y la inequidad en la representación política suponen una tendencia grave y preocupante, según la Fundación Oxfam, que además menciona en su informe “Gobernar para las élites”, que aproximadamente la mitad de la riqueza mundial está en manos del 1% de la población y que la mitad más pobre del planeta posee la misma riqueza que las 85 personas más ricas del mundo.

Para el caso mexicano en particular, según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esta desigualdad se genera por los bajos salarios de los trabajadores. A lo largo de un año cada mexicano en edad laboral trabaja un promedio de 2 mil 226 horas, mientras que en otros países de la OCDE —que engloba a 36 países industrializados—el promedio fue de mil 765 horas. A ello se suma que en su estudio, el promedio de ingreso de las familias en México es de 12 mil 850 dólares por año —unos 167 mil 000 pesos mexicanos— frente a los 23 mil 938 dólares —poco más de 311 mil 000 pesos— que las familias de los otros países analizados obtienen.

No todas las familias pueden realmente obtener los 13 mil 916.66 pesos mensuales que sugiere el estudio, ya que el salario mínimo de los mexicanos en 2014 es de 67.29 pesos diarios (Región “A”), lo cual se traduce en 2 mil 018.70 pesos por 30 días de trabajo, por persona. En otras palabras, los trabajadores en México trabajan más horas pero reciben menos ingresos, lo cual debería considerarse una fórmula de violencia estructural, porque no genera condiciones dignas de vida.

A esto debe agregársele que las empresas explotadoras de la mano de obra han encontrado en las leyes mexicanas y en diferentes gobiernos cobijo a sus políticas laborales y apoyo para el control de los inconformes. No en balde, en la literatura sobre la represión, se ha vinculado la desigualdad del ingreso a los altos niveles de represión. Mauricio Rivera (2010:74) afirma: “La población que padece mayor escasez socioeconómica experimenta mayor insatisfacción, lo que conduce al conflicto y a la inestabilidad sociales… En el último eslabón del argumento, conflicto e inestabilidad conducen al uso de la represión gubernamental”.

En el caso de Ayotzinapa observamos una normal rural donde estudian hijos de campesinos empobrecidos que sufren de violencia estructural y a la vez son críticos ante la realidad social que padecen. Estos jóvenes no se han conformado con un destino asignado, están buscando crear caminos diferentes para lograr una mejor calidad de vida en el marco de prestar sus servicios laborales como maestros. La represión de la cual fueron objeto, en la cual hubo tres muertos, varios heridos (algunos muy graves) y 43 desaparecidos, es una muestra más de las formas de violencia ilegítima ejercidas por los gobiernos, un ejemplo de represión que solo pretendía atemorizar y desmovilizar a los estudiantes pensando que la impunidad cubriría lo ocurrido. En este caso y lejos de desmovilizar, la pronta difusión de lo ocurrido ayudó a incrementar la indignación causada por la violencia y esta indignación está generando movilización y conciencia social sobre las acciones ilegítimas de los gobiernos y el futuro de los jóvenes en un país que no brinda suficientes oportunidades. Los gobiernos deben aprender que usar la violencia estructural o represiva, tarde o temprano genera indignación. La vía para atender los movimientos sociales va emparejada de mejorar su calidad de vida.

Instrumentos normativos que buscan prevenir y erradicar la violencia y discriminación contra la mujer

Por: Andrea Aquino Rizo, estudiante de ITESO

La búsqueda de la igualdad de derechos y oportunidades entre las personas se ha ido impulsando desde finales del siglo XVIII con sucesos de índole mundial, como son la independencia de los Estados Unidos de América y, más importante aún, de la revolución francesa. Paralelo a ello, aunque menos enunciado en los documentos históricos, las mujeres ha buscado la promoción y el respeto de los sus derechos, así como los de las niñas los cuales, si no eran directamente desiguales y discriminatorios respecto a los hombres en las legislaciones contempladas, ni siquiera contemplaban consideraciones legales respecto a temas de suma importancia para ellas como lo es el caso de las consideraciones especiales sobre la maternidad y del derecho a decidir sobre su propio cuerpo (asuntos que aún hoy continúan vigentes).

Debido a la relevancia que han cobrado los movimientos que promueven los derechos humanos en la arena internacional se han generado instrumentos, programas y planes de acción que promueven el equilibrio social en muchos países, entre ellos la erradicación de la discriminación y violencia contra las mujeres. En ese sentido, se plantea este documento para abordar algunos instrumentos que promueven el reconocimiento de esos derechos, alcances y consecuencias en el ámbito internacional para después analizar su influencia y funcionamiento en la legislación nacional, resaltando los puntos que aún falta fortalecer para buscar su efectividad plena.

En principio se ha de resaltar la importancia en la observación y seguimiento de los avances de los instrumentos normativos internacionales, interamericanos y nacionales en cuanto a la incorporación de la perspectiva de género para buscar la equidad entre hombres y mujeres, la cual radica en formas históricas de desigualdad de oportunidades y derechos entre los sexos, aunadas a nuevas formas y estructuras que reproducen estas diferencias. Partiendo de la necesidad de generar soluciones que busquen erradicar la espiral aparentemente interminable de discriminación y violencia de género que afectan no sólo a mujeres, sino también a los hombres[1] y a personas de la diversidad sexual y amorosa.

Resaltando en un principio la definición de discriminación contra la mujer bajo los estándares internacionales que recae en “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer”[2], podemos afirmar que, gracias a los esfuerzos de los movimientos en todo el mundo a favor de los derechos de las mujeres, se han concretado esfuerzos importantes orientados a las reformas en la legislación internacional para a impulsar la igualdad y la equidad[3] en todos los aspectos de la vida social entre hombres y mujeres.

A pesar de los avances que se han suscitado, los logros internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres asumen la limitativa en la imposibilidad punitiva que restringe a estos organismos de aplicar sanciones fuera de la presión política de manera general y, en casos graves, la imposición de algunas multas administrativas de manera particular -siendo el ejemplo predominante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)-. Esta imposibilidad de afección real internacional ha provocado que sus cuerpos normativos no puedan exceder —en cuanto a la práctica— a la de un manual de fuertes sugerencias.

En ese sentido, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) por ejemplo, se da a la tarea -desde su entrada en vigor el 3 de septiembre de 1981- de salvaguardar el principio de igualdad y erradicar la discriminación hacia la mujer con el compromiso de los Estados parte de proteger jurídicamente a este grupo, a partir de medidas orientadas a prevenir la distinción social, política, económica, de identidad y de oportunidades, creando así al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para resguardar la CEDAW. No obstante, no pasa de un compromiso no vinculante recalcado en cada uno de sus artículos y resaltado en su artículo 24.

En seguimiento con lo anterior, la CIDH como el único organismo interamericano facultado para imponer multas por la violación de los Estados parte de los derechos humanos de sus ciudadanos, crea la Convención de Belem do Pará, publicada en 1996 y ratificada por México en 1998, en donde se afirma que la violencia contra las mujeres — definida en su artículo primero como “cualquier acción o conducta basada en su género, que le cause muerte, daño o sufrimiento, físico, sexual o psicológico”[4]— constituye una violación a las libertades fundamentales y limita el goce y ejercicio de sus derechos humanos. En su artículo décimo, los Estado parte se obligan a rendir informes, tomar medidas y asistir a las mujeres que hayan sufrido de violencia con el objeto específico de prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.

El hecho de que esta Convención se haya creado específicamente para lo anteriormente descrito, implica que existe un modelo predominante de violencia hacia las mujeres de carácter discriminativo que impulsó a un organismo interamericano a crear un dispositivo que los faculta a sancionar este delito en particular, poniéndole énfasis en la gravedad a nivel político-social. El instrumento, además, reconoce la responsabilidad del Estado en la omisión de su toma de medidas preventivas e incluso la reproducción de éste fenómeno.[SGA1]

[1] Desde los planteamientos de igualdad y equidad entre los sexos, se debe de entender que a pesar de que existen las exigencias sociales por cuestión de género que afectan el actuar tanto de hombres como de mujeres, la multiplicidad de las experiencias y formas de vida que experimenta cada ser humano de manera individual significa que no existe una fórmula efectiva de ser hombre o mujer.

[2]Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Artículo 1, Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. Entrada en vigor en México: 3 de septiembre de 1981.

[3] En cuanto al logro de la distinción entre los términos de igualdad y equidad, son memorables los esfuerzos de las latinoamericanas que nos representaron en la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Pekín al recalcar que la búsqueda de la igualdad implicaba la necesidad de la mujer en asemejarse con los hombres para poder gozar de sus derechos de forma formal y androcéntrica. Es decir, “mientras la igualdad exigiría un trato idéntico para todas las personas, la equidad permitiría trato diferente para cada género dependiendo de sus necesidades”. Sin embargo, señala Alda Facio en su artículo “¿Igualdad y/o Equidad?” —un extracto del proyecto denominado “Superando obstáculos para la transversalidad de Género en América Latina y el Caribe” —, incluso hoy en día predomina la utilización del término igualdad sobre el de equidad debido a su exigencia al Estado y por su inferencia internacional que busca la erradicación de la discriminación en todas sus formas, en contraste con la equidad, que se considera un ideal social y que reclama una nivelación de la balanza entre la protección de los derechos de las mujeres sobre los de los hombres.

[4] Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también conocida como “Convención de Belém do Pará”, Adoptada el 9 de junio de 1994 y ratificada por México el 19 de junio de 1998.

En[SGA1] nuestro país, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia (LGAMVLV) fue una consecuencia obligada de las convenciones anteriormente citadas —entre otras—, a pesar de que no se publica hasta principios del año 2007, es decir, nueve años después de la ratificación y compromiso del Estado mexicano de proveer con las medidas de la Convención de Belém do Para y casi 26 años desde la entrada en vigor de la CEDAW. Y más bien debe su existencia al escrutinio internacional ante la ola de feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez y su incuestionable impunidad. Esta ley nos invita a una mezcla de las buenas intenciones obtenidas de las convenciones internacionales de las que se basa su legislación con una mayor proporción de la recopilación y combinación de regulaciones ya existentes previamente en la legislación local[1].

A pesar de que la LGAMVLV debió de fungir como el instrumento que, a partir de la generalidad tan vasta de los organismos internacionales e interamericanos, consiguiera bajar lo abstracto a lo concreto y ajustarlo a nuestro contexto nacional, los órganos legislativos mostraron un esfuerzo reducido y meramente político con la elaboración de esta Ley. Esto con razón en la que sólo un par de artículos (el 9 y parte del 17) buscan una medida específica para la solución y prevención del conflicto.

No obstante, las batallas por conseguir instrumentos que prevengan y erradiquen las situaciones de violencia, discriminación, desigualdad e inequidad entre hombres y mujeres, inspirados en las convenciones internacionales e interamericanas, no han cesado; al contrario, han intentado adaptarse y progresar en este ámbito. Un ejemplo claro es el Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito de Feminicidio en el Estado de México, que se presenta como una guía práctica para la correcta investigación de los feminicidios, es decir, homicidios provocados por la convicción de que las mujeres son personas de menor valía que los hombres y que por lo tanto pueden ser objeto de castigos crueles por el simple hecho de ser mujeres.

Sin embargo, la magnitud del problema político, social, cultural, económico y educacional que provoca la discriminación y los malos tratos hacia las mujeres es aún más grande y complejo. Como ejemplo, este mismo Estado ha sido negligente en cuanto a sus obligaciones pues aunque ocupó el primer lugar en asesinatos violentos de mujeres en el país[2], se negó ya en dos ocasiones (la primera en el 2011 y la segunda en el 2013) a declarar la alerta de género contenida en la LGAMVLV.

El funcionamiento laxo que se da en estas situaciones provoca un obstáculo para llegar al equilibrio en cuanto a derechos y obligaciones entre hombres y mujeres, y por lo tanto, se deben buscar maneras de llegar no solo a una ley más aterrizada al contexto mexicano, sino también práctica para la eficiencia de la protección de estos derechos y, por lo tanto, del combate contra la discriminación de la mujer en los términos señalados al principio de este escrito. Con lo antes mencionado, las facultades que sí posee el gobierno interno en cuanto a la reforma de su legislación y la imposición de sanciones penales y/o administrativas es un factor indispensable que, utilizadas adecuadamente, puede impulsar a la sociedad a vivir una perspectiva de género justa si adicionalmente se busca la creación de una ley adjetiva que refuerce a la anterior.

[1] Un ejemplo de esto es que en el estado de Jalisco, en su Código Penal, nos encontramos que un parricidio tiene el mismo rango de pena privativa de la libertad que un feminicidio a pesar de que este último no siempre se ocasiona por un familiar de la víctima. Esto lleva a las autoridades a justificar en muchas ocasiones que no se considere investigar el delito de feminicidio en ámbitos familiares por la facilidad de encuadrar el tipo penal con el parricidio, ahorrándose así las consecuencias políticas y sociales que acarrearía el tipificar un delito de feminicidio.

[2] Estadística tomada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) con fecha hasta el 2010; Bräth, Eva, “Feminicidios en México. Organizaciones de derechos de las mujeres y derechos humanos luchan

contra la cultura del silencio”. Artículo en internet, Consultado el 15/11/2014. http://www.boell-latinoamerica.org/downloads/HBS-Feminicidios_MC.pdf

[SGA1]SEGUNDA PARTE INICIA AQUÍ

Derechos Humanos y una mirada a la Paz

Por: Mtro. Gerardo Moya García.

El primer abordaje que habría que hacer desde el paradigma de los Derechos Humanos, es que la Paz es entendida inicialmente como un derecho humano de tercera generación: “El derecho de los pueblos a la Paz”, junto con el del medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, o el derecho de los pueblos a la solidaridad internacional, entre otros.

En este sentido, nos encontramos en su ejercicio, frente a un derecho que los pueblos tienen frente a otros pueblos en el mundo globalizado de hoy, en el que la función de los Estados, es proactiva frente a otros Estados y otros pueblos del planeta en la prosecución de dicho fin.

Dicho de una manera sencilla, es el derecho que tenemos los pueblos, de llamar la atención sobre la Paz, cuando dos o más Estados o pueblos entran en Conflicto, ya que las consecuencias de ello, a nivel bélico, económico, político en el mundo de hoy, puede repercutir en el bienestar y en la vulneración per sé de otros derechos, no solo de las partes implicadas en el conflicto, sino del resto del planeta.

Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 57a sesión plenaria del 12 de Noviembre de 1984, (hace 30 años), emite la “Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz”, cuya pretensión principal entre otras, fue la de prevenir una catástrofe nuclear mundial. En dicha Declaración, se reconoce que garantizar que los pueblos vivan en Paz, es el “DEBER SAGRADO”de todos los Estados.

Ahora bien, para defender éste derecho a nivel global, se requiere de la intervención de los Estados (al ser un “deber” para éstos) a través de los organismos Internacional o Regionales competentes. (Consejo de Seguridad o de Derechos Humanos) en el caso del Sistema Universal, o sus símiles en los Sistemas Interamericano, Africano o Europeo. El primer embate es entonces, el corto alcance que aún tienen dichos sistemas, cuyo único sostenimiento a la postre es el “acuerdo” de los Estados.

El otro embate a nivel global, lo lidera el falso debate: “derecho a la paz versus derecho a la seguridad”, en tanto que los Estados-Nación manipulan, persiguiendo sus propios intereses, con-venciendo de que es factible alterar la Paz, para salvaguardar la Seguridad de los mismos. En este sentido, uno de los principales obstáculos para la Paz entre los pueblos, es precisamente la malversación del derecho a la Seguridad. Dicho sea de paso, al interior de los Estados-Nación sucede lo mismo.

Sin embargo, cuando surgen conflictos en niveles locales o menores, el paradigma de los derechos humanos, desde el punto de vista de la gestión de conflictos que perturban la paz, se queda corto. Pensemos en el trato otorgado a la reivindicación Zapatista; o a la famosa “declaración de guerra contra el narco” de la pasada administración en México y sus fatales implicaciones, mismas que continúan con este gobierno. ¿Qué sucede con la regulación del uso de las armas? ¿Qué hay de la comisión de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en labores de “seguridad interna”?

La “justiciabilidad” en el caso de las violaciones de derechos humanos; es decir, la judicialización y sometimiento a diversos procedimientos legales de dichas violaciones, nos llevan a la postre y de comprobarse las mismas, a solicitar la reparación del daño a las víctimas, medidas de no repetición, capacitación a servidores públicos, actos públicos de reconocimiento de la responsabilidad del Estado, y por supuesto la concebida “sanción” (económica, de privación de la libertad etc.) de los responsables.

Es ahí, en donde las teorías de Paz, pueden ofrecer luz, respecto de “otras maneras de gestionar” la defensa de violaciones de derechos humanos, que no generen mayor conflicto, resentimiento, o simulación de “conversión” por parte de las autoridades como generalmente sucede, pero cuya gestión permita resarcir los daños de las víctimas, sin violentar otros, o incluso los mismos derechos humanos que fueron violados, en el caso extremo de la pena de muerte, aplicada aún en algunos Estados.

cifs.iteso.mx

Calaverita #CIFS “Al mal gobierno”.

“Al mal gobierno”.

Por: José Bautista

La muerte asustada está de tanto conflicto social, pero más le indigna trabajar horas extras sin compensación salarial.

El caso de Ayotzinapa hasta a la muerte preocupa, porque ahora su lugar ha sido ocupado por quién nos debe cuidar,

La policía nos maltrata, los partidos y el narco se han vuelto uno, nos matan.

Si así las cosas están, la muerte muy pronto estará desempleada y acabada, y a los mexicanos más nos llevará la chingada.

La muerte tranquila estaba dormida en su aposento, sin darse cuenta que a México han convertido en un camposanto.

Los niveles de gobierno ya ni la burla perdonan, si no van a defendernos del crimen organizado, al menos no nos estorben para autodefendernos.

El caso de Ayotzinapa no es un asunto aislado, a mi me suena más bien a un crimen más del Estado.

La indignación general que ha ocasionado este hecho, ha rebasado fronteras que no logran llenar el hueco, que han dejado los 43 normalistas del Estado de Guerrero por parte del mal gobierno y los “Guerreros Unidos”.

Al gobierno y los partidos no les conmueve este caso, porque bien agarrados están del hueso que los mantiene alejados del ocaso.

La población indignada está quemando edificios de partidos muy bribones,

la verdad ya estuvo bueno de gobiernos tan ladrones.

La muerte empoderarse quiere pa’ soportar el trabajo de una fosa espectoral, para enterrar a toda la cloaca política con su democracia electoral.

Programa Empoderamiento y Conflictividad Social.