Escrito por Paloma Patlán, becaria del PRAMI.
“El Estado mexicano tiene la obligación de proteger el derecho a la vida de todas las personas, incluyendo a los migrantes”.
El 22 de agosto del 2010, se encontraron a 72 migrantes asesinados por una organización criminal en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. El caso de San Fernando fue una alerta sobre la situación que los migrantes centroamericanos vivían y la vulnerabilidad en la que se encontraban por ello, este trágico suceso marcó la ruta para la atención a otros casos de graves violaciones a derechos humanos; así como la aprobación de la Ley de Migración. Sin embargo “las organizaciones observamos que esta acción no ha sido suficiente para enfrentar adecuadamente los desafíos que el contexto actual plantea”, declaró el Foro Migraciones en un comunicado de prensa, donde el Programa de Asuntos Migratorios del CIFS-ITESO forma parte.
A 3 años de la masacre de San Fernando, México sigue siendo un territorio peligroso para la sobrevivencia de los migrantes y en su paso hacia el sueño americano su vida corre peligro por causa del crimen organizado coludido con el gobierno, las extorsiones, los asaltos y las difíciles condiciones de transporte en las que se ven inmersos.
El pasado 25 de agosto se descarriló el tren de carga llamado “La bestia” en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, y hasta el momento son 11 las personas fallecidas, entre ellos migrantes centroamericanos. “En la bestia viajaban migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador y hasta el momento se desconocen las causas del accidente”.
La forma en la que estos viajeros transitan subiéndose a un tren de carga no es un gusto personal por admirar las estrellas, si no el único medio con el que cuentan para no ser vulnerados por ser indocumentados en un país en donde según la Ley de Migración: “El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo” se queda sólo en el papel.
No existe una protección a los derechos humanos por parte del Estado mexicano hacia las personas migrantes y en el contexto actual se viven las mismas ineficiencias del gobierno para proteger sus derechos y libertad de tránsito, en este sentido el Estado tiene que asumir una verdadera responsabilidad y la sociedad civil exigir la verdad y estar al tanto de las acciones que se realizan en el tema de los migrantes.
Son las organizaciones de la sociedad civil y las exigencias de las propias personas migrantes y sus familias las que han tenido un papel importante en la mejoría de sus condiciones de vida y el cumplimiento de sus derechos que por ley el Estado les debe otorgar.
Actualmente La 72 Hogar- Refugio para personas migrantes ubicada en Tenosique, Tabasco está brindando ayuda a los afectados por el descarrilamiento del tren y al ser una institución no lucrativa trabaja gracias a los donativos. Si deseas hacer una donación puedes hacerla a la siguiente cuenta:
Héctor Tomás González Castillo
No. de cuenta: 5204 1670 7926 9692
Por favor confirma tu donativo al correo la72.comunicacion@gmail.com
* Para mayor información sobre la labor de La 72 AQUÍ y observa ESTE video
* Otras organizaciones comprometidas con la protección a los migrantes son:
La organización Artículo 19, que toma su nombre de la Declaración Universal de los Derechos Humanos -la cual garantiza la libertad de expresión-, y es una organización independiente de Derechos humanos que trabaja alrededor del mundo para protegerla y promoverla.
* Ve ESTE video sobre el Articulo 19 que expone sobre la verdad del caso de San Fernando y la violación grave a Derechos Humanos sobre acceso a la información que el Estado mexicano generó.
* El proyecto 72 migrantes se desarrolló a partir de colaboraciones con periodistas y escritores que narran textos en conmemoración a las víctimas y se crea conciencia del problema que causó su muerte. Conoce su trabajo y material literario AQUÍ
* Para conocer más sobre el caso de San Fernando ve ESTE video