Escrito por Paloma Patlán, becaria del PRAMI.
“El Estado mexicano tiene la obligación de proteger el derecho a la vida de todas las personas, incluyendo a los migrantes”.
El 22 de agosto del 2010, se encontraron a 72 migrantes asesinados por una organización criminal en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. El caso de San Fernando fue una alerta sobre la situación que los migrantes centroamericanos vivían y la vulnerabilidad en la que se encontraban por ello, este trágico suceso marcó la ruta para la atención a otros casos de graves violaciones a derechos humanos; así como la aprobación de la Ley de Migración. Sin embargo “las organizaciones observamos que esta acción no ha sido suficiente para enfrentar adecuadamente los desafíos que el contexto actual plantea”, declaró el Foro Migraciones en un comunicado de prensa, donde el Programa de Asuntos Migratorios del CIFS-ITESO forma parte.
A 3 años de la masacre de San Fernando, México sigue siendo un territorio peligroso para la sobrevivencia de los migrantes y en su paso hacia el sueño americano su vida corre peligro por causa del crimen organizado coludido con el gobierno, las extorsiones, los asaltos y las difíciles condiciones de transporte en las que se ven inmersos.
El pasado 25 de agosto se descarriló el tren de carga llamado “La bestia” en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, y hasta el momento son 11 las personas fallecidas, entre ellos migrantes centroamericanos. “En la bestia viajaban migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador y hasta el momento se desconocen las causas del accidente”.
La forma en la que estos viajeros transitan subiéndose a un tren de carga no es un gusto personal por admirar las estrellas, si no el único medio con el que cuentan para no ser vulnerados por ser indocumentados en un país en donde según la Ley de Migración: “El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo” se queda sólo en el papel.