Por Carlos Peralta Varela, coordinador del Programa Institucional de Derechos y Paz del ITESO y académico del Centro de Investigación y Formación Social [CIFS- ITESO].
En el marco de la inseguridad y de los graves crímenes que afectan a la sociedad, hace cuatro años, el 21 de agosto del 2008, se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública. Actores públicos, tanto de la izquierda como de derecha, con el respaldo de un sector de la sociedad civil, se propusieron como objetivo disminuir la inseguridad y la delincuencia. Para ello se pusieron en marcha diferentes acciones que pretendían atacar deficiencias en la administración y procuración de justicia. Algunas de estas acciones se encaminaron al endurecimiento de los controles de seguridad en la procuración de justicia; entre éstas se incluyó el certificar a la policía para asegurarse de su honradez. En ese entonces, se consideró que todas las policías del país deberían haberse evaluado y certificado para enero del 2013.
Las evaluaciones para lograr la certificación tienen cinco fases: examen toxicológico, médico, psicológico, nivel socioeconómico y polígrafo. Es importante mencionar que el ingreso de nuevos elementos a las policías municipales y estatales, así como a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ), que no sean evaluados satisfactoriamente con las pruebas de control de confianza, está penado con cárcel para quien lo haya autorizado, según la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La misma ley define que a partir de enero del 2013, quien no esté certificado será cesado. Se condicionan entonces los nuevos ingresos, la permanencia, los ascensos y promociones, a la certificación. La intención es depurar los cuerpos policiacos para tener una policía más confiable.
Sin embargo, en septiembre del 2012, a pocos meses de que se cumpla el plazo límite para evaluar y certificar, debemos preguntarnos ¿se están logrando las metas?, ¿la depuración de la policía se está realizando?
En julio del presente año se dio a conocer que Jalisco junto con Quintana Roo y Yucatán, era una de las entidades más rezagadas en la aplicación de las evaluaciones de control de confianza a los cuerpos policiacos. Aproximadamente 3,450 elementos (15%) de los cuerpos policiales y de procuración de justicia habían sido sometidos a las pruebas, de un total poco mayor a los 20 mil elementos policiacos. Se alegó entonces lentitud en el procedimiento por falta de equipos y de expertos para hacer los exámenes.
Cabe mencionar que en los dos últimos años, vinculado a la rotación por la violencia en el estado, pero también relacionado con el proceso de evaluación, ha disminuido sensiblemente el número de policías en la entidad. En 2010, las autoridades federales tenían registrados a 23 mil 229 elementos en la entidad, mientras que para el 2012 se tienen en activo 20 mil 178 policías de las diferentes dependencias, según el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Salas . Entre los que renunciaron se encuentra el ex secretario de Seguridad Ciudadana, Servando Sepúlveda Enríquez, que renunció en abril del presente a su cargo aludiendo cuestiones personales, pero que se destacó por no realizar las evaluaciones a pesar de que fue requerido en cinco ocasiones.
A inicios de agosto El Informador (6-VIII-2012), daba a conocer que de todos los policías evaluados hasta ese momento a nivel nacional, el 14.5% había reprobado, mientras que en Jalisco el 25% de los policías habían obtenido resultados no satisfactorios en sus evaluaciones de confianza, principalmente por la prueba poligráfica. Específicamente, el 30% de los policías del municipio de Guadalajara, había reprobado las pruebas de control de confianza hasta ese momento.
Pero la danza de las cifras continúa su marcha. El 28 de agosto se afirmó que sólo se habían evaluado al 50% de los elementos policiacos en el país. De éstos, 62% aprobó, un 17% fue considerado como “no apto” y el 21% esperaban resultados. Sin embargo sólo se habían dado de baja a 8.84% de los 37,604 policías que fueron calificados como “no aptos”, el resto siguen laborando en las corporaciones.
El tiempo corre y no se cumplirá con la meta. El 10 de septiembre se expuso que solo el 28% de los policías tapatíos habían sido evaluados , es decir 897 elementos de un total de 3,200 han hecho los exámenes. En este municipio, como en el resto del estado, si bien han avanzado en la aplicación las pruebas, están muy lejos de la meta. El presidente municipal de Guadalajara calcula que heredarían más del 50% de las pruebas a la siguiente administración, misma que tendría tres meses para intentar cumplir con el 100%. Esta cifra debe compararse con los avances a nivel estatal, dado que también el 10 de septiembre, el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Homero Salas Torres , mencionó que poco más de 8 mil policías estatales (aproximadamente el 40% de los 20 mil elementos), había completado sus exámenes de confianza.
Reflexiones para preocuparnos:
1) Está disminuyendo el número de policías en la entidad y no podemos dudar que en alguna medida se deba a las evaluaciones. La estrategia de seguridad pública de los gobiernos está en buena medida basada en tener más y mejores policías, ¿cómo enfrentarán las autoridades esta disminución en el número de operativos?, podemos suponer que al término del proceso de evaluación, habrá muchos menos policías porque renunciaran o porque serán dados de baja.
2) Por otro lado, se sabe que no se han dado de baja a todos los policías que reprobaron las evaluaciones, y cabe preguntarse ¿Por qué no los corren si la idea es sólo tener policías confiables?. Tan sólo en Guadalajara, cerca del 30% de los policías que han hecho las pruebas las han reprobado, ¿pueden suplir tantas bajas?
3) Una posible razón para no dar de baja a los policías es la falta de recursos. Posiblemente no contemplaron el costo de la indemnización laboral a un grupo tan significativo de su personal. Algunos de los policías podían tener varios años de labor y debe indemnizárseles conforme a la Ley. Nos preguntamos ¿tendrán recursos para indemnizar a todos los reprobados?
Se busca certificar para tener confianza en los elementos policiacos, sin embargo la repercusión de la evaluación aún no se percibe a cabalidad. Debe considerarse un proceso positivo, pero que obligará a trabajar con un número menor aunque más selecto de policías. En cualquier caso diversos analistas han mencionado que el problema de la seguridad pública no se resolverá con más policías, puede ser el momento de cambiar el paradigma de la atención a la inseguridad y poner como centro el mejorar la calidad de vida de la población y no el mejorar la cantidad de policías y armas. Nos merecemos una reflexión profunda sobre el papel de la policía y la estrategia para atender la seguridad.
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Fuentes
(1) La Policiaca. http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/completan-pruebas-de-confianza-40-de-policias/#ixzz2654R5taJ
(2) El Economista, 28 de agosto del 2012. Tania Rosas
(3) Milenio. 10 de septiembre del 2012. Yensi Velazquez
(4) La Policiaca: http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/completan-pruebas-de-confianza-40-de-policias/#ixzz2654R5taJ
Una vía de desahogo, podría ser la modificación de la reglamentación municipal en el sentido de que implique el cese de un elemento el hecho de no pasar las puebas de confianza, en tal sentido y derivado de un proceso administrativo, una resolución de autoridad competente por una falta como tal, no tendría que ser indemnizada, porque el despido estaría justificado…