Por Carlos Peralta Varela, coordinador del Programa Institucional de Derechos y Paz del ITESO y académico del Centro de Investigación y Formación Social [CIFS- ITESO].
En el marco de la inseguridad y de los graves crímenes que afectan a la sociedad, hace cuatro años, el 21 de agosto del 2008, se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública. Actores públicos, tanto de la izquierda como de derecha, con el respaldo de un sector de la sociedad civil, se propusieron como objetivo disminuir la inseguridad y la delincuencia. Para ello se pusieron en marcha diferentes acciones que pretendían atacar deficiencias en la administración y procuración de justicia. Algunas de estas acciones se encaminaron al endurecimiento de los controles de seguridad en la procuración de justicia; entre éstas se incluyó el certificar a la policía para asegurarse de su honradez. En ese entonces, se consideró que todas las policías del país deberían haberse evaluado y certificado para enero del 2013.
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