Informe sobre la situación de los derechos humanos en México en el sexenio de Calderón

Por Jorge Rocha, coordinador de la Maestría en Política y Gestión Pública e integrante del Programa de Derechos Humanos y Paz ITESO.

Como ya dio cuenta Mauricio Ferrer en una excelente nota el martes pasado, José Rosario Marroquín, SJ, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), presentó en Casa ITESO-Clavigero el informe Transición traicionada: los derechos humanos en México durante el sexenio 2006-2012. El documento consta de siete capítulos y las conclusiones que hacen un repaso del desastre que representó el sexenio de Felipe Calderón en materia de derechos humanos.

En el capítulo segundo, que trata sobre la violencia, el Prodh confirma que la estrategia de Calderón para combatir la delincuencia organizada generó más saldos negativos que positivos; por ejemplo se menciona que entre 2006 y 2010 mil 226 niñas, niños y adolescentes murieron en medio de fuego cruzado o por ataques directos. También que como en ningún sexenio la seguridad pública se militarizó y uno de los efectos nocivos de esta acción es que entre los años 2010 y 2012 una de cada tres quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fueron contra la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina, es decir, el incremento de las presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de estas instancias se incrementó profundamente. Además se corrobora que la impunidad sigue siendo un problema lacerante en el país y que gracias al calderonismo México se convirtió en el país más peligroso en el continente para ejercer el periodismo.

En el siguiente capítulo el Prodh expone las violaciones a los derechos humanos que suponen los llamados “mega proyectos de desarrollo”. Se toca con detalle el caso de las mineras y señalan que las formas como se ejerce esta actividad son profundamente depredadoras del medio ambiente. Además, estos proyectos de inversión han crecido sin control en los dos sexenios presidenciales panistas, es decir, de 2000 a 2012 se concesionó el 26% del territorio nacional a empresas mineras, que representan 56 millones de hectáreas. La mayor parte de estas empresas son de origen canadiense. [ver artículo completo aquí]

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