Por: Gerardo Ballesteros de León, Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz
El taller sobre juicios orales impartido por Juan López y Edgar Cortés del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) en el ITESO constituye uno de los incipientes esfuerzos para desarrollar el tema del nuevo sistema de justicia penal en México. Tema paradigmático, porque su conocimiento implica la reconstrucción de la justicia del monopolio de la fuerza del Estado y de los derechos humanos en el sistema mexicano; y también, paradigmático por el ejercicio de memoria histórica para comprender las instituciones que nos han regido desde la forja revolucionaria de 1917 hasta la actualidad, considerando todos los elementos críticos, discutibles y de reflexión.
La enseñanza que nos siembran Juan López y Edgar Cortés está en comprender la profunda dimensión de este nuevo sistema, que no sólo trata de una reforma legal, sino un cambio constitucional que deriva en un golpe de timón en las principales autoridades responsables de la justicia en México. La dimensión es la de un cambio de tradición jurídica, lo que implica nuevas prácticas, ideas y estrategias para los operadores típicos de este entorno: abogados litigantes, jueces, funcionarios de tribunal, ministerios públicos, policías, hasta miembros de las fuerzas armadas. Y la mejor impronta que nos deja este taller, en mi opinión personal, está en la oportunidad que merece este cambio para otro tipo de mentes, de ideas y de operadores sobre el entorno de la justicia. Es oportunidad para poner sobre la mesa de decisión y de trabajo en materia de justicia, a los defensores de derechos humanos, los promotores de la mediación de conflictos, los psicólogos, educadores y científicos que puedan generar contribuciones para la procuración y administración de justicia, así como para la restauración de la sociedad.
Aunque es importante reconocer el momento en que nos encontramos, esto es, que si bien se han realizado las reformas constitucionales, esto no significa que los cambios de paradigma del poder o los cambios de tradición en la justicia vayan a darse por si solos, como si la letra de la Constitución fuese un mantra de magia cívica. Para que se levante un sistema de justicia con derechos humanos, con responsabilidad de ministerios públicos y policías; y para evitar que permanezcan los mecanismos autoritarios de persecución de los delitos por medio de la tortura o mediante acusaciones infundadas, lo que se necesita es forjar una tradición mediante la organización y el ejercicio de los derechos fundamentales conforme los valores constitucionales que se han puesto sobre la mesa. La labor, entonces, está en la cancha de las instituciones públicas, de los gremios profesionales, organizaciones civiles, y por supuesto, de las universidades y centros de estudio.