Por: Gerardo Ballesteros de León, Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos,
Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz.
El derecho a la información en México no ha sido construido mediante la práctica, sino por iniciativas políticas de gran escala. En un lapso de siete años en México se elaboraron 33 leyes, se crearon el mismo número de órganos garantes, se fijaron normas archivísticas y han venido al cauce dos grandes plataformas informáticas de acceso a la información. Esta tendencia se explica dentro de lo que Ackerman y Sandoval denominan como la “Explosión global de leyes de acceso a la información”1. Sobre esta tendencia, se puede explicar la legislación en Jalisco y las sucesivas reformas, la nueva ley. En algunos casos existen leyes bien diseñadas, en otros casos como el de Jalisco, la Ley de Transparencia recién publicada es lamentable. En algunos casos, el órgano garante para el acceso a la información es realmente autónomo y de avanzada, como sucedió en el primer ciclo del IFAI y en el actual Instituto del Distrito Federal.