Por: Carlos Peralta Abril 23 del 2015
Como todos sabemos Juan E. Méndez, relator del tema de tortura de la Organización de las Naciones Unidas, visitó nuestro país entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014. Su informe sobre la situación de México fue presentado en Noviembre del 2014 y en éste se confirma que las fuerzas de seguridad torturan a personas detenidas, sobre todo cuando se trata de individuos presuntamente relacionados con la delincuencia organizada. El dato de hace unas semanas es que al gobierno mexicano confirmó la existencia de la tortura, pero se escandalizó y puso en entredicho el profesionalismo del relator porque se atrevió a afirmar que la tortura es generalizada.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó sin la menor ambigüedad que existen retos significativos para lograr una mejor y más amplia protección de los derechos humanos en el país, reconoció que la tortura constituye una práctica a la que todavía se recurre en distintas formas y que no ha sido del todo erradicada. Sin embargo consideró inadecuado el afirmar que la tortura es generalizada.
Parece sínico el hecho de aceptar que existe tortura y al mismo tiempo no querer reconocer que esta práctica es común y se realiza en diferentes estados del país. La presencia de la práctica de tortura es muy relevante porque evidencia el deficiente sistema de investigación científica y el uso de prácticas como la detención arbitraria, la incomunicación y la fabricación de culpables; lo cual a la larga debilita el sistema de impartición de justicia y contribuye a la impunidad.
La tortura es también un tema importante para Jalisco. El pasado 10 de marzo, nuestros diputados aprobaron una nueva Ley para Prevenir, Sancionar, Erradicar y Reparar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes del Estado de Jalisco. También aprobaron diversas modificaciones al Código Penal y a otras leyes. En el aspecto positivo se contemplan penas de hasta 12 años de cárcel y multas de 200 a 500 salarios mínimos para quienes cometan este delito.
Además obliga a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) a denunciar los casos en los que reciba quejas por este tipo de prácticas. Sin embargo debemos preguntarnos ¿realmente existe voluntad política en Jalisco para terminar con la tortura? Contábamos con una ley contra la tortura (vigente desde hace 22 años), que nunca fue aplicada. Nunca se sancionó a algún funcionario por esta práctica. Existen cientos de quejas por tortura y la CEDHJ ha emitido más de 40 recomendaciones, pero ¿qué sentido tiene tener una ley si no existe voluntad para aplicarla? Esperemos que esta nueva ley marque el inicio de una voluntad renovada en la lucha contra la práctica de tortura.