Por: José Bautista Farías, Académico Investigador del CIFS-ITESO
La Red de Rendición de Cuentas (RRC) elaboró un “Programa Especial de Rendición de Cuentas (PERC) del Gobierno Federal 2014-2018” (disponible en: http://rendiciondecuentas.org.mx/PERC/) que contiene propuestas de objetivos, líneas de acción e indicadores para que el Ejecutivo Federal las lleve a cabo. En su elaboración participaron 75 instituciones académicas, públicas y organizaciones sociales que forman parte de dicha red.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se reconoce que en la “Administración Pública del país existen diversos factores que inciden negativamente en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Esto incluye deficiencias en materia de documentación y archivos, así como problemáticas relacionadas con la asignación presupuestal y su vinculación con mecanismos de evaluación. La diversidad de criterios y la fragmentación institucional no logran generar resultados comparables sobre la gestión pública, ni producir efectos eficientes en el combate a la corrupción, ni en el control eficaz de las políticas públicas”. En síntesis, en rendición de cuentas andamos mal y en combate a la corrupción peor.
En el diagnóstico que presenta la RRC en programa citado, se apunta que los mexicanos hemos avanzado en la institucionalización de los valores de la democracia en los procesos político-electorales, pero no hemos conseguido democratizar el ejercicio de la autoridad pública. Se destaca la ausencia de una política integral, coherente y completa para que los gobernantes informen, expliquen y justifiquen cómo usan los dineros públicos, cómo toman decisiones, cómo responden ante los errores o fallas de las políticas y programas de cuyo diseño, implementación y gestión son responsables. Se señala que la eficacia del gobierno en el logro de objetivos con apego a la legalidad y responsabilidad financiera sigue siendo muy cuestionable. Se apunta que prevalecen importantes problemas de simulación, asimetrías en los criterios empleados por las instituciones gubernamentales para determinar qué documentos deben considerarse públicos, y existen fuertes resistencias a la apertura informativa en varios sectores. Se dice que los esquemas de asignación presupuestal siguen descansando en la inercia y en la opacidad, basados en la discrecionalidad y el cálculo político.
Las propuesta del PERC gira en torno a siete ejes: i) un sistema de rendición de cuentas integral, coherente y articulado que justifique las decisiones de política tomadas e identifique a los responsables de su implementación; ii) un sistema de gestión de archivos ordenado; iii) mecanismos que aseguren el derecho de acceso a la información pública bajo principios de máxima publicidad y disponibilidad; iv) la asignación y ejercicio presupuestal consistente, integral, transparente, orientado a resultados; v) un proceso de adquisiciones gubernamental eficiente, transparente y honesto, que los ciudadanos puedan conocer oportunamente; vi) un sistema de contabilidad armonizado y transparente, y vii) mecanismos eficaces de monitoreo y evaluación de objetivos oportunos.
Se plantean objetivos, líneas de acción e indicadores para cada uno de los ejes. En cada punto se aportan datos y argumentos que resaltan la problemática y necesidad del cambio a favor de buenas prácticas de rendición de cuentas. Por ejemplo, se apunta que actualmente el presupuesto público se entiende sólo como un instrumento del gobierno y no como una herramienta al servicio de los ciudadanos. A este respecto, el 53% de los países encuestados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el tema de procedimientos presupuestales, hace pública la metodología de sus proyecciones macroeconómicas y fiscales, en México se mantiene en la opacidad. La OCDE documentó que 50% de los países hacen revisiones de fiscalización independientes, en México esto aún no sucede. Por si fuera poco, en nuestro país una vez aprobado el presupuesto, éste sufre modificaciones durante su ejecución sin haber sido aprobadas por el Poder Legislativo, ni suficientemente explicadas a la sociedad, ni justificadas cabalmente.
Otros problemas importantes se relacionan con los llamados gastos extrapresupuestarios que, en contra de las recomendaciones de los organismos internacionales en la materia, suelen usarse en México (los llamados ingresos por excedentes en los precios del petróleo). Tenemos también que la Cuenta Pública auditada de cualquier año fiscal está disponible 14 meses después, cuando la OCDE recomienda que para promover la transparencia presupuestaria debería estarlo por lo menos en 6 meses después del final del año fiscal. A este respecto, el 92% de los países encuestados por esta organización sobre este tema, disponen de una cuenta pública auditada en menor tiempo que en nuestro país.
El Programa Especial de Rendición de Cuentas 2014-2018, plantea su implementación en dos fases: a) una de “Construcción de Condiciones de Rendición de Cuentas”, del 2014 al 2015, y b) otra de “Consolidación de Buenas Prácticas de Rendición de Cuentas”, del 2016 al 2018. También propone un mecanismo de seguimiento a través de una plataforma electrónica sencilla, accesible a los ciudadanos, que permita consultar en tiempo real la información generada, así como también verificar el cumplimiento de los indicadores por parte de las instituciones federales con apoyo de las organizaciones civiles especializadas en la materia e instituciones de educación superior, a través de “Comités de gestión y seguimiento”, integrados por representantes del Gobierno Federal, el Poder Legislativo, la academia y las organizaciones de la sociedad civil.
En síntesis, la RRC le está entregando al gobierno de Enrique Peña Nieto “el remedio y el trapito” para avanzar en la rendición de cuentas– que se señala como el talón de Aquiles de esta administración–. ¿Aceptará el reto el Ejecutivo Federal de su posible implementación? ¿Intentará el Gobierno Federal al menos establecer canales de diálogo para analizar y enriquecer esta propuesta? Sería deseable que esto ocurriera y más aún, que los ciudadanos lo exigiéramos por el bien de México.