Por Adriana González Arias, académica del Departamento Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO y colaboradora del Programa de Migración del Centro de Invetsigación y Formación Social [CIFS-ITESO]
El 2012 es año de elecciones presidenciales. En México ya salimos a votar el pasado 1 de julio, y en Estados Unidos la votación será el próximo 6 de noviembre. Ante estos dos sucesos es imposible no preguntarnos: ¿y qué pasará en materia de migración en el ámbito legislativo con los gobiernos electos?
Primero que nada debe quedar claro que estos dos países se sitúan ante necesidades migratorias diferentes. Estados Unidos tiene más del 12,4% de población inmigrante (39,9 millones en 2010) y a estas cifras habría que sumar un porcentaje importante de migración indocumentada, la cual no es posible cuantificarla con asertividad (más de 10 millones en 2010). México, en cambio, tiene un 0,5% de inmigrantes (493 mil en el año 2000), pero en su territorio camina también un flujo de migración irregular en tránsito que tampoco ha podido ser cuantificada con precisión, sin embargo se puede hablar de un estimado de por lo menos 140 mil migrantes de tránsito en 2010, los cuales tienen como objetivo principal llegar y cruzar la frontera norte.
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