Pobreza, desigualdad y despojo: ¿Existen alternativas socioeconómicas solidarias?

Por Guillermo Díaz Muñoz
Académico de la UAB Economía Social, Cifovis ITESO

El pasado 17 de octubre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemoró el “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza”. En su página web, con el título “La pobreza, un problema de derechos humanos”, y apoyándose en los estudios realizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la ONU sostiene que, a nivel mundial, más de 800 millones de personas aún viven con menos de 1.25 dólares al día y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados. De ahí que la ONU invite a reducir la pobreza y erradicarla como “una obligación de todas las sociedades”.

Asimismo, destaca que al ser un problema de derechos humanos se reconoce que la pobreza no es sólo una cuestión económica y, sí, en cambio, un fenómeno multidimensional que se expresa en vulneraciones múltiples e interconexas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, lo que niega a los pobres su dignidad e igualdad.

Pero, ¿qué es la pobreza para hablar de ella con propiedad? Desde la dimensión económica y el ingreso por persona, para la ONU y el Banco Mundial ser pobre significa estar por debajo de una línea de medición: 1.25 dólares por día. Convertido, en la actualidad se traduce en apenas 24 pesos mexicanos diarios.

Cualquiera puede convertir estas cifras monetarias a su realidad personal y podrá darse cuenta de que las mediciones de la pobreza consideradas por las instituciones internacionales llevan una enorme carga de injusticia, es decir, una cierta legitimación de la pobreza en sus índices tan bajos.

Con todo, la ONU invita a los países a vincular la realidad de la pobreza a la ausencia de derechos humanos, cuestión que nos parece correcta si nuestra apuesta se centrara tan sólo en humanizar el sistema, en dar al capitalismo un rostro humano. Sin embargo, quienes cuestionamos las causas estructurales de la pobreza debemos ir más lejos: la pobreza no es resultante de una opción personal sino de una situación impuesta por el sistema-mundo capitalista. Es decir, existe una producción social y una reproducción social de la pobreza, en donde la injusticia estructural es la principal causa de ella.

Lo anterior significa que el fenómeno de la pobreza no constituye un hecho aislado en sí mismo: no sólo existen violaciones constantes a los derechos de las personas sino también desigualdades múltiples que tienen sus efectos en la pobreza. Existe un vínculo cada día más transparente entre pobreza y desigualdad económica, por ejemplo. A mayor desigualdad económica y social en un país, mayores posibilidades de pobreza en amplias capas de la población. Es decir, una mayor concentración de la riqueza genera mayor pobreza. En un abordaje más amplio a las desigualdades de todos tipos, la UNESCO da cuenta clara de ello en una reciente publicación.

Otra de las causas de la pobreza se refiere a temas como la explotación del trabajo y la precarización del empleo. En términos marxistas hablaríamos de la hiper explotación de la fuerza de trabajo, en lo que México es un triste ejemplo el peor a nivel latinoamericano, con los salarios mínimos más bajos de la región.

El despojo histórico de los bienes comunes de las comunidades rurales e indígenas con motivo del grave extractivismo (minero, petrolero, energético, agua, viento) vinculados a megaproyectos (presas, autopistas, enclaves turísticos, aeropuertos, entre otros) es otra causa de la pobreza y la ignominia que sufren las comunidades.

Frente a estas dinámicas de acumulación de capital y de poder, mediante la hiper explotación del trabajo y el despojo de los bienes comunes, las resistencias de amplios sectores de la población y la construcción de alternativas anuncian, prefiguran y visualizan otros mundos posibles. Esta realidad emergente acontece cada día con mayor fuerza a nivel global. Sea en el campo mexicano con las comunidades indígenas y campesinas, o en los centros urbanos y sus periferias, múltiples experiencias asociativas buscan vías alternativas para salir de esta situación, ya de pobreza, ya de exclusión. Y esta apuesta emergente cuestiona desde sus bases el proceso lucrativo a toda costa, con sus estrategias de acumulación y despojo capitalista.

Entre estas alternativas emergentes podemos ubicar a las cooperativas de producción de bienes y servicios, las cooperativas y cajas de ahorro y préstamo, las cooperativas de consumo, las mutuales de servicios médicos o funerarios, los circuitos de comercio con justicia, los tianguis de trueque, los bancos del tiempo, las monedas comunitarias o locales, entre tantas otras más. Incluso hay quienes sostienen que, en México, se debería incluir en este sector a los ejidos y a las comunidades indígenas, dada la propiedad social de sus tierras y sus formas de producción no capitalista.

Como un ejemplo, Víctor Toledo escribe, en una colaboración con el periódico La Jornada, que en Japón el Tekei es un conjunto de redes que conectan cooperativas de productores y consumidores de alimentos, en su mayoría orgánicos, donde participan más de 22 millones de ciudadanos. En México, sostiene, existe un registro de un millar de experiencias locales, de inspiración ecológica, realizadas por empresas sociales, casi todas indígenas, distribuidas principalmente por el centro y sur del país.

Las economías sociales-solidarias, y su enorme cantidad de expresiones, nos permiten vislumbrar nuevas posibilidades civilizatorias y sistémicas más acordes con la vida buena y digna, en donde el trabajo se convierte en fuente de vida para los trabajadores y sus familias, y en donde la inclusión y la igualdad forman parte de sus prácticas, a pesar de sus defectos y limitaciones. El caso de la cafetería Capeltic, cooperativa tseltal perteneciente al grupo cooperativo Yomol A´tel de Chiapas, en una muestra muy cercana en nuestro propio entorno “Itesiano” sobre el proceso para construir otros mundos posibles.

[box]¿Tienes algún comentario o duda? Contacta al autor: jguillermo@iteso.mx[/box]

Beneficiar a tu comunidad disfrutando la experiencia

Por Julián Oceguera
Estudiante de Ingeniería Industrial, ITESO

En el ITESO hay participación estudiantil para todos los gustos, desde deportes, emprendedurismo, actividades políticas y en defensa de los derechos humanos, visitas y trabajo de campo, brigadas ambientales, diálogos filosóficos, oratoria y poesía, rodadas en bicicleta, sociedades de alumnos y consejos estudiantiles, campañas de reciclaje, pruebas de laboratorio, actividades artísticas, científicas y de recreación.

Participar desde la universidad es saber que nuestro futuro será el fruto de las acciones de nuestro presente. Durante la universidad tenemos la oportunidad de relacionar nuestros deseos e intereses con la generación de alternativas a los problemas que violentan la calidad de vida y el territorio donde vivimos. Es obvia la crisis por la que atraviesa México. Su pésima política para el manejo del agua, la expansión urbana en comunidades rurales y la agricultura industrial son algunas pruebas. Pero, en lugar de sentirnos derrotados y pensar que no se puede hacer nada, esta situación nos obliga a entender que nuestro futuro y el de nuestras hijas e hijos está comprometido en las múltiples áreas de oportunidad en donde podemos intervenir.

Como itesianos nos encontramos en la segunda metrópoli mexicana más importante y en una de las universidades jesuitas con mayor compromiso social en el país, en la que la participación estudiantil ha sido pieza clave. La universidad es un espacio que nos facilita las herramientas para que, de forma colectiva e interdisciplinaria, creemos conocimientos, acuerdos y relaciones que influyan en nuestra sociedad. En el momento en que los jóvenes dejamos de lado las cosas materiales y nuestras diferencias para encontrarnos y dialogar sobre la situación que viven personas ajenas a nuestro entorno inmediato, es cuando podemos imaginar nuevas formas de incidencia social.

Al conformar grupos y movilizarnos podemos evidenciar las violaciones e injusticias que la población sufre, innovar soluciones ante las problemáticas, ser un contrapeso social ante las decisiones legislativas que rigen el rumbo económico de millones de personas y evitar que la corrupción tome posesión del poder institucional para beneficio personal.

Organizarnos para participar nos permite construir lazos de confianza y de amistad. Redes de apoyo. Nos da la oportunidad de relacionarnos con estudiantes de distintos perfiles y encontrar personas que también están preocupadas y se comprometen con la calidad de vida de nuestras ciudades.

Tu participación no debe ser dirigida o impuesta, debe ser algo que desees explorar, en lo que más te apasione y te llene de felicidad. Al ser tú mismo quien determine lo que desea realizar y emprender, comienzas un proceso autodidacta, de prueba y error. Por tu propia cuenta desarrollas nuevas habilidades y conocimientos.

No puedo dejar de recomendar que cuando realices cualquier actividad en colectivo, comprendas su sentido u objetivo: diversión, aprendizaje, lucro o simple curiosidad. Si no entendemos la razón por la cual participamos, es posible que alguien conduzca nuestro actuar hacia lugares indeseados para nosotros. El objetivo o sentido de la actividad debe coincidir con tus valores y con la realidad, por lo que es recomendable reflexionar acerca de los resultados de la actividad, antes de realizarla. Esto te podrá ayudar, por ejemplo, a no repetir formas de participación que en la actualidad no sirven, que llevaron a nuestras ciudades al deterioro social y que, al realizarlas desde las universidades, sólo perpetuamos una política que reproduce impunidad y violencia.

Un aspecto a fortalecer dentro de la participación y organización estudiantil en el ITESO es la comunicación, tanto entre los diferentes grupos como con la institución, en la difusión de sus actividades. Aún tenemos el reto de establecer formas que favorezcan el encuentro y la escucha entre los colectivos para crear una comunidad de estudiantes activos. En estos momentos no es ideal la sinergia entre el actuar de las sociedades de alumnos y los colectivos estudiantiles, lo que diluye su impacto sobre la sociedad.

Pero, estamos en el mejor momento para involucrarnos en el mundo fuera de la universidad, desde los jardines y las plazas del ITESO. Tú ¿qué deseas hacer por tu comunidad?

Las preguntas que genera la transmigración en México

El Informe anual de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) es un registro sistemático del flujo de personas migrantes en tránsito por México, así como de los delitos y las violaciones a los derechos humanos que se cometen en su contra. La edición 2016 fue presentada en el ITESO el 5 de octubre de 2017. El periodista Iván González Vega, coordinador de la carrera de Periodismo y Comunicación Pública de esta universidad, presentó el Informe con el siguiente planteamiento:

En el periodismo nos enseñan a hacer preguntas. Se supone que con el tiempo uno asimila ciertos rasgos de la técnica y va haciéndose más hábil en interrogar a las personas, a los documentos, a los acontecimientos. Hay panoramas, sin embargo, que lo primero que hacen es dejarnos en silencio; por su carácter extraordinario, por su gravedad, por la sensación de que son hasta inverosímiles. Y sin embargo, aunque nos producen estupor, son infalibles para recordarnos cuán urgente es el oficio de perseguir respuestas y hacerlas públicas.

El Informe 2016 de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) es uno de esos panoramas que conducen al pasmo y a la incredulidad, y una de las interrogantes más complicadas es por qué toda la información que reúne un documento como éste no es fundamento para una política de Estado que oriente políticas públicas, iniciativas de trabajo, programas periódicos para gobiernos de todos los niveles y, sobre todo, el contacto y la acción entre nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes.

Estamos hablando del panorama en el que caben las 400 mil personas que cada año, de acuerdo con datos de organismos internacionales, transitaron por México en forma irregular; un panorama del que son apenas una muestra las más de 34 mil personas cuya información pudieron recoger los integrantes de la Redodem el año pasado; un panorama en el cual, como insiste año con año esta organización, lo importante no son los números, sino personas con necesidades, deseos, sueños y destinos truncos.

Hablamos de 34 mil o de 400 mil personas que, de acuerdo con este documento, han sido expulsadas u obligadas a huir de sus países de origen principalmente por causas de violencia. Y que viven entre nosotros o aspiran a ello. Además del Informe 2016 de la Redodem, no podemos ignorar el reportaje “Los que iban a morir se acumulan en México”, de Óscar Martínez, que fue publicado por El Faro y Univisión Noticias apenas este 1 de octubre: somos un país refugio, pese a los altos números de deportaciones. Muchos migrantes ya no lo son: se quedaron a vivir entre nosotros. Muchísimos más lo necesitan para garantizar, sencillamente, que no los van a matar.

Así que he aquí algunas preguntas.

  • ¿Cuáles son las obligaciones del Estado mexicano respecto a los migrantes que pasan por México? ¿En qué grado las cumple o incumple? ¿Cuáles son competencia de las autoridades federales, y cuáles de autoridades de los otros niveles? Por ejemplo, ¿valdría la pena preguntarle a Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, o a los alcaldes del Área Metropolitana de Guadalajara, si tienen obligaciones ante estas personas; si son capaces de entregar indicadores al respecto de su cumplimiento; y si prevén reformas o mejoras a sus políticas públicas en el corto y el mediano plazos?
  • ¿Es esto una crisis humanitaria, lo que viven los migrantes en tránsito por México? Crisis humanitaria es una situación extraordinaria o de emergencia que amenaza a comunidades en una misma región y que hace indispensable recurrir a la cooperación internacional. El riesgo de hambruna en África que la ONU denunció en marzo de este año es una crisis humanitaria, pues pone en peligro de muerte a no menos de 20 millones de personas. ¿Tenemos una situación de este calado en México? ¿Hemos decidido que en todo caso es un asunto de Guatemala, Honduras, El Salvador y otros países vecinos?
  • Si no lo es, si no llega a ese grado, ¿cómo estamos atendiendo en México un problema orgánico y estructural que está íntimamente ligado a la corrupción y la impunidad en la procuración de justicia, en la labor de las policías preventivas, en la supervisión de los empleados de los ferrocarriles, en el combate al crimen organizado? ¿Es el Programa Especial de Migración 2014-2018 una política integral y suficiente, al menos, para atender las facetas más urgentes del problema? ¿El Gobierno federal defendería, ante las denuncias de ineficiencia, al Programa Integral Frontera Sur?
  • ¿Acepta, el Estado mexicano, las observaciones en el sentido de que su estrategia es punitiva y policial, de que privilegia las detenciones y las deportaciones, de que es violatoria de derechos humanos y de que obliga a las víctimas a buscar soluciones en la clandestinidad? ¿Acepta las denuncias de malos tratos que se desprenden de la información recogida por la Redodem, las denuncias de violencia contra defensores de migrantes, las denuncias de abusos y tratos denigrantes en relación con las revisiones migratorias?
  • ¿Están al tanto los Gobiernos mexicanos, la iniciativa privada, la academia, las Iglesias, los ciudadanos, de que son los jóvenes, los niños y las mujeres los grupos más vulnerables en el fenómeno de la migración en tránsito por México? ¿Están al tanto de que los grupos de edad que solemos identificar como la fuerza laboral de un país son los que están abandonando sus ciudades y buscan refugio en Estados Unidos o entre nosotros?

La impunidad, la corrupción, la violencia, son heridas abiertas de México; sin embargo, los migrantes en tránsito ven a nuestro país como una ruta rumbo a un mejor panorama, una ruta de esperanza. De algún modo, la mayor pregunta que podríamos esgrimir tiene que ver con las vías de acción que hay que abordar antes de que la descomposición sea mayor. Después del pasado 19 de septiembre parece imposible no pensar en nuestra célebre e inspiradora solidaridad mexicana como un arma social para combatir en tantos frentes abiertos en el problema de la migración. Así que aquí está la pregunta, una breve y concreta, y que la respondan la Redodem y sus integrantes, los especialistas, el Gobierno, los ciudadanos o quien guste. La pregunta es ésta: si ya tenemos pistas tan claras del tamaño del problema, ¿ahora qué hacemos?

Ustedes nos obligan a hacernos esta pregunta; quedamos, todos, a la espera de las respuestas.

Fotografías de Francia Castillo.

La deuda del gobierno mexicano con los dreamers

Por Iliana Martínez
Académica del Programa de Asuntos Migratorios, Cifovis ITESO

Poco después del anuncio del gobierno de Trump sobre la disolución del programa DACA, funcionarios mexicanos de todos los colores, desde el municipio hasta la federación, salieron a manifestar su compromiso con la población dreamer. Mientas me topaba con estas declaraciones pensaba: “O esta gente de verdad está muy mal informada o no tiene vergüenza. ¿No alcanzarán a imaginar que, dentro de los millones que han sido deportados las últimas décadas, muchos eran dreamers?”. Estas reacciones de “compromiso” son contradictorias, pues la lucha de los y las jóvenes migrantes en Estados Unidos no es nueva. Que la mayoría de políticos y ciudadanos apenas se esté enterando de su existencia debería avergonzarnos un poco.

Los dreamers son las personas que, con menos de 16 años, entraron de manera ilegal a Estados Unidos. El término proviene de la propuesta de Ley denominada Development, Relief and Education for Alien Minors (Ley de fomento para el Desarrollo, Ayuda y Educación de Menores Extranjeros), o DREAM Act,  que se propuso por primera vez en 2001. Desde entonces, diversas versiones de la propuesta de Ley DREAM han sido discutidas en el Congreso y el Senado de E.U., pero nunca aprobadas. Ante este impasse de décadas por la falta de una Reforma Migratoria Integral el presidente Obama decretó en el 2012, por medio de una acción ejecutiva, el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, por sus siglas en inglés. El programa tiene por objetivo aunque de manera temporal, por que se renovaba cada dos años brindar una calidad migratoria a miles de jóvenes migrantes indocumentados. Actualmente se discute una nueva propuesta.

Si la discusión de la ley para regularizar a los dreamers se inició en 2001, esto significa que miles de personas que podrían haber sido beneficiadas por DACA fueron deportados antes de que existiera el programa. Una estimación de la académica Jill Anderson calculó que, entre 2005 y 2014, 500 mil jóvenes de entre 18 y 35 años regresaron a México después de haber vivido en E.U. cinco años o más (Anderson y Solís, 2014: 18).

A lo largo de cinco años, el programa ha beneficiado y transformado la vida de casi 800 mil personas y sus familias, de los cuales se estima que 600 mil podrían ser de origen mexicano (Jordan, 2017). Ha sido un alivio para muchos, pero no resuelve el problema de fondo: 11 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos, de los que entre 5 y 6 millones son de origen mexicano (Délano, 2017: 41).

Aunque se busca que la juventud con un “record limpio” pueda quedarse, la carga de “romper la ley” va sobre sus padres, quienes son vistos como criminales y tienen pocas oportunidad de regularizar su situación migratoria. Esta reflexión sobre quién tiene derecho a quedarse y quién no, quiénes son los migrantes “bienvenidos” y quiénes los “indeseables”, ha generado profundas reflexiones entre la población migrante, sobre todo entre las organizaciones pro-migrantes.

Anderson recuperó 26 testimonios de jóvenes que regresaron a México en el libro “Los Otros Dreamers” (2014), todos antes de DACA y del gobierno de Trump. Son una pequeña pero significativa muestra de las enormes necesidades que tuvieron a su regreso al país, y de los retos que algunos aún siguen enfrentando. Algunos de estos dreamers son jóvenes adultos que regresaron con sus parejas o hijos nacidos en Estados Unidos. Familias binacionales que tienen que descifrar el sistema mexicano de salud, educación, vivienda, prácticamente sin ningún apoyo. Tristemente muchos se han encontrado con que su país de origen los rechaza y discrimina porque no son “realmente mexicanos”, son pochos, se visten raro, usan tatuajes, traen otras costumbres, hablan diferente o ni siquiera conocen el español.

Son jóvenes que vieron frustrado su “sueño mexicano” para estudiar, porque no les revalidaron sus diplomas de escuelas estadounidenses. Otros que llegaron sin siquiera poder recibir una transferencia de dinero de sus familiares por ser “indocumentados” en propio país, ya que sus matrículas consulares no sirven en México. Y otros más, de los que nadie habla, que no cumplen con el perfil del “buen migrante” porque han estado en pandillas o tenido adicciones.

En diversos foros y mesas de trabajo con el gobierno mexicano, muchos de estos jóvenes han expuesto sus necesidades y propuestas. Y algunos de los mínimos cambios que se han logrado, por ejemplo en educación, han sido impulsados por ellos y por organizaciones de la sociedad civil. Algunos jóvenes en retorno se han organizado en colectivos, como han podido. Así surgieron proyectos como Otros Dreamers en Acción (ODA) o Dream in México.

Sí, el gobierno mexicano ha implementado algunos cambios, con muchos años de retraso, para atender a la población en retorno: programas limitados y sin presupuesto. Después de, por lo menos, seis años de deportaciones masivas, en 2014 se estableció la estrategia Somos Mexicanos (Délano, 2014: 36) sin un presupuesto definido y a cargo del Instituto Nacional de Migración (como si pusieran a la Patrulla Fronteriza a hacer trabajo social). Aunque hay algunas funcionarias comprometidas que sacan adelante acciones en favor de las personas que regresan, en general la respuesta es lamentable. Lo que nos lleva a pensar que, si años de deportaciones masivas no han movilizado más allá del discurso al gobierno mexicano, parece que las amenazas de Trump tampoco lo harán.

Haga lo que haga el gobierno de Trump, pase lo que pase con quienes tienen DACA, ya existe una deuda pendiente enorme del gobierno mexicano con su población que ha vuelto… ¿qué esperan?

Para leerlos a ellos y ellas:

Ricardo Aca, “La incertidumbre que amenaza a los ‘dreamers’ como yo”. New York Times.

Lisette Díaz, “As a Dreamer, I Will Not Be a Bargaining Chip for Trump’s Attack on Immigrants”. ACLU.

Eileen Traux. “Una nueva oportunidad para los ‘dreamers’”. New York Times.

Arturo Contreras. “Dreamers: la batalla final empieza”. Pie de Página.

Dulce Ramos, “La traición de México”. Animal Político.

Algunas Organizaciones:

ODA México

United We Dream

Dream in México

Define American

Fuentes citadas:

Anderson, J. y Solís, N. (2014). “Los otros dreamers”. México.

Délano, A. (2017). “Trump y la política migratoria de México”. Foreign Affairs Latinoamérica. Vol. 17: Núm. 1, pp. 35-44. Disponible en: www.fal.itam.mx.

Jordan, M. (2017, agosto 29) “El plan ‘dreamer’ que ayudó a 800,000 migrantes en Estados Unidos está en riesgo”. New York Times. Disponible en:  https://www.nytimes.com/es/2017/08/29/dreamer-daca-en-riesgo-fiscales-generales-trump/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-es

 

Ciudadanía plena desde la Universidad

Por Montserrat Narro Ibargüengoitia

Estudiante de Relaciones Internacionales ITESO e integrante del colectivo Másde131 ITESO

Dentro de la sociedad, todas las personas tenemos roles. Un papel que jugar. O eso es lo que hemos construido y nos han enseñado. Estos roles, como el de “ama de casa”, “estudiante”, “burócrata”, “profesor” nos definen y encasillan según nuestra actividad principal. De igual manera, se clasifica a la ciudadanía que participa en alguna lucha social como “activistas”.

¿A qué nos solemos referir con eso? A personas que trabajan por la colectividad, que hacen suyos los temas de los demás, independientemente de su otra casilla de docencia, oficinista, alumnos, alumnas o lo que seamos.

Más allá de participar en una lucha social o trabajar por una causa (ser “activista”), se trata de ser ciudadanos y ciudadanas completas, que además de su actividad  son conscientes de que pertenecen a una sociedad que necesita que nos involucremos.

Yo no me considero a mí misma una luchadora social, ni una activista, y me opongo a que se me clasifique de esa manera, como si fuéramos un grupo social aparte.  Eso no debería definirnos solo a un grupo pequeño de estudiantes en una universidad, o a algunos vecinos en cualquier colonia, o a las redes de colectivos de la ciudad. Debería de definirnos a las personas. El apropiarse de la ciudadanía, de los espacios, de los temas que nos afectan a todas las personas (en distintos grados) debería ser una constante.

Dentro del colectivo en el que participo (Colectivo Másde131 ITESO) buscamos eso, la politización de la Universidad. Politización entendida como tomar parte de la política, de los asuntos de la ciudad (polis) que son de todos/as. Hacer crítica y uso de lo público.

Como estudiantes universitarios tenemos un espacio de oportunidad privilegiado. Según la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, de los más de 36 millones de jóvenes que somos en México, solo el 18.75% accede a la educación superior, ya sea en licenciatura o posgrado. Y el porcentaje se reduce si hablamos de estudiantes de universidades privadas.

Somos el 18.75% mejor preparado, con habilidades profesionales y académicas que nos permiten mayor comprensión de lo que sucede a nuestro alrededor. Tenemos las herramientas para analizar y proponer, crear proyectos y llevarlos a cabo.

A esto, sumémosle la cantidad de información que tenemos disponible. Internet y las redes sociales nos bombardean a diario con notas de periódicos, cifras, datos. Miles de publicaciones que buscan interpelarnos y movernos.

¿Cómo no tomar parte en ese remolino? Y a estamos dentro, ya nos afecta, ya nos mueve, queramos o no. El aumento del precio de la gasolina, la inseguridad, el dólar cada vez más caro, la falta de servicios públicos, todo eso ya nos toca. La cosa es tomar responsabilidad en ello, darnos cuenta de que se puede hacer algo al respecto, desde la casilla en la que juguemos. En nuestro caso, desde la Universidad a la que asistimos, y que debe ser el primer espacio de formación y reflexión.

Evaluar la transparencia de los gobiernos municipales ¿para qué?

Por José Bautista Farías

Tlaquepaque, Jal. a 27 de agosto de 2014. En su novena evaluación de CIMTRA a los gobiernos de la ZMG, las Regiones Sur de Jalisco y otras, efectuado durante los meses de junio y julio de 2014 se observan claro-oscuros en la transparencia en las actuales administraciones municipales. De 7 municipios de la Región Centro 5 aprobaron: Tlamojulco de Zúñiga y Zapopan con 100 puntos (la máxima calificación),  Tlaquepaque 79, Guadalajara 74 y  Tonalá 73 y dos reprobaron: Zapotlanejo 41 y El Salto 10.  De los municipios del Sur y otras regiones, sólo aprobaron Tamazula 92 y Zapotlán el Grande (Cd. Guzmán) 65, el resto reprobó: Puerto Vallarta 47, Zacoalco de Torres 40, Tepatitlán 29, Atemajac de Brizuela 28, Tuxpan 20, Amacueca 18, Zapotiltic 15, Gómez Farías 14, Zapotitlán de Vadillo 10, Tolimán 8, Teocuitatlán de Corona y Toliman 8 y Sayula 2.

Lo destacable de estos resultados, según CIMTRA-Jalisco, es que por primera ocasión el promedio general resultó aprobatorio al pasar de 50 (en 2013) a 65 puntos. Igualmente, Zapopan igualó a Tlajomulco y por primera vez obtiene la máxima calificación que otorga ese organismo. Los bloques con mayor puntuación fueron: Atención Ciudadana 82 y Cabildo 78, el primero refiere a los mecanismos de atención y la información básica respecto a ciertos trámites de licencias y permisos que se ofrecen a las personas, el segundo alude a las sesiones públicas del cabildo, así como a la información de sus agendas (previas) y minutas (posteriores) de trabajo. En contraste, los bloques más opacos fueron: los consejos ciudadanos 44, cuestiones urbanas 54 y los gastos de administración.

¿Qué importancia tiene para el ciudadano común estas evaluaciones de las administraciones municipales?, ¿más allá de visibilizar la transparencia u opacidad de las autoridades, qué le aportan a la sociedad? En primer lugar, la transparencia y el acceso a la información son un derecho humano y un derecho constitucional que está ligado al derecho a saber y a la libertad de expresión. Estos ejercicios sirven para dar cuenta de cómo estamos en estos derechos y para contrastar el discurso de los políticos (en sus informes de gobierno) con la realidad que vivimos cotidianamente los ciudadanos. Pone en evidencia por ejemplo, que en los municipios del Sur y otras regiones, las autoridades incumplen con su obligación de informar y transparentar sus acciones y decisiones. En segundo lugar, está comprobado que lo que no se evalúa no se mejora, lo que no se visibiliza no se reconoce ni valora (sea bueno o malo), esto conlleva a que las autoridades, con frecuencia, incumplan con sus obligaciones constitucionales y/o violenten procedimientos y normas, abusen del cargo para fines opuestos al interés público y en el peor de los casos hagan mal uso de los recursos públicos. Mientras esto no se corrija, a través de mecanismos más eficientes de rendición de cuentas y contraloría social, la corrupción seguirá campeando en nuestro estado y en el país.

Finalmente, se espera que estas evaluaciones sirvan para alertar y concientizar, tanto a los ciudadanos como a las autoridades, de lo mucho que nos falta por avanzar en este tema (la transparencia) y que, si bien es importante el reconocimiento jurídico de este derecho, esto no es suficiente, se requiere de políticas públicas que activen el derecho a saber de los ciudadanos de lo que hacen y deciden las autoridades en nuestro nombre. Hay que ponerle un cerco la corrupción, la impunidad y a las malas prácticas de gobierno que dañan el interés público, en especial de los sectores menos favorecidos.