José Bautista Farías, académico del Centro de Investigación y Formación Social del ITESO.
(jbautista@iteso.mx)
¿Sabía usted que en la última década más de 700 periodistas han sido asesinados por cumplir con su tarea de informar al público y que menos de uno, de cada diez de estos crímenes, se investiga? Estos datos escalofriantes son proporcionados por la UNESCO en el marco del Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas que se conmemora el 2 de noviembre desde el año 2013. Esta fecha se eligió para recordar el asesinato de dos periodistas franceses en Mali de ese año. Según la UNESCO, la impunidad de estos crímenes es el principal incentivo de los asesinos, lo cual tiene un efecto aterrador sobre la sociedad en general y sobre los propios periodistas en lo particular.
En 2015 el Barómetro de la Libertad de Prensa reportó que a nivel mundial han sido asesinados 57 periodistas y encarcelados 150. Estas cifras no incluyen otros tipos de agresiones como la tortura, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, la intimidación, la censura, el despido injustificado, el acoso, ni la compra de publicidad (que según Fundar es otra forma de censura) en contra de los periodistas.
Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, en su mensaje sobre este tema reveló que muchos periodistas perecen en los conflictos que cubren de forma valiente. “Pero demasiados han sido silenciados por decir la verdad”. En no pocos casos de estas muertes se responsabiliza al crimen organizado, pero también a los gobiernos por su incapacidad, omisión o complicidad.
Reporteros Sin Frontera afirma que México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y según Darío Ramírez, Director de Artículo 19, en este país se registran más de 300 agresiones al año en contra de la prensa debido, en parte, a que no existe ningún tipo de represalias. Según datos del Índice Nacional de Impunidad, México ocupa el segundo lugar de impunidad de una muestra de 59 países más impunes, sólo superado por Filipinas (Forbes México, 2/nov/2015).
Los esfuerzos por limitar y acabar con la impunidad de la muerte de periodistas han llevado a crear un Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, que contempla instrumentos jurídicos internacionales, que a menudo son de carácter vinculante, así como órganos de vigilancia que observan el grado de cumplimiento de los compromisos que firman los Estado, entre otras medidas. Sin embargo, los resultados de este Plan han resultado insuficientes e ineficaces para acabar o poner freno a las agresiones en contra del gremio periodístico, en parte debido a que las investigaciones, y por ende las posibles sanciones, de estos crímenes sigue siendo de los Estados miembros.
Estados con instituciones débiles y opacos, capturados por intereses particulares, corrompidos y penetrados por grupos criminales –como el caso Mexicano- difícilmente van a dar buenas cuentas en el cumplimiento de planes sobre la seguridad de los periodistas y el abatimiento de la impunidad. Para avanzar en esta dirección, se requiere de la intervención de organismos internacionales y nacionales con autonomía, recursos y facultades para investigar, así como de cambios radicales en la administración y procuración de la justicia de los Estados, que pongan en el centro la defensa irrestricta de la libertad de expresión y los derechos humanos. Necesitamos también de una vigorosa sociedad civil que lo exija y, en su caso, lo sancione. Estamos aún lejos de lograr esto, pero ya sabemos que rumbo debemos seguir. La tarea es ardua, compleja y demanda la confluencia de diversos actores, incluido el Estado.