Por Carlos A. Peralta Varela
Todos los días aparecen noticias que tratan asuntos, algunos más graves que otros, ligados a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Esa es nuestra realidad y aunque no se lea los periódicos o no quieran escucharse los noticieros, las desapariciones, la discriminación, la violación a derechos laborales y muchas otras violaciones, son cotidianas y limitan o impiden una buena calidad de vida, así como la tan anhelada paz.
Un espacio de reflexión sobre las violaciones a diferentes derechos humanos se dio entre el 12 y 14 de octubre (2016), porque se desarrolló en la Universidad Loyola del Pacífico (en Acapulco, Guerrero), el XII Foro de derechos humanos del Sistema Universitario Jesuita. Este foro llevó por título “Memoria, Verdad y Justicia: la desigualdad presente”
No podría en tan breve espacio, hacer una síntesis de todo lo expuesto, por lo cual solo mencionaré algunos aspectos que me parecieron relevantes.
El padre Edwin Murillo Amarís S.J (de la Universidad Javeriana de Colombia), nos recordó que lograr la paz entre sociedades o comunidades requiere de un proceso activo en el cual debe trabajarse primero la reconciliación social y posteriormente la reconstrucción del tejido, aunque no necesariamente son etapas separadas. En cualquier caso debe tomarse en cuenta que no se lograrán avances en la reconciliación si las sociedades tienden a profundizar la desigualdad, la discriminación y atentan contra la dignidad de las personas. En este sentido debemos abrir por lo menos dos frentes de lucha, trabajar porque nuestra sociedad sea una sociedad decente, en la cual (según el autor Avishai Margalit) las instituciones no discriminen a las personas. Pero además debemos buscar que sea una sociedad civilizada, entendiendo por ello que las personas no humillen o discriminen a otras personas.
En continuidad con esta perspectiva la Dra. Rocio Enriquez afirmó en su exposición que uno de los retos más relevantes para México es afrontar la creciente desigualdad y trazar vías de acción hacia un país más justo. Esto es relevante porque existe un círculo de vida perverso entre la pobreza, desigualdad y justicia social. Debemos tener muy presente que si bien es evidente la desigualdad económica, también existen las desigualdades: social, cultural, política, territorial, entre otras, que limitan la posibilidad de justicia social, propician la violación a derechos humanos y confirman que padecemos una sociedad indecente e incivilizada.
Casos extremos donde apreciamos (y verificamos) la existencia de esta sociedad indecente se identifican en cada una de las historias de los familiares que buscan a sus desaparecidos. En otro de los paneles del foro, que trató el tema de desapariciones, Juan Carlos Trujillo de la Asociación “Familiares en búsqueda” y Adriana Bahena de la agrupación “Los otros desaparecidos de Iguala” (que busca a 500 desaparecidos tan solo de Iguala), narraron sus desgarradoras experiencias en la búsqueda, que al parecer, inevitablemente pasan por la falta de interés, la incapacidad o falta de apoyo de las procuradurías.
Se mencionó también en el foro que la desaparición forzada (la que realizan corporaciones policiacas, fuerzas militarizadas o servidores públicos), ahora es usada como un mecanismo de control social, como para el caso de los migrantes (desviar las rutas de paso) y para controlar algunos movimientos sociales. En algunas partes de la república esta acción ilegal forma parte de una estrategia y por ello se pretende invisibilizarla.
Por su parte y para cerrar el foro, Emilio Alvarez Icaza realizó varias afirmaciones relevantes. Observó que los derechos humanos deben ser tutelados tomando en cuenta las necesidades específicas de cada comunidad. Si bien todos tenemos los mismos derechos, requerimos de apoyos especiales para poderlos ejercer en igualdad de trato. Por ejemplo, en relación al derecho humano al agua, no es lo mismo abrir la llave y tener agua, que tener que caminar varios kilómetros para acceder al agua. Otro aspecto destacado fue el relativo a que en esta administración federal se han dedicado a descalifica a los defensores y relatores de derechos humanos internacionales, por ejemplo Juan Mendez, relator de la ONU en relación a la tortura, que fue descalificado por la cancillería mexicana. Pareciera que desde la perspectiva gubernamental es más relevante una mala imagen expuesta a nivel internacional, que la existencia de una crisis de derechos humanos en el país.
Concluyo está muy breve reflexión sobre el foro mencionando que en este contexto se entregó el Reconocimiento Tata Vasco. Cada dos años las universidades jesuitas entregan este reconocimiento a destacados defensores de derechos humanos y en esta ocasión fue otorgado a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos, desaparecidos hace dos años. Otorgar el reconocimiento a este colectivo fue un acto de respaldo ético y de solidaridad, una forma de afirmar que la búsqueda de sus hijos es una búsqueda compartida por los integrantes de las universidades jesuitas en este país.