Ocho pasos y una idea para reformar esta ciudad [Desmesura]

Marcel Hénaff, en La ville qui vient (2008) nos propone entender la ciudad como un cuerpo de tres almas. Como una no santísima, pero al fin trinidad: La ciudad como monumento o representación del mundo; la ciudad como máquina; y la ciudad como red. A grandes rasgos, así se vive la ciudad. Quienes la habitamos la construimos desde nuestro quehacer estético, productivo y afectivo, de acuerdo a nuestras capacidades, y atravesados por el poder. Ese poder cada vez más concentrado en el dinero, que termina por organizar y proyectar el espacio urbano como si fuera un simple tablero de juego para el despliegue inmobiliario, dejando de reconocer las múltiples dimensiones de la ciudad.

Repensar el ejercicio de planeación y gestión urbana para revertir y prevenir los efectos negativos que el crecimiento disperso ha generado en términos económicos, sociales, ambientales y culturales, implica revisar las herramientas que se han creado para hacerlo. Aquí va una propuesta de ocho puntos que tendríamos que considerar para alterar la forma en que estamos construyendo nuestro futuro urbano, si es que ha de ser así:

  1. Antes de hablar de un modelo de ciudad, es preciso hacer una declaración de principios para la ciudad. Todo indica que la especie humana ha optado por un hábitat urbano, por lo que la ciudad debe entenderse necesariamente como un espacio de realización y libertad, en el que puede ejercer su derecho a ser: esa condición simultánea de presente y futuro. Antes que lo técnico y lo político, la ciudad necesita un fundamento ético-filosófico basado en la inclusión, la igualdad de derechos y la solidaridad presente y futura, para que todas y todos podamos ser en la ciudad. La noción del derecho a la ciudad captura de manera adecuada estos ideales y sus principios pueden ser una guía efectiva para las decisiones que habremos de tomar en colectivo sobre esta ciudad. http://bit.ly/106QbnF

  1. Más allá de la firma de una Carta por el Derecho a la Ciudad, como lo han hecho distintos gobiernos alrededor del mundo, es necesario impregnar nuestros dispositivos legales con estos principios. Una reforma al Código Urbano para el Estado de Jalisco debe comenzar por reconocer este derecho, al igual que aquellos que dimanan de la Constitución (como el acceso a la vivienda digna, a un medio ambiente sano, a la alimentación, la cultura, la educación y el empleo), y desarrollar los mecanismos para garantizar su exigibilidad. Esta reforma es ya de por sí necesaria para atender procesos y formas emergentes de urbanización, que llegan a representar cuando menos una tercera parte de nuestra mancha urbana, y que han quedado marginadas por décadas de los beneficios de la ciudad. También es necesaria la reforma para subsanar los vacíos y ambigüedades jurídicas que provocan fragilidad de este cuerpo legal frente a las resoluciones de Tribunal Administrativo del Estado; conocido por sus siglas como el controvertido TAE. En el mismo sentido, es necesario que la Ley de Coordinación Metropolitana establezca objetivos y principios a favor del derecho a la ciudad, porque hoy adolece de un propósito claro para el desarrollo urbano, y define su objeto como un simple medio.

  1. Una vez establecidos los principios para el desarrollo urbano y ya en su calidad de derechos, es necesario integrar un sistema de información, de orden cualitativo y cuantitativo, que nos permita identificar tanto los déficits, las carencias, los obstáculos y todo aquello que condiciona negativamente el desarrollo equitativo, sustentable, incluyente y productivo, como los procesos locales y las dinámicas del deseo que habrán de potenciarse para avanzar hacia una ciudad en donde todas y todos podamos llegar a ser. No se trata de establecer un modelo de ciudad, sino de adoptar modos de relación con el territorio, con lo público, y con el y la otra, que permitan reconocernos como una red social interdependiente. Hasta este punto, la ciudad – en nuestro caso, la metrópoli – sigue siendo un todo; un sólo sistema conectado de cuerpos, datos, procesos, prácticas, acciones y reacciones.

  1. De esta comprensión sistémica (si se gusta de Luhmann) o en red (si se prefiere a Latour) deben partir los proyectos de ordenamiento ecológico y territorial: estatal, regionales, metropolitanos, municipales; los Programas de Desarrollo Urbano: estatal, metropolitanos, municipales; los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población y los respectivos Planes Parciales de Desarrollo Urbano municipales. Han sido notables las ausencias de estos instrumentos en distintos municipios metropolitanos, pero particularmente, la ausencia de un Programa o Plan de Desarrollo Metropolitano desde 1982, y de un Programa Estatal de Desarrollo Urbano. De hecho, la actual administración del estado ha decidido abiertamente eludir la materia de desarrollo urbano, convirtiendo la antigua Secretaría, en una de Infraestructura y Obra Pública, que es en realidad lo que terminó haciendo también la extinta SEDEUR. Por otro lado, el largamente esperado Instituto Metropolitano de Planeación, no ha dejado de ser un instituto al servicio de una burocracia que se resiste a asumir la lógica de una auténtica gobernanza metropolitana.

  1. Todos estos instrumentos de gestión urbana han sido usados, hasta ahora con poca efectividad, como instrumentos de regulación, no de proyección o fomento; han estado escindidos de los Planes Municipales de Desarrollo, que tradicionalmente adolecen, a su vez, de una dimensión territorial, como si el desarrollo pudiera planearse en el aire, sin un anclaje concreto en sitios específicos. El territorio es el medio en donde pueden converger las inversiones, programas y obras para darle un sentido estratégico e integrado al desarrollo; de otra forma, cada coto de poder presupuestal sigue sus propias lógicas, generando una dispersión y desarticulación en el gasto y las políticas públicas, que se traduce en exiguos y perversos impactos para el desarrollo urbano.

  1. La definición de sitios estratégicos – no ligados a la idea de acupuntura urbana, sino más bien a la noción de áreas de gestión urbana integral que abarcan un territorio más amplio – son la escala adecuada para definir las acciones urbanísticas. En este recorte analítico del territorio se hace más visible y se puede entender la comunidad en su diversidad. A esta escala pueden observarse los espacios, expresiones y dinámicas de la vida cotidiana, en la que habrá que insertarse ineludiblemente para comprender los procesos vivos de diálogo y reflexión que posibilitan el trazado de rutas de acción entretejidas.

  1. De aquí surgen los planes maestros y las plataformas de gestión barriales o sub-distritales que permiten, por un lado, darle un sentido local y comunitario a las acciones urbanísticas; y por el otro, trascender los núcleos del habitar cotidiano, para entenderse como parte de un complejo urbano más amplio. Los equipamientos, servicios, redes y vocacionamientos del espacio público desarrollados a esta escala, permiten configurar y funcionalizar – desde abajo – los sistemas urbanos, productivos, sociales, culturales y ambientales, posibilitando procesos de apropiación comunitaria que ayudan a proyectar las intervenciones urbanas más allá de la temporalidad administrativa.

  1. Este nivel de construcción a escala barrial, se convierte en la pieza básica del ensamblado que ha de configurar el sistema de planeación y gestión territorial. Constituye la base de los acuerdos que habrán de monitorearse, recrearse y hacerse cumplir con todos los medios disponibles. Esta ciudad finalmente va a cambiar en el momento que esto se garantice; en el momento en que esto se entienda como un derecho, cuyas violaciones deberán tener serias consecuencias.; cuando entre a la cárcel el siguiente que, por abuso de poder, afecte nuestro derecho colectivo a la ciudad, y a las condiciones básicas para ser en coexistencia.

Esto lo sabemos de hace tiempo, pero no hemos sido capaces de cambiarlo, quizá por que el pragmatismo y la frialdad con la que nos acercamos a la planeación urbana, nos hace entender la ciudad como un conjunto de terrenos y nos parece exagerado entenderla como el espacio para construir nuestro paraíso terrenal. La idea de metrópoli como ciudad madre, ¿no nos sugiere que hemos sido demasiado(s) hombres al frente de los ejercicios de planeación y gestión urbana?

@hektanon

Héctor Castañón R.

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Huecos de impunidad [Nexos]

por: Arturo Ortiz Struck. Fuente: http://www.nexos.com.mx/?p=24745#.VUN69kY4oA8.facebook

En México cada vez es más común hallar huecos urbanos: espacios que no fueron planeados y sirven para ocultar la violencia cotidiana.


Belano, le dije, el meollo de la cuestión es saber si el mal (o el delito o el crimen o como usted quiera llamarle) es casual o causal. Si es causal, podemos luchar contra él, es difícil de derrotar pero hay una posibilidad, más o menos como dos boxeadores del mismo peso. Si es casual, por el contrario, estamos jodidos. Que Dios, si existe, nos pille confesados. Y a eso se resume todo.

—Roberto Bolaño1

Un célebre refrán mexicano dicta: “La oportunidad hace al ladrón”. Se refiere a la abstracción de una persona sobre su modo de actuar y sus valores en el momento en que ve la oportunidad de robar  alguna cosa en medio de una coyuntura, o de algún acontecimiento inesperado, algo que en condiciones normales jamás haría.

El desarrollo urbano en México vive otro tipo de abstracciones, las personas que toman las decisiones sobre los territorios se preocupan por encontrar terrenos baratos y construir con un exceso en la economía de recursos. Debido a que el mercado está definido por la capacidad de pago de las personas, y a que la mayor producción de suelo urbano está orientado a las clases medias y bajas, la localización es normalmente cuestionable, se construye donde los números apuntan a que una empresa de desarrollo inmobiliario y/o el sistema financiero, logren producir la mayor plusvalía de su inversión. Esta situación permite nuevas extensiones urbanas que aparecen en forma dispersa y atomizada a través del territorio, conformando nuevas periferias discontinuas, con grandes espacios entre un conjunto de vivienda —por ejemplo— y cualquier otra expresión urbana.

En relación a la violencia que vive México, los espacios que llaman mi atención son aquellos que están en medio de dos áreas urbanas, son los intersticios entre un desarrollo urbano y otro. Espacios que no están determinados ni planeados, que aparecen en medio de las partes construidas, entre una colonia y otra, entre un conjunto habitacional y el que sigue, entre un área residencial y asentamientos irregulares. En ocasiones el intersticio está definido por una barda, en otras por un espacio lo suficientemente grande para que quepa una calle, o un campo de futbol, o de plano otro desarrollo urbano. Lo cierto es que están vacíos, son huecos urbanos, como si las ciudades del país fueran un queso gruyere. Estos espacios intersticiales son resultado de una lógica de desarrollo urbano que responde a las necesidades del mercado —formal o informal— y no de las personas, mucho menos de las ciudades, y es en ellos donde se manifiestan muchos de los procesos violentos que viven las ciudades del país. El simple hecho de estar ahí conforma posibilidades infinitas que retan a la imaginación, son espacios físicos que permiten cualquier casualidad y oportunidad, son perfectos para cualquier acontecimiento inesperado, esconderse a la luz del día, guardar algún tesoro o incluso para organizar una pelea entre adolescentes, o ser devorado por una jauría de perros, para tener relaciones sexuales, vender productos ilegales, matar a alguien o tirar un cuerpo. En ellos se depositan miles de historias de terror, así como expedientes de asesinados y desaparecidos, de violaciones y otras torturas.

Los intersticios urbanos no fueron planeados, aparecieron en medio de abstracciones de empresarios inmobiliarios, políticos, arquitectos y urbanistas. Un ejemplo notable es el concurso de ideas para vivienda social organizada por el Infonavit, donde importantes arquitectos desarrollaron propuestas creativas para un nuevo modelo de vivienda, sobre una superficie imaginaria, que pudiera colocarse en cualquier parte del país. Ninguna de las propuestas refleja que el problema de la vivienda es de localización y no de arquitectura.

Dentro de los conjuntos de vivienda “formal” existe una reproducción de intersticios, como si la localización del conjunto en medio de descampados reclamara su vigencia, en los conjuntos hay espacios de uso común que nadie ocupa o que son dominados por un grupo en perjuicio de otros, también se han abandonado millones de viviendas, extendiendo los intersticios dentro del conjunto. Estas casas abandonadas son un espacio construido que brinda posibilidades infinitas que también retan a la imaginación, se han establecido en algunas de ellas prostíbulos y picaderos, entre otros usos alternativos localizados en algunos conjuntos como en el fraccionamiento La Trinidad, en Zumpango.

De manera contraria sucede en los asentamientos irregulares en donde quienes se asientan se localizan en un gran descampado. Los nuevos habitantes ocupan pequeñas porciones de terreno mediante pequeñas e inestables construcciones que dejan espacios intersticiales entre propiedades y casas o cosas construidas, la proporción de lo construido versus el espacio sin definición deja en evidencia cómo el entorno queda dominado por los intersticios, que también representan posibilidades difíciles de imaginar y en donde la violencia cotidiana sucede sin visibilidad alguna.

Los principios ideológicos contemporáneos del urbanismo abordan estas formas de extensión urbana con perspectivas técnicas, normalmente muy críticas cuando la opinión es de especialistas del territorio; por ejemplo, se habla de la problemática de llevar infraestructura a un suburbio atomizado que no está en congruencia con los planes federales, estatales e incluso municipales de infraestructura, o bien cuando se aborda el tema de la movilidad, los especialistas señalan la debilidad estructural del modelo, los urbanistas y los ecologistas argumentan la imposibilidad de llevar empleo, la creación de una preocupante huella ecológica, etcétera. Existe una larga y conocida lista de contradicciones técnicas —a mi parecer históricas—, aun así no alcanzan para modificar la agenda de desarrollo de vivienda actual instrumentada desde el Estado, o bien para confrontar al modelo de la producción social de vivienda y sus instrumentos de operación como las diversas organizaciones sociales productoras de suelo urbano. En todo caso, el pensamiento contemporáneo y la crítica están relacionados con los espacios urbanos construidos y ahí se concentra toda la inteligencia alrededor del problema.

Si cambiamos el paradigma de análisis y ubicamos a los espacios intersticiales —donde la oportunidad para la casualidad hace a la impunidad— como punto de partida para cualquier construcción teórica y técnica alrededor de la producción de suelo urbano, pero sobre todo como principio crítico de las políticas públicas orientadas a la planeación del territorio, la ocasión para la imaginación se convierte otra vez en un reto. Comparto algunas posibilidades:

1. Poner en el centro de la políticas urbanas el diseño de la continuidad urbana con alta densidad.

2. Inhibir espacios intersticiales —sobre todos aquellos que presentan alto riesgo para la sociedad— como un descampado entre dos entornos urbanos o en espacios indefinidos en medio de la traza de las ciudades.

3. Legalizar el uso de drogas y otras actividades ilegales relacionadas con restricciones sobre los cuerpos de los individuos, para que no requieran y dependan de intersticios para desplegar su actividad.

4. Impedir los conjuntos cerrados en cualquier nivel socioeconómico, o en su defecto tirar las bardas de los existentes. Este punto es fundamental para devolverle a los ciudadanos la responsabilidad sobre su entorno y promover la exigencia a las instituciones, se trata de atender el problema y no ponerlo debajo de un tapete para que no se vea.

5. Crear mapas de los intersticios urbanos para diseñar medidas de mitigación del delito.

6. Reconocer la segregación social como el sistema simbólico más eficiente y parámetro de relación entre la sociedad, y asumir que nuestra estructura urbana pone de manifiesto, a través de los espacios construidos, un comportamiento social orientado a la segregación.

7. Crear una base de datos de la sociedad que identifique los intersticios más utilizados para la violencia y crear procesos institucionales para darles visibilidad y desarrollar medidas de mitigación.

8. Un principio fundamental consistiría en desarrollar planeación urbana orientada a la movilización social y no necesariamente a la movilidad, la posición de los conjuntos debe permitir que la sociedad se movilice y reclame espacios de visibilidad y acción política de manera eficiente y expedita.

Muchas otras posibilidades pueden surgir de cambiar la forma de ver a las ciudades, tal vez en una geografía como la nuestra debemos asumir que el paradigma dominante es la impunidad y su traducción al espacio físico se puede localizar en muchos intersticios. Es a partir de ellos que se puede establecer una mirada crítica, pero sobre todo principios para el diseño de nuevas políticas públicas y criterios de planeación urbana.

 

Arturo Ortiz Struck
Arquitecto. Realizó una maestría en investigación urbano arquitectónica en la UNAM.

La ciudad no es patrimonio político

Fuente: El Informador Editorial

Reconocer la vigencia de los Planes de Desarrollo Urbano es la única forma de darle seguridad jurídica a la ciudad.

Los planes Parciales de Desarrollo Urbano son un instrumento fundamental para construir una mejor ciudad. En ellos está definido no sólo lo que está o no autorizado a realizarse en un espacio determinado, son también los documentos que plasman la visión de futuro para Guadalajara.

En un acto de responsabilidad y generosidad política, los regidores de las diferentes fracciones que componen la actual administración del Ayuntamiento Tapatío revisaron, discutieron y autorizaron los planes parciales de las zonas de Guadalajara que requieren ser repobladas, algo que las administraciones anteriores no pudieron lograr. Dar seguridad jurídica a la inversión inmobiliaria y certeza a los habitantes y usuarios del espacio urbano es fundamental para el desarrollo económico sustentable de la capital del Estado.

En días pasados el Tribunal Administrativo del Estado (TAE) aceptó una queja del Parlamento de Colonias y decretó suspender la vigencia de los planes hasta que no se revise el fondo del asunto, es decir, la legalidad o no de dichos planes.

¿Quién gana con la suspensión de planes parciales? Guadalajara no, por el contrario: la ciudad pierde en orden, pierde en oportunidades de desarrollo, pierde en su posibilidad de redensificarse y mejorar su calidad de vida. Los únicos que ganan con estas medidas son el Tribunal Administrativo del Estado, que se convierte en el decisor de facto de lo que sucede o no en la ciudad, y los empresarios oportunistas que, ante la falta de un ordenamiento claro y actualizado, encontrarán siempre la forma, y la autorización para hacer lo que deseen.

La segunda pregunta es por qué en este momento, por qué justo antes de que arrancaran las campañas para elegir a quien será el próximo alcalde de Guadalajara. Pareciera que se quiere usar el ordenamiento territorial como una forma de control político, lo cual es, por decir lo menos, irresponsable. La ciudad es mucho más importante que el partido que la gobierne. El argumento político no cabe en el desarrollo urbano.

Lo que está en juego con esta suspensión no es sólo un ordenamiento legal, es el futuro de la ciudad. Guadalajara requiere seguridad jurídica y visión de futuro. Nadie tiene derecho a imponer, por la vía de los hechos, una visión unilateral. La ciudad no es patrimonio político de nadie.

Reconocer la vigencia de los Planes de Desarrollo Urbano es la única forma de darle seguridad jurídica a la ciudad. Por el bien de todos esperamos que el TAE así lo entienda y falle en consecuencia.

Convocatoria para el 2do Congreso Nacional de Vivienda y 2do Congreso Latinoamericano de Estudios Urbanos.

El Congreso se llevará a cabo del 18 al 20 de mayo de 2015 y tiene como objetivo realizar un análisis profundo sobre las condiciones de habitabilidad y las políticas de vivienda en México y Latinoamérica y su relación con el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial, la equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Conoce las bases para participar en: Convocatoria 2o Congreso 2015 PUEC-UNAM

más informes en: http://foropolis.org/convocatoria-para-el-2do-congreso-nacional-de-vivienda-y-2do-congreso-latinoamericano-de-estudios-urbanos/

Primer Congreso de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano

1er

Primer Congreso de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano  3 de noviembre de 2014 9:00 horas en el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas  (CUCEA) Auditorio Central

Más informes, registro, ponentes y calendario en: http://www.udgvirtual.udg.mx/csc

OBJETIVO GENERAL

Desarrollo urbano y ciudades seguras. El cambio de paradigma de seguridad pública a seguridad ciudadana

OBJETIVOS PARTICULARES

  • Analizar cuáles son los alcances de la seguridad ciudadana, tomando en consideración las diferencias entre los conceptos de seguridad humana, seguridad nacional y seguridad pública
  • Promover la cultura de la legalidad
  • Identificar los retos para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas: política de gobierno abierto y las nuevas herramientas digitales en la atención ciudadana
  • Conocer y analizar el papel que juega el desarrollo de las ciudades, así como el diseño arquitectónico y urbano en la seguridad ciudadana
  • Valorar la importancia de la participación de la comunidad en las estrategias de seguridad ciudadana
  • Promover la transparencia, como acción de empoderamiento ciudadano
  • Reconocer el rol de los medios de comunicación como actor fundamental en la estrategia para prevenir situaciones de riesgo
  • Analizar la colisión del derecho de acceso a la información, la transparencia y la protección de los datos personales en la seguridad ciudadana y el desarrollo urbano
  • Definir las estrategias para lograr el compromiso social integral en acciones relacionadas con seguridad ciudadana y cuidado del entorno urbano
  • Promover la investigación interdisciplinaria sobre los temas del congreso

Nuestro grupo de conferencistas está integrado por expertos de Colombia y nacionales que abordarán un tema que es un desafío para las principales áreas del conocimiento involucradas en la seguridad ciudadana.

Estamos seguros que este Congreso nos brindará información para contar con una visión más amplia de la seguridad, la cual es fundamental para el desarrollo armónico de la sociedad; además permitirá la convivencia y creará nuevos lazos de amistad entre ponentes, académicos, estudiantes y público interesado.

Será un gran honor contar con su presencia los días 3 y 4 de noviembre de 2014 en el Auditorio Central y Aulas ampliadas 5 y 6 del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara.

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS:

  • Comisión de Desarrollo Urbano del H. Congreso del Estado de Jalisco
  • Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara
  • Fiscalía General del Estado
  • Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco
  • Dirección de Atención Ciudadana
  • Sociedad Mexicana de Estudios de la Ciudad, del Territorio y de la Sustentabilidad, A.C. (SOMECITES)

1er congresoCOMITÉ ORGANIZADOR:

Comisión de Desarrollo Urbano del H. Congreso del Estado de Jalisco

Dip. José Trinidad Padilla López

Universidad de Guadalajara

Mtro. Manuel Moreno Castañeda
Mtro. Alfredo Tomás Ortega Ojeda
Dra. María Esther Avelar Álvarez
Mtra. Laura Topete González
Mtra. María del Consuelo Delgado González
Mtra. Rosana Ruiz Sánchez
Dr. Carlos Ramiro Ruiz Moreno
Mtro. Gladstone Oliva Iñiguez
Lic. Luz Elena Encarnación Vallejo
Mtra. Natividad Ahumada Rodríguez

Fiscalía General del Estado

Mtro. Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco
Mtra. Lizzeth del Carmen Hernández Navarro
Lic. Rosalba Padilla Flores

Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco

Lic. Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Mtro. Juan Carlos Campos Herrera
Mtro. Víctor Manuel Saavedra Salazar

Dirección de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado

Mtro. José Daniel Ochoa Casillas
Ing. Edgar H. Peña Aceves

Sociedad Mexicana de Estudios de la Ciudad, del Territorio y de la Sustentabilidad, A.C. (SOMECITES)

Dr. Daniel González Romero

Sin políticas (públicas) no hay ciudad amable

Fuente: http://transeunte.org/2012/06/28/sin-politicas-publicas-no-hay-ciudad-amable/

Por Mariana Orozco

A pesar de que 77.8% de la población mexicana reside en ciudades (INEGI, 2010), no existe una política pública nacional de desarrollo urbano y movilidad sustentable que reduzca, a través de inversiones eficientes, las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) generadas por el uso excesivo de los automóviles particulares, que aunque solo representan el 18% (Galindo, 2010) de los viajes en nuestras ciudades, en promedio, causan el congestionamiento y contaminación local que muchas de ellas vivien hoy en día, además de la costosa e innecesaria depredación de recursos naturales, gracias a urbanizaciones dispersas, que por su baja densidad amplían la periferia de la ciudades, destruyendo los cinturones de naturaleza de los que dependen cosas como nuestro abastecimiento de agua.

La semana pasada, en la conferencia Río+20, México puso sobre la mesa la urgente necesidad de acordar un plan de acción para lograr un desarrollo sustentable, pero sin reflexionar que una profunda transformación de la actual forma de hacer ciudad ayudaría a concretar el esfuerzo de mitigación y adaptación que nos hemos propuesto ante el cambio climático.

El actual marco legal e institucional en materia metropolitana y de transporte urbano y suburbano, hace imposible que las autoridades de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil puedan coordinarse de manera efectiva. Así, se ve afectado el objetivo de implementar mecanismos sustentables para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional, así como para la movilidad y accesibilidad de su población. Esto tiene como consecuencia que nuestro país se limite a esperar, en escalas sin precedentes, apoyos financieros y tecnológicos por parte de países desarrollados y solo así actuar frente al cambio climático.

En general, la movilidad urbana es un tema prioritario para las ciudades –teniendo además en mente que casi el 78% de los mexicanos viven en ellas, como le mencioné al inicio-, éstas destinan casi el 23% de los recursos provenientes del total de los fondos federales, en inversiones de infraestructura para el sector de transporte urbano. Sin embargo, las inversiones para la movilidad y accesibilidad de la población son sumamente inequitativas, ya que el 76.2% del total de dichos recursos es destinado a  inversiones que promueven el uso del automóvil particular, tales como la ampliación y mantenimiento de vialidades, las cuales se hacen pensando en mover automóviles, promueven el tráfico inducido y generan más congestionamientos, soluciones para nadie, ni siquiera para el transporte publico que pasa por ellas: también queda atascado en el tráfico.

En contraparte, se destina menos del 20% del total de los recursos específicos para la movilidad urbana a inversiones para el transporte público, el mejoramiento del espacio público, la infraestructura ciclista y la seguridad peatonal. Cabe destacar que las inversiones en infraestructura ciclista y para mejorar la seguridad peatonal –ambas determinadas como “movilidad no motorizada”- representan solamente el 3.1% de los recursos (Reporte del Fondo Metropolitano, ITDP, 2012).

Pero existen soluciones para satisfacer las necesidades urbanas, bajo un nuevo modelo integral de Planeación Urbana + Movilidad. Sin embargo, en la actualidad, INFONAVIT, CONAVI, BANOBRAS, las secretarias federales y los gobiernos locales, todos ellos corresponsables en el tema, no concurren en una estrategia de política transversal, lo que ha llevado a la implementación de acciones desarticuladas y bajo diferentes visiones que no propician alternativas de vivienda y transporte sustentables para la población urbana.

Las acciones gubernamentales no tienen el objetivo de evitar viajes y grandes traslados, promover un cambio de modos de transporte ni de mejorar las opciones de movilidad que ya existen, por el contrario, los recursos públicos se destinan a obras que promueven el uso del automóvil particular y, así, a urbanizaciones sin densidad ni variedad de servicios, lo que propicia un mayor número de kilómetros recorridos por vehículo en nuestro país, viajes cada vez más largos y, con ellos, kilogramos de Co2 por cada litro de gasolina utilizada, que además, continua siendo subsidiada, sin considerar los efectos regresivos ni los costos de oportunidad desaprovechados.

A lo anterior se le suma otra absurdo modelo, que ha sido adoptado por los responsables de aprobar el destino de los recursos federales etiquetados en el FONDEN, el cual atiende los efectos de desastres naturales imprevisibles, sin proponer un nuevo esquema de ciudad que brinde mayores niveles de resiliencia -capacidad de recuperación económica, social y natural ante el cambio climático- para sus habitantes.

Ante la baja capacidad técnica de los gobiernos locales, resulta necesario modificar los actuales procedimientos con los que el gobierno federal evalúa los costos y beneficios reales que conllevan las acciones implementadas en cuanto a transporte urbano,  así como monitorear sus alcances y verificar que se obtenga el resultado esperado, tomando en cuenta tanto el factor cambio climático, como las externalidades y costos negativos a la sociedad en salud, accidentes y daños ambientales que genera el uso excesivo del automóvil.

Lo anterior también invita al gobierno federal a tomar una responsabilidad por  fortalecer y  brindar lineamientos técnicos de calidad que dejen atrás las negociaciones político-presupuestarias, redireccionar la tendencia de inversión de los recursos federales e incentivar a los estados y municipios a impulsar proyectos de urbanismo sustentable, bajo mecanismos que aumenten la capacidad de sinergia con la sociedad civil, la academia y la inversión privada.

La reglamentación pendiente de la recién promulgada Ley de Cambio Climático, el trabajo  realizado para contar con una nueva Ley General de Asentamientos Humanos, la iniciativa de Ley General de Transporte Urbano y Suburbano y el cambio de administración federal, brindan un escenario favorable para que se realicen las reformas al marco jurídico e institucional  que México necesita, y así hacerle frente a la problemática mencionada con una verdadera transformación del actual estilo de vida urbano.

Cuando nuestras acciones estén enfocadas a la construcción de ciudades, será posible contribuir de manera más efectiva a mitigar el cambio climático y adaptarnos a él, sin comprometer el destino de las futuras generaciones.