Fuente: http://transeunte.org/2012/06/28/sin-politicas-publicas-no-hay-ciudad-amable/

Por Mariana Orozco

A pesar de que 77.8% de la población mexicana reside en ciudades (INEGI, 2010), no existe una política pública nacional de desarrollo urbano y movilidad sustentable que reduzca, a través de inversiones eficientes, las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) generadas por el uso excesivo de los automóviles particulares, que aunque solo representan el 18% (Galindo, 2010) de los viajes en nuestras ciudades, en promedio, causan el congestionamiento y contaminación local que muchas de ellas vivien hoy en día, además de la costosa e innecesaria depredación de recursos naturales, gracias a urbanizaciones dispersas, que por su baja densidad amplían la periferia de la ciudades, destruyendo los cinturones de naturaleza de los que dependen cosas como nuestro abastecimiento de agua.

La semana pasada, en la conferencia Río+20, México puso sobre la mesa la urgente necesidad de acordar un plan de acción para lograr un desarrollo sustentable, pero sin reflexionar que una profunda transformación de la actual forma de hacer ciudad ayudaría a concretar el esfuerzo de mitigación y adaptación que nos hemos propuesto ante el cambio climático.

El actual marco legal e institucional en materia metropolitana y de transporte urbano y suburbano, hace imposible que las autoridades de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil puedan coordinarse de manera efectiva. Así, se ve afectado el objetivo de implementar mecanismos sustentables para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional, así como para la movilidad y accesibilidad de su población. Esto tiene como consecuencia que nuestro país se limite a esperar, en escalas sin precedentes, apoyos financieros y tecnológicos por parte de países desarrollados y solo así actuar frente al cambio climático.

En general, la movilidad urbana es un tema prioritario para las ciudades –teniendo además en mente que casi el 78% de los mexicanos viven en ellas, como le mencioné al inicio-, éstas destinan casi el 23% de los recursos provenientes del total de los fondos federales, en inversiones de infraestructura para el sector de transporte urbano. Sin embargo, las inversiones para la movilidad y accesibilidad de la población son sumamente inequitativas, ya que el 76.2% del total de dichos recursos es destinado a  inversiones que promueven el uso del automóvil particular, tales como la ampliación y mantenimiento de vialidades, las cuales se hacen pensando en mover automóviles, promueven el tráfico inducido y generan más congestionamientos, soluciones para nadie, ni siquiera para el transporte publico que pasa por ellas: también queda atascado en el tráfico.

En contraparte, se destina menos del 20% del total de los recursos específicos para la movilidad urbana a inversiones para el transporte público, el mejoramiento del espacio público, la infraestructura ciclista y la seguridad peatonal. Cabe destacar que las inversiones en infraestructura ciclista y para mejorar la seguridad peatonal –ambas determinadas como “movilidad no motorizada”- representan solamente el 3.1% de los recursos (Reporte del Fondo Metropolitano, ITDP, 2012).

Pero existen soluciones para satisfacer las necesidades urbanas, bajo un nuevo modelo integral de Planeación Urbana + Movilidad. Sin embargo, en la actualidad, INFONAVIT, CONAVI, BANOBRAS, las secretarias federales y los gobiernos locales, todos ellos corresponsables en el tema, no concurren en una estrategia de política transversal, lo que ha llevado a la implementación de acciones desarticuladas y bajo diferentes visiones que no propician alternativas de vivienda y transporte sustentables para la población urbana.

Las acciones gubernamentales no tienen el objetivo de evitar viajes y grandes traslados, promover un cambio de modos de transporte ni de mejorar las opciones de movilidad que ya existen, por el contrario, los recursos públicos se destinan a obras que promueven el uso del automóvil particular y, así, a urbanizaciones sin densidad ni variedad de servicios, lo que propicia un mayor número de kilómetros recorridos por vehículo en nuestro país, viajes cada vez más largos y, con ellos, kilogramos de Co2 por cada litro de gasolina utilizada, que además, continua siendo subsidiada, sin considerar los efectos regresivos ni los costos de oportunidad desaprovechados.

A lo anterior se le suma otra absurdo modelo, que ha sido adoptado por los responsables de aprobar el destino de los recursos federales etiquetados en el FONDEN, el cual atiende los efectos de desastres naturales imprevisibles, sin proponer un nuevo esquema de ciudad que brinde mayores niveles de resiliencia -capacidad de recuperación económica, social y natural ante el cambio climático- para sus habitantes.

Ante la baja capacidad técnica de los gobiernos locales, resulta necesario modificar los actuales procedimientos con los que el gobierno federal evalúa los costos y beneficios reales que conllevan las acciones implementadas en cuanto a transporte urbano,  así como monitorear sus alcances y verificar que se obtenga el resultado esperado, tomando en cuenta tanto el factor cambio climático, como las externalidades y costos negativos a la sociedad en salud, accidentes y daños ambientales que genera el uso excesivo del automóvil.

Lo anterior también invita al gobierno federal a tomar una responsabilidad por  fortalecer y  brindar lineamientos técnicos de calidad que dejen atrás las negociaciones político-presupuestarias, redireccionar la tendencia de inversión de los recursos federales e incentivar a los estados y municipios a impulsar proyectos de urbanismo sustentable, bajo mecanismos que aumenten la capacidad de sinergia con la sociedad civil, la academia y la inversión privada.

La reglamentación pendiente de la recién promulgada Ley de Cambio Climático, el trabajo  realizado para contar con una nueva Ley General de Asentamientos Humanos, la iniciativa de Ley General de Transporte Urbano y Suburbano y el cambio de administración federal, brindan un escenario favorable para que se realicen las reformas al marco jurídico e institucional  que México necesita, y así hacerle frente a la problemática mencionada con una verdadera transformación del actual estilo de vida urbano.

Cuando nuestras acciones estén enfocadas a la construcción de ciudades, será posible contribuir de manera más efectiva a mitigar el cambio climático y adaptarnos a él, sin comprometer el destino de las futuras generaciones.