Editorial

Un estado débil, una sociedad civil desorganizada, una ciudadanía apática y una familia desintegrada son cuatro factores desestabilizadores de la infancia, esa época de la vida de todo ser humano que transcurre entre el nacimiento y los 17 años de edad, un periodo marcado por la dependencia de las acciones y omisiones de los adultos. La infancia no es la misma para todos; mientras que algunos la idealizan como un periodo lleno de inocencia, sueños, juegos y memorias felices, para otros representa abusos, peligros, abandonos y recuerdos dolorosos. El puente de ida y vuelta entre una condición y la otra está construido por el ejercicio continuo, efectivo e integral de los derechos humanos.

Cómo se vive la infancia en Jalisco es una pregunta compleja, y más considerando el enorme vacío de información que hay al respecto y la multiplicidad de factores que se combinan de las actuaciones del estado, las asociaciones civiles, la ciudadanía y las familias. En este número, las asociaciones que pertenecemos al Colectivo de Organizaciones e Instituciones por los Derechos de la Infancia en Jalisco (COIDIJ) hemos intentado ofrecer algunos datos y reflexiones que ayuden a formar una perspectiva general acerca de la situación actual de la infancia jalisciense y describir las complejidades a las que se enfrentan para ejercer sus derechos.

Los artículos que publicamos abordan derechos como la educación, la inclusión social, el derecho a la felicidad; otros se enfocan en grupos sociales infantiles, como los que viven en situación de calle, los que trabajan y los que viven en albergues. En las páginas centrales se ofrece información sobre situaciones en las que se violentan todos los derechos humanos y que han sido mantenidas en el silencio.

El 21 de septiembre se cumplen 28 años desde que México ratificó la Convención de los Derechos del Niño (1989) y se comprometió a realizar las adecuaciones administrativas y legales para garantizar que cada niña, niño y adolescente ejerciera sus derechos de supervivencia, protección, desarrollo y participación. Lamentablemente, estamos muy lejos de que el estado mexicano cumpla con ese compromiso.

Sin negar los avances en materia legislativa, se debe resaltar que estos no han permeado en las estructuras administrativas ni en los sistemas de protección integral para niñas, niños y adolescentes, pese a estar instalados en el estado y en 125 municipios; de facto, no funcionan y existe poca coordinación hacia el interior de las dependencias, poco personal capacitado y prácticamente nulos recursos disponibles.

Al contrario de los discursos triunfalistas del gobierno en los tres niveles, gran parte de la infancia está desestabilizada, quebrantada e ignorada. Con ella es con la que trabajan las asociaciones civiles, pero hace falta más solidaridad de la ciudadanía en general y de cada familia en particular. Los niños, niñas y adolescentes no son propiedad de nadie, pero son responsabilidad de todos.

Claudia Guadalupe Arufe Flores / Coordinadora de este número

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