Sociedad civil en apoyo a la familia binacional en México

Entrevista a Berenice Valdez Rivera, coordinadora del área de Políticas Públicas del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (Imumi).

En esta entrevista, Berenice Valdez comparte las acciones en las que ha participado desde la sociedad civil para garantizar el derecho a la identidad de las familias binacionales. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, se ha especializado en temas de derechos humanos, migración y género, y ha participado en organizaciones civiles promoviendo los derechos de las mujeres en las migraciones y de sus familiares a través de la articulación social y la interlocución con gobiernos y otros actores.

¿Cómo identificaron el problema de la niñez originaria de Estados Unidos de madre o padre mexicanos?

Cuando el Imumi comenzó la clínica jurídica binacional en 2010 hicimos un diagnóstico para identificar los problemas de las mujeres con familiares migrantes en Estados Unidos, que necesitaban ser atendidos legalmente. Ahí vimos la dificultad para que sus hijos e hijas nacidos en el extranjero pudieran ir a la escuela o tuvieran servicios de salud, por no tener su doble nacionalidad.

¿Qué acciones han desarrollado desde la sociedad civil?

Organizaciones del Colectivo Migraciones para las Américas documentamos casos para visibilizar el problema en México, intercambiamos información y planteamos rutas de acción para las políticas públicas. También revisamos marcos normativos para analizar cambios necesarios que garanticen el derecho a la identidad, como lo marca nuestra Constitución. El problema estructural es que en este país no hay un documento único de identidad, y hay un criterio discrecional de cada autoridad e instancia sobre lo que reconocen válido como documento de identidad (acta de nacimiento, cartilla, pasaporte). Tampoco había estadísticas que permitieran dimensionar el problema, visibilizarlo y atenderlo.

Organizaciones sociales y servidores públicos con incidencia en temas de población en movilidad coincidimos en que las barreras están en los requisitos y en la falta de información, y que el Estado no tenía una vía para resolverlo.

A través del Consejo Consultivo de la Secretaría de Gobernación insistimos en generar mecanismos y acciones afirmativas para garantizar el derecho a la identidad, armonizando los marcos normativos de los tres niveles de gobierno[1], trasversalizamos el tema y promovimos una coordinación interinstitucional entre secretarías y actores involucrados. Se conformó el Grupo Interinstitucional de Identidad y Educación, y un comité de estadísticas con el Inegi para incorporar variables que visibilizaran el problema, y así generar políticas públicas acordes.

Prestaron más atención cuando el contexto externo fue más evidente: el aumento de las deportaciones con Obama y la política restrictiva estadounidense. Así surgió el programa “Soy México”, una respuesta temporal a uno de los compromisos del Programa Especial de Migración, que facilita los requisitos para la inscripción en el Registro Civil.

¿Cuál es la resolución ante esta problemática?

Como resultado de incorporar el tema migratorio de familias binacionales en las prioridades de la agenda pública, y lograr la coordinación interinstitucional de sectores y niveles de gobierno, aunado a los aportes de la sociedad civil para visibilizar los problemas y exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado, se impulsa la estrategia “Soy México”. Esta experiencia nos deja como reto el seguimiento de su aplicación para asegurar que las personas puedan tener acceso a la doble nacionalidad, además de continuar buscando los cambios estructurales, y no solo coyunturales.

[1] Así lo marca el Programa Especial de Migración.

 

Magdalena Sofía de la Peña / Académica del Programa de Asuntos Migratorios del Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social del ITESO

 

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