Por José Bautista Farías, académico del Programa de Empoderamiento y conflictividad del Centro de Investigación y Formación Social.
Imaginemos que usted forma parte de un consejo ciudadano de obras públicas de un municipio de Jalisco, donde se decidirá la pavimentación de varias avenidas de la ciudad y se entera que las bases del concurso de licitación de la obra se redactaron de manera tramposa para beneficiar a determinada compañía constructora, a cambio de una cuantiosa suma de dinero para un alto funcionario. Usted, que es una persona honesta, filtra esta información a los medios de comunicación y estos a su vez la difunden ampliamente. Con la nueva ley de información pública del Estado de Jalisco y sus municipios -aprobada vía “fast track” por los diputados el pasado 8 de diciembre- usted podría hacerse acreedor de una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente para la ZMG, por dar a conocer información pública reservada.
Mientras que en la actual ley de transparencia de Jalisco es un derecho de los ciudadanos el conocer y participar en las deliberaciones previas a una toma de decisión de las autoridades, en la nueva ley de información referida esto se suprime, y no solo eso, cualquier opinión que forme parte de un proceso deliberativo de los servidores públicos será considerada como información reservada (según el art. 41, fr. VI). Esto atenta no sólo contra la libertad de expresión sino contra el derecho a saber lo que deciden los gobernantes en nuestro nombre. ¿Qué justificación dieron los diputados para suprimir este derecho a los ciudadanos? Ninguna. ¿Qué argumentos ofrecieron los diputados para abrogar la ley de transparencia vigente y aprobar una nueva que plantea retrocesos en esta materia? Ninguno.
