Por: Gerardo Moya.
En un comunicado publicado el 20 de agosto del 2013, el “Colectivo por la Transparencia” y “México infórmate”, alertaron respecto del grave retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas al que nos enfrentamos. El 19 de Agosto pasado en Comisiones de la Cámara de Diputados, se aprobó en el dictamen un revés a la máxima protección del derecho de acceso a la información y una contradicción al compromiso del Estado Mexicano con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, reza el comunicado.
La pretensión del dictamen es reformar la Constitución para que una serie de personajes, entre ellos el Consejero jurídico del Presidente de la República, el Procurador General de la República, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el del Banco de México, puedan impugnar ante la Suprema Corte de Justicia, las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), que obliguen a entes públicos a brindar la información solicitada, cuando a su juicio exista una afectación en materias como la seguridad, la estabilidad económica y la protección de derechos humanos.
Es decir, cuando actualmente el IFAI es la última palabra para obligar a una entidad pública a rendir la información solicitada por un ciudadano, los personajes antes nombrados, podrán “judicializar” dicha resolución, inconformándose por ella ante la Suprema Corte. Lo anterior implica que además de esperar el tiempo necesario para que resuelva el IFAI frente a una negativa de información de una entidad pública de inicio, ahora tendrán que meterse abogados y tiempo y más tiempo y abogados… “Hagamos más cansado aún el hecho simple y llano de obtener una información solicitada” estarán pensando los diputados…
La transparencia y el acceso a la información es un derecho humano clave, y presupuesto de la democracia.
Los supuestos planteados en el dictamen para que se pueda impugnar una resolución del ITEI, son vagos y caben muchas cosas en su formulación. En todo caso, poner aún más trabas al acceso a la información, es a su vez una violación a ese derecho, que podría ser recurrida por diversas vías. Es decir, con éste dictamen los diputados y diputadas estarían violando los derechos humanos, sin embargo la congruencia no es su característica esencial.
El colmo de esto estalla cuando ante la propuesta de que los Partidos Políticos y las y los legisladores, sean sujetos obligados ante el IFAI para rendir información, votaron en contra. Pídansela al IFE dijeron.
Es un contra sentido que quienes escriben las reglas, no se sometan a las mismas, sobre todo ante la poca credibilidad que su embestidura actualmente conlleva.
