Por Òscar Humberto Castro, académico del ITESO.
Cada generación enfrenta sus propios retos. Muchos estudiosos de las ciencias sociales señalan que uno de los principales retos políticos en el siglo XXI será integrar la participación de las y los ciudadanos en la toma de decisiones sobre lo público.
Esta creciente demanda de espacios de participación social no es gratuita. Es el resultado de una combinación de transformaciones tanto en las relaciones entre individuos como en los medios que utilizan estos individuos para relacionarse. Las conquistas en el campo de los derechos humanos y las transformaciones tecnológicas en los medios de comunicación hacen que el surgimiento y la consolidación de estas nuevas relaciones sean irreversibles.
La demanda de espacios de participación social no es superflua. La complejidad de los retos que enfrentamos en temas ambientales, económicos, educativos, etcétera, no pueden resolverse de fondo sin la participación de las y los ciudadanos. Resolver el problema de la basura, requiere de la participación de ciudadanas y ciudadanos dispuestos a separar su basura.
Resolver el problema del agua requiere de la participación de ciudadanas y ciudadanos dispuestos a reducir su consumo y pagar las externalidades que significa extraer agua de otras cuencas. Resolver el problema de la movilidad requiere de la participación de ciudadanas y ciudadanos que se bajen de su automóvil. Resolver el problema de la raquítica recaudación de impuestos requiere de la participación de ciudadanas y ciudadanos que vean que el dinero público sirve para otra cosa además de enriquecer a funcionarios de todos los niveles.
Y finalmente, la demanda de espacios de participación social no es una concesión. Es la ley. Punto. Cuando el legislador escribió en el artículo 39 constitucional “…Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El Pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno” estaba preservando el derecho fundamental a participar en la toma de decisiones sobre la forma en que se ejerce el poder público.
Cuando cualquier autoridad inhibe la participación de las y los ciudadanos en las decisiones sobre lo público no sólo contraviene el espíritu de la ley, obstaculiza la solución de los problemas que requieren respuestas colectivas y establece el tono de la relación entre el gobierno y la población, entre representantes y representados.
En los últimos años esta relación, marcada por la creciente percepción de que los diputados representan cada vez menos a sus representados, parece conducir a nuestra sociedad a un futuro incierto, en el que los enfrentamientos y la violencia pueden volverse el único modo para que diversos grupos sociales hagan valer sus demandas. Nada menos en las marchas del pasado sábado 1º de diciembre había jóvenes gritando: “no somos guerrilleros, pero pronto lo seremos”.
Y lo que es peor, los organismos de la sociedad civil tenemos muy pocos argumentos para convencer a estos jóvenes de lo contrario. Las distintas organizaciones aquí representadas, que buscamos por los caminos pacíficos más diversos hacer propuestas a las legislaturas 58 y 59, nos topamos no sólo con pared, sino también con los contubernios más reprobables, los intereses más obscuros y los acuerdos más vergonzosos.
Las últimas dos legislaturas estatales fueron un ejemplo de lo peor que podemos encontrar en la política, es decir, en el ejercicio del poder público. Demostraron hasta qué grado los partidos han confiscado el acceso al poder y a la toma de decisiones. Demostraron también que se puede tener el poder, pero no la autoridad.
Sin embargo, las organizaciones aquí reunidas seguimos convencidos del poder de la deliberación. Cuando la democracia ha perdido autoridad, lo peor que podemos hacer es cerrar los caminos del diálogo.
Es por eso que hoy insistimos en establecer un diálogo productivo entre organismos de la sociedad civil y la Sexagésima Legislatura, que permita a nuestro Estado avanzar en temas como transparencia, rendición de cuentas, democracia participativa y tantos otros que han adquirido la condición de urgentes.
Estamos dispuestos a conceder el hecho de que los integrantes de la Sexagésima Legislatura no son culpables de los delitos cometidos por sus predecesores, pero exigimos que demuestren su compromiso de no repetirlos.
Es con el fin de iniciar nuevos caminos de diálogo, que han sido convocados este día y nos complace que una mayoría de ustedes haya aceptado el reto de acompañarnos.
Finalizo mi intervención con la siguiente reflexión. El ejercicio del poder público requiere de la ambición de aspirar a representar a otros. Pero la pura ambición no es suficiente. La mujer y el hombre de estado requieren de generosidad. De la generosidad que es indispensable para compartir el ejercicio del poder. ¿Cuántos guardan en ustedes un equilibrio entre estas dos fuerzas contradictorias, la ambición y la generosidad? ¿Cuántos de ustedes se conformarán con ser diputados y cuantos aspiran a ser verdaderos legisladores?
La respuesta a estar preguntas la tienen ustedes. El balón está en su cancha.
Acción Ciudadana Ya
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