Por Olga Aikin Araluce, profesora e investigadora del Departamento de Estudios Sociojurídicos [DESOJ] de la universidad, así como colaboradora del programa de Migración del Centro de Investigación y Formación Social [CIFS-ITESO]
Si bien la nueva Ley sobre Migración aprobada recientemente en México tiene alusiones a los derechos humanos de las personas migrantes, y otorga mayores garantías que la anterior Ley General de Población de 1974, no deja de tener un enfoque represivo y de criminalización. Al vincular el tema migratorio al de la seguridad nacional y la seguridad pública, se perpetúa el paradigma desde el que se entiende la migración y se continúa criminalizando y poniendo en riesgo la vida de las personas migrantes.
Esta tendencia a la securitización de la migración, lejos de contribuir al ordenamiento de los flujos migratorios y garantizar la seguridad, agudiza la vulnerabilidad de la población migrante. Múltiples organizaciones y especialistas en migración apuntan que sería deseable alejarse de esta tendencia y ver el fenómeno migratorio como flujos humanos que se originan por situaciones de inequidad económica, política o social, que generan desarrollo en los países de origen y destino y cuya protección debe ser la prioridad de las agendas públicas.
El paradigma de la securitización migratoria no sólo ocurre en México. La adopción de políticas represivas en el control fronterizo, ligadas en EE.UU a la guerra contra el terrorismo global o en México a la guerra contra el narcotráfico están muy internalizadas y no parece probable que se reviertan en el corto plazo. Estos paradigmas no diferencian el fenómeno migratorio de otras amenazas a la seguridad nacional (como el narcotráfico, el crimen organizado o el terrorismo), metiéndolo todo en el mismo paquete y, al mismo tiempo, generando un elevado nivel de ineficacia en la gestión pública del problema.
En México la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón ha endurecido el control migratorio, siendo que actualmente los operativos migratorios y la detención de las personas migrantes son vistas como un acto para garantizar el orden público. En el Quinto Informe Presidencial, dentro del rubro de seguridad fronteriza y con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las fronteras, se diseñan estrategias consistentes en “combatir el tráfico de indocumentados y de drogas en las zonas fronterizas norte y sur del país”. ¿Ambos asuntos deberían ir juntos?
Los pronunciamientos que hiciera Felipe Calderón con respecto a la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas son representativos de cómo el gobierno mexicano evade responsabilidades en acontecimientos tan dramáticos y vincula los temas migratorios con cuestiones de seguridad nacional y de combate al crimen organizado. En este sentido la Casa de Migrantes en Saltillo y el Centro Diocesano de DH Fray Juan de Larios criticaron dicha respuesta en la cual se adjudica la masacre a “pugnas libradas entre grupos del crimen organizado” (disponible AQUÍ. El paradigma de la securitización, junto con esta política deliberada de no responsabilidad ante hechos tan escabrosos, son el caldo de cultivo para la crisis humanitaria que vive México en materia migratoria.