Por Juan Palomar
En una librería de viejo han emergido, entre despojos diversos, varios libros marcados con el sello de la biblioteca de la Junta General de Planeación y Urbanización del Estado de Jalisco. Tienen marcado a lápiz, con mano temblorosa pero clara, el registro de cada ejemplar en código Dewey. Formaban parte de una colección de libros y materiales reunidos durante mucho tiempo por un ingeniero civil y funcionario que trabajó por más de cuarenta y cinco años en la planeación de nuestro estado. Al final de su carrera, y de su vida, se limitaba por su avanzada edad –estaba en su novena década- a organizar y administrar el acervo y a opinar sobre los temas urbanos que a menudo le eran consultados. Habría lamentado profundamente la disgregación de una biblioteca y un acervo documental a los que enriquecía –frecuentemente de su propio peculio- con ejemplares y documentos traídos de sus viajes o encontrados en sus correrías por las librerías locales. Y que consideraba, con justa razón, una herramienta indispensable para las labores de la planeación. Con seguridad, habría reclamado airadamente la pérdida y exigido la correspondiente sanción para los culpables. El ingeniero se llamaba Juan Palomar y Arias.
Fue, según dicen, hasta 1943 que se formó un organismo estatal con el fin de guiar la planeación urbana en el estado: la Oficina del Plano Regulador de Guadalajara (que luego amplió sus alcances a Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Chapala). Hacia 1947 se fundó la Junta General de Planeación y Urbanización del Estado de Jalisco de la que formaban parte autoridades, sociedad civil, sectores sociales y técnicos. En 1977 el organismo dejó de ser Junta y, con motivo de la promulgación de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Jalisco comenzó a ser Departamento. Doce años después, en 1989, pasó a ser la Secretaría de Desarrollo Urbano y Rural, que en 1992 perdió lo de rural pero siguió con las mismas siglas. Ahora, en 2013, se ha decidido por parte de la administración estatal fundar la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) entre cuyas funciones no parece estar ya la de la planeación urbana, la que ahora gestionará en algún momento otra nueva dependencia: la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Una circunstancia que debe subrayarse es la modificación del artículo 115 constitucional, en donde, a partir de 1983, la gestión territorial y el control del desarrollo urbano pasaron a ser potestad única y directa de los ayuntamientos. ¿Cuántos municipios existen en Jalisco, y en todo el país, capaces de operar organismos técnicos que puedan regular y orientar tan delicadas y vitales funciones? Muy pocos. El resultado, después de cuarenta años, está a la vista: el desorden y los daños generados en el territorio nacional por la frecuente anarquía en estos campos son bien conocidos. En Jalisco, hasta principios de la década de los ochenta, había por lo menos algún orden y un organismo técnico facultado para regular el crecimiento y evitar las barbaridades. Nadie discute la capacidad de los ayuntamientos, que tienen los medios, para disponer en su territorio: ¿Y los demás?
Ahora, es difícil saber dónde quedó el cerebro rector de las múltiples tareas estatales que, de cualquier manera, le corresponden. ¿Cómo se jerarquizan y determinan, por ejemplo, las obras del Consejo Metropolitano?
La pérdida de la biblioteca de la que se hablaba arriba, de la memoria histórica que representaba, de esa evidencia de un cerebro capaz de concebir una visión de conjunto de la entidad, es un claro síntoma de la desorientación de la planeación urbana (y por lo tanto arquitectónica) en Jalisco. Y urge encontrar el norte.