Las calles “privatizadas”


Por Juan Palomar

La ciudad es, por antonomasia, un sistema de flujos y comunicaciones que garantizan su misma vida. Todas las urbes del mundo dependen de esa circulación (a la manera de la que en un cuerpo realiza la sangre) para oxigenar y mantener sus tejidos en buenas condiciones.

Por otro lado, una de las indispensables garantías individuales se refiere al libre tránsito de las personas. Como ámbito paradigmático de la libertad, la ciudad debe garantizar en todo momento la posibilidad de ir y venir en los contextos públicos sin encontrar obstáculos ni restricciones. La libertad personal, que todos los habitantes de las urbes procuran, está íntimamente relacionada con la posibilidad de escoger caminos y recorridos sin más cortapisa que el respeto a los derechos de los demás.

Es por lo anterior que resulta tan grave la tolerancia que algunas administraciones municipales han tenido frente a la “privatización” de ciertas vías públicas de la ciudad. Ese hecho atenta frontalmente contra todos los valores mencionados, lo que de por sí acusa una alta gravedad, sin contar con el perjuicio que así se causa a la conectividad y a la movilidad urbanas.

La seria problemática de la seguridad, derivada de la permisividad social y de la injusticia prevalecientes, ha producido otro conocido problema: el de la privatización de extensas zonas de la ciudad. La moda de los llamados “cotos” se ha extendido grandemente. Y difícilmente un esquema que parte del miedo sistemático al otro puede acarrear bondades a la comunidad. El principio implícito de la convivencia urbana, en la que ricos, medianos y pobres pueden relacionarse y codearse civilizadamente, se rompe así de raíz. Exclusión, segregación, no lejanas de la simple discriminación, son las tristes marcas de estos tiempos.

Lo anterior se refleja inmediatamente en la discontinuidad vial y urbana que “cotos” y calles “privatizadas” comportan. La movilidad se ve así afectada o, de plano, imposibilitada. La convivencia para la mayoría es imposible. Es el caso de varias avenidas del poniente de la ciudad que están actualmente cerradas y que a diario causan que miles de personas pierdan precioso tiempo en aras del beneficio de unos cuantos.

Corresponde al Ayuntamiento cuidar celosamente de la propiedad pública. Y actuar con la energía necesaria para preservar los derechos de la ciudadanía. Un reciente reportaje de EL INFORMADOR (11/FEB/2013) detalla los problemas que el poniente tapatío encara por la falta de conectividad derivada de actos ilegales y arbitrarios.

El modelo de ciudad deseable supone una vida urbana integrada: conectividad, accesibilidad, convivialidad, igualdad de oportunidades, uso intensivo de sistemas de transporte público y reducción radical en el abuso del automóvil. Algo que tradicionalmente existió en Guadalajara con su conocido sistema de barrios y colonias. Debemos de actuar para evolucionar hacia un modelo urbano sostenible e igualitario, en donde las vías públicas y los espacios comunes sean verdaderamente de todos.