Juan Palomar Verea
Esta cifra es muy elocuente. Cinco millones de casas en todo el papaliar el actual déficit de vivienda. O sea, se plantean soluciones, pero no las que se necesitan.
Por demasiado tiempo se ha seguido la creencia de que basta un mínimo de espacio construido y equipado para constituir una vivienda. Por demasiado tiempo se ha partido de la premisa de conseguir el suelo más barato como condición para que el sistema de vivienda siga funcionando. Lo que los usuarios necesitan no es una vivienda mínima: es un hábitat suficiente. Un hábitat que supone una ciudad integrada y funcional. Un espacio privado encuadrado en un contexto urbano y público provisto de todos los satisfactores para la vida.
Cualquier análisis sensato de una casa involucra a todo su contexto. Un gradual olvido de las necesidades de proximidad y conectividad han ido estirando cada vez más los límites: traslados cada vez más largos a entornos cada vez más desprovistos de satisfactores han llevado a los actuales extremos. La oferta de suelo supuestamente urbanizado ha constituido una gran trampa en que millones de usuarios han caído.
La declaración como reserva urbana de una parte del territorio de cualquier municipio es un asunto de extremada seriedad. No es posible hacerlo sin contar con la seguridad de que tal condición “urbana” realmente será cumplida, ni hacerlo, por supuesto, atendiendo exclusivamente a los intereses inmobiliarios de un promotor. Los excesos en que se ha caído resultan inadmisibles y abonan a la respuesta de por qué hay cinco millones de casas ociosas.
Es necesario replantear el presente y el futuro de los esfuerzos en el campo de la vivienda. Cada nuevo desarrollo a realizarse deberá encaminarse a lo que actualmente se intenta a través del sistema de Desarrollos Urbanos Integralmente Sustentables (DUIS). Una sustentabilidad integral que tiene que ver con la vivienda misma pero también con el medio urbano en que se inscribe. En la medida en que esa sustentabilidad se cumpla los usuarios podrán estar seguros de encontrar respuestas reales a sus necesidades no solamente de vivienda sino de ciudad. Esta política, que actualmente lleva adelante un grupo de dependencias federales, deberá permear cuanto antes a las instancias estatales y municipales.
El costo, ahora muerto, de cinco millones de casas gravita sobre toda la sociedad. Pero sobre todo sobre los que menos tienen y carecen aún de una vivienda digna. Es urgente dejar atrás los esquemas desgastados que están atentando contra el bienestar de la población y la integridad del territorio. Urge construir una política racional y sensata de vivienda que incorpore también el derecho a una ciudad apropiada.