Una red para cuidar de todas y todos

 

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) está por cumplir 27 años de crear mecanismos de participación y articulación entre organizaciones de la sociedad civil: más de 84 agrupaciones cuyo objetivo principal es la protección y la difusión de los Derechos Humanos. La oficina de occidente agremia, entre otras organizaciones, al Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz del ITESO.

Pero, ¿cuáles son las prioridades de esta organización de organizaciones? Quetzalcóatl G., encargado del área de comunicación, lo explica: “Nos preocupamos por las organizaciones más pequeñas, porque son las más vulnerables”.

La tarde de agosto en que el activista responde a nuestra llamada, la agenda no había sido sencilla. Apenas el 28 de este mes, la Red TDT lanzó una acción urgente: un llamado de auxilio para que organizaciones civiles y activistas visibilicen un problema que, de no ser resuelto pronto, ocasionaría daños irreparables en la vida de una o más personas.

El caso específico es un llamado para atender la crisis de seguridad que se vive en la Estancia del Migrante González y Martínez, en Querétaro, y en el albergue La 72, en Tabasco. En ambos casos se siguen incrementando los hechos de violencia, hostigamiento y represión en contra de activistas y personas que están en tránsito.

“Uno de los principales logros es el crecimiento constante. Hace unos meses éramos 80 organizaciones impulsando y cubriendo más espacios en el territorio. Ahora estamos dando cobertura a las organizaciones que trabajan directamente en los distintos estados de la República”.

Aunque tienen oficinas en la Ciudad de México, cuentan con cinco divisiones regionales, lo que los hace estar mejor organizados para afrontar las necesidades que se van presentando. Sobre los retos que enfrentan, el integrante de la Red afirma que, desde la capital del país, tratan de visibilizar asuntos relacionados con los problemas que se enfrentan los ciudadanos y defensores de derechos humanos.

“Este influjo positivo que dan los Derechos Humanos logramos ‘horizontalizarlo’, en una suerte de hermandad, pues al estar todas las organizaciones juntas en red, tenemos una mejor cobertura. Uno de los principales retos es ver cómo podemos visibilizar la situación adversa a los colectivos y los defensores, cómo podemos minimizar los riesgos en el ejercicio de la defensa a lo largo de estos años”.

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Lucha por la casa común

Megaperegrinación de Modevite en San Cristóbal de las Casas en 2016. Foto: modevite.wordpress.com
Megaperegrinación de Modevite en San Cristóbal de las Casas en 2016. Foto: modevite.wordpress.com

Defender la casa común de las amenazas a bosques y lugares sagrados; subsanar las fracturas que han sufrido las comunidades y decidir sobre la manera en que quieren organizarse, es en lo que trabaja el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), que agrupa a 11 municipios de Chiapas.

Modevite se formó, en primera instancia, para encontrar una solución al problema de alcoholismo en las comunidades indígenas de la región ante la inacción de las autoridades en lo tocante a la venta clandestina de alcohol. A este problema se sumó el narcomenudeo que se apropió de las escuelas.

Octavio Gómez, integrante de este movimiento, relata que han ido creciendo, no sólo en la cantidad de municipios que se sumaron al proyecto que inició hace cuatro años, sino también en sus acciones, mediante las cuales piden respeto y cuidado de su entorno.

“Los grandes megaproyectos que hay (como la autopista San Cristóbal-Palenque) acaban con lo que tenemos para vivir, con los bosques, los manantiales, los lugares sagrados que son vitales para la vida de la comunidad; ahí hacen sus oraciones para pedir lluvia y que se dé una buena cosecha en el año”, explica Santiago Pérez, también miembro de Modevite.

El Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio, que es acompañado por la Misión Jesuita de Bachajón, organiza talleres acerca de temas como derecho a la consulta y a la autodeterminación, a los que asisten los representantes de las regiones que conforman los municipios que se unieron al movimiento. Ellos comparten en sus comunidades lo que se vio en el taller para platicarlo y analizarlo en comunidad.

Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio

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Por los derechos laborales en la industria electrónica

Imagen de una maquiladora de componentes electrónicos. Foto: James Hardy/EFE
Imagen de una maquiladora de componentes electrónicos. Foto: James Hardy/EFE

Con medio millar de empresas, inversiones millonarias, más de 55 mil empleos y exportaciones superiores a los 18 mil millones de dólares (sólo el año pasado), la industria electrónica de Guadalajara se ve a sí misma como el Valle del Silicio de México.

Pero, si se acerca la mirada, la estatua construida por empresas trasnacionales y políticos locales muestra sus grietas.

Debido a la cercanía con Estados Unidos, al buen nivel de inglés, a la presencia de universidades de calidad y a una buena relación entre empresas y gobierno, aunque también debido a la mano de obra barata, a las autoridades que prefieren no ver violaciones a los derechos laborales y a los sindicatos que representan sólo los intereses de sus líderes, trabajar en la electrónica nunca ha sido tan idílico como sus representantes presumen.

Muestra de esto es que, hace diez años, se hizo necesaria la creación de la Coalición de Extrabajadoras(es) y Trabajadoras(es) de la Industria Electrónica Nacional (Cetien), cuyo objetivo es conocer, promover y defender los derechos humanos laborales, a través de capacitación y desarrollo, para lograr una mejor calidad de vida.

Este colectivo, que pone en riesgo su empleo todos los días, cree en la construcción de un mundo más justo, en el que el trabajador reciba la seguridad de que sus derechos serán respetados. El camino ha sido difícil, pero esperanzador. Sólo como ejemplo, en agosto pasado arrancó la primera Escuela Sindical: todos los domingos, los trabajadores activos de la electrónica aprenden acerca de sus derechos: ellos quieren que el Valle del Silicio también reverdezca para ellos.

Cetien

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:: “Diez años y seguimos por más”.

 

Bordados por la memoria

Teresa Sordo tiene registrado en la memoria cada domingo que pasó entre marzo de 2012 y noviembre de 2014. Fielmente, cada semana acudía al Parque de la Revolución, en el centro de Guadalajara, para bordar la barbarie de un país.

Era 2012, el final del sexenio de Felipe Calderón. Un grupo de activistas se reunió en torno a un mismo objetivo: visibilizar el tamaño de una estadística. Los muertos del sexenio no son números. Tienen nombres y familiares y dejaron este mundo en circunstancias lamentables. Y eso debía plasmarse en algún lado, aunque fuera en un pañuelo.

En esos más de dos años, quienes integran el colectivo Bordamos por la Paz bordaron más de tres mil pañuelos con los nombres de las personas asesinadas y desaparecidas en el sexenio 2006-2012. Pero como el infierno no acabó con el regreso del PRI a la presidencia, siguieron haciendo su trabajo hasta que las autoridades municipales de Guadalajara les impidieron el acceso al “Parque Rojo”.

La activista, que hoy en día vive en la Ciudad de México, hace un balance en perspectiva de lo que ocurrió: “Perdimos el lugar en donde se podía hablar de lo que se estaba pasando y hacer catarsis. Nosotros acompañamos causas; no digo que sea indispensable nuestra presencia, pero sí creo que se perdió el sitio”.

Entre las cosas que más recuerda Teresa Sordo está la solidaridad de las familias. “Todos devolvían los pañuelos. Los que se llevaban diez o cinco a sus casas, todos regresaban con los pañuelos bordados”.

Ahora los pañuelos siguen más vivos que nunca. Se prestan para exposiciones en cualquier parte de México y el mundo.

Bordamos por la Paz

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Cuando el verde no es como lo pintan

En el Istmo de Tehuantepec se han colocado aerogeneradores en campos de cultivo y cerca de viviendas. Foto: Prometeo Lucero
En el Istmo de Tehuantepec se han colocado aerogeneradores en campos de cultivo y cerca de viviendas. Foto: Prometeo Lucero

La Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APITDTT) la integran campesinos, campesinas, pescadores y amas de casa indígenas binnizá e ikoots de ese lugar. Una de sus caras más visibles es Bettina Cruz, quien desde 2005 ha conformado un grupo de apoyo y solidaridad “para dar información sobre los proyectos de las empresas que buscan generar energías renovables. En realidad, no todo es tan verde como lo pintan sus políticas ambientales”.

Desde el año 2007, cuando la Asamblea se constituyó, la fuerza de este movimiento de resistencia reside en la información y el involucramiento de las comunidades en la toma de decisiones.

“Damos información sobre cuáles son los proyectos, hacemos un análisis sobre los contratos, checamos los impactos en la vida de los pueblos y en la vida de la naturaleza. En realidad, lo que nos preocupa es la vida, y cómo la afectan las actividades económicas. Y a partir de ahí se platica todo y se empieza a organizar todo”.

Bettina Cruz, quien enfrentó un proceso legal en 2012 por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos “contra el consumo y la riqueza nacional”, asegura que, a partir de que se dan cuenta de la llegada del capital y las inversiones a una región, “se realiza la organización de la gente, en la que lo más importante es la visibilización de los problemas; luego verificamos si tenemos alguna de las rutas jurídicas. Todo se hace para poder detener estos proyectos”.

Las principales dificultades que enfrentan se relacionan con tener que luchar contra una maquinaria en la que el Estado y sus gobernantes se ofrecen como facilitadores de inversionistas que manejan un doble discurso.

“Somos muy criticados porque dicen que estamos luchando contra la energía renovable. No estamos luchando contra eso: las empresas que están calentando el planeta son las mismas que están metidas en las energías renovables, y eso es como un doble discurso. Al final, todo es parte de la mercantilización de la vida”.

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio

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En defensa de quienes trabajan

Obreras que han iniciado demandas laborales contra empresas de la industria electrónica en Jalisco. Foto: Natalia Fregoso.
Obreras que han iniciado demandas laborales contra empresas de la industria electrónica en Jalisco. Foto: Natalia Fregoso.

En un estado en el que todos los días se presume el aumento en las cifras de empleo y la llegada de millonarias inversiones, hay una realidad que las autoridades parecen no ver: la calidad de los trabajos.

Malos salarios, ausencia de prestaciones, simulación de representación sindical, acoso laboral y hasta sexual, son parte de la historia cotidiana en la entidad.

Uno de los organismos que más han documentado este fenómeno es el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), un proyecto de Fomento Cultural y Educativo, la principal obra de educación popular de los jesuitas en México.

El Cereal inició actividades en Guadalajara en 1997, y a lo largo de estos 20 años ha otorgado cerca de 16 mil asesorías jurídicas a trabajadores de bajos recursos, de forma gratuita.

También ha impartido 22 diplomados en derechos humanos laborales en conjunto con el ITESO, publicado siete informes sobre condiciones laborales en la industria electrónica de México, acompañado más de 20 movilizaciones colectivas de trabajadores, resuelto más de 3 mil casos laborales por medio del diálogo con las empresas, producido y distribuido más de 40 mil ejemplares de folletos educativos y organizado diez encuentros nacionales de trabajadores del sector de alta tecnología.

Mediante esas acciones, Cereal ha contribuido al fortalecimiento de una cultura laboral basada en la legalidad, la ética empresarial y el comportamiento responsable de los trabajadores. Pero, sobre todo, ha elevado la competencia de los trabajadores para defenderse por medio de la capacitación en derechos laborales y ayudado a que se restituyan los derechos individuales y colectivos de miles de ellos que han sido víctimas de algún abuso.

Cereal

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:: Teléfono: 3614-8095

:: “Cereal: 20 años al servicio de los trabajadores”.

 

Entre el dolor y la esperanza

Foto: La Jornada Veracruz
Foto: La Jornada Veracruz

Julio Sánchez Pasillas lleva cinco años buscando a su hija, Thania Sánchez Aranda, quien tendría hoy 28 años. En enero de 2017, después de una reunión con sus compañeros de desgracia, se preguntó por qué seguir buscando a su ser querido en las fosas y no en las calles. Por qué seguir con la idea de que no existe más remedio que encontrar los restos de quien lleva sus apellidos.

“Entonces, nosotros pensamos en una idea muy básica: ¿qué no existe el 50 por ciento de probabilidades de encontrarla muerta y 50 por ciento de probabilidades de encontrarla viva? Ése es el fifty-fifty con el que inició la Caravana Internacional de Búsqueda en Vida”, dice este hombre que reside en Torreón.

En mayo pasado se organizó la primera jornada, que incluyó la visita a cinco ciudades de Coahuila. En los dos días que estuvieron en cada municipio, los integrantes de la Caravana (que empezaron siendo 45 y acabaron siendo casi un centenar) celebraron misas para tratar de incidir en los delincuentes arrepentidos. Visitaron universidades, nosocomios, centros penitenciarios y unidades médicas de control de enfermedades sexuales.

“También nos interesaba hablar con las trabajadoras sexuales, porque muchas están ahí por necesidad y por decisión propia. Pero no todas. Y para nosotros era importante saber si podían ayudarnos a buscar a nuestros familiares”.

Aunque no pudieron encontrar a nadie en esta primera incursión, “lo importante fue crear una metodología de trabajo. Sumar esfuerzos y sembrar conciencia de que la gente es la que puede salvar a la gente”, dice este padre de familia vía línea telefónica. La Caravana Internacional tendrá una segunda edición en noviembre próximo. Buscará tener presencia en Guerrero, y entre los municipios que pretende pisar están los emblemáticos Acapulco e Iguala, que han estado marcados por la violencia en la última década.

Caravana Internacional de Búsqueda en Vida

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Lazos para reconstruir el tejido social

seguridad del autogobierno en Cherán, Michoacán. Foto: plumasatomicas.com
Habitante y miembro de
seguridad del autogobierno en Cherán, Michoacán. Foto: plumasatomicas.com

En Cherán y Tancítaro, Michoacán, y en Bachajón, Chiapas, se encontraron las condiciones para trabajar en una propuesta de reconstrucción del tejido social que gira en torno a cinco ejes: economía social y solidaria, educación para el buen convivir, reconciliación familiar, gobierno comunitario y espiritualidad ecocomunitaria. La propuesta fue elaborada por los jesuitas Gabriel Mendoza y Jorge Atilano González.

Tanto la comunidad de Cherán como el municipio de Tancítaro sufrieron desapariciones, cobro de piso, levantones por parte del crimen organizado, hasta que los habitantes decidieron enfrentar la situación.

En Cherán, “el movimiento empieza encabezado por mujeres, acompañado por jóvenes y, a partir de 2011, comienza a replantearse nuestra forma de vida, a analizar el contexto que teníamos, a retomar las formas tradicionales que teníamos de organización adaptadas a nuestro contexto actual”, relata Yunuen Torres Ascencio, del Consejo de Jóvenes del gobierno comunal de ese lugar.

De 2005 a 2015 en Tancítaro se registraron 5 mil actos de delincuencia, entre asesinatos y secuestros, en una comunidad con 29 mil habitantes, lo que creó conciencia en los partidos políticos, cuenta Jorge González, y para la elección de 2015 se registró una planilla de unidad.

“En Cherán y en Tancítaro se dieron esas condiciones para trabajar los cinco ejes, porque hubo una vinculación entre el actor político, en este caso el gobierno municipal y el gobierno comunal en Cherán, y el párroco y autoridades, como las de las escuelas”, señala Gabriel Mendoza.

El jesuita relata que Bachajón les interesó porque del mundo indígena todavía se pueden rescatar ejemplos de fortaleza social, como la figura de la asamblea.

Los hallazgos de su investigación, propuestas y estrategias que han comenzado a instrumentar se encuentran en el libro Reconstrucción de Tejido Social: una apuesta por la paz.

Cherán, Tancítaro y Bachajón

:: “Análisis para reconstruir el tejido social en México”.

 

Contra la insustentabilidad minera

Manifestación de la Rema en rechazo a una propuesta de Andrés Manuel López Obrador de atraer mayores inversiones canadienses para el sector minero. Foto: Leonardo Garza.
Manifestación de la Rema en rechazo a una propuesta de Andrés Manuel López Obrador de atraer mayores inversiones canadienses para el sector minero. Foto: Leonardo Garza.

Aunque no pasa por sus mejores tiempos, la industria minera es una de las más importantes del país. El año pasado, el sector minero-metalúrgico de México representó 9 por ciento del Producto Interno Bruto Industrial y 2.9 por ciento del nacional.

Además, tiene una balanza comercial positiva, al ascender a 7 mil 728 millones de dólares, 19.6 por ciento más que en 2015. Al cierre de 2016, el sector generaba 12 mil 109 empleos y en él se invirtieron 3 mil 752 millones de dólares, según informes de la cámara del ramo.

Pero estas cifras muestran sólo el lado brillante de una industria que es también bastante oscura: la minería acaba con cerros y barrancas, destruye sembradíos, contamina aguas y afecta al ganado y a las aves. Igualmente, explota a los pobladores de esas regiones e, incluso, los desplaza de las que solían ser sus tierras.

Así, tras un año de trabajar acerca de este asunto, en junio de 2008 se llevó a cabo el Quinto Encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) y el primer Encuentro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), en Temacapulín, Jalisco.

La Rema es un conjunto de comunidades, movimientos, organizaciones, redes, individuos afectados y preocupados por los impactos socioambientales y bioculturales de la minería en México. Asimismo, es fundadora y enlace en México del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4).

Para estas agrupaciones, el modelo extractivista minero no es sustentable: el sentido de lucro que lo origina y alimenta, la escala de destrucción social y ambiental y la política antidemocrática en que se sustenta son contrarios a los intereses comunitarios y al respeto a la Madre Tierra.

Sus propósitos prioritarios son frenar y eliminar la minería a cielo abierto por ser inherentemente insustentable; fomentar la organización de las comunidades para la acción, la prevención y la defensa integral de sus derechos y recursos, así como crear redes de acción y defensa local, nacional e internacional contra ese tipo de minería.

También buscan proporcionar a las comunidades afectadas información acerca de derechos, leyes y medios de defensa efectivos; construir un espacio común, permanente, transdisciplinario, amplio, democrático y popular, para avanzar en propuestas alternativas, justas y efectivas, desde los intereses populares, a la situación causada por la minería destructiva y a cielo abierto.

De la misma forma, pretenden contribuir a generar leyes y normas alternativas que regulen la minería; proponer alternativas de bienestar no basadas en esta actividad en sus comunidades, así como promover la solidaridad, la reciprocidad y el apoyo a escalas comunitaria, nacional y hemisférica contra la minería.

Red Mexicana de Afectados por la Minería

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:: “El Frente Popular en Defensa del Soconusco denuncia el contubernio del gobierno estatal con las mineras”.

La lucha articulada por el agua

El padre Gabriel Espinoza confronta al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, por la construcción de la presa El Zapotillo. Foto: Internet.
El padre Gabriel Espinoza confronta al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, por la construcción de la presa El Zapotillo. Foto: Internet.

El Frente Amplio en Defensa del Agua y contra su Privatización (FADAP) nació en 2012 para “articular y tomar fuerza de diferentes luchas, para denunciar las políticas de privatización del agua”.

María González es integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), una de las organizaciones que forman parte de este frente, que también aglutina a los integrantes de los comités en Defensa de Temacapulín, Acasico y Palmarejo; además de los trabajadores del sindicato independiente del SIAPA.

Este frente nació cuando, en ese año electoral, comenzó a circular el rumor de la necesidad de hacer un segundo acueducto que sacara más agua del Lago de Chapala para el consumo de los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Poco a poco se fueron aglutinando organizaciones que tienen como eje rector la lucha por los pueblos, la gestión integral del agua y el combate a la mercantilización de los derechos humanos. En este caso, el derecho a un medio ambiente digno, sano y con posibilidad de regenerarse de manera natural.

En 2012, como parte de la coyuntura electoral, los integrantes del FADAP convocaron a los candidatos a gobernador para que establecieran su agenda de trabajo en caso de resultar victoriosos en las urnas. Después de eso, la lucha se ha mantenido en torno a la construcción de las presas y los proyectos hidráulicos que buscan sobreponer las ganancias económicas a la dignidad y el respeto de los pueblos. De ahí que las últimas acciones registradas por este frente hayan lanzado sus principales consignas en contra del acueducto Zapotillo-León y la presa El Zapotillo.

Este frente está conformado por alrededor de diez organizaciones y especialistas de la Universidad de Guadalajara y el ITESO. Y, según María González, uno de sus principales logros es haber colocado en el imaginario colectivo la idea de que el ciclo del agua debe ser respetado.

 

Frente Amplio en Defensa del Agua y contra su Privatización

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