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Lucha por la casa común

Megaperegrinación de Modevite en San Cristóbal de las Casas en 2016. Foto: modevite.wordpress.com

Defender la casa común de las amenazas a bosques y lugares sagrados; subsanar las fracturas que han sufrido las comunidades y decidir sobre la manera en que quieren organizarse, es en lo que trabaja el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), que agrupa a 11 municipios de Chiapas.

Modevite se formó, en primera instancia, para encontrar una solución al problema de alcoholismo en las comunidades indígenas de la región ante la inacción de las autoridades en lo tocante a la venta clandestina de alcohol. A este problema se sumó el narcomenudeo que se apropió de las escuelas.

Octavio Gómez, integrante de este movimiento, relata que han ido creciendo, no sólo en la cantidad de municipios que se sumaron al proyecto que inició hace cuatro años, sino también en sus acciones, mediante las cuales piden respeto y cuidado de su entorno.

“Los grandes megaproyectos que hay (como la autopista San Cristóbal-Palenque) acaban con lo que tenemos para vivir, con los bosques, los manantiales, los lugares sagrados que son vitales para la vida de la comunidad; ahí hacen sus oraciones para pedir lluvia y que se dé una buena cosecha en el año”, explica Santiago Pérez, también miembro de Modevite.

El Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio, que es acompañado por la Misión Jesuita de Bachajón, organiza talleres acerca de temas como derecho a la consulta y a la autodeterminación, a los que asisten los representantes de las regiones que conforman los municipios que se unieron al movimiento. Ellos comparten en sus comunidades lo que se vio en el taller para platicarlo y analizarlo en comunidad.

Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio

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Cuando el verde no es como lo pintan

En el Istmo de Tehuantepec se han colocado aerogeneradores en campos de cultivo y cerca de viviendas. Foto: Prometeo Lucero

La Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APITDTT) la integran campesinos, campesinas, pescadores y amas de casa indígenas binnizá e ikoots de ese lugar. Una de sus caras más visibles es Bettina Cruz, quien desde 2005 ha conformado un grupo de apoyo y solidaridad “para dar información sobre los proyectos de las empresas que buscan generar energías renovables. En realidad, no todo es tan verde como lo pintan sus políticas ambientales”.

Desde el año 2007, cuando la Asamblea se constituyó, la fuerza de este movimiento de resistencia reside en la información y el involucramiento de las comunidades en la toma de decisiones.

“Damos información sobre cuáles son los proyectos, hacemos un análisis sobre los contratos, checamos los impactos en la vida de los pueblos y en la vida de la naturaleza. En realidad, lo que nos preocupa es la vida, y cómo la afectan las actividades económicas. Y a partir de ahí se platica todo y se empieza a organizar todo”.

Bettina Cruz, quien enfrentó un proceso legal en 2012 por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos “contra el consumo y la riqueza nacional”, asegura que, a partir de que se dan cuenta de la llegada del capital y las inversiones a una región, “se realiza la organización de la gente, en la que lo más importante es la visibilización de los problemas; luego verificamos si tenemos alguna de las rutas jurídicas. Todo se hace para poder detener estos proyectos”.

Las principales dificultades que enfrentan se relacionan con tener que luchar contra una maquinaria en la que el Estado y sus gobernantes se ofrecen como facilitadores de inversionistas que manejan un doble discurso.

“Somos muy criticados porque dicen que estamos luchando contra la energía renovable. No estamos luchando contra eso: las empresas que están calentando el planeta son las mismas que están metidas en las energías renovables, y eso es como un doble discurso. Al final, todo es parte de la mercantilización de la vida”.

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio

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Contra la insustentabilidad minera

Manifestación de la Rema en rechazo a una propuesta de Andrés Manuel López Obrador de atraer mayores inversiones canadienses para el sector minero. Foto: Leonardo Garza.

Aunque no pasa por sus mejores tiempos, la industria minera es una de las más importantes del país. El año pasado, el sector minero-metalúrgico de México representó 9 por ciento del Producto Interno Bruto Industrial y 2.9 por ciento del nacional.

Además, tiene una balanza comercial positiva, al ascender a 7 mil 728 millones de dólares, 19.6 por ciento más que en 2015. Al cierre de 2016, el sector generaba 12 mil 109 empleos y en él se invirtieron 3 mil 752 millones de dólares, según informes de la cámara del ramo.

Pero estas cifras muestran sólo el lado brillante de una industria que es también bastante oscura: la minería acaba con cerros y barrancas, destruye sembradíos, contamina aguas y afecta al ganado y a las aves. Igualmente, explota a los pobladores de esas regiones e, incluso, los desplaza de las que solían ser sus tierras.

Así, tras un año de trabajar acerca de este asunto, en junio de 2008 se llevó a cabo el Quinto Encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) y el primer Encuentro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), en Temacapulín, Jalisco.

La Rema es un conjunto de comunidades, movimientos, organizaciones, redes, individuos afectados y preocupados por los impactos socioambientales y bioculturales de la minería en México. Asimismo, es fundadora y enlace en México del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4).

Para estas agrupaciones, el modelo extractivista minero no es sustentable: el sentido de lucro que lo origina y alimenta, la escala de destrucción social y ambiental y la política antidemocrática en que se sustenta son contrarios a los intereses comunitarios y al respeto a la Madre Tierra.

Sus propósitos prioritarios son frenar y eliminar la minería a cielo abierto por ser inherentemente insustentable; fomentar la organización de las comunidades para la acción, la prevención y la defensa integral de sus derechos y recursos, así como crear redes de acción y defensa local, nacional e internacional contra ese tipo de minería.

También buscan proporcionar a las comunidades afectadas información acerca de derechos, leyes y medios de defensa efectivos; construir un espacio común, permanente, transdisciplinario, amplio, democrático y popular, para avanzar en propuestas alternativas, justas y efectivas, desde los intereses populares, a la situación causada por la minería destructiva y a cielo abierto.

De la misma forma, pretenden contribuir a generar leyes y normas alternativas que regulen la minería; proponer alternativas de bienestar no basadas en esta actividad en sus comunidades, así como promover la solidaridad, la reciprocidad y el apoyo a escalas comunitaria, nacional y hemisférica contra la minería.

Red Mexicana de Afectados por la Minería

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:: “El Frente Popular en Defensa del Soconusco denuncia el contubernio del gobierno estatal con las mineras”.

Sembrar maíz es una acción política

Nacieron porque la empresa Monsanto buscó producir maíz modificado genéticamente en el año 2001, sin que nadie le dijera nada. Y entonces ellos se preguntaron: ¿de dónde vienen los alimentos? ¿Cuál es la huella ecológica que deja nuestra alimentación? ¿Por qué se producen tantos alimentos y no se pueden erradicar las hambrunas, la desnutrición y las muertes por hambre?

Son la Red en Defensa del Maíz. Y aunque mantienen el nombre por la supremacía del maíz, en realidad su lucha es contra el despojo, por sus costumbres y por una manera de reproducir la vida y los alimentos sin que estos procesos afecten a la naturaleza.

Es un grupo de pueblos productores, indígenas, campesinos y vecinos en zonas urbanas, que ya superan las mil comunidades en todo el país. Evangelina Robles, integrante de la Red en Jalisco, señala que no hay momento en que descansen, sólo que a veces “somos más visibles y otras veces nos dedicamos más a la capacitación. Pero, como nosotros decimos, sembrar maíz es una acción política”.

Esta red se ha fortalecido gracias a sus esquemas de organización horizontal, en los que se privilegia la transmisión del conocimiento para prepararse para enfrentar decisiones gubernamentales que podrían afectar los cultivos, la semillas y la producción de cientos de personas que se resisten a ser desplazadas por la agroindustria.

Entre estas luchas y resistencias están los procesos de amparo y judicialización en tribunales, por el despojo que sufren las comunidades indígenas y campesinas por parte de trasnacionales. La invitación que hacen es a reflexionar sobre esa pregunta básica que leímos líneas arriba: ¿de dónde viene lo que comemos y cómo es que se produce?

Red en Defensa del Maíz

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