La Coperacha es un medio de comunicación alternativo que divulga y promueve los principales ejemplos de economía solidaria, cooperativas y empresas comunitarias existentes en México. Ante la prevalencia de un sistema capitalista de libre mercado y con fines de lucro, hay un grupo de periodistas que demuestran con sus historias la existencia de una economía diferente, más humana.
Jesús Flores, uno de los periodistas de La Coperacha, explica que el gran valor del proyecto es mostrar cómo la sociedad puede organizarse de manera diferente. “A los grandes medios no les interesan estos esfuerzos, no son nota, y para nosotros es muy importante porque generan experiencias propias de cómo deberían resolverse las cosas en el país”.
La Coperacha, a través de las redes sociales, de su página web y de su propia radio, ha logrado hasta 21 mil visitas al mes a su portal y tiene más de seis mil seguidores en Facebook. Por medio de su trabajo, sus lectores saben de iniciativas como las cooperativas que defienden territorios en Puebla, las empresas comunitarias que cuidan los recursos naturales en Oaxaca, o la historia de Tradoc, la llantera de extrabajadores de Euzkadi que se maneja como una cooperativa y cuya sede se ubica en El Salto.
Son vecinos organizados y enamorados. Organizados para mejorar su barrio y enamorados de lo que quieren preservar: Santa Tere. Aun cuando parece que este espacio cambia por la presión inmobiliaria, todavía conserva la calidez de los barrios tradicionales de Guadalajara.
Mejor Santa Tere vincula el trabajo de vecinos, residentes y visitantes por medio de actividades y difusión en redes sociales donde comparten las historias de lugares emblemáticos, dan a conocer problemáticas de la zona para que el ayuntamiento de Guadalajara resuelva y también para que los vecinos actúen. Esta organización ha ayudado a rescatar espacios públicos, como el parque José Clemente Orozco
Este proyecto comunitario busca que los habitantes se apropien de la historia del lugar y que imaginen soluciones para disfrutar el barrio, la birria, los biónicos y el pan casero.
Las tiendas de abarrotes tradicionales languidecen ante el poderío de las cadenas de conveniencia y supermercados. Aun cuando los manden pasar a la otra caja, los clientes prefieren hacer fila, antes que acudir a la tienda de la esquina. Las “tienditas”: medios de subsistencia de pequeñas familias y puntos cardinales de convivencia, que han pasado a ser símbolos de empleo precario y ubicaciones: “allí por donde está un Oxxo”.
Tenoli es una iniciativa de apoyo a los pequeños tenderos, que representan más de 2 millones de empleos en un millón de puntos de venta en todo el país. Actualmente, en la capital del país y en el Estado de México, esta iniciativa planea expandirse a otros estados para 2018, incluido Jalisco. Además de respaldarlos en la compra de productos, en Tenoli les ofrecen a los comerciantes talleres de capacitación en tecnología o mercadotecnia y los animan a idear sus propios productos.
“Queremos fortalecer a las tiendas de abarrotes para que se vuelvan más competitivas, frente a los grandes retos que se nos vienen con multinacionales y cadenas de conveniencia que van reemplazando la función de estas tiendas”, explica Evelyn Zuluaga Quiceno, directora de comunicación de Tenoli.
En síntesis, Tenoli respalda a las tiendas mediante una red que les permite competir en mejores condiciones frente a las grandes cadenas, para así lograr que el mismo dinero fluya dentro de las comunidades y no se vaya a manos de unas pocas empresas o, incluso, fuera de México.
En 56 colonias del sur de Guadalajara puede encontrarse una representación de la desigualdad que existe en la ciudad, y ése es el campo de acción del Programa Integral Polanco del ITESO.
“Tenemos colonias de muy alta marginación y de marginación media, zonas obreras y residenciales, barrios populares y zonas industriales; en este territorio hay un retrato fiel de lo que es la Zona Metropolitana de Guadalajara y un desafío suficiente para que la universidad completa se implique”, explica Héctor Morales Gil, facilitador del Programa.
A grandes rasgos, el polígono abarca de Periférico Sur a la avenida 18 de Marzo-Cruz del Sur y de la avenida Miguel López de Legaspi a la avenida Gobernador Luis G. Curiel.
“Ahí hay cantidad de problemáticas: la cuestión de la escolaridad es un asunto que se debe atender; la condición del empleo, una estructura económica fragmentada, tejidos sociales muy desvinculados, la conflictividad y la violencia de los barrios”.
El Programa Integral Polanco se planteó a raíz de una propuesta de ampliación del Centro Polanco —que nació hace más de 40 años por iniciativa de alumnos de Psicología—. El objetivo del Programa es, detalla Morales Gil, mejorar las condiciones y calidad de vida de la población mediante cuatro líneas de trabajo: acceso a educación, cultura y salud; desarrollo económico y social; construcción de ciudadanía y mejoramiento espacial de los entornos de vida.
En total hay 11 centros y departamentos y 31 académicos de la universidad que son parte del Programa Integral Polanco; la intervención en dicho polígono es a través de los Proyectos de Aplicación Profesional, voluntariados, prácticas profesionales.
Además de articular los esfuerzos que ya se hacían en la zona, la instrumentación del Programa Integral Polanco implicó también vincularse con la estructura eclesial, los gobiernos municipales, con organizaciones no gubernamentales, así como con empresas del Parque Tecnológico ITESO.
El profesor del Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social señala que la intervención contempla a las colonias más jóvenes, las que se plantearon como zonas residenciales o residenciales medias.
“No hay que concentrar esfuerzos exclusivamente en las zonas más marginadas, sino intentar disminuir las brechas de desigualdad económica social, cultural, educativa: ése es el asunto central”, afirma Morales Gil.
Teresa Sordo tiene registrado en la memoria cada domingo que pasó entre marzo de 2012 y noviembre de 2014. Fielmente, cada semana acudía al Parque de la Revolución, en el centro de Guadalajara, para bordar la barbarie de un país.
Era 2012, el final del sexenio de Felipe Calderón. Un grupo de activistas se reunió en torno a un mismo objetivo: visibilizar el tamaño de una estadística. Los muertos del sexenio no son números. Tienen nombres y familiares y dejaron este mundo en circunstancias lamentables. Y eso debía plasmarse en algún lado, aunque fuera en un pañuelo.
En esos más de dos años, quienes integran el colectivo Bordamos por la Paz bordaron más de tres mil pañuelos con los nombres de las personas asesinadas y desaparecidas en el sexenio 2006-2012. Pero como el infierno no acabó con el regreso del PRI a la presidencia, siguieron haciendo su trabajo hasta que las autoridades municipales de Guadalajara les impidieron el acceso al “Parque Rojo”.
La activista, que hoy en día vive en la Ciudad de México, hace un balance en perspectiva de lo que ocurrió: “Perdimos el lugar en donde se podía hablar de lo que se estaba pasando y hacer catarsis. Nosotros acompañamos causas; no digo que sea indispensable nuestra presencia, pero sí creo que se perdió el sitio”.
Entre las cosas que más recuerda Teresa Sordo está la solidaridad de las familias. “Todos devolvían los pañuelos. Los que se llevaban diez o cinco a sus casas, todos regresaban con los pañuelos bordados”.
Ahora los pañuelos siguen más vivos que nunca. Se prestan para exposiciones en cualquier parte de México y el mundo.
En el Istmo de Tehuantepec se han colocado aerogeneradores en campos de cultivo y cerca de viviendas. Foto: Prometeo Lucero
La Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APITDTT) la integran campesinos, campesinas, pescadores y amas de casa indígenas binnizá e ikoots de ese lugar. Una de sus caras más visibles es Bettina Cruz, quien desde 2005 ha conformado un grupo de apoyo y solidaridad “para dar información sobre los proyectos de las empresas que buscan generar energías renovables. En realidad, no todo es tan verde como lo pintan sus políticas ambientales”.
Desde el año 2007, cuando la Asamblea se constituyó, la fuerza de este movimiento de resistencia reside en la información y el involucramiento de las comunidades en la toma de decisiones.
“Damos información sobre cuáles son los proyectos, hacemos un análisis sobre los contratos, checamos los impactos en la vida de los pueblos y en la vida de la naturaleza. En realidad, lo que nos preocupa es la vida, y cómo la afectan las actividades económicas. Y a partir de ahí se platica todo y se empieza a organizar todo”.
Bettina Cruz, quien enfrentó un proceso legal en 2012 por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos “contra el consumo y la riqueza nacional”, asegura que, a partir de que se dan cuenta de la llegada del capital y las inversiones a una región, “se realiza la organización de la gente, en la que lo más importante es la visibilización de los problemas; luego verificamos si tenemos alguna de las rutas jurídicas. Todo se hace para poder detener estos proyectos”.
Las principales dificultades que enfrentan se relacionan con tener que luchar contra una maquinaria en la que el Estado y sus gobernantes se ofrecen como facilitadores de inversionistas que manejan un doble discurso.
“Somos muy criticados porque dicen que estamos luchando contra la energía renovable. No estamos luchando contra eso: las empresas que están calentando el planeta son las mismas que están metidas en las energías renovables, y eso es como un doble discurso. Al final, todo es parte de la mercantilización de la vida”.
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio
Habitante y miembro de seguridad del autogobierno en Cherán, Michoacán. Foto: plumasatomicas.com
En Cherán y Tancítaro, Michoacán, y en Bachajón, Chiapas, se encontraron las condiciones para trabajar en una propuesta de reconstrucción del tejido social que gira en torno a cinco ejes: economía social y solidaria, educación para el buen convivir, reconciliación familiar, gobierno comunitario y espiritualidad ecocomunitaria. La propuesta fue elaborada por los jesuitas Gabriel Mendoza y Jorge Atilano González.
Tanto la comunidad de Cherán como el municipio de Tancítaro sufrieron desapariciones, cobro de piso, levantones por parte del crimen organizado, hasta que los habitantes decidieron enfrentar la situación.
En Cherán, “el movimiento empieza encabezado por mujeres, acompañado por jóvenes y, a partir de 2011, comienza a replantearse nuestra forma de vida, a analizar el contexto que teníamos, a retomar las formas tradicionales que teníamos de organización adaptadas a nuestro contexto actual”, relata Yunuen Torres Ascencio, del Consejo de Jóvenes del gobierno comunal de ese lugar.
De 2005 a 2015 en Tancítaro se registraron 5 mil actos de delincuencia, entre asesinatos y secuestros, en una comunidad con 29 mil habitantes, lo que creó conciencia en los partidos políticos, cuenta Jorge González, y para la elección de 2015 se registró una planilla de unidad.
“En Cherán y en Tancítaro se dieron esas condiciones para trabajar los cinco ejes, porque hubo una vinculación entre el actor político, en este caso el gobierno municipal y el gobierno comunal en Cherán, y el párroco y autoridades, como las de las escuelas”, señala Gabriel Mendoza.
El jesuita relata que Bachajón les interesó porque del mundo indígena todavía se pueden rescatar ejemplos de fortaleza social, como la figura de la asamblea.
En México, miles de mujeres buscan mejorar su calidad de vida por medio del emprendimiento. Tienen un buen producto y el don de gentes necesario para venderlo. Sin embargo, hay algo que no termina por salir bien: los clientes no son los suficientes, sus costos de producción son muy altos, no saben cómo llegar a más puntos de venta. Al final, el trabajo parece demasiado para tan pocas ganancias, por lo que muchas dejan de intentarlo.
Ahí es donde entra Prospera, una empresa social incubada en la Universidad de California en Berkeley, que capacita a pequeños emprendedores y los vincula con consumidores responsables, universidades, inversionistas, compradores y otras instituciones que los ayudan a crecer.
Prospera pretende crear una red de emprendedores de alto rendimiento en la industria alimenticia, que produzcan alimentos funcionales y que inspiren a otros micro y pequeños emprendedores a trabajar en equipo.
Hasta ahora, su curso ha sido tomado por más de 12 mil 345 personas, la mayoría de sus capacitados son mujeres; han integrado a cientos de familias emprendedoras en cooperativas de compras solidarias, lo que ha reducido sus costos de producción.
Además, han contribuido al desarrollo de cientos de productos con ingredientes mexicanos y bajos en calorías, como el amaranto, la chía, la flor de jamaica y el nopal.
Manifestación de la Rema en rechazo a una propuesta de Andrés Manuel López Obrador de atraer mayores inversiones canadienses para el sector minero. Foto: Leonardo Garza.
Aunque no pasa por sus mejores tiempos, la industria minera es una de las más importantes del país. El año pasado, el sector minero-metalúrgico de México representó 9 por ciento del Producto Interno Bruto Industrial y 2.9 por ciento del nacional.
Además, tiene una balanza comercial positiva, al ascender a 7 mil 728 millones de dólares, 19.6 por ciento más que en 2015. Al cierre de 2016, el sector generaba 12 mil 109 empleos y en él se invirtieron 3 mil 752 millones de dólares, según informes de la cámara del ramo.
Pero estas cifras muestran sólo el lado brillante de una industria que es también bastante oscura: la minería acaba con cerros y barrancas, destruye sembradíos, contamina aguas y afecta al ganado y a las aves. Igualmente, explota a los pobladores de esas regiones e, incluso, los desplaza de las que solían ser sus tierras.
Así, tras un año de trabajar acerca de este asunto, en junio de 2008 se llevó a cabo el Quinto Encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) y el primer Encuentro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), en Temacapulín, Jalisco.
La Rema es un conjunto de comunidades, movimientos, organizaciones, redes, individuos afectados y preocupados por los impactos socioambientales y bioculturales de la minería en México. Asimismo, es fundadora y enlace en México del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4).
Para estas agrupaciones, el modelo extractivista minero no es sustentable: el sentido de lucro que lo origina y alimenta, la escala de destrucción social y ambiental y la política antidemocrática en que se sustenta son contrarios a los intereses comunitarios y al respeto a la Madre Tierra.
Sus propósitos prioritarios son frenar y eliminar la minería a cielo abierto por ser inherentemente insustentable; fomentar la organización de las comunidades para la acción, la prevención y la defensa integral de sus derechos y recursos, así como crear redes de acción y defensa local, nacional e internacional contra ese tipo de minería.
También buscan proporcionar a las comunidades afectadas información acerca de derechos, leyes y medios de defensa efectivos; construir un espacio común, permanente, transdisciplinario, amplio, democrático y popular, para avanzar en propuestas alternativas, justas y efectivas, desde los intereses populares, a la situación causada por la minería destructiva y a cielo abierto.
De la misma forma, pretenden contribuir a generar leyes y normas alternativas que regulen la minería; proponer alternativas de bienestar no basadas en esta actividad en sus comunidades, así como promover la solidaridad, la reciprocidad y el apoyo a escalas comunitaria, nacional y hemisférica contra la minería.
Taller de Herbolaria con mujeres de la comunidad Barrio San José, en el sur de Chiapas. Foto: fondeadora.mx
El centro comunitario Sa’sa ijtkuy (“buen vivir”) de mujeres zoque es un caso de éxito desde dos perspectivas: en primer lugar, como un espacio de empoderamiento para que la mujer indígena aporte sus conocimientos ancestrales a la comunidad y la ayude, en especial en el uso de la herbolaria, para mejorar la salud de las personas.
La segunda perspectiva sobre este centro, ubicado en el sur de Chiapas, es que las iniciativas sociales de este tipo pueden alcanzar el éxito con el apoyo de la gente. A través de la plataforma de crowdfunding (o financiamiento colectivo) Fondeadora, el centro pudo hacerse realidad gracias a que lograron reunir la meta de 70 mil pesos para su construcción, donados por 128 fondeadores.
Mariana Calixto, integrante de Sa’sa ijtkuy, explica que su objetivo es “revitalizar el protagonismo de las mujeres en las iniciativas de autonomía desde los propios pueblos. El hecho de que prevalezcan tantas problemáticas en las comunidades es algo que se debe mucho a cómo se margina a la mujer y se desensibiliza con respecto a su trabajo en su construcción”.
En este espacio, las mujeres zoque pueden almacenar y seguir preparando medicinas, pero además de eso, también enseñan agroecología y cómo prevenir enfermedades mediante una alimentación sana y autosustentable, así como la forma de recuperar la tierra mediante cultivos pequeños.
