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La ratificación de mandato, ¿un paso para transformar la relación entre gobernantes y gobernados?

Por Felipe Alatorre Rodríguez[1]
Académico de la UAB Justicia y Democracia, Cifovis ITESO

¿Evaluó usted la labor de su Alcalde el domingo 27 de agosto pasado? ¿Cómo calificó su desempeño? ¿Le renovó el contrato o le dio las gracias? Si su respuesta a la primera pregunta fue afirmativa, lo felicito. Usted es una de las más de 225 mil personas que decidieron hacer uso de este nuevo derecho ciudadano. Si su decisión fue no participar ya sea porque la figura de ratificación no le convence, o porque no está de acuerdo en la manera como ésta se puso en práctica, también merece mi felicitación. ¿Por qué es posible felicitar por igual a ambas posturas? ¿No encierra esto una contradicción? Tal vez las siguientes reflexiones –hechas desde alguien que fue parte del equipo responsable del desarrollo del ejercicio de la ratificación en Zapopan– ayuden a clarificar esta aparente incompatibilidad, así como identificar los aportes de la experiencia que recién vivimos en 25 municipios de Jalisco.

La ratificación de mandato es un mecanismo que hace posible que las y los ciudadanos ejerzan su derecho a evaluar la gestión de su presidente municipal, la que –en caso de resultar negativa– podría llevar –no obligar– a que el munícipe solicite licencia en su cargo. Es un instrumento que, al ser obligatorio en algunos municipios, puede llevar a una corrección de rumbo casi a medio camino de la administración municipal.

Lo anterior es relevante dado que en México, y sólo en tiempos relativamente recientes, los procesos electorales han sido prácticamente la única vía para evaluar el desempeño de los gobernantes, y no en todos los casos. ¿Qué podemos decir de los cuatro estados de la república que hasta 2017 no han cambiado de partido en el poder desde 1929? ¿Su “no” a la alternancia política indica que sus ciudadanos le otorgan una alta calificación a sus gobiernos y por ello le han refrendado su apoyo a lo largo de casi noventa años? No faltará quien opine que sí y más de alguno afirmará que no. Lo que sí es evidente es el hecho de que la gran mayoría de estados en el país –algunos apenas en 2016– han optado por la alternancia en el poder y con ello los procesos electorales se han constituido en una vía para castigar o premiar a sus gobiernos estatales. Algo similar ocurre en el ámbito municipal desde fines de los años ochenta, y a partir del año 2000 en el plano federal. En general este conjunto de cambios –al menos en teoría– debería llevar a un mejor desempeño de éstos.

La pregunta obligada aquí es: ¿han sido suficientes los procesos electorales para lograr tener buenos gobiernos? Si nos atenemos a la creciente desigualdad, al incremento de la violencia social y el deterioro del medio ambiente, y a los datos que señalan un decremento en el apoyo de la población a la democracia en nuestro país (Latinobarómetro 2016), la respuesta es no. ¿Qué hacer frente a esto? En algunos estados, como Jalisco, las y los ciudadanos nos dimos cuenta –desde hace décadas, pero especialmente en las últimas del siglo pasado– que las elecciones no bastan para mejorar el desempeño gubernamental y que es necesario contar con mecanismos diferentes a los electorales, para intentar que las cosas cambien.

Aquí es donde nos conectamos con la ratificación de mandato. La inclusión de esta figura en los reglamentos de participación ciudadana de algunos municipios de Jalisco, derivado a su vez de procesos de alternancia en dichos ámbitos en años recientes, tiene como antecedente las innovaciones que se han dado en nuestro contexto y que, vía los mecanismos de la democracia directa y participativa, buscan subsanar algunas de las limitaciones de la democracia representativa (electoral). Así en 1998 se crea la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, misma que en 2016 sufre una reforma importante que lleva por una parte a cambios en Ias figuras de Plebiscito, Referéndum e Iniciativa Popular, y por otra a la inclusión de nuevos instrumentos como el Gobierno Abierto, la Ratificación Constitucional, la Iniciativa Popular Municipal, el Presupuesto Participativo, la Consulta Popular, la Contraloría Social, el Cabildo Abierto, las Juntas Municipales, y la Revocación de Mandato.

Llegado a este punto vale la pena llamar la atención en dos asuntos: que la Ley de Participación Ciudadana[2] no incluye la Ratificación de Mandato, y que esta figura no es equiparable a la de Revocación de Mandato. Por limitaciones de espacio no es posible abundar aquí respecto de las diferencias. Sin embargo, sí vale la pena señalar un elemento que ambas figuras comparten y que es central en cuanto a avanzar en la transformación de la relación entre gobernantes y gobernados: la posibilidad de que la población evalúe lo realizado, o no, por el gobierno municipal durante su gestión, y no sólo al final, al momento de revisar si se cumplieron o no las promesas de campaña.

El poner en la balanza qué tanto la figura de la ratificación aporta o no al fortalecimiento de la capacidad de la población para evaluar a sus gobernantes, obliga a hacer referencia a las múltiples limitaciones que se evidenciaron con la puesta en práctica de esta figura, y que fueron señaladas por diversos actores. Las mismas pueden agruparse de la siguiente manera: la confusión en el significado del ejercicio; la autocalificación, la utilización del ejercicio para la autopromoción política; la fecha de su realización, la falta de información oportuna y deliberación ciudadana; la improvisación; la capacitación limitada y deficiente de los ciudadanos encargados de atender la consulta, la poca participación, etc.

Es tarea pendiente evaluar si se dieron o no, y en qué medida, cada uno de los cuestionamientos planteados en los diversos municipios en donde se realizó el ejercicio. Con todo y que es evidente la necesidad de hacer correcciones a la figura antes de que vuelva a ser puesta en práctica, vale la pena hacer alguna referencia a los aprendizajes que dejó la figura de la ratificación de mandato. Estos, desde mi perspectiva, no son menores, considerando los siguientes elementos: a) que los gobiernos municipales son los que tienen un mayor contacto con la población –dado que son los responsables de proveer diversos servicios, regular el uso de espacios y brindar seguridad en su ámbito territorial–; b) la creciente decepción respecto de la democracia; c) junto con lo anterior, el creciente alejamiento de las y los ciudadanos respecto de los asuntos públicos y el alto nivel de desconfianza que prevalece entre nosotros y que constituye un obstáculo importante para la organización de la sociedad (INE. 2015, Informe sobre la calidad de la ciudadanía en México).

Llegado a este punto, conviene preguntarse ¿qué se ganó con la experiencia? ¿Por qué es posible felicitar tanto al que participó o no –a partir de definir su postura respecto de la figura– en el ejercicio de ratificación? Desde mi punto de vista, y a partir de la propia vivencia como integrante del Consejo Ciudadano de mi municipio, me permito plantear que el ejercicio valió la pena dados los elementos que enumero enseguida.

a) La puesta en práctica de la ratificación nos permitió conocer que nuestros representantes en el cabildo tienen atribuciones para reglamentar ciertas dimensiones de la vida municipal que no son las que reconocemos habitualmente y que pueden ser trascendentes para la vida del municipio, en específico en lo que concierne a la rendición social de cuentas.

b) De muy diversas maneras nos llevó a preguntarnos sobre el devenir del gobierno municipal y a buscar alguna información a partir de la cual emitir una opinión sobre su desempeño, lo que resulta en algún tipo de acercamiento e involucramiento en la “cosa pública” municipal. Esto es “arroja luz” sobre la gestión municipal.

c) Derivó en el análisis del mecanismo de evaluación que está contenido en la ratificación de mandato, sus alcances y limitaciones, lo que constituye un avance importante no sólo porque ahora sabemos que existe al menos una forma de hacer dicha tarea y que es central saber quién tiene la atribución de operarla.

d) Nos llevó a dialogar con otros y otras –a veces no de la mejor manera– no sólo respecto del desempeño del gobierno local, sino del mecanismo para realizar su evaluación y quién debiera operarlo.

e) Nos educó en términos de las diversas repercusiones que puede tener el uso del mecanismo en el plano electoral, ejercicio de recursos públicos, y eventual manipulación de grupos de población.

f) A la autoridad municipal le muestra las implicaciones económicas, logísticas y políticas de operar el mecanismo.

g) A partir de las limitaciones observada en el instrumento, nos obligó a imaginar mejores maneras de utilizarlo. Podemos seguir con la lista.

En síntesis, desde mi perspectiva ganamos como sociedad, ya que para muchos de nosotros y nosotras, hasta hace no muchas semanas, o meses, poco sabíamos de la posibilidad que tenemos de evaluar y ratificar a nuestros gobernantes, y que ello puede tener efectos positivos para mejorar la rendición de cuentas de los gobiernos. Sin duda, y con todas las limitaciones de una primera experiencia –entre ellas que no se dio una mayor participación de personas– es evidente que dimos un paso en la línea de ofrecer alternativas ciudadanas de valoración del gobierno, y de que en el futuro los ciudadanos sepamos que debemos ser considerados para la toma de decisiones importantes, que actualmente toman unilateralmente los gobernantes.

En otras palabras, el ejercicio sentó un precedente para que las disposiciones importantes –por ahora en el municipio- deban ser sometidas a ratificación por la población a la cual afectan, lo cual redunda en la calidad de la democracia. Tal vez coincidan en la apreciación de que valió la pena la experiencia, ya que nos empodera como ciudadanos, y nos muestra que existen maneras de que los gobiernos no se desentiendan de su obligación de tutelar los derechos ciudadanos y con ello hacer que en la sociedad se viva con mayor justicia y dignidad.

[1] Agradezco sobremanera los comentarios al presente texto del Dr. Miguel Bazdresch P., y del Mtro. Jose Bautista F.

[2] Hoy incorporada como Libro Quinto del Código Electoral y de Participación Social del estado de Jalisco

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El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), autonomía en riesgo

José Bautista Farías[1]

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se ha presentado como un entramado institucional con atribuciones para el combate efectivo de la corrupción que padece nuestro país, derivado de acuerdos políticos entre actores sociales y del gobierno. Sin embargo, existen  varios signos de alarma que ponen en riesgo la autonomía y los alcances de este incipiente modelo, veamos:

  1. La falta de acuerdos en el Senado para el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, dando lugar a la instalación (el 04/04/17) del SNA incompleto. Dicho espacio fue asumido en su lugar, momentáneamente, por Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República (PGR), exdiputado federal y exsenador por el PRI, fue consejero político y coordinador de asuntos jurídicos del comité ejecutivo nacional de ese partido, cercano al presidente.
  2. El Acuerdo A/029/17 de la PGR (del 17/04/17) que modifica el diverso A/011/14 anterior, por el que se crea la Fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, encargada de la investigación y sanción de este tipo de delitos, podrían anular la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción, por lo siguiente: a) establece la aceptación del procurador general para la aprobación de los planes y programas destinados a detectar la comisión de delitos por actos de corrupción; b) sujeta al consentimiento del titular de la PGR los nombramientos de los agentes del ministerio público federal, adscritos a la Fiscalía Especializada Anticorrupción; c) modifica, deroga o abroga las normas administrativas del Fiscal Anticorrupción cuando éstas contradigan a las emitidas por la PGR.
  3. La propuesta enviada al Senado por Enrique Peña Nieto de 18 aspirantes a ser magistrados anticorrupción, los cuales deberán ser ratificados por los legisladores. Al respecto, el Comité de Participación Ciudadana del SNA envió una carta al presidente y al Senado de la República (el 02/05/17), objetando dichos nombramientos por que no observaron los principios de transparencia, gobierno abierto y máxima publicidad y con ello “se privó a las organizaciones de la sociedad civil, a los organismos empresariales, a los colegios profesionales y a los ciudadanos en general de evaluar, opinar y cuestionar el perfil personal y profesional, no sólo de quienes fueron designados, sino de todos aquellos que contendieron a ocupar uno de esos cargos”.

¿Por qué es importante que el SNA cuente con un Fiscal autónomo al igual que los magistrados y agentes del ministerio público federal que formarán parte de este organismo? Porque que es fundamental que las acciones y decisiones de estos servidores públicos no estén maniatadas a los intereses de los altos funcionarios que pudieran estar involucrados en redes de corrupción;  porque es la única forma de generar contrapesos que contrarresten los abusos de poder y limiten la impunidad que prevalece en el país. Además, es la única manera de garantizar imparcialidad en las investigaciones de los actos de corrupción y el establecimiento de sanciones.

Para dimensionar la relevancia de la autonomía del Fiscal Anticorrupción, pensemos qué habría sucedido si el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, impone como Fiscal del Sistema Estatal Anticorrupción a Francisco Portilla Bonilla, como de hecho lo intentó, pero fue rechazado por el Congreso de esa entidad. De haberse concretado este nombramiento seguramente Duarte no estaría encarcelado en estos momentos en Guatemala, ni sometido a juicios por actos de corrupción.

El SNA está en riesgo de claudicar en el combate efectivo a la corrupción si su autonomía se ve socavada por los intereses partidistas y del gobierno, a no ser que los ciudadanos organizados lo impidan por medio de la movilización y la manifestación política en todos los espacios a su alcance, incluido los procesos electorales en puerta.

 

[1] Académico del Centro de Investigación y Formación Social del ITESO.

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El aire, los movimientos ciclistas y sus contaminaciones.

Por Gerardo Pérez Viramontes.

“Un asunto que no había sido tomado en cuenta como problema asociado a la movilidad urbana-motorizada, son los efectos que tiene la contaminación generada por los vehículos automotores, sobre la salud”.

Uno de los criterios que orientan la investigación que realiza el [CIFS-ITESO] es el trabajo interdisciplinario, es decir, la conjunción de saberes para esclarecer problemáticas sociales planteadas como objeto de estudio, y así identificar las alternativas que existen o pueden crearse para una solución integral. De los múltiples problemas, hace 4 años decidimos abocarnos a los conflictos en torno a las agrupaciones ciclistas que existen ebicipaseo_kareninan Guadalajara y de cómo se van consolidando la bicicleta como una alternativa de movilidad no-motorizada. Además de la diversión, el ejercicio o el conocimiento arquitectónico de la ciudad que promueven los cerca de 30 grupos que hay actualmente en la Ciudad, algunos de ellos buscan incidir también en el ámbito de lo político. Éstos últimos, desde una visión alternativa de lo que se entiende generalmente por desarrollo, tratan de transformar el tipo de movilidad que se ha centrado en el uso indiscriminado del automóvil y la construcción de grandes avenidas, puentes y pasos a desnivel para los coches; y que ha dejado de apoyar otras formas de movilidad como la peatonal, la ciclista o el transporte público. Sin embargo, por “las cegueras del conocimiento” –como diría Edgar Morin–, que uno viene arrastrando por el propio contexto socio-cultural en el que se ha desarrollado, un asunto que no había sido tomado en cuenta como problema asociado a la movilidad urbana-motorizada, son los efectos que tiene la contaminación generada por los vehículos automotores, sobre la salud.

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La incongruencia de la mayoría de nuestros legisladores.

Por: Gerardo Moya.

En un comunicado publicado el 20 de agosto del 2013, el “Colectivo por la Transparencia” y “México infórmate”, alertaron respecto del grave retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas al que nos enfrentamos. El 19 de Agosto pasado en Comisiones de la Cámara de Diputados, se aprobó en el dictamen un revés a la máxima protección del derecho de acceso a la información y una contradicción al compromiso del Estado Mexicano con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, reza el comunicado.

La pretensión del dictamen es reformar la Constitución para que una serie de personajes, entre ellos el Consejero jurídico del Presidente de la República, el Procurador General de la República, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el del Banco de México, puedan impugnar ante la Suprema Corte de Justicia, las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), que obliguen a entes públicos a brindar la información solicitada, cuando a su juicio exista una afectación en materias como la seguridad, la estabilidad económica y la protección de derechos humanos.

Es decir, cuando actualmente el IFAI es la última palabra para obligar a una entidad pública a rendir la información solicitada por un ciudadano, los personajes antes nombrados, podrán “judicializar” dicha resolución, inconformándose por ella ante la Suprema Corte. Lo anterior implica que además de esperar el tiempo necesario para que resuelva el IFAI frente a una negativa de información de una entidad pública de inicio, ahora tendrán que meterse abogados y tiempo y más tiempo y abogados… “Hagamos más cansado aún el hecho simple y llano de obtener una información solicitada” estarán pensando los diputados…

La transparencia y el acceso a la información es un derecho humano clave, y presupuesto de la democracia.
Los supuestos planteados en el dictamen para que se pueda impugnar una resolución del ITEI, son vagos y caben muchas cosas en su formulación. En todo caso, poner aún más trabas al acceso a la información, es a su vez una violación a ese derecho, que podría ser recurrida por diversas vías. Es decir, con éste dictamen los diputados y diputadas estarían violando los derechos humanos, sin embargo la congruencia no es su característica esencial.

El colmo de esto estalla cuando ante la propuesta de que los Partidos Políticos y las y los legisladores, sean sujetos obligados ante el IFAI para rendir información, votaron en contra. Pídansela al IFE dijeron.
Es un contra sentido que quienes escriben las reglas, no se sometan a las mismas, sobre todo ante la poca credibilidad que su embestidura actualmente conlleva.

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El ITESO se suma a la campaña ¡Por un mundo sin armas!

Por Alonso Garibay,  es egresado de la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad del Valle de Atemajac, trabaja actualmente para Amnistía Internacional México.

“Sé que mi firma es un granito de arena para presionar a los líderes mundiales” dijo Diego Solís, estudiante del ITESO, invitando a las personas que no conocen la problemática, a que se solidaricen, se animen y participen en la campaña No Más Armas de Amnistía Internacional.

En la ciberacción emitida por la organización menciona que “cada minuto muere una persona víctima de la violencia armada, 500,000 personas al año. La mayoría de estas víctimas son jóvenes. Las mujeres y niños sufren la violencia de las armas de fuego, utilizadas para cometer violencia sexual, secuestros u otros graves abusos”. El movimiento internacional nos invita a formar parte de esta campaña, puesto que “ahora tenemos una oportunidad histórica para controlar el comercio de armas ya que en marzo culminarán las negociaciones para un tratado sobre comercio de Armas. Este tratado tiene muchos enemigos, tantos que en julio de 2012 Estados Unidos lo bloqueó”. [Más información AQUÍ].

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Racionalidad y participación ambiental: ¿una nueva dinámica de organización social?

Por Álvaro Contreras Medrano, estudiante de la licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad de Guadalajara, y voluntario del programa de Ecología Política en el Centro de Investigación y Formación Social [CIFS-ITESO]

Dentro del contexto de fin de siglo XX y principios del siglo XXI, los entes sociales se han ido incorporando a dinámicas y procesos que han emergido tras la cantidad de fenómenos y etapas a lo largo del desarrollo histórico. Un ejemplo de estas nuevas dinámicas es la participación de los diferentes estratos sociales e individuos en la resolución de problemas que aquejan al medio (político, económico, ambiental, etc.) donde se desenvuelven socialmente. Estas formas de organización y participación han adquirido relevancia a consecuencia del constante proceso de cambio que sufre los estratos sociales, con los cuales emergen diferentes y nuevas necesidades, cambios estructurales, diferentes concepciones e ideas que se adoptan para darle forma al sistema, y permitir la reestructuración y transformación de éste.

Uno de los fenómenos componentes de la coyuntura de reestructuración y reorganización social ha sido la problemática medioambiental y la incorporación de las dinámicas rurales a la urbanización  y desarrollo tecnológico. El proceso de transformación del medio ambiente y las zonas rurales, que comenzó con un proceso que Eric Hobsbawm denomina “La Revolución Verde ”  el cual,  a inicios del siglo XXI, ha permeado diferentes campos de estudio y  ha aglutinado a diferentes actores sociales y políticos que han contribuido a la formación de nuevos grupos que emprenden acciones desde un sistema organizativo significativamente comunitario. Esto, a lo que denomino “el despertar de las comunidades”, es un interesante fenómeno que tiene relevancia estudiar desde un análisis interdisciplinario.

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