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Pobreza, desigualdad y despojo: ¿Existen alternativas socioeconómicas solidarias?

Por Guillermo Díaz Muñoz
Académico de la UAB Economía Social, Cifovis ITESO

El pasado 17 de octubre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemoró el “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza”. En su página web, con el título “La pobreza, un problema de derechos humanos”, y apoyándose en los estudios realizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la ONU sostiene que, a nivel mundial, más de 800 millones de personas aún viven con menos de 1.25 dólares al día y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados. De ahí que la ONU invite a reducir la pobreza y erradicarla como “una obligación de todas las sociedades”.

Asimismo, destaca que al ser un problema de derechos humanos se reconoce que la pobreza no es sólo una cuestión económica y, sí, en cambio, un fenómeno multidimensional que se expresa en vulneraciones múltiples e interconexas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, lo que niega a los pobres su dignidad e igualdad.

Pero, ¿qué es la pobreza para hablar de ella con propiedad? Desde la dimensión económica y el ingreso por persona, para la ONU y el Banco Mundial ser pobre significa estar por debajo de una línea de medición: 1.25 dólares por día. Convertido, en la actualidad se traduce en apenas 24 pesos mexicanos diarios.

Cualquiera puede convertir estas cifras monetarias a su realidad personal y podrá darse cuenta de que las mediciones de la pobreza consideradas por las instituciones internacionales llevan una enorme carga de injusticia, es decir, una cierta legitimación de la pobreza en sus índices tan bajos.

Con todo, la ONU invita a los países a vincular la realidad de la pobreza a la ausencia de derechos humanos, cuestión que nos parece correcta si nuestra apuesta se centrara tan sólo en humanizar el sistema, en dar al capitalismo un rostro humano. Sin embargo, quienes cuestionamos las causas estructurales de la pobreza debemos ir más lejos: la pobreza no es resultante de una opción personal sino de una situación impuesta por el sistema-mundo capitalista. Es decir, existe una producción social y una reproducción social de la pobreza, en donde la injusticia estructural es la principal causa de ella.

Lo anterior significa que el fenómeno de la pobreza no constituye un hecho aislado en sí mismo: no sólo existen violaciones constantes a los derechos de las personas sino también desigualdades múltiples que tienen sus efectos en la pobreza. Existe un vínculo cada día más transparente entre pobreza y desigualdad económica, por ejemplo. A mayor desigualdad económica y social en un país, mayores posibilidades de pobreza en amplias capas de la población. Es decir, una mayor concentración de la riqueza genera mayor pobreza. En un abordaje más amplio a las desigualdades de todos tipos, la UNESCO da cuenta clara de ello en una reciente publicación.

Otra de las causas de la pobreza se refiere a temas como la explotación del trabajo y la precarización del empleo. En términos marxistas hablaríamos de la hiper explotación de la fuerza de trabajo, en lo que México es un triste ejemplo el peor a nivel latinoamericano, con los salarios mínimos más bajos de la región.

El despojo histórico de los bienes comunes de las comunidades rurales e indígenas con motivo del grave extractivismo (minero, petrolero, energético, agua, viento) vinculados a megaproyectos (presas, autopistas, enclaves turísticos, aeropuertos, entre otros) es otra causa de la pobreza y la ignominia que sufren las comunidades.

Frente a estas dinámicas de acumulación de capital y de poder, mediante la hiper explotación del trabajo y el despojo de los bienes comunes, las resistencias de amplios sectores de la población y la construcción de alternativas anuncian, prefiguran y visualizan otros mundos posibles. Esta realidad emergente acontece cada día con mayor fuerza a nivel global. Sea en el campo mexicano con las comunidades indígenas y campesinas, o en los centros urbanos y sus periferias, múltiples experiencias asociativas buscan vías alternativas para salir de esta situación, ya de pobreza, ya de exclusión. Y esta apuesta emergente cuestiona desde sus bases el proceso lucrativo a toda costa, con sus estrategias de acumulación y despojo capitalista.

Entre estas alternativas emergentes podemos ubicar a las cooperativas de producción de bienes y servicios, las cooperativas y cajas de ahorro y préstamo, las cooperativas de consumo, las mutuales de servicios médicos o funerarios, los circuitos de comercio con justicia, los tianguis de trueque, los bancos del tiempo, las monedas comunitarias o locales, entre tantas otras más. Incluso hay quienes sostienen que, en México, se debería incluir en este sector a los ejidos y a las comunidades indígenas, dada la propiedad social de sus tierras y sus formas de producción no capitalista.

Como un ejemplo, Víctor Toledo escribe, en una colaboración con el periódico La Jornada, que en Japón el Tekei es un conjunto de redes que conectan cooperativas de productores y consumidores de alimentos, en su mayoría orgánicos, donde participan más de 22 millones de ciudadanos. En México, sostiene, existe un registro de un millar de experiencias locales, de inspiración ecológica, realizadas por empresas sociales, casi todas indígenas, distribuidas principalmente por el centro y sur del país.

Las economías sociales-solidarias, y su enorme cantidad de expresiones, nos permiten vislumbrar nuevas posibilidades civilizatorias y sistémicas más acordes con la vida buena y digna, en donde el trabajo se convierte en fuente de vida para los trabajadores y sus familias, y en donde la inclusión y la igualdad forman parte de sus prácticas, a pesar de sus defectos y limitaciones. El caso de la cafetería Capeltic, cooperativa tseltal perteneciente al grupo cooperativo Yomol A´tel de Chiapas, en una muestra muy cercana en nuestro propio entorno “Itesiano” sobre el proceso para construir otros mundos posibles.

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El relator y el informe sobre el derecho humano al agua en México

Por: Dr. Carlos Peralta Varela

Entre el 2 y el 12 de mayo del presente estuvo de visita en México el Sr. Léo Heller, relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento. Su visita fue corta, pero y sobre todo, acotada. Académicos del ITESO lo invitamos a visitar Jalisco ya que existen graves problemas de contaminación en los ríos de la entidad, conflictos por el agua en diferentes regiones (entre ellas los altos de Jalisco) ligados en algunos casos a intereses por inversiones multimillonarias, como la presa El Zapotillo y el acueducto concesionado a la empresa Abengoa (que llevaría el agua del río Verde hasta la ciudad de León), y entre otros, graves problemas de salud relacionados con el saneamiento del agua en la ribera de Chapala, específicamente nos podemos referir a San Pedro Itzicán y la comunidad de Agua Caliente en donde viven centenares de personas con enfermedades renales. Fue lamentable enterarnos que vendría a nuestro país y que visitaría en forma oficial únicamente la Ciudad de México, Veracruz y Chiapas.

Por otro lado, un grupo amplio y muy relevante de organizaciones y redes de la sociedad civil, entre las cuales se encuentran (tan sólo por mencionar dos de ellas) la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, tuvo el acierto de elaborar el Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en México, 2017 (Informe DHAyS)[1], mismo que lograron comentar y entregar al relator con la intención de ofrecerle un panorama más amplio y complejo sobre las diversas problemáticas relacionadas con el agua en nuestro país.

El Informe es relevante, implicó un esfuerzo de varios años para documentar distintas fórmulas en que el Estado mexicano viola el derecho humano al agua y al saneamiento. Inicia dando cuenta del contexto nacional de disponibilidad y cobertura del agua potable y saneamiento. Posteriormente expone las distintas políticas y modelos de gestión del agua en México. Pero y como bien lo enuncia la COMDA,  la parte fundamental de este documento da cuenta de las distintas estrategias que el Estado mexicano ha implementado para impulsar políticas públicas que buscan la privatización del agua, con las cuales se privilegia a grandes empresas vinculadas a la industria extractiva y de megaproyectos.

En el informe nos invitan a tomar en cuenta que México se ha comprometido a implementar la Agenda 2030 de la ONU, cuyo Objetivo número 6 busca “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. Pero cumplir con este propósito se aprecia difícil y para ello tan sólo una reflexión: en México se mide el acceso al agua en términos de “agua entubada” lo cual en realidad es medir infraestructura, no acceso real, continuo, suficiente, de buena calidad y asequible. Esta lógica de medir acceso al agua está muy lejos de “considerar los problemas existentes tanto de continuidad en el servicio como de la calidad del agua que se obtiene” (Informe DHAyS: 14). En otras palabras, más del 90% de los hogares en México pueden tener acceso a tuberías, pero no a un abasto continúo de agua potable.

En la medida que a partir de una visita tan acotada el relator no hubiera logrado identificar la diversa problemática del agua en el país, cobró mayor importancia que se elaborara desde la sociedad civil, un informe que ofrece una mirada crítica, amplia y compleja sobre el derecho humano al agua y al saneamiento en México. Este tipo de trabajos vale la pena difundirlos y conocerlos.

 

[1] El informe completo se puede descargar de la página de la COMDA, en la dirección: http://www.comda.org.mx/informe-sobre-violaciones-a-los-derechos-humanos-al-agua-potable-y-al-saneamiento-en-mexico/

 

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Reprobamos en Examen Periódico Universal.

Según las entrevistas realizadas a los funcionarios asistentes a la sesión del examen realizado en Ginebra, más de 80 países, de los 194 miembros de la ONU, le hicieron observaciones a México en una sesión que duró tres horas y media.
Nota relacionada: Las agresiones a periodistas y defensores en México, el tema ante la ONU [CNN]

Por Gerardo Moya. gmoya@iteso.mx

secuestro

El pasado 23 de Octubre del 2013, México fue objeto de su segundo “Examen Periódico Universal” (EPU) en materia de derechos humanos, por parte de los Estados Miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hace 4 años, y como resultado de la primera  evaluación, México recibió 91 recomendaciones de las cuales aceptó 83.

Uno pudiera pensar que si otros Estados en el planeta le “jalan a uno las orejas” frente a la comunidad internacional, y le dicen de 91 maneras distintas que se están violando los derechos humanos en su país y que la situación es grave, entonces corregiría el camino; si no por consciencia de la dignidad intrínseca del ser humano, al menos por la “vergüenza” de ser exhibidos ante el mundo en dichos menesteres. Sin embargo, la realidad dista mucho de esta lógica. El 23 de octubre pasado no sólo no disminuyeron el número de recomendaciones en relación a hace cuatro años, sino que aumentaron a 180, muchas de ellas reiteradas al ver que continuamos con las mismas prácticas violatorias a los derechos de las personas, tales como mantener la “figura del arraigo”, esa que le permite al ministerio público privarte de tu libertad hasta por 80 días, mientras investiga si eres presunto culpable o inocente.los Estados Miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hace 4 años, y como resultado de la primera evaluación, México recibió 91 recomendaciones de las cuales aceptó 83.

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