El éxito político nunca es definitivo

Por Mario Edgar López Ramírez
Académico del Cifovis ITESO

Muy a pesar de lo que desearían muchos políticos profesionales, el poder político es una serie de equilibrios. Es decir, no puede concentrarse todo el poder en una sola mano, porque tener el poder significa constituirse en el eje de una compleja balanza de intereses. En la democracia el juego es complicado, porque se incluye una diversidad de intenciones y de voluntades. Todas ellas entran en acción y nunca son estáticas, siempre se mueven, generan alianzas o las deshacen, incorporan nuevos actores, excluyen otros e introducen lo inesperado. De ahí que el éxito nunca sea seguro, ni siquiera para el ganador del juego. Ni en las mejores dictaduras el control unipersonal es completo, en todo caso lo que consiguen las dictaduras es reducir el número de participantes en el campo, pero no logran hacer del dictador la única y absoluta encarnación del poder.

Por eso una de las preocupaciones más grandes que tiene la clase política moderna es cómo someter bajo su autoridad a la lógica democrática; es decir, cómo encuadrar a las instituciones, a las organizaciones participantes y finalmente a las personas con voluntad de poder. Todo ello, a la vez que se mantiene la impresión de un escenario transparente, abierto y participativo de cara a los ciudadanos, por medio, básicamente, de un discurso basado en los valores democráticos. De ahí que la democracia tiene siempre un aspecto esquizofrénico: permite la participación, pero acotada; proclama la inclusión, pero solo de algunos; exige la transparencia, pero debajo de la mesa. Es el irreductible conflicto entre la razón del Estado y la libertad, en el que, por lo general, pierde la libertad, si esta no es defendida una y otra vez.

La forma ideal que los políticos profesionales desearían para gobernar en una democracia sería tener la totalidad del control y, a la vez, la totalidad de la legitimidad democrática. Este es el sueño de la demagogia de la que tanto nos advertían los filósofos griegos. Es la hipocresía y la perfidia vuelta forma de gobierno. Es el perfecto abono para el conflicto, la represión y la violencia. Si partimos del hecho de que ejercer el poder es el arte de equilibrar intereses, la demagogia cierra la posibilidad de incorporación de otros actores y abre con ello el ánimo de exterminio al interior de la clase política, ya que si el gobernante no reconoce en sus aliados, en sus adversarios y en los ciudadanos, los factores de de su propio poder, es porque cree que tiene la suficiente fuerza para destruirlos. Su voluntad es de aniquilación, de negación del otro, de irracionalidad.

En palabras de Nicolás Maquiavelo: “El político virtuoso es racionalista, calculador y dueño de sí mismo, desempeña con aplomo los más diversos papeles y es lo suficientemente prudente para identificar su propio interés con el bienestar de aquellos a los que trata de dirigir”. Así lo señala en su libro El Príncipe, y vaya que este texto no se escribía en referencia a la democracia, sino a uno de los sistemas más concentrados de poder: el monárquico. Esta visión corrobora el carácter de construcción social que tiene el poder, muy a pesar de que existan ganadores con aspiraciones absolutas.

En este sentido, el reconocimiento del conflicto social es importante precisamente porque es en el conflicto en donde se demuestran los pesos de poder de los aliados, los adversarios y los ciudadanos. Todos los conflictos se originan en el deseo: el ciudadano desea la seguridad de sus bienes, la elite por su parte desea dominar a las masas y tener el monopolio de los bienes públicos. La conflictividad, por tanto, es natural tanto en los buenos como en los malos gobiernos. La diferencia entre ellos no reside en la presencia o ausencia de conflicto, sino en los rumbos que tome en cada uno. En un buen gobierno el conflicto ininterrumpido y enmarcado dentro de límites que permitan la convivencia, puede llegar a ser incluso una garantía de mayor libertad.

En suma, ejercer el poder es un arte difícil porque implica mantener en equilibrio una serie de intereses que, si se desequilibran, desbordan el conflicto que siempre está latente en el juego del poder. A esto se incorpora el hecho de que aquel ganador del juego que quiera tenerlo todo, poseerlo todo, controlarlo todo, desequilibrará el sistema de intereses y empujará a la clase política al conflicto. Esta paradoja es llamada “las estratagemas de la razón” o la “retroacción de una acción” y consiste en que aquel político que intenta controlarlo todo, termina descontrolando el sistema. Su razón, por muy calculada que parezca, escapa hacia la irracionalidad y su acción, por muy planeada que esté, se bifurca hacia propósitos no deseados. Buscando tener el poder, pierde el poder.

Como dice el pensador francés Edgar Morin, las estratagemas de la razón se llevan a cabo cuando la acción escapa a la voluntad del actor para entrar en el juego de las fuerzas sociales, en gran medida incontrolables e impredecibles. Morin da varios ejemplos históricos de las estratagemas de la razón: uno de ellos es Napoleón Bonaparte, quien, creyendo satisfacer su desmedida ambición de poder, manipula a su favor las ideas democráticas de la Revolución Francesa y termina instalando un imperio personal, para después fortalecer una reacción de la aristocracia en su contra, la cual es la causa de su propia destrucción. Napoleón desequilibró el conjunto de intereses, probó la gloria unos años y luego saboreó las consecuencias de su deseo de control. Y es que, como lo dice Fernando Savater, ”la política es algo fácil de estropear”. Especialmente la política que se da en un contexto que intenta ser democrático. Dicha política solo la pueden ejercer, con mayor cabalidad, los verdaderos hombres de Estado, que comprenden el difícil equilibrio de pesos y contrapesos que conlleva. Por eso hay que recordarles esto, a los que hoy en día, se creen los ganadores del juego: el éxito nunca es definitivo.

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La ratificación de mandato, ¿un paso para transformar la relación entre gobernantes y gobernados?

Por Felipe Alatorre Rodríguez[1]
Académico de la UAB Justicia y Democracia, Cifovis ITESO

¿Evaluó usted la labor de su Alcalde el domingo 27 de agosto pasado? ¿Cómo calificó su desempeño? ¿Le renovó el contrato o le dio las gracias? Si su respuesta a la primera pregunta fue afirmativa, lo felicito. Usted es una de las más de 225 mil personas que decidieron hacer uso de este nuevo derecho ciudadano. Si su decisión fue no participar ya sea porque la figura de ratificación no le convence, o porque no está de acuerdo en la manera como ésta se puso en práctica, también merece mi felicitación. ¿Por qué es posible felicitar por igual a ambas posturas? ¿No encierra esto una contradicción? Tal vez las siguientes reflexiones –hechas desde alguien que fue parte del equipo responsable del desarrollo del ejercicio de la ratificación en Zapopan– ayuden a clarificar esta aparente incompatibilidad, así como identificar los aportes de la experiencia que recién vivimos en 25 municipios de Jalisco.

La ratificación de mandato es un mecanismo que hace posible que las y los ciudadanos ejerzan su derecho a evaluar la gestión de su presidente municipal, la que –en caso de resultar negativa– podría llevar –no obligar– a que el munícipe solicite licencia en su cargo. Es un instrumento que, al ser obligatorio en algunos municipios, puede llevar a una corrección de rumbo casi a medio camino de la administración municipal.

Lo anterior es relevante dado que en México, y sólo en tiempos relativamente recientes, los procesos electorales han sido prácticamente la única vía para evaluar el desempeño de los gobernantes, y no en todos los casos. ¿Qué podemos decir de los cuatro estados de la república que hasta 2017 no han cambiado de partido en el poder desde 1929? ¿Su “no” a la alternancia política indica que sus ciudadanos le otorgan una alta calificación a sus gobiernos y por ello le han refrendado su apoyo a lo largo de casi noventa años? No faltará quien opine que sí y más de alguno afirmará que no. Lo que sí es evidente es el hecho de que la gran mayoría de estados en el país –algunos apenas en 2016– han optado por la alternancia en el poder y con ello los procesos electorales se han constituido en una vía para castigar o premiar a sus gobiernos estatales. Algo similar ocurre en el ámbito municipal desde fines de los años ochenta, y a partir del año 2000 en el plano federal. En general este conjunto de cambios –al menos en teoría– debería llevar a un mejor desempeño de éstos.

La pregunta obligada aquí es: ¿han sido suficientes los procesos electorales para lograr tener buenos gobiernos? Si nos atenemos a la creciente desigualdad, al incremento de la violencia social y el deterioro del medio ambiente, y a los datos que señalan un decremento en el apoyo de la población a la democracia en nuestro país (Latinobarómetro 2016), la respuesta es no. ¿Qué hacer frente a esto? En algunos estados, como Jalisco, las y los ciudadanos nos dimos cuenta –desde hace décadas, pero especialmente en las últimas del siglo pasado– que las elecciones no bastan para mejorar el desempeño gubernamental y que es necesario contar con mecanismos diferentes a los electorales, para intentar que las cosas cambien.

Aquí es donde nos conectamos con la ratificación de mandato. La inclusión de esta figura en los reglamentos de participación ciudadana de algunos municipios de Jalisco, derivado a su vez de procesos de alternancia en dichos ámbitos en años recientes, tiene como antecedente las innovaciones que se han dado en nuestro contexto y que, vía los mecanismos de la democracia directa y participativa, buscan subsanar algunas de las limitaciones de la democracia representativa (electoral). Así en 1998 se crea la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, misma que en 2016 sufre una reforma importante que lleva por una parte a cambios en Ias figuras de Plebiscito, Referéndum e Iniciativa Popular, y por otra a la inclusión de nuevos instrumentos como el Gobierno Abierto, la Ratificación Constitucional, la Iniciativa Popular Municipal, el Presupuesto Participativo, la Consulta Popular, la Contraloría Social, el Cabildo Abierto, las Juntas Municipales, y la Revocación de Mandato.

Llegado a este punto vale la pena llamar la atención en dos asuntos: que la Ley de Participación Ciudadana[2] no incluye la Ratificación de Mandato, y que esta figura no es equiparable a la de Revocación de Mandato. Por limitaciones de espacio no es posible abundar aquí respecto de las diferencias. Sin embargo, sí vale la pena señalar un elemento que ambas figuras comparten y que es central en cuanto a avanzar en la transformación de la relación entre gobernantes y gobernados: la posibilidad de que la población evalúe lo realizado, o no, por el gobierno municipal durante su gestión, y no sólo al final, al momento de revisar si se cumplieron o no las promesas de campaña.

El poner en la balanza qué tanto la figura de la ratificación aporta o no al fortalecimiento de la capacidad de la población para evaluar a sus gobernantes, obliga a hacer referencia a las múltiples limitaciones que se evidenciaron con la puesta en práctica de esta figura, y que fueron señaladas por diversos actores. Las mismas pueden agruparse de la siguiente manera: la confusión en el significado del ejercicio; la autocalificación, la utilización del ejercicio para la autopromoción política; la fecha de su realización, la falta de información oportuna y deliberación ciudadana; la improvisación; la capacitación limitada y deficiente de los ciudadanos encargados de atender la consulta, la poca participación, etc.

Es tarea pendiente evaluar si se dieron o no, y en qué medida, cada uno de los cuestionamientos planteados en los diversos municipios en donde se realizó el ejercicio. Con todo y que es evidente la necesidad de hacer correcciones a la figura antes de que vuelva a ser puesta en práctica, vale la pena hacer alguna referencia a los aprendizajes que dejó la figura de la ratificación de mandato. Estos, desde mi perspectiva, no son menores, considerando los siguientes elementos: a) que los gobiernos municipales son los que tienen un mayor contacto con la población –dado que son los responsables de proveer diversos servicios, regular el uso de espacios y brindar seguridad en su ámbito territorial–; b) la creciente decepción respecto de la democracia; c) junto con lo anterior, el creciente alejamiento de las y los ciudadanos respecto de los asuntos públicos y el alto nivel de desconfianza que prevalece entre nosotros y que constituye un obstáculo importante para la organización de la sociedad (INE. 2015, Informe sobre la calidad de la ciudadanía en México).

Llegado a este punto, conviene preguntarse ¿qué se ganó con la experiencia? ¿Por qué es posible felicitar tanto al que participó o no –a partir de definir su postura respecto de la figura– en el ejercicio de ratificación? Desde mi punto de vista, y a partir de la propia vivencia como integrante del Consejo Ciudadano de mi municipio, me permito plantear que el ejercicio valió la pena dados los elementos que enumero enseguida.

a) La puesta en práctica de la ratificación nos permitió conocer que nuestros representantes en el cabildo tienen atribuciones para reglamentar ciertas dimensiones de la vida municipal que no son las que reconocemos habitualmente y que pueden ser trascendentes para la vida del municipio, en específico en lo que concierne a la rendición social de cuentas.

b) De muy diversas maneras nos llevó a preguntarnos sobre el devenir del gobierno municipal y a buscar alguna información a partir de la cual emitir una opinión sobre su desempeño, lo que resulta en algún tipo de acercamiento e involucramiento en la “cosa pública” municipal. Esto es “arroja luz” sobre la gestión municipal.

c) Derivó en el análisis del mecanismo de evaluación que está contenido en la ratificación de mandato, sus alcances y limitaciones, lo que constituye un avance importante no sólo porque ahora sabemos que existe al menos una forma de hacer dicha tarea y que es central saber quién tiene la atribución de operarla.

d) Nos llevó a dialogar con otros y otras –a veces no de la mejor manera– no sólo respecto del desempeño del gobierno local, sino del mecanismo para realizar su evaluación y quién debiera operarlo.

e) Nos educó en términos de las diversas repercusiones que puede tener el uso del mecanismo en el plano electoral, ejercicio de recursos públicos, y eventual manipulación de grupos de población.

f) A la autoridad municipal le muestra las implicaciones económicas, logísticas y políticas de operar el mecanismo.

g) A partir de las limitaciones observada en el instrumento, nos obligó a imaginar mejores maneras de utilizarlo. Podemos seguir con la lista.

En síntesis, desde mi perspectiva ganamos como sociedad, ya que para muchos de nosotros y nosotras, hasta hace no muchas semanas, o meses, poco sabíamos de la posibilidad que tenemos de evaluar y ratificar a nuestros gobernantes, y que ello puede tener efectos positivos para mejorar la rendición de cuentas de los gobiernos. Sin duda, y con todas las limitaciones de una primera experiencia –entre ellas que no se dio una mayor participación de personas– es evidente que dimos un paso en la línea de ofrecer alternativas ciudadanas de valoración del gobierno, y de que en el futuro los ciudadanos sepamos que debemos ser considerados para la toma de decisiones importantes, que actualmente toman unilateralmente los gobernantes.

En otras palabras, el ejercicio sentó un precedente para que las disposiciones importantes –por ahora en el municipio- deban ser sometidas a ratificación por la población a la cual afectan, lo cual redunda en la calidad de la democracia. Tal vez coincidan en la apreciación de que valió la pena la experiencia, ya que nos empodera como ciudadanos, y nos muestra que existen maneras de que los gobiernos no se desentiendan de su obligación de tutelar los derechos ciudadanos y con ello hacer que en la sociedad se viva con mayor justicia y dignidad.

[1] Agradezco sobremanera los comentarios al presente texto del Dr. Miguel Bazdresch P., y del Mtro. José Bautista F.

[2] Hoy incorporada como Libro Quinto del Código Electoral y de Participación Social del estado de Jalisco

Proponen soluciones para mejorar la gestión del agua

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Texto y foto: Alejandro Tiscareño De Alba

[15.sep.2014] Algunos participantes del Diálogo de Frente No. 1, enfocado en el tema del Agua y convocado por la iniciativa Tómala, se reunieron el jueves 11 de septiembre a las 11:30 horas en Casa Cem para exponer al público las conclusiones de las ideas que surgieron en la discusión.

Para abarcar toda la información las conclusiones se expusieron en 5 bloques: el modelo de gestión deficitario, la paradigma orientado a la demanda, la mercantilización del acceso al agua, la ausencia de gobernanza democrática y la limitada información para la planeación.

Cada tema fue expuesto por un ponente diferente, entre ellos José Bautista, del Programa de Empoderamiento y Conflictividad del CIFS, quien habló de la lógica de mercantilización actual del agua y mencionó que actualmente ese paradigma no arroja los objetivos esperados.

Romina Martínez Velarde, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), quien inició con las conclusiones, mencionó que los proyectos que afectan el medio ambiente necesitan un sistema integral para la toma de decisiones, ya que estos suelen hacerse al revés. Es decir, cuando hay una propuesta, se buscan evidencias sencillas para justificarlo y al final se consulta a las personas si están de acuerdo, muchas veces sin brindar información clara y sin incluir una participación real de la ciudadanía.

Hector Castañón quien coordinó el diálogo, invitó a Pedro Arrojo a que compartiera su visión como extranjero y experto en la gestión del agua al respecto de las conclusiones expuestas aquel día.

El Dr. Arrojo habló de hacer cambios en la concepción de lo público, dejar a un lado la mitificación de que es algo oscuro y corrupto, porque dijo que la solución está en democratizar y hacer transparente la función pública. Con esto enfatizó que la privatización no es la solución, porque si el derecho al agua se convierte a un sistema de mercado, vuelve a los ciudadanos en clientes y  excluye a los que no tienen recursos para obtenerlo.

Recalcó una alternativa ante la crisis global del agua: “un cambio en contra del paradigma de la dominación de la naturaleza para nuestro beneficio inmediato. Esto nos lleva a transformar la cultura de discriminar, maltratar y golpear el medio ambiente, de manera que empecemos a entender a los ríos como ecosistemas de vida de los que dependen todos los seres vivos y que un bosque no es un almacén de madera”.

Pedro Arrojo finalizó con el tema de la democracia. Concluyó con el reto de profundizar en la democratización de  la transparencia y la real participación en cuestiones significativas, con nuevo modelo de gestión pública participativa y proactiva.

*Toda la información que surgió está disponible en la siguiente liga: http://tomala.mx/reportaje-completo-dialogo01/

Nota relacionada: http://www.informador.com.mx/jalisco/2014/548354/6/tomala-concluye-que-se-tiene-un-modelo-de-agua-deficitario.htm